24 julio 2026

Javier Couso advierte que la reforma “corre riesgo” ante el Tribunal Constitucional

 


La reforma del Gobierno enfrenta tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional, centrados en la invariabilidad tributaria y la compensación a empresas cuya resolución de calificación ambiental sea anulada por la justicia.

En conversación con Mirna Schindler, el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, sostuvo que ambas controversias abren un escenario sin precedentes claros. A su juicio, los argumentos de la oposición son jurídicamente plausibles y resulta “temerario” asegurar que el proyecto no enfrenta riesgos.


Couso explica las diferencias entre los requerimientos presentados desde la Cámara y el Senado, el debate sobre las facultades del Congreso, las posibles desigualdades entre inversionistas y el papel que tendrá la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva.

Una disputa jurídica que podría sentar precedentes y condicionar una de las principales reformas del Gobierno. Timestamps / capítulos
00:00 Presentación
00:20 Los requerimientos contra la reforma ante el Tribunal Constitucional
02:22 Un debate constitucional sin precedentes
04:51 ¿La invariabilidad tributaria contradice el principio democrático?
05:33 Las diferencias entre los requerimientos de la Cámara y el Senado
09:10 Igualdad ante la ley y beneficios para inversionistas
11:45 Compensaciones por resoluciones ambientales anuladas
13:46 ¿Qué requerimiento tiene mayores posibilidades de prosperar?
14:05 Couso: ambos cuestionamientos son jurídicamente plausibles
16:20 El argumento sobre las facultades del Congreso
18:56 La postura de la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña
19:24 “Es temerario decir que el proyecto no corre ningún riesgo”
21:23 María Pía Silva y su papel como presidenta del Tribunal Constitucional
23:25 ¿Influyen las posiciones políticas en las decisiones del TC?
25:00 Couso: “Estamos en un terreno totalmente nuevo”
25:54 Cierre


Weibel REVELA cómo un juez y un general FALSIFICARON una orden para ESPIONAJE

 


¿Qué ocurre cuando un periodista de investigación descubre una de las mayores tramas de corrupción en Chile... y termina siendo espiado por el Estado? En esta entrevista, Mauricio Weibel analiza la histórica condena contra un exjuez y un exdirector de la DINE por espionaje ilegal, un fallo sin precedentes para la justicia chilena que abre un debate sobre democracia, libertad de prensa y corrupción. La conversación también aborda la polémica Ley Mordaza, el proyecto que podría restringir la publicación de investigaciones judiciales en curso y que, según sus críticos, pondría en riesgo el periodismo de investigación y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Además, Weibel reflexiona sobre el caso Hermosilla, Milicogate, la Ley Reservada del Cobre, el crimen organizado, el Tren de Aragua y los desafíos que enfrenta la democracia cuando las instituciones dejan de ser fiscalizadas. ¿Puede una democracia funcionar sin periodismo de investigación?


00:00 – Mauricio Weibel: espionaje militar, Breaking Bad y la Ley Mordaza 00:47 – La condena histórica contra un exjuez y un exdirector de la DINE 01:43 – Cómo el caso Milicogate terminó en una operación de espionaje 02:12 – Así falsificaron la orden para interceptar el teléfono de Mauricio Weibel 02:53 – La falsa "espía boliviana" usada para ocultar el espionaje 03:09 – Cómo se descubrió la operación de espionaje ilegal 03:55 – "Parece Breaking Bad": el allanamiento al exjuez y el hallazgo de armas 04:54 – La condena: libertad vigilada, curso de DD.HH. e inhabilitación perpetua 06:04 – Los exministros que defendieron el espionaje ante el Congreso 08:15 – Corrupción, FF.AA., ANI y la crisis de los controles democráticos 10:21 – El vínculo entre un exdirector de la ANI y el Tren de Aragua 12:02 – El avance del crimen organizado y el debilitamiento del Estado 13:56 – Caso Hermosilla: ¿cómo se captura parte del Poder Judicial? 15:45 – Milicogate: la investigación que terminó con la Ley Reservada del Cobre 17:39 – ¿Van a encarcelar periodistas? La polémica Ley Mordaza 19:00 – ¿Por qué la Ley Mordaza pone en riesgo la democracia? 20:07 – "El periodismo no se calló con Pinochet... tampoco se va a callar ahora" 22:29 – Por qué apoyar el periodismo de investigación independiente 24:01 – Cierre 🔴 EN ESTA ENTREVISTA DE EL DESCONCIERTO: → Weibel relata cómo inteligencia militar falsificó una orden judicial para espiarlo durante la cobertura del Caso Milicogate → Se revela el allanamiento al departamento del ex juez, donde se encontraron armas y carpetas de inteligencia → Weibel expone el vínculo entre el ex director de la ANI y un miembro del Tren de Aragua → Advierte sobre la Ley Mordaza 2.0, que impondría cárcel a periodistas y multas a sus fuentes


Arancel de 12,5% de Estados Unidos afecta al 40,3% de las exportaciones chilenas y deja fuera al cobre, litio,naranjas, kiwis y paltas

 

Estados Unidos aplicó desde hoy un nuevo arancel de 12,5% a una parte de las exportaciones chilenas, mientras cobre refinado, litio, oro y varias frutas quedaron exentos. La Subrei estima que la medida afectará a 40,3% de los envíos al mercado estadounidense y podría implicar una carga adicional de US$212 millones.


Cobre refinado, plata, litio, oro, naranjas, kiwis y paltas encabezan la lista de productos chilenos que quedaron exentos del nuevo arancel que Estados Unidos aplica desde hoy a una serie de socios comerciales, y que, en el caso de Chile, llegará a 12,5%. En conjunto, los bienes excluidos equivalen a 53,5% de las exportaciones nacionales al mercado estadounidense, según las cifras entregadas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). 

Por otro lado, un 40,3% de los envíos quedará afecto a la nueva tasa. De acuerdo con la subsecretaria, Paula Estévez, se estima que el alza de 2,5 puntos respecto del 10% que regía hasta esta semana implicaría una carga arancelaria adicional de US$212 millones para el grupo de productos afectados. 

“Es lo que estamos calculando en Subrei, que sería el costo de este aumento del 2,5%”, dijo la subsecretaria en conversación con Radio Biobío. Un 4% restante corresponde a productos sujetos a investigaciones separadas, como neumáticos y determinados productos de cobre con arancel diferenciado. 

Entre los bienes que sí pagarán este nuevo gravamen figuran el salmón, las uvas frescas, los arándanos, las carnes, la sal, los vinos, las frutas congeladas, los tableros de madera, los limones y algunos lácteos, enumeró la autoridad de la Subrei.

¿Por qué Chile?

Un documento oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) confirmó que Chile quedó entre los países que se someterán a nuevos aranceles impuestos por “no imponer ni hacer cumplir efectivamente” una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

En el mismo tramo de 12,5% en que está Chile, figuran 42 países, tales como Brasil, Perú, Colombia, China e Israel. Otros países quedaron en un tramo menor, de 10%, como Argentina, Canadá, México, India, Reino Unido y la Unión Europea por contar con regímenes parciales de control..

Estévez explicó que la medida no fue producto de una negociación bilateral, sino de una política definida por Washington que se aplicó a 60 países. “A los países que cuentan con una ley que prohíbe la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, les aplicaron un 10%. Y a los países que no tenían esta ley, entonces les aplican un 12,5%”. Chile fue clasificado en este segundo grupo.

La subsecretaria enfatizó que durante el proceso de investigación abierto por Estados Unidos, que se extendió por un mes y medio, Chile entregó antecedentes sobre su marco laboral. “Claramente que Chile tiene un compromiso en materia laboral y que no hay trabajo forzoso en Chile, pero esto se refiere a las importaciones”, puntualizó.

Casos como los de Argentina y Ecuador, que quedaron en 10%, se explican porque esos países firmaron acuerdos específicos con Estados Unidos y no cuentan con un tratado de libre comercio vigente. “Chile tiene un TLC, nosotros queremos defender el TLC, y defender el TLC no significa firmar un 10% por un solo tratado cuando tú tienes aranceles 0%, sino más bien lo que estamos haciendo es negociar”, sostuvo.

Las negociaciones

Estévez reveló que el viernes de la semana pasada la USTR comunicó al Gobierno la disposición de evaluar la exclusión de nuevos productos.“Por la excelente relación que tenemos con Chile, queremos evaluar la posibilidad de excluir productos chilenos que pueden tener tasas arancelarias (más altas)”, citó la subsecretaría.

 En esa misma línea, anunció que Chile ya envió una lista de bienes con la fundamentación técnica de por qué su exclusión no afectará a la economía estadounidense. 

“El objetivo es que los principales productos que exportamos a Estados Unidos queden en arancel cero”, explicó Estévez. Sin embargo, reconoció que “aspirar a un 0% es un desafío”, dado que “ningún país lo tiene”.

Megarreforma: exautoridades de Bachelet y Lagos critican a la oposición por aprobar crédito tributario a empresas que financien enfermedades catastróficas

 


Exautoridades del Ministerio de Salud cuestionaron el artículo aprobado en la Comisión de Hacienda que entrega un beneficio tributario a empresas que financien tratamientos costosos de sus trabajadores. Aseguran que la medida genera inequidad y que dependerá de la capacidad económica de cada empresa, lo que contradice los principios de acceso universal a la salud promovidos con el Auge-GES y la Ley Ricarte Soto.

Pese a que varias regiones del país enfrentan un crítico momento con el sistema frontal, en paralelo el Congreso ha seguido discutiendo una de las principales apuestas del Gobierno, la Ley de Reconstrucción Nacional.

Si bien el objetivo de la ley es recaudar dinero para apoyar a los damnificados por incendios en el sur, también se ha caracterizado por incluir una serie de artículos que tienen a varios hablando de una megarreforma tributaria.

Con todo, en el marco de la discusión de la megarreforma, se aprobó en la Comisión de Hacienda un artículo que crea un crédito contra el impuesto de primera categoría de hasta 150 UTM por trabajador para aquellas empresas que financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus empleados o cargas familiares.

Ello generó gran rechazo por parte de exautoridades del Ministerio de Salud que se desempeñaron en gobiernos de Michelle Bachelet y de Ricardo Lagos, quienes enviaron una carta a El Mercurio titulada: “La izquierda en los tiempos de cólera”.

Entre los firmantes están Jaime Burrows (exsubsecretario de Salud entre 2014-2018); Manuel Inostroza (exsuperintendente de Salud entre 2005-2010); Sebastián Pavlovic (exsuperintendente de Salud entre 2014-2018); Andrés Romero (exjefe de Departamento Jurídico Minsal entre 2002-2006) y Pedro García Aspillaga (exministro de Salud entre 2003-2006).

“El debate de las políticas públicas en Chile parece haber entrado en una fase de permanente amnesia de principios, donde el efectismo inmediato y el cortoplacismo reemplazan cualquier atisbo de reflexión de fundamentos”, parte diciendo la carta.

En esa línea, cuestionan que “el fenómeno ya no es exclusivamente un sector político, pero resulta especialmente alarmante cuando la izquierda —llamada por definición a resguardar la equidad, los derechos sociales universales y la solidaridad colectiva— termina firmando y aplaudiendo normativas que dinamitan sus propios pilares conceptuales. Es la política pública dictada no por la razón, sino por la urgencia emocional: la izquierda legislando en los tiempos del cólera, de las redes sociales”.

De hecho, cuestionan directamente a los senadores de la comisión: Rodolfo Carter (Ind.-Rep), Diego Ibáñez (FA), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Cicardini (PS) por el voto unánime que tuvo el artículo en la comisión.

“En términos sencillos: la empresa gasta, el Estado se lo devuelve a través de menos impuestos, y el ministro de Hacienda defiende la medida argumentando la necesidad de dar ‘una vía rápida’ ante la ansiedad de las familias”, plantea la misiva.

“Suena compasivo, casi heroico. Pero basta rascar un milímetro la superficie para descubrir que la norma introduce una visión profundamente liberal e inequitativa de la salud, disfrazada de beneficio social, representando un retroceso en la postura que la centroizquierda ha impulsado sobre el derecho a la salud en nuestra historia reciente”, enfatizan las exautoridades.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz asistió hoy a la Cámara de Diputados por la votación en sala de la megarreforma.
FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

Destacan la implementación del Auge-GES, por parte del Presidente Lagos, cuya premisa era la equidad de la población para acceder a tratamientos y asegurar el derecho a la salud de forma universal para ciertas enfermedades; así como luego la creación de la Ley Ricarte Soto precisamente apuntando al mismo principio, pero esta vez dirigida a apoyar a quienes padecen enfermedades de alto costo.

“La premisa histórica de la centroizquierda siempre fue clara: la salud es un derecho social que debe financiarse de manera equitativa mediante los impuestos de todos, garantizando que el acceso dependa de la necesidad sanitaria y no de la billetera o la condición laboral del paciente”, postulan los ex Minsal.

Y agregan: “El artículo aprobado dinamita esa lógica”.

Advierten que norma generaría inequidad en el acceso a la salud dependiendo del tamaño de la empresa

“Si usted tiene la fortuna de trabajar en una gran corporación con la holgura de caja suficiente para adelantar estos fondos, usted se salva. Si usted trabaja en una pyme que lucha mes a mes por subsistir, o si forma parte del enorme porcentaje de trabajadores informales o desempleados en Chile, queda desamparado”, resumen las exautoridades.

“¿Acaso la visión de la izquierda no debiese ser fortalecer los instrumentos que ordenaban la atención de salud, en lugar de crear oasis de bienestar corporativo financiados con recursos que el Estado deja de percibir?”.

Las exautoridades puntualizan que las “contradicciones conceptuales y operativas” de la medida no pasaron desapercibidas en el debate público, poniendo como ejemplo una editorial del mismo diario donde se cuestionaba el contenido y el actuar de la norma.

“La misma publicación lanza interrogantes punzantes que la izquierda en el Congreso simplemente decidió ignorar en pos del aplauso fácil: ‘¿Es razonable trasladar al empleador la decisión de financiar o no un tratamiento de salud? ¿No introduce esto una nueva fuente de tensión en las relaciones laborales? Al mismo tiempo, y desde la perspectiva del Estado, ¿cómo se coordinará en la práctica esto con los mecanismos hoy existentes de cobertura y protección financiera?'”, lee la carta.

Agregan, incluso, que lo que sucedió en la comisión de Hacienda “es la renuncia a la complejidad. Al validar que el empleador actúe como un intermediario y decisor de la vida y la salud de sus dependientes, la izquierda chilena ha terminado por consagrar el modelo más crudo del bienestar supeditado a la benevolencia del capital. Se impuso el efectismo”.

“En lugar de sentarse a diseñar reformas estructurales que inyecten recursos de manera equitativa y eficiente al sistema público para resolver las listas de espera o ampliar la Ley Ricarte Soto, se optó por una vía rápida que segmenta aún más a los chilenos entre trabajadores de primera y segunda categoría”, agregaron.

En esa línea, las exautoridades concluyeron: “Cuando la izquierda pierde la capacidad de contrastar las propuestas legislativas con sus matrices ideológicas de justicia y universalidad, la política se vacía de contenido. Las diferencias políticas que actualmente se muestran públicamente dentro del Partido Socialista, encabezadas por las senadoras integrantes de la comisión de Hacienda, ojalá tuviesen menos que ver con quién se muestra más contrario al Gobierno y más con la visión que se tiene de las políticas públicas que el país requiere”.

¿Sabías que las personas pensionadas por leyes de reparación de 75 años y más ya pueden solicitar la PGU?

 

Desde junio de 2026, y gracias a la Reforma de Pensiones, este grupo de 75 y más años, puede solicitar anticipadamente la Pensión Garantizada Universal (PGU) a través de los canales IPS ChileAtiende. Si cumplen los requisitos y el beneficio es otorgado, los pagos comenzarán en septiembre de este año.

El Instituto de Previsión Social (IPS) hace un llamado a las personas pensionadas por leyes de reparación a informarse y solicitar la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio al que podrán acceder de manera gradual gracias a la Reforma de Pensiones (Ley N.° 21.735), según el tramo de edad que les corresponda.

Recordemos que la normativa permite que las personas beneficiarias de pensiones otorgadas por las leyes de reparación (Ley Rettig, Ley Valech y exonerados políticos), además de las personas pensionadas de gracia, puedan solicitar la PGU y acceder al monto máximo del beneficio, actualmente de $250.275, siempre que cumplan los demás requisitos legales.

Por ello, a partir de septiembre de 2025 pueden acceder a la PGU las personas pensionadas por leyes de reparación de 82 años y más. En tanto, desde septiembre de 2026 corresponde el turno de quienes tienen 75 años y más, mientras que desde septiembre de 2027 podrán acceder quienes tengan 65 años y más, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Aunque el beneficio comienza a pagarse desde septiembre de cada año, el proceso de solicitud se abre en junio para que las personas puedan presentar sus antecedentes con tiempo. Si se cumplen los requisitos, comenzarán a recibir el beneficio desde septiembre. Es importante recordar que la PGU no se otorga de manera automática, por lo que siempre debe solicitarse.

Antes de realizar la solicitud, es fundamental contar con el Registro Social de Hogares (RSH), ya que este antecedente es indispensable para que el IPS pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos. Quienes aún no lo tengan pueden solicitar su incorporación a través del sitio web de la Ventanilla Única Social (VUS) o en una sucursal ChileAtiende.

Principales requisitos para solicitar la PGU

Estas son las condiciones que revisará el IPS al momento de evaluar la solicitud:

  • No integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % de mayores ingresos de la población del país, de acuerdo con la evaluación que realiza el IPS.
  • Tener una pensión base calculada igual o inferior a $1.252.602. Para este cálculo no se considera el monto de la pensión otorgada por ley de reparación.
  • Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde que la persona cumplió 20 años de edad y haber residido en el país 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Además, las personas beneficiarias de pensiones por leyes de reparación que cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 tendrán derecho a acceder a la PGU desde el mes en que cumplan esa edad, siempre que reúnan los requisitos establecidos por la ley.

¿Cómo solicitar la PGU?

La Pensión Garantizada Universal siempre debe solicitarse. El trámite puede realizarse a través de los distintos canales de atención de IPS ChileAtiende:

  • Por Internet, en www.chileatiende.cl, ingresando con ClaveÚnica al formulario de solicitud o mediante Videoatención, utilizando únicamente la cédula de identidad vigente.
  • Presencialmente, en cualquiera de las más de 200 sucursales IPS ChileAtiende del país.
  • En los municipios que mantienen convenio con el IPS o en la AFP o compañía de seguros correspondiente, cuando la persona se encuentre afiliada a una de estas entidades.

Personas exoneradas políticas de Dipreca y Capredena

Las personas exoneradas políticas de Dipreca y Capredena también pueden solicitar la PGU, conforme a la Ley N.° 21.735, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Para este grupo se aplican los mismos tramos de incorporación que para las demás personas beneficiarias de leyes de reparación: 82 años y más en septiembre de 2025; 75 años y más: en septiembre de 2026; y 65 años y más en septiembre de 2027.

PGU 2026: El cálculo de tu pensión base que podría dejarte fuera del pago de $231 mil

 


El IPS actualizó los topes de ingresos máximos y abrió un nuevo tramo por edad. Revisa el monto exacto de tu jubilación que define si te corresponde el beneficio.

Muchos adultos mayores en Chile creen erróneamente que por el solo hecho de recibir una jubilación de una AFP o compañía de seguros quedan excluidos de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, la clave no es estar jubilado, sino un indicador técnico que el Instituto de Previsión Social (IPS) revisa bajo lupa: tu pensión base calculada.

Tras la entrada en vigencia de las nuevas etapas de la Reforma de Pensiones y el reajuste por IPC aplicado en febrero de 2026, los topes cambiaron drásticamente. Si no conoces tu cifra exacta, podrías estar perdiendo un depósito mensual de hasta $231.732 (o $250.275 si tienes 82 años o más) sin darte cuenta.

¿Qué es la pensión base y cómo se calcula?

La pensión base no es necesariamente el dinero líquido que cae mes a mes en tu cuenta bancaria. Es una simulación legal que calcula el IPS sumando los siguientes factores:

  • Tu Pensión Autofinanciada (PAFE): El monto estimado que financias con tus propios ahorros acumulados en la AFP.

  • Pensiones de sobrevivencia o de invalidez que recibas.

  • Pensiones del antiguo sistema de cajas previsionales o pensiones de gracia.

  • Los nuevos beneficios derivados del Seguro Social de la Reforma de Pensiones.

  • Los tres tramos que deciden tu pago este 2026

    Con los datos actualizados de ChileAtiende, el monto de tu PGU se define según el resultado de esa suma en estos tres escenarios:

    1. Si tu pensión base es de hasta $789.139: Tienes derecho a recibir el monto máximo de la PGU. Esto equivale a $231.732 mensuales (para personas de 65 a 81 años) o $250.275 mensuales (si tienes 82 años o más).

    2. Si tu pensión base está entre $789.140 y $1.252.602: Tu PGU no se elimina, pero se paga de manera proporcional. El monto va disminuyendo gradualmente a medida que tu pensión se acerca al límite superior.

    3. Si tu pensión base es igual o superior a $1.252.603: Quedas fuera del beneficio por superar el tope máximo legal.

    Ojo con el calendario: El cambio clave de junio 2026

    La Reforma de Pensiones avanza de forma escalonada por edad. Mientras que los mayores de 82 años ya reciben el tope ajustado, a partir de junio de 2026 comenzó la incorporación del tramo de pensionados con 75 años o más, quienes verán reflejado el incremento hacia los $250 mil en sus liquidaciones de septiembre.

    Los otros requisitos que debes cumplir

    Además del límite de ingresos de la pensión base, el IPS recuerda que para postular debes:

    • Tener 65 años o más (aplica para hombres y mujeres, pese a que la edad de jubilación femenina sea a los 60).

    • No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población (requisito que el IPS cruza de forma interna).

    • Acreditar residencia en territorio chileno por un lapso no inferior a 20 años (continuos o discontinuos) y haber vivido en el país cuatro de los últimos cinco años anteriores a la postulación.

    El trámite no es automático para nuevos pensionados. Se puede solicitar de forma gratuita con la ClaveÚnica en el sitio web de ChileAtiende o de forma presencial en sus sucursales.


test de drogas provoca salida de subsecretario y abre crisis en Hacienda

Kast removió al subsecretario de Hacienda tras un primer resultado positivo en un test de drogas. Juan Pablo Rodríguez niega consumir sustancias y espera la contramuestra. Además, EE.UU. impone un arancel de 12,5% a Chile.

Test de drogas provoca salida del subsecretario de Hacienda

El Presidente José Antonio Kast removió al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que la primera muestra de un examen realizado en junio arrojara un resultado positivo. La contramuestra continúa pendiente. Rodríguez negó consumir drogas, anunció nuevos análisis y aseguró que ejercerá acciones para esclarecer lo ocurrido. La Moneda informó inicialmente que había presentado su renuncia, pero después confirmó que fue apartado. Tomás Bunster asumirá como subrogante en medio de la crisis por la megarreforma.

Estados Unidos impone un arancel adicional de 12,5% a Chile

La Administración de Donald Trump aplicará un arancel adicional de 12,5 por ciento a las importaciones provenientes de Chile. Washington justificó la medida por los esfuerzos que considera insuficientes para combatir el trabajo forzoso. El Gobierno chileno rechazó los fundamentos y recalcó que la resolución no identifica productos nacionales fabricados bajo esas condiciones. La autoridad anunció gestiones políticas y técnicas para conseguir exclusiones y proteger los principales sectores exportadores afectados por la nueva sobretasa.

Quiroz suma conflictos por la megarreforma.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, negó que el aplazamiento de la votación de la megarreforma en el Senado constituya un fracaso y aseguró que el proyecto será aprobado después de la semana distrital. También respondió a los alcaldes que cuestionan la fórmula para compensar la reducción de los ingresos municipales: “Si prefieren que no se compense, no se compensa”, afirmó. El Gobierno presentará además un veto para eliminar la norma que pone fin al anatocismo, tras las advertencias del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero.

Petróleo supera los US$100 y el dólar llega a $945

El petróleo Brent superó los cien dólares por barril ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y los ataques contra embarcaciones en Medio Oriente. El aumento amenaza con trasladarse al precio de los combustibles y elevar las presiones inflacionarias en Chile. El dólar subió ocho pesos y cerró en 945, su mayor valor desde noviembre del año pasado. Durante la sesión alcanzó un máximo de 949 pesos con 50 centavos. La caída del cobre y las expectativas de tasas elevadas en Estados Unidos también debilitaron al peso chileno.

Daños del temporal superan los US$700 millones

Los daños causados por el temporal en infraestructura, viviendas y actividades productivas superarían los 725 millones de dólares, según una estimación de la consultora Colliers basada en información pública. El balance de Senapred registra 13 personas fallecidas, cerca de 29 mil viviendas afectadas y aproximadamente 65 mil personas damnificadas, lesionadas, albergadas o aisladas. Las mayores pérdidas se concentran en caminos, redes eléctricas, servicios básicos y viviendas. También existen daños importantes en la agricultura, el comercio, el turismo y la minería.

Bachelet debuta en debate por la Secretaría General de la ONU

Michelle Bachelet participó en el primer debate conjunto de los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general de Naciones Unidas. La expresidenta defendió la diplomacia preventiva, la mediación frente a los conflictos y la independencia de quien dirija el organismo. También afirmó que resistió presiones de distintos países cuando encabezó la oficina de Derechos Humanos. Su candidatura cuenta con el patrocinio de Brasil y México, después de que el Gobierno de José Antonio Kast retirara el respaldo que había entregado la administración anterior.

Fiscalía apelará a nueva cautelar de Manuel Monsalve

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reemplazó el arresto domiciliario total de Manuel Monsalve por arresto domiciliario nocturno. El exsubsecretario podrá salir durante el día, pero deberá permanecer en su vivienda entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Monsalve está imputado por violación y abuso sexual contra una subalterna. La Fiscalía Centro Norte anunció que apelará para revertir la resolución y solicita una pena de 14 años de presidio. La defensa destacó el tiempo que lleva privado de libertad y su colaboración con la investigación.

Formalizarán a funcionarios de Conaf por el megaincendio

La Fiscalía formalizará a dos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal por la falta de activación oportuna de la alerta de evacuación durante el megaincendio de febrero del 2024. El Ministerio Público sostiene que contaban con información suficiente sobre la dirección y el avance del fuego, pero no solicitaron a tiempo el envío del mensaje SAE. La nueva arista busca determinar eventuales responsabilidades institucionales en una tragedia que dejó 138 personas fallecidas, miles de damnificados y extensas zonas destruidas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.