Tras una investigación liderada por la Fiscalía Local de Río Negro, en estrecha colaboración con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la PDI de Osorno, se logró la formalización de cuatro individuos capturados en operativos realizados el 27 de febrero y el 2 de marzo. Los sujetos están siendo procesados por delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y la Ley 20.000 de Drogas. Según los antecedentes presentados ante el Juzgado de Garantía de Río Negro, la organización contaba con la participación de un imputado que administraba una conocida armería en Osorno, quien facilitaba ventas ficticias para generar un sobre stock de municiones que luego eran comercializadas de forma irregular a terceros sin autorizaciones legales.
Durante las diligencias de entrada y registro ejecutadas en domicilios de las comunas de Río Negro, Purranque y Osorno, además del local comercial referido, las autoridades incautaron seis armas de fuego, más de 2.400 municiones de diversos calibres, droga tipo ketamina y 318 artículos pirotécnicos. Particularmente, en la armería se detectó un excedente no declarado de 1.209 municiones destinadas al comercio ilegal. La fiscal subrogante Fernanda Vargas confirmó que, si bien se solicitó prisión preventiva para tres de los implicados, el tribunal solo la concedió para uno de ellos, dejando a los otros dos con arresto domiciliario total y arraigo nacional; decisión que ya fue apelada por el Ministerio Público y será revisada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
En un operativo conjunto entre la Fiscalía Local de Río Negro y la Policía de Investigaciones, se logró la detención de cuatro personas vinculadas al comercio ilícito de armamento. La investigación, que se extendió desde inicios de 2024, puso al descubierto un sofisticado sistema de ventas ilegales que operaba bajo la fachada de un comercio establecido en la ciudad de Osorno.
El «modus operandi» del sobrestock
De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el líder de la organización utilizaba su posición como propietario de una armería para simular transacciones legales. Mediante estas «ventas fictas», lograba generar un excedente de proyectiles que luego eran desviados hacia el mercado informal.
Este sobrestock de municiones era comercializado a terceros que no contaban con las autorizaciones legales requeridas por la Ley de Control de Armas. Además, la red extendía sus operaciones hasta la Región Metropolitana, desde donde trasladaban drogas y artículos de pirotecnia para su distribución en la zona sur.
Incautaciones masivas en la provincia
Los allanamientos, realizados los días 27 de febrero y 2 de marzo, incluyeron el registro de domicilios en Río Negro, Purranque y Osorno. En los procedimientos se incautaron seis armas de fuego, entre las que destacan un fusil, una carabina, escopetas y revólveres.
Respecto a las municiones, las cifras oficiales dan cuenta de un decomiso masivo que supera los 11.000 cartuchos de diversos calibres. También se incautó droga del tipo ketamina y más de 300 artefactos pirotécnicos que estaban destinados a ser vendidos en la comuna de Purranque. El subprefecto Antonio Geldres, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Sur, detalló el alcance de la operación.
Por su parte, la fiscal subrogante de Río Negro, Fernanda Vargas, explicó las acciones legales tras la formalización y detalló que la Fiscalía formalizó la investigación por delitos de la Ley de Control de Armas y Ley 20.000, estableciendo que el dueño de la armería realizaba ventas fictas para generar un sobrestock destinado a terceros sin permisos.
Respecto al futuro judicial de los implicados, la Fiscalía de Río Negro solicitó la prisión preventiva para tres de los detenidos, sin embargo, el Juzgado de Garantía solo otorgó esta medida para uno de ellos. Para los otros dos imputados, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que fue apelada por el Ministerio Público y será revisada próximamente por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Por ahora, se ha fijado un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, mientras se completan las diligencias necesarias para esclarecer la totalidad de los delitos imputados bajo la Ley de Control de Armas y la Ley de Drogas.
Durante las conversaciones reservadas desarrolladas entre los representantes del consorcio de empresas chinas con el gobierno, se ofreció llevar fibra óptica a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, las cuales actual,ente solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, propiedad de Elon Musk. La posibilidad de conectar ambos territorios cumpliría un antiguo deseo de Chile, descartado hace algunos años debido a su alto costo. El cable submarino con China ya fue aprobado técnicamente por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y solo falta que se envíe el decreto a la Contraloría para su toma de razón.
El 26 de noviembre pasado, un consorcio de empresas chinas ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) una solicitud formal para obtener una concesión que le permita construir un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong. Fue el primer paso para concretar el proyecto conocido como Chile China Express, que incluye una inversión cercana a los US$500 millones.
El proyecto carga con la oposición frontal de Estados Unidos, desde donde se advierte que el cable con China podría poner en riesgo la seguridad regional. Esa advertencia se basa en la Ley de Seguridad Nacional de China, que en teoría permite que las autoridades de ese país soliciten a sus empresas la entrega de datos confidenciales. Los cables submarinos actualmente son la columna vertebral de internet, y por ellos viaja el 95% del tráfico de datos de todo el mundo. También son claves para la política de seguridad de los países, al asegurar la conexión militar y de los gobiernos.
La gran mayoría de los cables submarinos conectan el mundo por el hemisferio norte, y Chile actualmente solo tiene en operación cables que lo conectan con Estados Unidos. Por eso el proyecto de las empresas chinas enfrenta la oposición del país del norte.
Quienes conocen el detalle de las conversaciones de las empresas chinas con las autoridades chilenas, comentan que sobre la mesa está el ofrecimiento del país asiático para llevar internet a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, dos territorios insulares que, hasta ahora, solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, la empresa de internet satelital que es propiedad de Elon Musk.
Tres fuentes de gobierno, independientes entre sí, confirmaron a Reportea que el ofrecimiento de las empresas chinas no implicaría costos para Chile.
La conexión de internet de alta velocidad en Rapa Nui y la isla Juan Fernández es una medida que han buscado implementar distintos gobiernos. De hecho, se analizó esa posibilidad cuando se negoció el trazado del cable submarino Humboldt, el que es desarrollado mediante una alianza público privada con Google, y que conectará Chile con Oceanía. Entonces se desechó esa opción debido al alto costo que implicaría para el Estado chileno (aproximadamente US$100 millones).
Concretamente, las empresas chinas a cargo del proyecto (China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group, y China United Network Communications Group, que actúan agrupadas en un consorcio), ofrecieron instalar un “branch” desde el cable submarino que se quiere construir, hacia Rapa Nui y Juan Fernández.
Un “branch” (o branching unit) es un dispositivo que se instala en el fondo marino, y que permite desviar parte de la señal de datos que viaja por un cable hacia una ruta secundaria.
Además también se analiza la posibilidad de instalar una estación de regeneración de señal en Rapa Nui, que es un mecanismo que utilizan quienes operan cables submarinos para resguardar la calidad de la señal que viaja a través de los océanos. Esa estación permitiría acceso a internet de alta velocidad para los habitantes de la isla.
Según confirmaron a Reportea tres fuentes de distintos ministerios que están al tanto de los avances del proyecto, las empresas chinas ya están diseñando la ruta por la que pasaría el cable. Y en ese diseño se contemplan dos trayectos: el primero entre Hong Kong y Papúa Nueva Guinea (país de Oceanía ubicado al norte de Australia), y un segundo trazado entre Papúa Nueva Guinea y Chile.
Hasta ahora, los detalles del proyecto se manejan bajo estricta reserva, y el gobierno no ha definido si aprobará o no su implementación. El tema estalló públicamente este viernes cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones para funcionarios chilenos que han mantenido conversaciones con los chinos.
Los temores de Estados Unidos
El proyecto Chile China Express generó una respuesta inédita desde Estados Unidos. Este viernes el Secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, comunicó que se habían suspendido las visas de tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”. Esos tres funcionarios son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
Fuentes de la Cancillería le dijeron a Reportea que la Embajada de Estados Unidos en Chile había advertido, en reuniones reservadas realizadas durante los últimos dos meses, que el proyecto con China podría poner en riesgo la cooperación en materias de seguridad que mantienen con nuestro país.
Estados Unidos basa su argumentación en una ley de seguridad vigente en China, que permitiría que el gobierno de ese país solicite información a sus empresas por motivos de inteligencia. Públicamente dicen que el cable podría facilitar el espionaje chino a las potencias occidentales. Pero fuentes diplomáticas consultadas por Reportea dijeron que en realidad el enojo de Estados Unidos se explica por motivos geopolíticos: todos los cables submarinos vigentes y en construcción en Chile están vinculados a intereses estadounidenses, y la iniciativa China amenaza esa exclusividad.
Personeros de gobierno que han conversado con representantes de la embajada de Estados Unidos señalan que existe otra variable que alimenta la inquietud norteamericana: desde 2020 está en operación un cable submarino que conecta Fortaleza, en Brasil, con el puerto de Kribi, en Camerún, operado por una empresa estatal china. En Washington estiman que esa ruta podría enlazarse con la que uniría Valparaíso con Hong Kong, lo que permitiría a China tener autonomía en la transmisión de datos entre varios continentes, sin depender de cables bajo influencia estadounidense.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no fueron comunicadas por canales diplomáticos, como se usa en estos casos.
El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, indicó que “como Gobierno condenamos esta medida de carácter unilateral que vulnera la soberanía de nuestro país”, al tiempo que confirmó la presentación de una nota de protesta ante Estados Unidos. El Presidente Gabriel Boric agregó que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se toman en Chile”.
Falta la firma
La solicitud ingresada por el consorcio de empresas chinas el pasado 26 de noviembre ante la Subtel, busca que se les otorgue una “concesión de servicios intermedios de telecomunicaciones para cable submarino”, lo que les permitiría echar a andar su proyecto.
Quienes conocen de los avances de esa tramitación, indican que ya está aprobado técnicamente, aunque aún no se ha firmado la resolución que entrega la concesión. Si se firma, ese documento debe contar con la toma de razón de la Contraloría.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, dijo en entrevista con El Mercurio que la solicitud de las empresas chinas está tramitándose: “Este proceso requiere varias validaciones. Se hicieron observaciones al proyecto técnico presentado por la empresa, esas observaciones ya fueron subsanadas y ahora se está en la etapa de confección de un decreto para determinar si se autoriza”.
En todo caso, con la firma del decreto de la Subtel recién se inicia el camino de las empresas chinas para concretar el proyecto.
Si logran obtener la concesión, deben tramitar otros 12 permisos sectoriales para ejecutar la iniciativa. Y ahí podría estar su principal escollo.
Entre las instituciones que deben otorgar permisos se encuentran el SHOA, las capitanías de puerto y Directemar, todos organismos de la Armada, la que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos que podría entorpecer el avance del cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong.
Las otras instituciones públicas que deben otorgar permisos son el Servicio de Evaluación Ambiental, que debe pronunciarse sobre si la iniciativa requiere ser evaluada; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para entregar una concesión marítima; además de las municipalidades involucradas, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
En todo caso, la decisión de entregar la concesión inicial desde la Subtel estará limitada por una decisión política, diplomática y estratégica del gobierno. Fuentes de La Moneda le dijeron a Reportea que la decisión no está tomada.
En esa decisión pesará la postura de las autoridades que tomarán la posta del gobierno a partir de marzo. Hasta ahora, desde el entorno de José Antonio Kast no ha existido un pronunciamiento. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se limitó a señalar que “quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, Gabriel Boric, y por su intermedio el canciller Alberto Van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo”.
Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que el anuncio de las sanciones por parte de Estados Unidos se trata de un mensaje para el gobierno entrante. Y agregan otra pregunta para el análisis: ¿Quién pesará más en el nuevo gobierno, los empresarios que tienen un intercambio fluido con China, o la vertiente más ideológica de la derecha, y cercana a las Fuerzas Armadas, que buscará alinearse con el gobierno de Donald Trump?
El diptuado Andrés Jouannet, figura como socio de Bo “Emilio” Yang, imputado en la causa por presunto delito de tráfico de influencias por parte de la senadora electa, Karol Cariola y con Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las tragamonedas formalizado por financiamiento irregular en campañas políticas.
Semanas atrás, la designación de la exfiscal Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad de José Antonio Kast desató polémica tras los dichos de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien afirmó que el nombramiento fue “una conversación que llevaba un buen tiempo”.
La declaración resultó problemática, pues implicaba que esos diálogos se habrían producido cuando Steinert aún estaba en funciones en la Fiscalía Regional de Tarapacá, lo que podría haber infringido el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 19.640, que establece que los fiscales nacionales y regionales no pueden “tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de emitir su voto personal; participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político".
Sedini salió al paso y precisó que las negociaciones ocurrieron “pocos días antes de la nominación”, asegurando que el revuelo generado había sido “absolutamente innecesario”.
Sin embargo, hoy es otra la polémica que golpea al equipo de Seguridad escogido por el presidente electo.
El sábado pasado, el líder del Partido Republicano dio a conocer a los 39 subsecretarios que lo acompañarán desde el 11 de marzo. En esa nómina, el actual diputado Andrés Jouannet, de Amarillos, fue designado como subsecretario de Seguridad Pública.
La nominación del parlamentario, con experiencia en la materia por su paso por la Comisión de Seguridad de la Cámara y como representante de La Araucanía, generó resquemor por los vínculos que mantiene con algunas figuras a través de sus sociedades.
En marzo de 2025, Ciper publicó que Jouannet es socio de Bo “Emilio” Yang, imputado en la causa en que el Ministerio Público investiga el presunto delito de tráfico de influencias por parte de la senadora Karol Cariola.
En concreto, el recién nombrado subsecretario de Seguridad Pública comparte con Yang dos sociedades, Labs Latin America Business Strategy SpA y Empresa Forestal Comercial y Servicios Sur de Chile SpA. Según consignó La Tercera, en ambas no hubo inicio de actividades ni modificaciones societarias.
Pero no es lo único.
El medio citado también menciona Impresiones Quizapú Limitada, donde Jouannet es socio de Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las tragamonedas que, como representante del gremio, fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.
El Ministerio Público logró condenar a dos empresarios que habrían entregado dinero a Hadad para financiar la campaña de su padre, Nelson Hadad Heresy.
Además, integra la sociedad Sebastián Salazar Bastidas, empresario ligado a las tragamonedas y reconocido como representante de EstelarBet, casa de apuestas online. A su vez, también es socio de Yang en la empresa Comercializadora Imperio Dragón Limitada, vinculada a salones de pool y juegos electrónicos.
Con ese trasfondo, desde la Oficina del Presidente Electo tomaron cartas en el asunto y, si bien no fue un tema central, sí formó parte de una reunión de coordinación en la que participaron Steinert, Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, Cristián Vial, futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau y funcionarios de Carabineros, reportó La Tercera.
En esa línea, desde el entorno de Kast aseguraron que estaban en conocimiento de esta información y que incluso fue conversada con Jouannet directamente. El parlamentario habría aclarado que dichas sociedades fueron alternativas de negocios que fracasaron, por lo que no se realizó el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Con todo, pese a que desde Republicanos intentaron contener la polémica, otras figuras de la derecha se refirieron a ella. El diputado Andrés Celis, de RN, señaló que: "Si efectivamente tuviese una sociedad con personas que están ligadas a tragamonedas o con casinos online, que no están autorizados por ley, considero que no es una designación acertada".
Por su parte, la diputada Gloria Naveillán, de PNL, afirmó que "las apariencias son importantes y esto no da una impresión muy maravillosa".
La investigación, difundida por la revista Plants, entrega nuevas claves para entender por qué la principal enfermedad del cerezo en Chile se ha vuelto persistente y como avanzar hacia un manejo más efectivo y sostenible en los huertos.
Un importante reconocimiento internacional obtuvo el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) con la publicación de un estudio científico en Plants, una de las revistas especializadas más relevantes en el ámbito de las ciencias vegetales a nivel mundial. La investigación aborda el cáncer bacterial del cerezo, la enfermedad más importante de este cultivo en Chile, responsable de pérdidas productivas que pueden llegar hasta un 20 %.
El estudio analizó muestras de la bacteria Pseudomonas syringae pv syringae (Pss), causante de la enfermedad, proveniente de huertos de las principales zonas productoras del país y permitió demostrar que este patógeno no es solo una introducción externa, sino que ha ido adaptándose a las condiciones agroclimáticas y de manejo propias de la fruticultura chilena. Esta capacidad de adaptación ayuda a explicar por qué la enfermedad sigue siendo compleja de controlar en los huertos.
“Publicar este trabajo en una revista científica de alto nivel es muy relevante, pero lo más importante es que nos permite entender mejor cómo son las poblaciones de la bacteria en Chile y avanzar hacia estrategias de manejo más efectivas y acordes a nuestra realidad productiva”, señala el Dr. Boris Sagredo, investigador de INIA Rayentué y autor principal del artículo.
La investigación también evidenció que algunas poblaciones de la bacteria han desarrollado una mayor resistencia a los productos basados en cobre, insumos ampliamente utilizados para el control de enfermedades en frutales. Este resultado refuerza la necesidad de fortalecer estrategias de manejo integrado, que combinen distintas herramientas, prácticas culturales y un uso más racional de los productos disponibles.
Los resultados de este trabajo permitirán mejorar los sistemas de detección y monitoreo del cáncer bacterial, apoyar la selección de material vegetal con mayor tolerancia y optimizar las estrategias de control en el campo, contribuyendo a una fruticultura más resiliente y sustentable.
El estudio forma parte de una línea de investigación que INIA desarrolla de manera continua desde 2017, cuando comienza con apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins y posteriormente contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través del proyecto Fondecyt Regular N°1231208.
Lo que inició como una declaración de buenas intenciones terminó en una discusión y desmentidos en torno a una solución pública y privada para el suministro de agua potable en el sector de Isla Tenglo.
Recientemente, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Los Lagos sesionó en Isla Tenglo reuniéndose con actores de la comunidad que participan de la “Mesa del Agua” del sector, tras lo cual, el core Rodrigo Arismendi manifestó que solicitaría antecedentes sobre un anteproyecto que ejecutaría Suralis tras un convenio con el Gore y que daría respuestas a esta problemática.
Tras conocerse estos dichos e intenciones de Arismendi, bajo los acuerdos alcanzados en la reunión, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt salió a desmentirlas y tildarlas de irresponsables, afirmando que no habría la disponibilidad de recursos para un proyecto de esta envergadura, en donde, aseguró, el Gobierno Regional debería desembolsas cinco mil millones de pesos.
En comunicación con nuestra emisora, el core Rodrigo Arismendi respondió a la arremetida del jefe comunal, explicando que la iniciativa en la que se trabaja, incluso, reduce la inversión la cual provendría desde la propia empresa de servicios y no financiamiento público, lamentando la falta de comprensión lectora del edil lo que ocasionó la inexistente polémica.
Y entonces ¿de dónde sale esa cifra de cinco mil millones de pesos? Es el monto inicial que debería invertir Suralis para extender la red de agua potable desde La Puntilla a otros puntos de la isla, disminuyendo el presupuesto inicial de 22 mil millones de pesos, a raíz que el proyecto se fragmentaría separando la entrega del vital elemento con el alcantarillado, lo cual debe ser aprobado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, beneficiando a cerca de 190 familias de sectores como La Vega, Punta Piedra y La Capilla. Todo lo cual, insisten, se encuentra en procesos de análisis y estudios.
El exdirigente del PPD Andrés Saavedra cumple prisión preventiva acusado de lavar dineros provenientes de un convenio por $1,2 mil millones entre el GORE de Los Lagos y la Fundación Participa. Según la fiscalía, Saavedra habría cobrado por gestiones para que la fundación se adjudicara esos fondos. Dichos pagos se habrían realizado de forma parcelada a través de un testaferro. El caso Fundaciones golpea en el entorno directo de la expresidenta del partido, Natalia Piergentili.
Cuando en febrero de 2023 Natalia Piergentili ejercía como presidenta del PPD, su pareja, Andrés Saavedra, comenzó a recibir los pagos que, según acusa la fiscalía, provenían de dineros malversados del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos. Todo a través de un convenio firmado con la Fundación Participa que implicó el traspaso de $1,2 mil millones.
El Ministerio Público acusa a Saavedra de haber realizado el contacto con el GORE de Los Lagos para que Participa se adjudicara el convenio destinado a regularizar propiedades ubicadas en zonas urbanas de las provincias de Osorno, Palena, Chiloé y Llanquihue. Por esa labor Saavedra habría cobrado una comisión que se pagó a través de un contrato falso utilizando a un testaferro.
Mientras recibía esos pagos, entre febrero y mayo de 2023, Saavedra ejercía en paralelo como subgerente de asuntos públicos de Conexión Kimal Lo Aguirre, un proyecto que pretende operar una línea de transmisión eléctrica entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. Debido a esa labor aparece en decenas de registros de lobby reuniéndose con autoridades.
El rol de Saavedra en el convenio entre el GORE de Los Lagos y Participa, solo se conoció luego de que la fiscalía comenzó a investigar en todo el país a las fundaciones que recibían fondos públicos y que tenían conexiones con dirigentes políticos. La Fundación Participa, fundada en 2015, siempre ha estado ligada al PPD.
Su presidente, Daniel Ibáñez, está en prisión preventiva desde junio del año pasado, imputado por estafa y lavado de activos, mientras que el 19 de diciembre fue formalizado Andrés Saavedra, además del testaferro que habría participado del esquema para ocultar el origen de los pagos ilícitos: Manuel Führer, quien es sociólogo, militante del PPD y que participó como asesor en los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría.
Fuentes del PPD le dijeron a Reportea que Saavedra dejó de ser militante en julio de 2025 —pese a que aún figura en sus listas como Consejero Nacional por la Región Metropolitana—, y que la expresidenta del partido, Natalia Piergentili, nunca les avisó que su pareja estaba involucrado en un convenio que implicó el traspaso de $1,2 mil millones del erario fiscal. No fue lo único que les ocultó.
Durante 2023, el año en que Saavedra recibió las transferencias desde la Fundación Participa que hoy lo tienen cumpliendo prisión preventiva en Santiago 1, Piergentili ejerció como asesora en las sombras de Rosario Navarro, la entonces recién asumida presidenta de la Sofofa. Piergentili reconoció el vínculo, aunque indicó que se trató de una “asesoría muy puntual”.
Esa asesoría la realizó en paralelo a su rol como dirigenta máxima del PPD, cargo desde el que se enteraba de cada movimiento que planificaba La Moneda al asistir periódicamente a los comités políticos que realizaba el gobierno. El liderazgo de Piergentili fue cuestionado por militantes como la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien acusaba que la dirigenta generaba división en el oficialismo. Entre sus maniobras más recordadas está el quiebre que impulsó para la elección del Consejo Constitucional en 2023, cuando el PPD lideró una lista alternativa al oficialismo, y que implicó que el partido no eligiera a ningún representante para la segunda asamblea que intentó escribir una nueva constitución.
En todo caso Piergentili ya abandonó la primera línea política. Desde que a inicios de 2024 Ciper reveló que recibía pagos desde una empresa de Pablo Zalaquett (UDI), la misma que servía para organizar las polémicas comidas donde se reunían en secreto ministros del gobierno del Presidente Boric con dirigentes empresariales, optó por un perfil más bajo. En 2025 se privatizó por completo y asumió como directora de asuntos públicos de Feedback, consultora dedicada a la comunicación estratégica.
El rol de Saavedra
El pasado 19 de diciembre se realizó la audiencia de formalización de Andrés Saavedra, duró cuatro horas y el fiscal a cargo de informar al tribunal de los delitos que se le imputan al exdirigente del PPD fue Patricio Poblete, de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Fue él quien relató los descubrimientos del Ministerio Público que tienen a Saavedra cumpliendo prisión preventiva.
La defensa de Saavedra está en las manos de Pelayo Vial, un reconocido abogado penal que desde 2024 conforma el estudio jurídico Kinast Piergentili Vial, donde mantiene como socio a Rodrigo Piergentili, primo de la expresidenta del PPD y abogado de la exministra María Teresa Letelier, investigada por fiscalía por tráfico de influencias, revelación de secreto y prevaricación. Hasta el cierre de este reportaje Vial no dio respuesta a las consultas enviadas por Reportea respecto a su defendido Andrés Saavedra.
Según la investigación de la fiscalía, en octubre de 2022 y en el contexto de la adjudicación del programa para labores de “Saneamiento Títulos de Dominio Familias Vulnerables”, Saavedra se comunicó con Gloria González, jefa de la División de Fomento e Industria del GORE de Los Lagos, y le envió vía Whatsapp los datos de la Fundación Participa.
Así se explica en el acta de la audiencia de formalización:
“El imputado Andrés Saavedra Moreno, sin formar parte de su orgánica ni mantener una relación contractual con la fundación Participa, se comunicó en el mes de octubre del año 2022 con Gloria González (…) remitiéndole con fecha 18 de octubre del año 2022 un cúmulo de antecedentes de la referida fundación, tales como el certificado de inscripción, el certificado de directorio de persona jurídica sin fines de lucro; el certificado de vigencia de la persona jurídica sin fines de lucro; el Rol Único Tributario del SII; los estatutos de la señalada fundación, entre otros”.
Un día después, el 19 de octubre de 2022, Participa se adjudicó el proyecto.
Andrés Saavedra es oriundo de la Región de Los Lagos. De hecho, su hermano, Manuel Saavedra, era el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE de esa región, cargo del que fue removido en agosto de 2023, cuando ya había estallado el llamado caso Fundaciones.
La adjudicación de los $1,2 mil millones otorgaba la administración del 100% del dinero para la ejecución del programa que buscaba regularizar los títulos de dominio de cientos de familias de la zona. En teoría debían ser 1.400 beneficiarios de sectores urbanos en las provincias de Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena, quienes en 12 meses debían ordenar sus documentos y obtener su título de dominio.
Pero eso no ocurrió. Según la imputación de la fiscalía, la fundación solo regularizó un par de decenas de propiedades. Y buena parte del dinero entregado por el GORE se utilizó en asuntos personales de quienes controlaban Participa, como su presidente, Daniel Ibáñez. Otro tanto, cerca de $14,5 millones, fueron a parar a una cuenta bancaria de Andrés Saavedra, a quien le pagaban mensualmente $2,9 millones a través de un testaferro. Esos pagos solo se frenaron cuando el GORE de Los Lagos dio por terminado el convenio en medio del escándalo del caso Fundaciones.
El término anticipado del convenio abrió una caja de pandora. El GORE le solicitó a la fundación la rendición de cuentas, y una vez que obtuvieron los documentos la situación se hizo evidente, no se cumplió con el objetivo del programa y el dinero habría sido falsamente justificado.
Los casos presentados como efectivos fueron revisados por el Ministerio Público y este determinó que Daniel Ibáñez había realizado maniobras en los listados, abultando la cantidad de casos para justificar el gasto de los recursos públicos.
La imputación de la fiscalía pone el acento en el engaño a los vecinos de la región de Los Lagos que debían ser los beneficiarios del proyecto: “Los usuarios de estos casos que participaron como beneficiarios del programa no pudieron acceder a los trámites y se les informó falsamente que sus trámites iban a ser resueltos por la fundación”.
Según la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado en este caso, la defraudación al fisco podría superar los $200 millones.
Los pagos y las rendiciones falsas
Según lo que se lee en la historia de la causa disponible en el portal público del Poder Judicial: “Los imputados Daniel Ibáñez y Andrés Saavedra, quien no formaba parte de la fundación Participa ni trabaja para el programa, acordaron un mecanismo para desviar parte de estos dineros públicos hacia Saavedra, como pago por su intervención ante la jefa de la DIFOI (Gloria González)”.
El actuar que logró determinar la investigación fue el siguiente. En primer lugar, Daniel Ibáñez desde la cuenta bancaria de la fundación realizó un depósito con fecha 10 de febrero de 2023 a la cuenta corriente de Andrés Saavedra por $2,9 millones. Se le habría pagado por una asesoría, servicio del que no existe registro. Luego comenzaron a actuar por medio de un testaferro: Manuel Führer. Así, dejaron a Saavedra fuera de la ecuación, pero al indagar la ruta del dinero, casi en su totalidad el dinero recibido por Führer llegó a la cuenta bancaria de Andrés Saavedra.
Beneficiaria del programa de regulazión de títulos de dominio, desarrollado por la Fundación Participa. Fuente: Instagram Fundación Participa.
El 4 de marzo de 2023, Daniel Ibáñez presentó al GORE una copia de un contrato a honorarios entre la fundación Participa y Manuel Führer, quien cumpliría “funciones de consultor para el programa ´Saneamiento Títulos de Dominio Familias Vulnerables´”. La remuneración líquida era de $2.900.001. Antes de que el convenio se cancelara, se alcanzaron a realizar cuatro pagos por esa cifra. El rol de Führer quedó en evidencia cuando la fiscalía revisó sus cuentas bancarias, donde el destinatario final de esos depósitos fue Andrés Saavedra.
La fiscalía acusa que ni Saavedra ni Führer realizaron alguna labor para el programa por el que estaban recibiendo pagos.
Las operaciones de transferencia bancaria se realizaron en cuatro ocasiones desde la cuenta de la fundación a la cuenta de Manuel Führer por un total de $11.600.004, los que de forma parcelada eran depositados en días posteriores a la cuenta de Andrés Saavedra. Las cuotas fueron: una por $250.000, $2.000.000, $650.000 y en seis ocasiones el monto de $1.450.000.
Con estos antecedentes el jueves 19 de diciembre el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la prisión preventiva para Saavedra y Führer, ambos imputados por el delito de lavado de activos.
El recorrido público de Andrés Saavedra
Al consultar a Natalia Piergentili sobre la situación de Saavedra, se refirió a él en todo momento como “el padre de mi hija”, y pese a no confirmar si aún son pareja, comentó que va a visitarlo a la cárcel cada vez que puede. También aseguró no tener ninguna implicación ni previo conocimiento de los traspasos de dinero del GORE investigados por el Ministerio Público.
Saavedra es egresado de Administración Pública y experto en diseño, preparación y evaluación de proyectos, según lo indica un documento de 2010 que acredita su paso por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ha desempeñado labores como gestor y lobista, al igual que ha realizado trabajos de coordinación y asesoría en el Estado.
Su registro como lobista y gestor está marcado por dos etapas. La primera en relación a su trabajo con la empresa Rucalhue Energía SpA, la que es propiedad desde 2021 de la transnacional China International Water y Electric Corp, encargadas de desarrollar la Central Hidroeléctrica Rucalhue en la Región del Biobío. Empresa por la que registró dos audiencias de lobby en 2015.
Una con la Dirección General De Aguas (DgA), en conjunto a otros representantes de la hidroeléctrica: Pablo Ceppi Berdichevsky (Representante de Atiaia Energía Chile SpA) y Rafael Goldzack, entonces Gerente General de Atiaia Energía Chile (Empresa brasileña que dio origen a la central, adquirida en 2018 por Rucalhue Energía SpA).
La otra con la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Del Biobío, en la que Saavedra figura como gestor y lobista por el avance del proyecto Hidroeléctrica Rucalhue.
Las otras más de cincuenta audiencias tienen relación con su rol como gestor del proyecto Conexión Kimal Lo Aguirre S.A., el que busca transportar energía eléctrica desde una planta en Antofagasta hasta Santiago. Dicho proyecto obtuvo en noviembre de 2025 una evaluación positiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su construcción que abarca más de mil trescientos kilómetros cruzando cinco regiones.
El último registro de lobby de Andrés Saavedra figura con fecha 21 de agosto de 2025 con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), por el proyecto Black Giant de la compañía EnergyX —Startup fundada en 2018 por el inversionista y empresario estadounidense Teague Egan—, que busca desarrollar la mayor refinería de litio del mundo con sus instalaciones de Extracción Directa de Litio (DLE) en la Región de Antofagasta.
Saavedra no solo ejerció labores como asesor, gestor y lobista. También fue parte de la empresa consultora Terranostrum Limitada, constituida en 2012 y la que ofrece servicios de asesoría y representación jurídica en saneamiento de títulos de dominio.
Su ingreso fue en 2020, cuando una de las socias originales, Claudia Ortiz —quien mantenía el 50% de las acciones y el otro 50% Nicolás Navia Velásquez—, vendió y transfirió su parte de la sociedad a Saavedra. Así se convirtió en socio de Navia, abogado de la Universidad Católica con experiencia en la dirección de proyectos, asesor en la Subdere en 2010, director de proyecto en regularización de títulos de dominio en la Municipalidad de Cochamó, y quien actualmente trabaja como defensor privado.
Menos de un año después de iniciada la investigación de fiscalía a la fundación Participa, Saavedra trabajó como Secretario Municipal de la comuna de Lampa, percibiendo un sueldo superior a los $4 millones, bajo la administración del alcalde Jonathan Opazo —quien compitió en la elección municipal de 2024 como independiente en cupo del Partido Liberal en la lista oficialista Contigo Chile Mejor—. Según el registro de Transparencia, Andrés Saavedra Moreno fue personal de planta entre abril de 2024 y mayo de 2025.
El testaferro: Manuel Führer
También militante del PPD, Manuel Führer, es quien habría actuado de testaferro en el traspaso de dinero desde la fundación Participa a Saavedra. Sociólogo de la Universidad de Chile, con un magíster en comunicación,fue asesor comunicacional de Rodrigo Peñailillo (PPD), exministro del Interior en el segundo mandato de Michelle Bachelet, y asesor de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball Astaburuaga (PPD), durante el mismo gobierno.
En el 2015 figura en la nómina de la Subsecretaría del Interior, entidad liderada por el entonces subsecretario, Mahmud Aleuy (PS), por su labor como asesor y coordinador en materias de seguridad pública y gubernamental, durante el segundo gobierno de Bachelet.
Desde el PPD aseguran que al momento de su detención, Manuel Führer seguía en la nómina de militantes del partido, pero desde la formalización tiene su militancia —por tanto sus derechos como militante— suspendida. Aclaran que “el PPD tiene un criterio establecido: militante formalizado, se suspende su militancia. Militante condenado es expulsado”.
El sitio web oficial y las redes sociales de Participa siguen en línea.La última publicación en Instagram está fechada el 8 de enero de 2024, en la que se informa de la devolución voluntaria de $352 millones al GORE de Los Lagos. Incorporan una cuña de Daniel Ibáñez: “El programa contemplaba un universo de 1.400 beneficiarios, nosotros llegamos a 1.501 con todos los expedientes (…) lo que constituye la ejecución de la primera etapa del programa de catastro”.
Según la fiscalía, eso no fue cierto, y la cifra de beneficiarios fue muchísimo menor, no alcanzando siquiera a las 50 personas.
En la publicación de Instagram se observa a una mujer con una carpeta que dice “títulos de dominio”, y el texto del posteo agrega un dato a modo de defensa por la labor de la fundación en la Región de Los Lagos: “Cabe señalar que el programa contemplaba dos etapas, una de catastro que se cumplió al 100% y una segunda etapa de tramitación que alcanzó cerca del 20% y que lamentablemente se vio truncada por el cierre anticipado”.
