A través de un oficio, el Ministerio de Hacienda solicitó descontinuar o aplicar un ajuste presupuestario a una serie de programas de todos los Ministerios, de cara a la Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera 2028-2031 de cada cartera.Uno de los más afectados sería la cartera de Salud.
Si bien la información era previsible luego del anuncio del recorte de un 3% a todas las carteras hace unas semanas, ha generado polémica la eventual eliminación de importantes programas de ayuda social.
Respecto al Ministerio de Salud, el oficio de Hacienda -según información a la que tuvo acceso Radio Bío Bío– solicita descontinuar al menos 24 programas. A continuación, te mostramos el listado:
1. Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes 2. Atención en salud para niños/as y adolescentes con vulneración de derechos 3. Camas Socio Sanitarias 4. Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia 5. Continuidad de cuidados preventivos y de tratamiento en APS 6. Control de Salud Niño y Niña Sano en Establecimientos Educacionales 7. Cuidados Paliativos Universales en APS 8. Elige Vida Sana 9. Espacios Amigables 10. Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria (FOFAR) 11. Hospitalización Domiciliaria 12. Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica 13. Más Adultos Mayores Autovalentes 14. Plan Nacional de Demencia 15. Programa DIR APS Alcohol, Tabaco y otras Drogas 16. Programa Odontológico Integral 17. Programa Preventivo en Salud Bucal – Sembrando Sonrisas 18. Programa Salud Mental en Atención Primaria de Salud 19. Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS 20. Programa de Apoyo a la Identidad de Género 21. Programa de Cuidados Comunitarios en APS 22. Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 23. Programa de Salud Trans 24. Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
Cabe mencionar que la mayoría de estos programas que el Gobierno busca descontinuar, pertenecen a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sólo el último corresponde a la Subsecretaría de Salud Pública.
Por otra parte, también hay cerca de una veintena de programas donde el Ejecutivo solicita recorte de presupuestos.
– Ejemplo de ellos son:
1. Atención Domiciliaria de Personas con Dependencia Severa 2. Atención Integral al Desarrollo Infante Adolescente 3. Plan de Implementación Progresiva de Atención Primaria Universal 4. Plan de Ingreso, Formación y Retención de Especialistas 5. Productividad Quirúrgica y Resolución de Listas de Espera 6. Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) 7. Programa Residencias y Hogares Protegidos 8. Refuerzo Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria 9. Rehabilitación Integral en la Red de Salud 10. Planes de Promoción de la Salud para Municipios Comunas y Comunidades Saludables (MCCS) 11. Prevención del VIH-SIDA e infecciones por ETS 12. Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) 13. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) 14. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 15. Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) (Plan Nacional de Tuberculosis) 16. Programa de vigilancia y Control de las Intoxicaciones por Floraciones Algales Nocivas (FAN, Marea Roja) 17. Programa de Vigilancia y Fiscalización Ambiental para Protección de la Población Rural
La decisión de demoler viviendas en la parte alta de Viña del Mar suma una serie de cuestionamientos luego que fiscalizadores del Serviu de Valparaíso denunciaran que fueron “forzados” a firmar informes que no existían al momento de la resolución.
La paralización de obras y posterior orden de demolición de viviendas destinadas a 356 familias damnificadas del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó una nueva y compleja arista. Esto, luego que se conociera que la decisión adoptada desde Santiago por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por Iván Poduje, no habría contado con el respaldo técnico del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, institución que además mantiene una tensa relación con la actual administración.
El punto de quiebre se sitúa en la resolución emitida el 9 de abril, mediante la cual se ordenó poner término anticipado a 12 contratos de construcción vinculados al proceso de reconstrucción en El Olivar. En dicho documento se señala que los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) del Serviu detectaron “graves fallas constructivas” en las viviendas edificadas por la empresa San Sebastián, argumento que permitió sustentar legalmente el fin de los contratos. Sin embargo, según antecedentes dados a conocer por el sitio web Reportea.cl, estos informes no existían al momento de dictarse la resolución.
La controversia tiene su origen en un oficio firmado el 24 de marzo por el ministro Poduje, basado en un informe de la División Técnica (Ditec) del Minvu, el cual advertía “una serie de irregularidades técnicas de carácter grave en la ejecución” de las viviendas. A partir de ese diagnóstico, se instruyó paralizar las obras y se emitió una advertencia explícita a los funcionarios del Serviu: “Se hace presente a esa Dirección y a todos los funcionarios de ese Servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria (…) constituye una infracción grave”. En ese contexto, el equipo técnico del Serviu ya había sido removido de sus funciones clave.
El informe de la Ditec, elaborado tras una inspección del 19 de marzo, detectó el uso de materiales que no cumplían con la normativa. No obstante, los contratos firmados con la constructora a cargo de las obras establecen que para poder terminar anticipadamente dichos acuerdos, deben ser los FTO del Serviu quienes identifiquen las fallas y emitan los respectivos informes. Este requisito generó un problema administrativo, ya que dichos documentos no estaban disponibles al dictarse la resolución.
Según fuentes del medio citado, los fiscalizadores habrían sido presionados para firmar los informes con posterioridad. De acuerdo con estos antecedentes, los documentos finalmente suscritos no mencionaban “graves fallas constructivas”, pese a que ese fue el fundamento utilizado para terminar los contratos. Ante el temor de eventuales irregularidades, los funcionarios enviaron cada uno correos electrónicos a sus superiores y a la Asociación de Funcionarios del Serviu, denunciando que fueron “forzados” a firmar y que “no tuvieron oportunidad de oponerse”, lo que podría cuestionar la legalidad del proceso que tiene bajo incertidumbre a muchas familias.
El conflicto se intensificó durante una serie de reuniones realizadas el 13 de abril. En una de ellas, según los propios fiscalizadores, se les habría informado que existían instrucciones desde el nivel central y que podrían enfrentar sanciones en caso de no acatar lo ordenado. En ese contexto, reiteraron que “no tuvimos oportunidad de oponernos”, indicando además que los informes fueron redactados por la jefatura jurídica y firmados bajo presión, con fechas retroactivas al 9 de abril.
Durante estas instancias, los funcionarios también plantearon sus reparos técnicos, asegurando que no existían fallas de ejecución en las obras y que, de existir problemas, estos estarían vinculados al diseño de los proyectos. Incluso, propusieron que los informes dejaran constancia de que respondían a una instrucción directa de Iván Poduje, como mecanismo de resguardo, lo que finalmente no prosperó. Asimismo, denunciaron que se les solicitó modificar la fecha de los documentos para que coincidieran con la resolución ya emitida, situación que rechazaron sin llegar a acuerdo.
Desde el Ministerio de Vivienda, en tanto, defendieron la legalidad del procedimiento. En una respuesta a Reportea.cl, señalaron que los informes técnicos sí fueron elaborados el 9 de abril, mismo día en que se dictó la resolución. Como respaldo, citaron un correo enviado el 14 de abril por un fiscalizador al director subrogante del Serviu. No obstante, la cartera que lidera Poduje reconoció que existieron discrepancias con los funcionarios, las que habrían retrasado la firma de los documentos.
En esa línea, el Minvu aseguró que los fiscalizadores “no se negaron a elaborar el informe, solo tenían observaciones a lo indicado en la propuesta requerida”, indicando que dichas diferencias fueron subsanadas al momento de la firma. Asimismo, señalaron que no tienen conocimiento de los correos enviados por los trabajadores a la Asociación de Funcionarios y, de igual forma, confirmaron que existe un sumario administrativo en curso para esclarecer los hechos en cuestión.
Respecto a las diferencias entre la resolución que ordenó el término de contratos y los informes finalmente firmados, desde el Minvu indicaron que se evalúa una posible rectificación del documento, precisando que la referencia a “graves fallas constructivas” corresponde a una cláusula contractual utilizada en la resolución 3384.
De este modo, el conflicto no solo tensiona la relación entre el nivel central y los equipos regionales, sino que también abre un debate técnico, administrativo y judicial sobre el futuro de la reconstrucción en El Olivar. Y es que mientras el Gobierno defiende su decisión de demoler, la controversia por la validez de los informes técnicos y la forma en que fueron elaborados continúa escalando y podría terminar en tribunales.
En medio de la polémica por la paralización de obras en El Olivar y el término anticipado de contratos, la empresa Social Arquitectura interpuso una demanda contra el Serviu de Valparaíso y el Fisco.
Esto, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ordenara revocar el convenio que mantenía con la institución y avanzara en el cobro de una boleta de garantía por 500 UF ($20 millones aproximado), situación que además ya cuenta con una medida judicial que, de forma provisoria, suspendió dicho cobro mientras se resuelve el fondo del caso.
Desde la empresa sostienen que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Vivienda no tendrían sustento técnico ni jurídico, y que se basan en resoluciones que, a su juicio, fueron dictadas de manera irregular.
Así lo explicó la abogada de la empresa, Erika Maira, quien afirmó: “Nosotros entendemos que todas esas resoluciones son nulas de derecho público, están dictadas fuera de toda legalidad, fuera de todo procedimiento, y eso es lo que le estamos pidiendo al Primer Juzgado Civil de Valparaíso que conozca”.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la decisión adoptada por la cartera, señalando que existen informes técnicos que advierten fallas en las viviendas.
“No hemos omitido nada”
“Nosotros hemos presentado informes del IDIEM de la Universidad de Chile que acreditan riesgo sísmico, que acreditan problemas de resistencia al fuego. La empresa, vamos a estar en tribunales, en un juicio, tiene todo el derecho a presentar todos los informes, nosotros no hemos omitido nada”, aseguró.
“Ellos han querido entregar informes de última hora, pero los tribunales van a ser los que van a determinar. Nosotros no podemos entregar casas falladas y tenemos dos informes que acreditan que esas casas están falladas“, puntualizó el ministro.
Desde la empresa también afirmaron que mantenían más de 30 proyectos en ejecución, sin retrasos ni sanciones, los que se vieron afectados tras estas decisiones, impactando además a cientos de familias vinculadas a estas iniciativas habitacionales.
En esa línea, la controversia se centra en la interpretación de los informes técnicos que derivaron en la paralización de las obras, mientras ambas partes anticipan que el conflicto se resolverá en los tribunales.
Por ahora, el caso quedó en manos del Juzgado Civil de Valparaíso, donde se deberá determinar la legalidad de las resoluciones adoptadas y el futuro de los contratos involucrados.
El concejal de Buin, Diego Calderón, denunció que directivos de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna, incluida su secretaria general, habrían incurrido en una práctica de despido y recontratación inmediata. Según el edil, los involucrados percibieron, en conjunto, cerca de $144 millones en pagos por indemnizaciones sin que existiera una real interrupción de sus funciones.
Calderón sostuvo que pasó cuatro meses requiriendo información tanto al alcalde, Miguel Araya, como a la propia corporación. Incluso, señaló que inicialmente los antecedentes solicitados formalmente no le fueron entregados de manera oportuna.
“Resulta que seis directivos de la corporación, incluida su secretaria general, tenían una mala práctica. Se despedían, se pagaban millonarias indemnizaciones o por concepto de finiquito y luego se recontrataban el día siguiente”, acusó el concejal.
Al respecto, Calderón expresó: “Esto es inaceptable, es ilegal, es irregular. Podría incluso ser constitutivo de delitos”. Debido a la gravedad de los hallazgos, el edil presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se realice la investigación de rigor.
Además, junto con otros concejales, convocó a una sesión extraordinaria de Concejo Municipal para el lunes 27 de abril.
“Esto es grave, es delicado y requiere de la mayor rigurosidad para que se pueda investigar y que el alcalde pueda adoptar las medidas necesarias para ponerle fin a esto“, afirmó.
Detalles de la denuncia del concejal de Buin
En la acción penal presentada ante la Fiscalía Local de San Bernardo, el concejal Calderón denunció a quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
El edil indicó que, desde al menos enero, tanto el alcalde como el administrador de la corporación municipal le denegaron la información solicitada, postergándola “hasta un eventual pronunciamiento de la Contraloría“.
No fue hasta el 9 de abril que el concejal tuvo acceso a las copias de los finquitos de seis directivos de la Corporación de Desarrollo Social, los cuales -según la denuncia- “evidencian un patrón reiterado y uniforme de término de contrato sin interrupción real de funciones, con pago de cuantiosas indemnizaciones“.
En el caso de la secretaria general, la denuncia detalla tres finiquitos que superan los $51 millones. Por su parte, otro directivo registra más de $34 millones en finiquitos y $13 millones adicionales por emisión de boletas de honorarios. Respecto a los otros cuatro directivos restantes, los montos por concepto de término de contrato ascienden a $18 millones, $16 millones, $12 millones y $10 millones, respectivamente.
En total, el monto cuestionado solo por concepto de finiquitos asciende a $143.875.696, cifra que incluye los pagos por boletas de honorarios mencionados.
Consultados por BioBioChile, desde el municipio de Buin evitaron referirse al tema.
Sesión extraordinaria del Concejo Municipal
Al inicio de Sesión Extraordinaria N°72 del 27 de abril, el alcalde de Buin, Miguel Araya, señaló que, ante la denuncia, se reunió con el equipo de la corporación el viernes pasado y envió un oficio “solicitando mucha información” para presentarla al directorio de la corporación.
“Tienen ellos (la Corporación de Desarrollo Social) 15 días para entregarme toda la información, los requerimientos de acuerdo a la denuncia que usted (el concejal Calderón) efectuó, y nosotros, una vez que tengamos la reunión con la directora de la corporación, nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, aseguró el jefe comunal.
Asimismo, Araya sostuvo que se instruyó la preparación de carpetas basadas en la denuncia presentada para que se realice la entrega respectiva de antecedentes alMinisterio Público.
A través de su Instagram, el concejal Calderón valoró el consenso alcanzado en la sesión para avanzar en mayor transparencia y la solicitud de antecedentes por parte del alcalde. No obstante, el edil se mostró disconforme respecto a otro punto clave.
“No se aclaró si el alcalde estaba en conocimiento de estos finiquitos, ni si autorizó o no sus pagos. Esa es una definición clave que la comunidad necesita conocer”, manifestó Calderón.
Por su parte, desde el Ministerio Público confirmaron a BioBioChile que los hechos denunciados ya están bajo investigación y que se mantiene a la espera de la recepción de antecedentes.
El ajuste fiscal impulsado por Hacienda destapó un malestar que venía incubándose en el gabinete, donde varios ministros y autoridades ya habían advertido reparos por el alcance y la forma de la propuesta. Así, Poduje se transformó en el principal cuestionador de los recortes y hoy no tuvo problemas en firmar un proyecto de inversión de $46 mil millones que Hacienda había recomendado descontinuar. De todos modos, que un ministro desacreditara públicamente al jefe de la billetera fiscal elevó la tensión dentro del oficialismo. “Es inadmisible, de una insolencia del porte de un buque", comentó la vicepresidenta de la UDI María José Hoffmann.
Si bien el ministro Iván Poduje (Vivienda) ha estado constantemente en la palestra durante estos 50 días de Gobierno debido a su estilo “sin filtros” que lo ha llevado a enfrentarse a distintos parlamentarios —entre ellos, la misma presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN)—, sus dichos de esta mañana en contra del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, estaban fuera de lo esperado dentro de las filas oficialistas.
“Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe. Yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más de los muchos que hay”, dijo Poduje en Radio Infinita, para referirse al recorte que impulsa Hacienda en cada ministerio, que ronda el 3% y que busca alcanzar la meta del Gobierno de reducir el gasto público.
Tras esos dichos, además, publicó un video en sus redes sociales en donde anunció la firma de la selección de los proyectos de Pavimentos Participativos en las 16 regiones del país con “una inversión histórica $46 mil millones”. El proyecto, justamente, es uno de los que el ministerio de Hacienda sugirió descontinuar en el marco de la reducción presupuestaria del 3%.
Que un ministro se rebele en público ante el jefe de Hacienda, dicen en los partidos, está lejos de ser algo normal, lo que levantó inmediatas críticas en el sector. “Es inadmisible, de una insolencia del porte de un buque”, comentó la exdiputada y vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, en la misma radio. “Es el Presidente Kast quien ha mandatado al ministro Quiroz para llevar adelante este recorte”, insistió.
“Le pediría a los ministros Poduje y Quiroz que se sienten a conversar”, dijo, por su parte, el senador RN Miguel Becker. En La Moneda, por lo demás, hubo quienes evaluaron de mala forma sus declaraciones y algunos manifestaban su malestar de forma privada.
Las declaraciones de Poduje, de ese modo, expusieron nuevamente las diferencias dentro del gabinete de José Antonio Kast en torno al compromiso de Quiroz por cumplir la mesa de reducir el gasto público en 6 mil millones de dólares, y que en los últimos días se ha enredado aún más luego de que se filtraran una serie de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en las que se proponía “descontinuar” 142 programas sociales, lo que obligó al Ejecutivo a asegurar que esto era solo una manera de plantear que los programas debían “reformularse”.
Las diferencias entre Poduje y Quiroz, de hecho, llevaron a parlamentarios de la derecha a pedir una mayor coordinación ministerial. “Es importante fortalecer la coordinación dentro del gabinete, de manera que estas discusiones se den internamente y hacia fuera se transmita claridad y coherencia para que una política que es necesaria, no termine dañada por descoordinaciones evitables”, comentó el diputado libertario Hans Marowski.
De izquierda a derecha, el ministro de Vivienda Iván Poduje; la ministra Secretaria General de Gobierno Mara Sedini; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el Presidente de la Republica, José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro Segpres, José García Ruminot; y la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, durante firma del Plan de Reconstrucción Nacional encabezada por el presidente José Antonio Kast. Foto: Agencia Uno.
El ministro Quiroz, a raíz de las críticas de Poduje, fue abordado por la prensa acreditada del Palacio de La Moneda y al ser consultado cuatro veces de distintas formas, respondió lo mismo en todas las : “El ministro Poduje está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío, entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y obtener los fondos”.
Sobre si no consideraba una insolencia los dichos de Poduje, Quiroz reiteró: “Entendemos la posición del ministro Poduje, por eso estamos trabajando sin descanso para sacar el proyecto de ley y tener los fondos necesarios”.
Un conflicto que venía incubándose
Fuentes del Gobierno aseguran que la meta impuesta por Quiroz presionaba fuertemente al ministro de Vivienda, algo que Poduje no había escondido en las últimas semanas. Así, el 21 de abril pasado, sinceró que el compromiso ponía en riesgo su plan para sacar adelante la reconstrucción de viviendas en la Región de Valparaíso, y en zonas de Ñuble y el Biobío, a raíz de los incendios.
“A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril”, advirtió ese día en Radio Duna, haciendo un emplazamiento al Congreso a tramitar con premura el proyecto de Recontrucción Nacional ingresado por esos días al Parlamento por el Presidente Kast.
Así, al interior del oficialismo indican que Poduje ya había sincerado su inquietud en otras instancias por el recorte impulsado por Quiroz, como en reuniones con dirigentes sociales y comités de vivienda, en los que el ministro habría manifestado que se debía poner atención a esta materia, ya que podría afectar la falta de recursos para construir viviendas.
Por otra parte, conocedores de la cartera aseguran que Poduje tampoco ha estado de acuerdo con la idea de Quiroz de impulsar una profunda desregulación del suelo y la construcción para destrabar proyectos, lo que incluso ha sido criticado por el extitular de Vivienda, Cristián Monckeberg. Su incomodidad incluso se ha manifestado a parlamentarios de oposición.
Estilo frontal le pasa la cuenta a Poduje
Poduje, de todos modos, ya ha levantado resistencia dentro del oficialismo debido a su estilo frontal y “sin filros”, ya que hace solo unos días se enfrentó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).
La legisladora salió en defensa del socialista Alfonso de Urresti, a quien Poduje había cuestionado frente a vecinos de Valdivia al calificar como una “locura” su gestión para sacar adelante la Ley de humedales. Núñez sostuvo que había ministros que “sumaban” votos y otros que “restaban” votos en el Congreso, apuntando a Poduje.
En medio de la polémica, ayer se conoció que el Ministerio de Vivienda desvinculó a dos funcionarios que eran cercanos a Núñez y a su marido, el exministro Cristián Monckeberg. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el ministro resintió que una parlamentaria oficialista respaldara a un senador opositor.
Con todo, en el oficialismo hay quienes defienden que este es el estilo habitual de Poduje y lo que explica también la buena evaluación ciudadana que mantiene en las encuestas.
Poduje no es el único incómodo por los recortes
Con todo, la incomodidad con Quiroz y sus propuestas de recorte no proviene solo de Vivienda. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, abordó el tema en conversación con Tele13 Radio.
Según explicó, en las sugerencias de Hacienda “aparecía una alusión al programa de Derechos Humanos, sugiriendo descontinuarlo, o en el fondo reformular la bajada de la política pública comprometida en la ley 19.123”.
Frente a eso, fue Mira sostuvo: “Fui tajante tanto con el Ministerio de Hacienda como con los funcionarios de la subsecretaría en que esa sugerencia no será considerada en ningún sentido, porque creemos que el programa de Derechos Humanos es un mandato legal”.
Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos. Foto: Agencia UNO
La vicepresidenta de la Cámara, la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, también ha expresado reparos frente a las reducciones del gasto propuestas por Quiroz. “No puedes llegar y cortar todo porque crees que no funciona”, dijo, luego de que se conociera que entre las sugerencias estaba la eliminación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
El oficialismo emplazó al equipo de asesores directos del Mandatario a asumir la responsabilidad por las fallas de articulación y las filtraciones que han entorpecido la agenda gubernamental. Tras críticas de Squella a Irarrázaval, el Presidente encarga la coordinación interministerial a Alvarado.
La iniciativa de suspender parcialmente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) el Ministerio de Hacienda la conversó con el Segundo Piso, desde donde “no se dieron señales de alerta como corresponde” y se visó la decisión sin haber considerado políticamente los efectos que vendrían.
Según sostienen en el grupo más cercano del Presidente José Antonio Kast, también desde el Segundo Piso surgió “la puesta en escena” del jefe del erario público, Jorge Quiroz, yendo canal por canal de televisión explicando el alza de precios, lo cual no fue bien evaluado en el Comité Político ni en los partidos oficialistas.
“El equipo político era de la idea de subir el Mepco de forma gradual o con un tratamiento distinto. Porque el énfasis político que implicaba no era que se tenga que ajustar más allá que lo que estamos acostumbrados, sino que iba a subir $550 y $370, que es algo diametralmente distinto. Y ahí no se activó ninguna señal de alerta”, advierten desde el Ejecutivo quienes conocieron la definición.
Integrantes de la ex-OPE, explican que días antes del 11 de marzo, en una reunión el timonel del Partido Republicano, senador Arturo Squella, y un par de asesores, plantearon que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto con ser un soporte legislativo tendría sobre sus hombros dar la visión política al jefe de Hacienda y la coordinación interministerial. Sin embargo, el jefe del asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, pidió ser él quien se encargara de la coordinación de ministros y se aceptó.
La semana pasada otra decisión del Segundo Piso colmó la paciencia del elenco político del Presidente. Irarrázaval –que mantiene una relación fluida con Quiroz– habría visado el oficio de Hacienda sin que Claudio Alvarado lo revisara.
La molestia en el partido del Presidente
La molestia entre los republicanos fue evidente y la explicó en detalle el presidente de la colectividad, Arturo Squella, en tres entrevistas llamando al orden a Irarrázaval.
“Cuando tú tienes evaluaciones no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción, digamos, de proceder en función de eso (…). Lo mismo en cuanto a la reserva de la documentación, es de trabajo, más bien no es de exposición pública (…). Yo llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correcciones precisamente para que no se vuelva a repetir el problema”, dijo el senador en Radio Duna.
Luego en La Segunda remató: “La Dipres tiene el deber de evaluar técnicamente, lo hace todos los años; pero para la coordinación entre ministerios está el Segundo Piso y ahí tenemos un problema”.
“Evidentemente echar a correr una evaluación (por parte de la Dipres) que permite que personas malintencionadas saquen estas conclusiones (de suprimir el programa de alimentación escolar), es un error y esos errores comunicacionales se tienen que corregir”, agregó el senador.
En horas de la tarde del martes, tras una serie de reuniones en La Moneda por ese incidente, el Presidente zanjó la decisión de que a partir de ahora la coordinación interministerial esté a cargo del ministro Alvarado.
En Mandatario recogió la principal crítica del oficialismo dirigida “hacia la lógica instaurada a comienzos de marzo, donde se definió que la contraparte para todos los asuntos políticos sería el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval”.
“Irarrázaval carece de la sutileza política”
Entre los republicanos y las mesas del Senado y la Cámara, esta estructura estaba resultando inviable, calificando de “ingenuidad” que un asesor, por muy influyente que sea, pretenda llamar al orden a secretarios de Estado sin poseer el “piso político ni legal ni credibilidad” suficiente. A juicio de la UDI, ese rol era de Alvarado.
En el oficialismo afirman que Irarrázaval suele operar bajo una lógica meramente técnica, al igual que Hacienda, priorizando el “echarle para adelante” sin evaluar los costos políticos de las medidas.
Un ejemplo crítico fue el visado del Oficio N° 16, que planteaba recortes presupuestarios en medio de la tramitación de la ley miscelánea. En el oficialismo critican que Irarrázaval carece de la “sutileza política” para advertir cuándo una medida “se va a leer mal”, un error que ha generado alertas en el oficialismo.
En su tercera entrevista del día, en Radio Agricultura, Squella destacó lo que llamó la articulación de la dupla de Alvarado y el ministro Segpres José García Ruminot en el Congreso: sacar adelante medidas en “tiempo récord” y obteniendo los votos faltantes.
Entre los exégetas del oficialismo han interpretado que el rol del Segundo Piso en la coordinación ministerial estaba generando un vacío de conducción en las últimas semanas y han defendido que sea el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en plenitud “su rol legal de jefe de gabinete”, porque los ministros sectoriales necesitan un interlocutor con “el tonelaje suficiente” para socializar decisiones complejas y defenderlas políticamente.
La investigación a la red de grupos conservadores financiados por el Gobierno húngaro abrió una caja de Pandora. A los casos de Vox en España y la PNfV, presidida dos años por J. A. Kast, se suma la arremetida de un congresista en Estados Unidos que pide aclarar si los aportes alcanzaron a Trump.
La decisión del primer ministro electo de Hungría de investigar los fondos entregados por ese país a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC)y a otros grupos de la extrema derecha global, ha desatado una reacción en cadena en distintas partes del mundo. Un efecto dominó que está mostrando su verdadero alcance y que hace algunos días cruzó a este lado del Atlántico.
La indagatoria anunciada por Péter Magyar no solo ha dejado en suspenso los aportes entregados por la banca húngara a Vox –partido de ultraderecha español que recibió 9 millones de euros para financiar campañas políticas–, sino a toda una red transnacional de organizaciones conservadoras que recibió aportes del primer ministro Viktor Orbán, entre ellas, la Political Network for Values (PNfV), organización que presidió José Antonio Kast durante dos años.
El nexo entre la plataforma de networking liderada hasta 2024 por José Antonio Kast y la CPAC fue abordado por un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador que conectó la corporación sin fines de lucro –constituida en 2014 en Estados Unidos– con fondos directos provenientes del Gobierno húngaro, entre ellos, millonarias subvenciones que figuraban incluso en el diario oficial de Hungría.
La noticia, publicada este lunes, coincidió con la visita al país de una delegación del Mathias Corvinus Collegium, un think tank húngaro sindicado como uno de los principales receptores de recursos por parte del Gobierno de Orbán, cuyos miembros visitaron la Academia Diplomática de Chile, justo en medio del debate por el financiamiento a redes conservadoras de ultraderecha y el cuestionamiento en el mundo diplomático por recibir a un centro de estudios de ultraderecha acusado de corrupción.
El hilo que ha tirado Magyar pretende descubrir si detrás de toda la estructura de aportes para solventar escuelas de liderazgos, medios de comunicación, influencers y cumbres internacionales, existen aportes encubiertos a campañas políticas en distintos países del mundo. Sospecha que –por cierto– se extiende respecto a Political Network for Values, que ha recibido constantes aportes de Hungría, entre ellos, recursos para financiar una CPAC el año 2022, cuando Kast era su presidente en ejercicio.
Cabe consignar que la PNfV –con raíces en el extremismo católico y vínculos con El Yunque y el Opus Dei– fue constituida en Estados Unidos como una corporación sin fines de lucro y que no cuenta con el estatus 501(c)(3) y, por lo tanto, no está obligada a divulgar información financiera, lo que le permite operar de manera menos transparente que la mayoría de las ONG estadunidenses.
El Gobierno chileno, hasta ahora, ha guardado silencio, pese a las reiteradas consultas que este medio le ha formulado para esclarecer si los aportes recibidos por la PNfV fueron a parar a la campaña del Partido Republicano. Este escenario de mutismo, sin embargo, contrasta con acciones concretas tomadas en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, donde un congresista demócrata acaba de solicitar una serie de diligencias buscando aclarar el rol de la CPAC en un eventual financiamiento político a la campaña de Donald Trump.
Tolerancia cero a interferencia extranjera
Mike Levin es un abogado que asumió como congresista del Partido Demócrata el año 2018. Representante del sur de California, Levin se hizo conocido luego de solicitar temerariamente a Joe Biden desistir de su campaña a la reelección, en una reunión que tuvo el exmandatario con un grupo de legisladores demócratas el año 2024.
Hace seis días, Levin expresó, en un documento enviado a distintas instituciones del Estado norteamericano, su preocupación por las recientes acusaciones realizadas por el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, quien afirmó que la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) recibió fondos públicos del Gobierno húngaro, anunciando que “las autoridades de su país investigarán este delito penal”.
La inquietud del congresista la expresó en una solicitud formal de intervención dirigida al director del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Frank Bisignano; la presidenta de la Comisión Federal de Elecciones, Shana M. Broussard; y el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, argumentando que la ley federal de financiamiento de campañas prohíbe que el dinero extranjero sea utilizado en elecciones estadounidenses.
“La ley federal también prohíbe que las organizaciones participen directa o indirectamente en actividades de campaña. En conjunto, estas leyes protegen la voz y el voto de los ciudadanos estadounidenses y resguardan a la sociedad civil de la influencia externa”, asegura el documento al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador.
Las afirmaciones de Magyar –asegura Levin– son preocupantes a la luz del manifiesto compromiso del primer ministro Orbán con Vladimir Putin y, particularmente, por las intenciones de la administración Trump de desmantelar “las salvaguardas que contrarrestan la interferencia extranjera en la política estadounidense”.
“Esto incluye el cierre del grupo de trabajo sobre Influencia Extranjera del Buró Federal de Investigaciones y el memorándum de febrero de 2025 del Departamento de Justicia, que reduce la aplicación de las leyes de registro de agentes extranjeros”. Estas acciones, agrega el congresista, “envían una señal a los gobiernos extranjeros de que su intención de socavar la democracia estadounidense es bienvenida y que pueden seguir intentándolo”.
A continuación, Mike Levin solicita responder las siguientes inquietudes a las autoridades norteamericanas: ¿la CPAC recibió fondos de un Gobierno extranjero, en qué cantidades y para qué beneficiarios? ¿La CPAC ha violado alguna ley federal sobre actividades electorales o políticas, viajes de candidatos o funcionarios públicos en los Estados Unidos? ¿Ha realizado el Servicio de Impuestos Internos alguna auditoría o acción de cumplimiento para asegurar que la CPAC cumpla con las restricciones sobre actividades políticas por parte de organizaciones benéficas?
Las preocupaciones manifestadas por Levin en su solicitud buscan preservar la “integridad de las elecciones de nuestra nación y de la salud de la democracia estadounidense”. “El pueblo norteamericano –agregó el congresista– merece saber que su voto importa y que su voz se escucha. Estas alegaciones exigen una respuesta rápida y exhaustiva para garantizar un enfoque de tolerancia cero hacia la interferencia extranjera en la política estadounidense”.
