Exautoridades del Ministerio de Salud cuestionaron el artículo aprobado en la Comisión de Hacienda que entrega un beneficio tributario a empresas que financien tratamientos costosos de sus trabajadores. Aseguran que la medida genera inequidad y que dependerá de la capacidad económica de cada empresa, lo que contradice los principios de acceso universal a la salud promovidos con el Auge-GES y la Ley Ricarte Soto.
Pese a que varias regiones del país enfrentan un crítico momento con el sistema frontal, en paralelo el Congreso ha seguido discutiendo una de las principales apuestas del Gobierno, la Ley de Reconstrucción Nacional.
Si bien el objetivo de la ley es recaudar dinero para apoyar a los damnificados por incendios en el sur, también se ha caracterizado por incluir una serie de artículos que tienen a varios hablando de una megarreforma tributaria.
Con todo, en el marco de la discusión de la megarreforma, se aprobó en la Comisión de Hacienda un artículo que crea un crédito contra el impuesto de primera categoría de hasta 150 UTM por trabajador para aquellas empresas que financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus empleados o cargas familiares.
Ello generó gran rechazo por parte de exautoridades del Ministerio de Salud que se desempeñaron en gobiernos de Michelle Bachelet y de Ricardo Lagos, quienes enviaron una carta a El Mercurio titulada: “La izquierda en los tiempos de cólera”.
Entre los firmantes están Jaime Burrows (exsubsecretario de Salud entre 2014-2018); Manuel Inostroza (exsuperintendente de Salud entre 2005-2010); Sebastián Pavlovic (exsuperintendente de Salud entre 2014-2018); Andrés Romero (exjefe de Departamento Jurídico Minsal entre 2002-2006) y Pedro García Aspillaga (exministro de Salud entre 2003-2006).
“El debate de las políticas públicas en Chile parece haber entrado en una fase de permanente amnesia de principios, donde el efectismo inmediato y el cortoplacismo reemplazan cualquier atisbo de reflexión de fundamentos”, parte diciendo la carta.
En esa línea, cuestionan que “el fenómeno ya no es exclusivamente un sector político, pero resulta especialmente alarmante cuando la izquierda —llamada por definición a resguardar la equidad, los derechos sociales universales y la solidaridad colectiva— termina firmando y aplaudiendo normativas que dinamitan sus propios pilares conceptuales. Es la política pública dictada no por la razón, sino por la urgencia emocional: la izquierda legislando en los tiempos del cólera, de las redes sociales”.
De hecho, cuestionan directamente a los senadores de la comisión: Rodolfo Carter (Ind.-Rep), Diego Ibáñez (FA), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Cicardini (PS) por el voto unánime que tuvo el artículo en la comisión.
“En términos sencillos: la empresa gasta, el Estado se lo devuelve a través de menos impuestos, y el ministro de Hacienda defiende la medida argumentando la necesidad de dar ‘una vía rápida’ ante la ansiedad de las familias”, plantea la misiva.
“Suena compasivo, casi heroico. Pero basta rascar un milímetro la superficie para descubrir que la norma introduce una visión profundamente liberal e inequitativa de la salud, disfrazada de beneficio social, representando un retroceso en la postura que la centroizquierda ha impulsado sobre el derecho a la salud en nuestra historia reciente”, enfatizan las exautoridades.
Destacan la implementación del Auge-GES, por parte del Presidente Lagos, cuya premisa era la equidad de la población para acceder a tratamientos y asegurar el derecho a la salud de forma universal para ciertas enfermedades; así como luego la creación de la Ley Ricarte Soto precisamente apuntando al mismo principio, pero esta vez dirigida a apoyar a quienes padecen enfermedades de alto costo.
“La premisa histórica de la centroizquierda siempre fue clara: la salud es un derecho social que debe financiarse de manera equitativa mediante los impuestos de todos, garantizando que el acceso dependa de la necesidad sanitaria y no de la billetera o la condición laboral del paciente”, postulan los ex Minsal.
Y agregan: “El artículo aprobado dinamita esa lógica”.
Advierten que norma generaría inequidad en el acceso a la salud dependiendo del tamaño de la empresa
“Si usted tiene la fortuna de trabajar en una gran corporación con la holgura de caja suficiente para adelantar estos fondos, usted se salva. Si usted trabaja en una pyme que lucha mes a mes por subsistir, o si forma parte del enorme porcentaje de trabajadores informales o desempleados en Chile, queda desamparado”, resumen las exautoridades.
“¿Acaso la visión de la izquierda no debiese ser fortalecer los instrumentos que ordenaban la atención de salud, en lugar de crear oasis de bienestar corporativo financiados con recursos que el Estado deja de percibir?”.
Las exautoridades puntualizan que las “contradicciones conceptuales y operativas” de la medida no pasaron desapercibidas en el debate público, poniendo como ejemplo una editorial del mismo diario donde se cuestionaba el contenido y el actuar de la norma.
“La misma publicación lanza interrogantes punzantes que la izquierda en el Congreso simplemente decidió ignorar en pos del aplauso fácil: ‘¿Es razonable trasladar al empleador la decisión de financiar o no un tratamiento de salud? ¿No introduce esto una nueva fuente de tensión en las relaciones laborales? Al mismo tiempo, y desde la perspectiva del Estado, ¿cómo se coordinará en la práctica esto con los mecanismos hoy existentes de cobertura y protección financiera?'”, lee la carta.
Agregan, incluso, que lo que sucedió en la comisión de Hacienda “es la renuncia a la complejidad. Al validar que el empleador actúe como un intermediario y decisor de la vida y la salud de sus dependientes, la izquierda chilena ha terminado por consagrar el modelo más crudo del bienestar supeditado a la benevolencia del capital. Se impuso el efectismo”.
“En lugar de sentarse a diseñar reformas estructurales que inyecten recursos de manera equitativa y eficiente al sistema público para resolver las listas de espera o ampliar la Ley Ricarte Soto, se optó por una vía rápida que segmenta aún más a los chilenos entre trabajadores de primera y segunda categoría”, agregaron.
En esa línea, las exautoridades concluyeron: “Cuando la izquierda pierde la capacidad de contrastar las propuestas legislativas con sus matrices ideológicas de justicia y universalidad, la política se vacía de contenido. Las diferencias políticas que actualmente se muestran públicamente dentro del Partido Socialista, encabezadas por las senadoras integrantes de la comisión de Hacienda, ojalá tuviesen menos que ver con quién se muestra más contrario al Gobierno y más con la visión que se tiene de las políticas públicas que el país requiere”.
