La fiscal pidió que la prensa abandonara la sala de audiencia, sin embargo el juez Ignacio Low rechazó la solicitud en defensa de la libertad de prensa.
El ahora exsecretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, permanecerá detenido hasta el martes en el complejo penitenciario de Punta Arenas, luego de que este domingo el Juzgado de Garantía acogiera la solicitud del Ministerio Público de ampliar su detención por 48 horas. La petición se realizó en el marco de una investigación por un presunto delito de índole sexual.
Durante la audiencia de control de detención, realizada la mañana de este domingo con amplia cobertura de prensa regional, la fiscal Johanna Irribarra informó que la investigación se sigue por un presunto delito sexual cometido en flagrancia y solicitó la ampliación del plazo debido a que aún hay diligencias y peritajes pendientes para establecer la dinámica de los hechos. El tribunal accedió a la petición, sin oposición de la defensa, que tampoco discutió la legalidad de la detención.
Con ello, la audiencia de formalización quedó fijada para el martes 28 de julio a las 10,30 horas. Hasta entonces, el imputado permanecerá detenido en tránsito, a disposición de Gendarmería. Según lo acordado entre las partes, Barrientos Andrade prestará declaración ante la Fiscalía el lunes a las 11 horas.
Consultada por la prensa, la fiscal Irribarra evitó precisar la calificación jurídica del delito. “Es un hecho de investigación y es de índole sexual, es lo único que les puedo manifestar por ahora”, señaló, y agregó que no podía referirse al contexto ni a la dinámica de los hechos hasta la formalización del martes. La persecutora confirmó que la presunta víctima, un adulto, prestó declaración.
Pese a que la eventual formalización de cargos sería este martes, durante la audiencia de este domingo se pudieron conocer mayores entretelones del hecho. Fueron vecinos quienes llamaron a Carabineros producto de una discusión en el interior de la casa de Barrientos Andrade, quien se identificó como “seremi de Salud” a la llegada de los funcionarios policiales. Reportó haber estado con un amigo, teniendo una discusión que derivó en golpes, los que eran visibles incluso en la audiencia.
Posteriormente los efectivos hicieron ingreso al domicilio y se entrevistaron con quien figura como víctima en la causa. La persona le indicó vivir en otra ciudad, habiéndose trasladado durante la semana a Punta Arenas. En su relato, la fiscal agregó que “no era la primera vez que le prestaba servicio al imputado”, toda vez que el día que llegó a la región, la entonces autoridad lo fue a buscar al aeropuerto para concretar una primera sesión de intimidad con ingesta de pastillas de clonazepam.
El viernes 24 de julio, en horas de la noche, se repitió la dinámica, sumando otras pastillas desconocidas y consumiendo alcohol, lo que provocó que la víctima -según su declaración- se durmiera a la medianoche. Cuando despertó de madrugada se percató que había sido abusado.
Juez permite
acceso de prensa
Tanto el Ministerio Público como la defensa solicitaron al inicio de la audiencia restringir su publicidad. La fiscal Irribarra pidió el retiro de la prensa de la sala y la defensa la reserva de identidad del imputado, peticiones que el juez Ignacio Low Miranda rechazó por no acreditarse circunstancias excepcionales que las justificaran. No obstante, el magistrado dispuso expresamente la prohibición de revelar la identidad de la presunta víctima.
La fiscal explicó que la petición de reserva buscaba resguardar los derechos de la presunta víctima. “En resguardo de los derechos de la víctima, ya por su orientación sexual, probablemente ella no quería manifestar o entregar estos antecedentes”, indicó.
Defensa niega delito
El abogado defensor, Juan Carlos Rebolledo, sostuvo que su representado niega la existencia de un delito. Afirmó que se trata de un hecho de la vida privada de Barrientos, realizado de forma consentida, y que el conflicto se habría originado por un problema de dinero. De acuerdo con la defensa, la persona que figura como víctima -mayor de edad, indicó el defensor- presta servicios sexuales a cambio de una suma de dinero, y habría existido un acuerdo previo entre ambos.
Rebolledo negó, asimismo, que su cliente le haya proporcionado a la otra persona algún medicamento o alcohol que esta no quisiera consumir, y afirmó desconocer que aquella hubiese consumido fármacos.
Sobre la salida del cargo, el abogado señaló que ninguna autoridad de gobierno se ha acercado a comunicarle formalmente la renuncia a Barrientos. “Nadie ha hablado con él. Sólo nosotros estuvimos con él y su familia que viajó desde Porvenir”, indicó. Precisó que el imputado entiende que el cargo dependía de la autoridad superior y que, si esta decide no continuar, no hay acción legal posible, aunque manifestó su malestar por la falta de un acercamiento directo.
La eventual formalización del martes debería despejar la calificación jurídica del delito investigado y las eventuales medidas cautelares que solicite el Ministerio Público.
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