Gobierno de Kast insiste en modificaciones al Mepco y camioneros advierten que "está en riesgo la cadena de abastecimiento"

 

En medio de las tensiones que ha provocado la posible eliminación del Mepco, el gobierno de Kast asegura que se harán modificaciones, mientras que el gremio de los camioneros de Chile ya encendió las alertas por las posibles afectaciones que esto traería.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró este jueves la urgencia de reformar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para evitar un desembolso fiscal de hasta US$200 millones semanales, en medio del alza internacional del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente y las disrupciones en el Estrecho de Ormuz.

“No vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana”, aseveró.

Comparó además el costo diciendo que “con US$200 millones se resuelven todas las listas de espera oncológicas de Chile en un periodo de 90 días, y en una semana nos podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta al ciudadano norteamericano”.

“No vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana”, aseveró.

Comparó además el costo diciendo que “con US$200 millones se resuelven todas las listas de espera oncológicas de Chile en un periodo de 90 días, y en una semana nos podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta al ciudadano norteamericano”.

Camioneros y cadena de abastecimiento

Pérez ejemplificó con un escenario concreto. “Si el petróleo sube, vamos a poner una cifra simbólica, $500 el valor del litro de petróleo, el generador de carga tiene que entender que ese valor, que es entre el 30 y el 40% de la operación, tiene que inmediatamente ser indexado a tarifa porque de lo contrario el dueño de camión no va a poder seguir funcionando y ahí se pone en riesgo la cadena de abastecimiento”.

“Nosotros queremos que esto sea una solución para todos los chilenos, no particularmente para los camioneros. Entonces, es una crisis nacional”, añadió, refiriéndose también al impacto en bencina, parafina y gas.

Según los transportistas, el barril de petróleo “no se va a mantener, va a seguir subiendo. “¿Hasta cuándo? Hasta que termine la guerra entre Estados Unidos e Irán”, cerró.

Otros gremios como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) han proyectado alzas de entre 10% y 19% en el diésel, equivalente a 200-300 pesos por litro, si se elimina el mecanismo, lo que representaría hasta el 40% de los costos operativos del transporte y generaría “un importante estrés de precios” en alimentos, minería, agricultura y productos de consumo masivo.

Sanción a Universidad San Sebastián: gobierno pide renuncia inmediata al Superintendente de Educación Superior

 

Durante la mañana de este jueves, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, citó al hasta ahora Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, y le solicitó la renuncia a su cargo. Tal como reveló Reportea, Salazar y su equipo estaban preparando la sanción que impondrían a la Universidad San Sebastián luego de que detectaran contrataciones y pagos irregulares a dirigentes políticos, entre los que está el Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

En las oficinas del Ministerio de Educación, a solo pasos de La Moneda, en el centro de Santiago, el actual Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, se enteró de la decisión del gobierno de apartarlo de su cargo. Eso ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando fue citado a las oficinas del jefe de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, Francisco Zambrano, según publicó La Tercera.

Zambrano le notificó que debía presentar la renuncia inmediata a su cargo. Fuentes el gabinete del Ministerio de Educación indicaron que la decisión fue tomada por «pérdida de confianza».

El gobierno definió solicitar la renuncia a Salazar un día después de que Reportea hizó públicas las conclusiones de la investigación de la superintendencia en contra de la Universidad San Sebastián, por las contrataciones y los sueldos fuera de norma que se pagaron a dirigentes políticos cercanos al gobierno, como la ex ministra Marcela Cubillos, y el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

La investigación se inició en octubre de 2024, cuando un reportaje de El Mostrador reveló que Cubillos percibía un sueldo de $17 millones, y que sus labores académicas no eran concordantes con esa cifra. 14 meses después la indagatoria estaba concluida y la superintendencia formuló cargos contra la universidad. Se detectaron irregularidades en la contratación de cerca de 15 personas, la mayoría dirigentes políticos. También se objetaron los sueldos que percibían varios de ellos.

Entre los dirigentes políticos que figuran en esa nómina, aparece el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, además de Marcela Cubillos y el ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien desde hoy cumple prisión preventiva en Capitán Yáber acusado de cohecho reiterado, prevaricación y violación de secreto, en una de las aristas del caso Hermosilla.

Dos personas que ocupan cargos directivos al interior de la Universidad San Sebastián le dijeron a Reportea que el informe que les envió la superintendencia hace hincapié en faltas de dos tipos: la primera, y la más relevante, está relacionada con el pago de sueldos, ya que la propia normativa del plantel establece bandas salariales que en estos casos no se habrían respetado; y la segunda tiene que ver con contrataciones fuera de norma, porque el reglamento de la USS establece ciertos requisitos para que una persona pueda llegar a un cargo de nivel académico o directivo, como contar con títulos de postgrado, lo que tampoco se habría respetado.

Luego de que la universidad fuera notificada en diciembre de la formulación de cargos, envió varias observaciones al equipo de la superintendencia encargado de la fiscalización. El mismo equipo que por estos días preparaba la sanción que se impondría al plantel. Esa sanción ya no podría ser una amonestación verbal, ya que la universidad ya fue sancionada en 2025 por haber mantenido una «sede fantasma» en la ciudad de Rancagua.

Consultado el Ministerio de Educación por la solicitud de renuncia a Salazar, indicaron que «en el marco de instalación de las nuevas autoridades en el ministerio, y luego de evaluar algunas jefaturas, entre ellas el Superintendente de Educación Superior, se llegó a la conclusión de que se le iba a pedir la renuncia para disponer de su cargo, y elegir a una nueva autoridad con el mecanismo que corresponde».

A Salazar, quien obtuvo el cargo en 2023 mediante el sistema de Alta Dirección Pública, se le solicitó la renuncia inmediata. Algo que no ocurrió con la Superintendenta de Educación escolar, Loreto Orellana, a quién también se le solicitó la renuncia, pero a quien le permitieron tomar sus vacaciones acumuladas por lo que su alejamiento del cargo se producirá recién a fin de mes.

Superintendencia formula cargos contra la USS por sueldos y contrataciones de Marcela Cubillos, Manuel Guerra y Arturo Squella

 

La Superintendencia de Educación Superior concluyó que parte de las remuneraciones pagadas por la Universidad San Sebastián estaban fuera de los rangos definidos por su propia normativa y detectó irregularidades en contrataciones académicas. En diciembre formuló cargos contra el plantel y cuestionó pagos a cerca de 15 personas, entre ellas dirigentes políticos como Marcela Cubillos y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. En la nómina también figura Manuel Guerra, este último formalizado por cohecho en una arista del caso Hermosilla.

En completo sigilo, en diciembre del año pasado la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS). El expediente de esa investigación es explosivo, y hasta ahora se mantiene bajo reserva.

La investigación se inició en septiembre de 2024, luego de que El Mostrador reveló que Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, percibía un sueldo de $17 millones brutos, y que el trabajo que realizaba la también exdiputada no era concordante con esa cifra. Entonces la Superintendencia solicitó antecedentes a la USS y definió iniciar una indagatoria.

Después de 15 meses las conclusiones estuvieron listas, y en diciembre pasado los directivos de la USS recibieron la formulación de cargos. Cuando leyeron el documento, según le dijeron a Reportea dos fuentes del plantel que tuvieron acceso al informe, se sorprendieron al descubrir que el regulador estaba objetando las contrataciones y los pagos de cerca de 15 personas, la mayoría vinculados con partidos políticos.

En el listado aparecen, además de Cubillos, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, entre otros.

Quienes tienen en sus manos el documento de la Superintendencia con la formulación de cargos, dijeron que las irregularidades son de dos tipos. La primera, y la más relevante, está relacionada con el pago de sueldos, ya que la propia normativa del plantel establece bandas salariales que en estos casos no se habrían respetado. Aquí cabe, por ejemplo, el sueldo millonario que percibía Marcela Cubillos.

El segundo punto tiene que ver con contrataciones fuera de norma. El reglamento de la USS establece ciertos requisitos para que una persona pueda llegar a un cargo de nivel académico o directivo. Y la Superintendencia detectó que hubo casos en que las contrataciones no respetaron los lineamientos establecidos.

Contactada para este reportaje, desde la USS no estuvieron disponibles para responder preguntas. Mientras que la Superintendencia de Educación Superior indicó que no se pronuncia sobre casos que están en desarrollo.

Luego de la formulación de cargos realizada a fines del año pasado, la universidad hizo llegar sus observaciones a la Superintendencia, la que ya está en condiciones de imponer una sanción. Eso es algo que debiera ocurrir en los próximos días.

Dado que la universidad ya fue sancionada en 2025, la reincidencia podría impedir que el regulador aplique nuevamente la sanción más baja contemplada por la ley: la amonestación por escrito.

En octubre de 2025 la USS fue sancionada por haber mantenido una “sede fantasma” en la ciudad de Rancagua entre los años 2018 y 2022. La existencia de esa sede no fue informada ni a la Comisión Nacional de Acreditación ni al Consejo Nacional de Educación. Según le dijo el exrector de esa sede, Pedro Hernández, a The Clinic, allí llegaron a tener más de 500 alumnos. Entonces la sanción fue una amonestación por escrito (ver aquí). Entre las consideraciones que entonces tomó en cuenta el regulador, estuvo la irreprochable conducta anterior del plantel. 

En este nuevo proceso sancionatorio, ese factor ya no está sobre la mesa. 

¿Caja pagadora?

Dentro de la universidad las posiciones están divididas. Dos personas que ocupan cargos de jefatura, y que conversaron con Reportea bajo condición de anonimato, indicaron que al interior del plantel saben que allí se realizaban contrataciones políticas, como apoyo a dirigentes que habían perdido una elección, o que estaban momentáneamente sin trabajo. Y agregaron que hubo contrataciones y pagos a figuras que no pertenecen a los partidos, pero que igualmente eran reclutadas para mostrar influencia.

De hecho, cuando explotó el caso Hermosilla, varios de sus protagonistas tenían vínculos con la USS. Entonces como Decano de la Facultad de Derecho figuraba Andrés Chadwick, y la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ejercía como académica, al igual que su par del máximo tribunal Jean Pierre Matus. También estaba allí el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, quien ocupaba el cargo de vicerrector de la sede de Santiago. Y Manuel Guerra era académico desde 2021.

En el plantel también estaban contratados varios dirigentes políticos que habían ocupado cargos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, como Sebastián Sichel (exministro Desarrollo Social), Julio Isamit (exministro de Bienes Nacionales), Enrique Paris (exministro de Salud), Víctor Pérez (exministro del Interior), Juan José Ossa (exministro Segpres), y Rodrigo Ubilla (exsubsecretario del Interior). También tenían contrato los exdiputados Gonzalo Arenas y Rodrigo Álvarez, ambos de la UDI.

Reportea no pudo confirmar cuántos de ellos forman parte del proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia de Educación Superior en contra de la USS. Sí pudimos chequear que uno de los nombres que aparece en la nómina es Arturo Squella, actual senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano. 

Squella fue contratado por la USS en 2018, justo cuando venía saliendo del Congreso luego de ejercer como diputado durante ocho años. En la universidad, Squella hizo clases de derecho constitucional y ocupó el cargo de director del Centro de Derecho Público y Sociedad. Hasta ahora no ha trascendido el monto del sueldo que recibía.

Cuando se hizo público que Marcela Cubillos recibía una remuneración de $17 millones, en la Cámara de Diputados se armó una comisión investigadora. A Squella lo citaron como testigo, y entonces los republicanos salieron a defenderlo: “No hay ningún alumno de Derecho de esa facultad que no haya pasado por la sala de clases de Arturo”, indicó el diputado republicano Luis Sánchez, según recogió Radio ADN.

Squella se formó en el Movimiento Gremial de la UC, el principal semillero de la UDI. Militó en ese partido hasta 2019, cuando lo abandonó para engrosar las filas de los republicanos. La prensa política dice que actualmente es uno de los principales orejeros del Presidente José Antonio Kast.

Además de Squella y de Manuel Guerra, en el listado de la Superintendencia también aparece Marcela Cubillos, cuyo sueldo originó la fiscalización. En su momento ella defendió la remuneración que percibía: “En Chile hay libertad de trabajo y de contratación (…) No sé si pretenden que la próxima vez que trabaje en el mundo privado les pida a ellos que me fijen el sueldo”, le respondió a los diputados de izquierda que la criticaban.

Según un reportaje de Radio Biobío, la contratación de Cubillos en la USS incumplió la normativa interna del plantel, el que exige que los académicos regulares posean el grado de magíster, el que Cubillos no tiene. 

La polémica influyó en la campaña electoral que Cubillos protagonizó en 2024, cuando competía por ser alcaldesa de Las Condes con el apoyo explícito de Chile Vamos y del Partido Republicano. Perdió esa carrera por 1.846 votos ante la independiente Catalina San Martín.

La polémica contratación de Guerra

El ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, está siendo formalizado desde el pasado lunes 9 de marzo. El Ministerio Público le imputa los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación. Todo, por su vínculo con Luis Hermosilla. En esa causa penal su contratación en la USS ocupa un rol central. 

Los chats entre Hermosilla y Guerra, revelados por reportajes de The Clinic y Ciper, gatillaron la apertura de la investigación, luego de que quedara en evidencia que el exfiscal coordinó con Hermosilla y su socio y amigo Andrés Chadwick, el fin de causas judiciales que perjudicaban a dirigentes de la UDI y del piñerismo.

A juicio de la fiscalía, el arribo de Guerra a la USS fue un premio por el cierre de esas causas, entre las que se cuentan el financiamiento político ilegal de Penta, la utilización de boletas falsas por parte del senador Iván Moreira (UDI) para financiar su campaña, la compraventa de la minera Dominga en la que participó la familia Piñera Morel, y el rol de Santiago Valdés en una campaña electoral de Piñera.

En los chats consta cómo Guerra le solicitaba trabajo a Hermosilla, cuando aún ejercía como Fiscal Regional Oriente. Una de las solicitudes fue su ingreso a la Universidad San Sebastián, lo que finalmente logró. Guerra dejó su cargo en el Ministerio Público el 31 de julio de 2021, y al día siguiente ya estaba contratado en la USS. De hecho, el contrato lo firmó en junio de ese año, mientras aún era fiscal.

Hasta ahora, la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior a la USS no forma parte de la indagatoria penal sobre Guerra, debido a que su tramitación se había mantenido bajo estricto secreto.

Guerra es uno de los nombres que aparecen cuestionados en ese proceso, debido al sueldo que recibía y las condiciones en que fue contratado.

Guerra arribó a la USS percibiendo una remuneración de $6,3 millones brutos, por una jornada de trabajo parcial. Según la versión de Guerra ante la fiscalía, su llegada a la universidad la coordinó con Luis Cordero Barrera, entonces presidente de la junta directiva del plantel, quien falleció en junio de 2024. En todo caso, en su chat con Hermosilla, Guerra afirma que Andrés Chadwick había conversado con los directivos de la USS sobre su llegada.

La USS comparte fundadores con la UDI, y durante varias décadas ha sido un plantel estrechamente ligado con el gremialismo. Chadwick era uno de los amigos cercanos de Luis Cordero, con quien además compartió la propiedad de la sociedad Asesoría e Inversiones Copra cuando fue fundada en 1986.

Cuando la Fiscalía de Arica, a cargo de la indagatoria sobre Guerra, le preguntó a la USS por la contratación del ex fiscal, la respuesta institucional fue que esa había sido una decisión del decano de la Facultad de Derecho durante 2021, José Hipólito Zañartu, pero él negó esa versión en entrevista con The Clinic: “¿Efectivamente él llegó cuando yo era decano? Sí, yo era el decano. Ahora, ¿Yo solicité con nombre y apellido la contratación a Manuel Guerra? No, ¿Quién la solicitó? No tengo idea”. 

Durante la formalización de cargos, la fiscalía dijo sobre Guerra que, cuando fue persecutor «dejó de velar por el Estado de Derecho». El Ministerio Público solicitó para él la medida cautelar de prisión preventiva. En esa misma causa figura como imputado Andrés Chadwick, tal como informó Reportea, aunque sobre él no hay fecha para una posible formalización.

Actualmente la Universidad San Sebastián es una de las privadas más grandes del sistema. En 2025 registró una matrícula de 50.952 alumnos, entre pre y postgrado, y posee sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. 

Cuando en los próximos días la Superintendencia de Educación Superior fije la sanción que impondrá a la USS, el plantel tendrá 20 días para pedir una reconsideración. Las fuentes de la universidad consultadas por Reportea, no descartaron acudir a tribunales para intentar dar vuelta el pronunciamiento del ente regulador de la educación superior.

De la seguridad al déficit: Los ejes claves de Alejandro Rehbein como nuevo delegado de la provincia de Osorno

 

Alejandro Rehbein Caerols asumió formalmente este viernes 13 de marzo sus funciones como nuevo Delegado Presidencial Provincial de Osorno. El hito administrativo marca el inicio de su gestión tras el traspaso de mando y la continuidad de los servicios públicos en la zona.

Fue el subsecretario del Interior, Máximo Paves quien pasadas las 19 horas del jueves 12 de marzo, le comunicó a Alejandro Rehbein, su designación en el cargo de delegado presidencial provincial; así también el detalle de los debes y lineamientos que debe asumir como nueva autoridad en la provincia de Osorno.

En las primeras declaraciones de la autoridad, una vez firmada el acta de asunción del cargo, comunicó públicamente el foco principal de su administración, la que dijo estará en la protección de los ciudadanos y la eficiencia institucional. La seguridad pública y el desarrollo rural aparecen como los ejes urgentes de su hoja de ruta, destacó el delegado Rehbein.

Seguridad y despliegue territorial

El delegado de la provincia de Osorno confirmó que se mantendrán las instancias de coordinación vigentes, como las mesas de seguridad antiabigeato y de asuntos indígenas. Para el personero, la retroalimentación con los vecinos es clave para optimizar los recursos policiales en la provincia.

Dentro de su agenda inmediata, el delegado Rehbein contempla reuniones con los alcaldes de las siete comunas de la provincia. Con estos encuentros busca establecer un canal de comunicación directo para abordar las necesidades de cada servicio público local.

Diagnóstico de la gestión provincial

Respecto al funcionamiento interno de la Delegación, la autoridad explicó que iniciará un proceso de revisión de todas las áreas. El objetivo es identificar las tareas pendientes y las proyecciones heredadas de la administración anterior para ajustarlas a los nuevos lineamientos.

Sobre la conformación de su equipo de trabajo, incluyendo jefe de gabinete y encargados de prensa, Rehbein llamó a la prudencia. La autoridad vinculó las futuras contrataciones a la disponibilidad presupuestaria y a la responsabilidad fiscal, advirtió el delegado.

La nueva autoridad descartó que la demora en su designación fuera una señal negativa. Aseguró que estos nombramientos requieren un análisis profundo de los perfiles para garantizar la idoneidad en el servicio público.

Notificación y toma de posesión

Alejandro Rehbein fue notificado de su cargo por el subsecretario del Interior. Tras la confirmación, se trasladó a Puerto Montt para reunirse con el Delegado Presidencial Regional antes de instalarse en Osorno.

Con la toma de posesión material del edificio gubernamental, se espera que el delegado inicie a partir de este lunes 16 de marzo, las rondas protocolares con las jefaturas de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Fuente: Radio Sago Osorno

Los ocho intentos de la oposición por destituir a autoridades del Gobierno

 

La oposición ha presentado ocho acusaciones constitucionales contra autoridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Algunas han significado tensiones entre partidos, otras han presentado falta de sustento jurídico o problemas de redacción, pero todas han sido rechazadas.

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Dos meses antes de asumir como Presidente, en enero de 2022, Gabriel Boric sostuvo una reunión con miembros de la futura oposición para “discutir el futuro de la gobernabilidad”. Tras el encuentro, el entonces presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, declaró que pretendían ser “una oposición constructiva”, buscando diferenciarse del trabajo de la izquierda durante el segundo mandato de Sebastián Piñera que presentó diez acusaciones constitucionales contra autoridades de gobierno, dos contra el propio Presidente Piñera.

Sin embargo, a meses de que finalice la administración del Frente Amplio, la oposición ha igualado el número de acusaciones constitucionales contra ministros (siete), además de una contra un delegado presidencial. A pesar de que las razones varían en cada caso, lo cierto es que ninguna de ellas ha podido concluir con la destitución de una autoridad de gobierno.

Izkia Siches (Interior)

El 28 de junio de 2022 se presentó la primera acusación constitucional contra el gobierno de Boric. Fue en contra de Izkia Siches, por entonces ministra del Interior y Seguridad Pública: la primera mujer en la historia de Chile en ocupar el cargo.

En todo caso, la acusación era conocida desde hace tiempo. El 17 de mayo, cuando Siches llevaba sólo dos meses en el cargo, diputados del Partido Republicano dieron un punto de prensa donde declararon su intención de acusar constitucionalmente a la ministra. Esto significó un quiebre entre Republicanos y Chile Vamos, quienes pretendían ser una “oposición constructiva” y diferenciarse de la izquierda, que presentó varias acusaciones constitucionales durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

En los pasillos del Congreso se escuchó a Juan Antonio Coloma (UDI) decirle a su compañera Sofía Cid (RN) que el libelo “es un error”, mientras los republicanos daban el punto de prensa. La diputada Cid renunció a su partido a inicios de 2024, y en agosto se integró a la bancada del Partido Republicano.

La acusación constó de 159 páginas y siete capítulos donde se argumentó que la jefa de gabinete “infringió la Constitución y las leyes y dejó estas sin efecto”. Los hechos puntuales por los que se la acusaba, cada uno constitutivo de un capítulo, abordaron el retiro de querellas en contra de personas acusadas de diversos delitos en marco del estallido social y la falta a su obligación de presentar cargos por el ataque sufrido en su viaje a Temucuicui.

Luego vino el “haber comprometido el honor de la nación” y desatar un impasse político y diplomático con Argentina al usar el término “Wallmapu”; junto con la reacción tardía ante los hechos de violencia en la Macrozona sur, y no presentar denuncia contra Héctor Llaitul por su llamado a mantener la resistencia armada contra el Estado de Chile.

El 12 de julio la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el texto del libelo después de que Siches se acogiera a la cuestión previa, un recurso procesal presentado por la persona afectada cuando la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala. De ser aprobada como fue en este caso por 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la acusación queda como “no interpuesta”.

Giorgio Jackson (Desarrollo Social)

Meses después, el 3 de enero de 2023, llegó la segunda acusación, esta vez contra Giorgio Jackson, entonces titular de Desarrollo Social, uno de los ministros más cercanos al Presidente Boric.

En el prólogo redactado nuevamente por la bancada republicana se podía leer como argumento principal “abuso de autoridad y poder”. Se le acusó en un primer capítulo de ejercer presiones contra Patricia Hidalgo, exseremi de la Región Metropolitana, para que votara “en contra de sus convicciones en diversos proyectos”. En el segundo punto se le acusó de subejecutar el presupuesto de tierras y aguas indígenas. Finalmente, en una tercera parte Jackson fue acusado de dejar sin ejecución la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, presuntamente dejando a niños y niñas sin la protección del organismo.

El 19 de enero la Cámara rechazó la acusación. Sin embargo, a comienzos de agosto el Partido Republicano anunció una nueva acusación contra Jackson, esto después de que él mismo reconociera irregularidades en el traspaso de fondos de su Ministerio a las regiones de Atacama y Antofagasta, lo que gatilló el Caso Convenios. A pesar de que esta vez contaban con el apoyo de Chile Vamos, del centro e incluso se rumoraba apoyo de diputados oficialistas para la acusación, republicanos bajó el libelo luego de la renuncia de Jackson el 11 de agosto.

Marcela Ríos (Justicia)

El 9 de enero de 2023, sólo seis días después de presentar el libelo contra Jackson, la oposición anunció una nueva acusación constitucional. Sin embargo, esta tercera vendría de Chile Vamos, en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. La acusación fue presentada dos días después de que Ríos renunciara al cargo.

En dos capítulos conformados por casi 200 páginas se le acusó por sus presuntas responsabilidades en los errores administrativos que terminaron con el indulto de 12 personas que cumplían condena carcelaria por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, el 31 de diciembre de 2022. Se le responsabilizó también de conceder beneficios carcelarios a detenidos de la Macrozona sur.

El 25 de enero, la misma semana que se rechazó la acusación presentada contra Jackson, fue también rechazado el libelo contra Ríos por 82 votos en contra, 49 a favor, y 3 abstenciones. Dos de los diputados firmantes de la acusación, Francisco Undurraga (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI) no estuvieron presentes por una visita oficial a España, lo que se interpretó como un “afloje” en las intenciones de Chile Vamos.

Marco Antonio Ávila (Educación)

El 19 de junio de 2023 se ingresó la acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación Marco Antonio Ávila, la cual constó de siete capítulos, la más extensa presentada en ese momento en contra de un ministro de la cartera.

De las siete denuncias por presuntas infracciones a la Constitución y las leyes, dos eran por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo que se habría visto infringido por la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista” y la actualización de las guías con “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.

Los demás puntos incluían acusaciones como dejar a estudiantes con discapacidad excluídos de la “Política de educación inclusiva, infracción al rol de autoridad y conducción del servicio educativo”, a propósito de la demora en la entrega de los resultados del Simce, el incumplimiento en su rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por la información de “educación no sexista” impresa en los cuadernos entregados al sistema público y presuntas irregularidades en los programas de alimentación escolar y parvularia. El 17 de junio se agregó el capítulo VII por problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación (SLEP).

El libelo fue presentado por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano y fue apoyado por Chile Vamos, excepto por Evópoli. El propio jefe de bancada Francisco Undurraga declaró que junto a su compañero de partido, Jorge Guzmán, votarían en contra de la acusación por ser “débil, difusa y que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Constitución”. La tensión dentro de Chile Vamos se hizo notar con las declaraciones de Diego Schalper (RN), quien catalogó la decisión de los parlamentarios de Evópoli como “incomprensibles e inaceptables (…) una puñalada al corazón de Chile Vamos”, indicó en ese momento.

Aunque esta se convirtió en la cuarta acusación constitucional contra un ministro del Presidente Boric en ser rechazada, fue un proceso mediáticamente marcado por el ejecutivo denunciando homofobia en contra de Ávila.

Carlos Montes (Vivienda)

El 19 de diciembre de 2023 fue el turno del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Fue la acusación con la oposición más unida hasta ese momento: contó con las firmas de los partidos Social Cristiano, Republicano, de la Gente, Renovación Nacional, la UDI, e incluso la diputada independiente Yovana Ahumada.

En el libelo compuesto de cinco capítulos y menos de cien páginas se acusó a Montes de no ejercer control jerárquico de los organismos bajo su mando, a raíz de investigaciones por el caso Democracia Viva que daban cuenta de irregularidades en el traspaso de recursos desde el ministerio a fundaciones destinadas a mejorar las condiciones en campamentos.

La defensa del ministro fue encabezada por el abogado Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho en la Universidad de Chile, quien pidió un permiso sin goce de sueldo para representar a Montes. El 26 de diciembre, una semana después de presentada la acusación constitucional, Ruiz-Tagle presentó un escrito de 175 páginas como contestación a la acusación e invocando la “cuestión previa”.

Según el texto, la acusación tenía varias fallas “de forma y fondo”, pues carecía de un mínimo estándar de fundamentación; invocó erróneamente la causal de infracción de leyes, no se imputó una responsabilidad por hechos propios del ministro y se ignoró el carácter de último arratio (último recurso) que debería tener una acusación constitucional.

La cuestión previa fue admitida el 4 de enero de 2024 con 79 votos a favor, 21 en contra y una abstención, convirtiéndose en la segunda acusación constitucional presentada por la oposición que quedó con carácter de no presentada.

Carolina Tohá (Interior)

El 30 de septiembre de 2024 la bancada republicana volvió a tomar la iniciativa al presentar otra acusación constitucional, nuevamente contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, cargo ocupado esta vez por Carolina Tohá.

Tres días antes, los legisladores republicanos le dieron 72 horas al Presidente Boric para pedir la renuncia de Tohá, además de la de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y Prevención del Delito, Eduardo Vergara, esto ante “la crisis de seguridad que enfrenta Chile”. Como esto no ocurrió, el lunes convocaron un punto de prensa donde anunciaron el libelo contra la titular de Interior.

Ante las acusaciones de no tomar las medidas necesarias para “resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado” y “la vulneración de las fronteras en medio de la crisis de inmigración ilegal”, la defensa de Tohá decidió no invocar la cuestión previa. En su lugar, presentó una contestación en la que se defendió argumentando que “los acusadores no efectúan una exposición clara, precisa y comprensible de los hechos que se me imputan”. A esto agregó que “pretender que porque esta ministra no ha resuelto todos los problemas de seguridad en el país debe ser destituida es simplemente un estándar que la Constitución no establece”.

A pesar de que el diputado Luis Fernando Sánchez (Republicano) criticó que la comisión revisora del libelo estuviera compuesta principalmente por oficialistas, la acusación fue rechazada el 10 de octubre por 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones.

Maya Fernández (Defensa)

La fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende se convirtió en una sombra que eclipsará para siempre el recuerdo histórico de su hija, Isabel Allende, y su nieta, la exministra de Defensa, Maya Fernández. A esta última no sólo le costó su reputación y su salida del gobierno, sino que también la convirtió en la séptima ministra de Gabriel Boric en ser acusada constitucionalmente.

El lunes 10 de marzo se presentó el libelo, de un sólo capítulo: infringir el artículo 37 bis de la Constitución, donde se establece que los ministros no pueden celebrar contratos con el Estado mientras están en el ejercicio de sus funciones. Fue impulsada por el Partido Republicano y Chile Vamos, pero contaba además con el apoyo de los socialcristianos y libertarios.

Parecía ser la primera vez que la oposición trabajaba verdaderamente unida para destituir a un ministro, sin embargo, sólo minutos después de ser presentada la acusación, Fernández renunció al cargo. Ante esto, el partido Republicano brindó una conferencia de prensa donde informó que seguirían adelante con la acusación, aunque sin haber consultado a Chile Vamos, y avisaron una nueva acusación en caso es que estos últimos retiraran las firmas. Ximena Ossandón (jefa de bancada RN) confirmó que mantendrían su apoyo, pero acusó “falta de fair play (juego limpio)” por parte de republicanos. “Nosotros habíamos quedado en conjunto con ellos, algo que nosotros incluso en un punto de prensa que apreciamos muchísimo, que por primera vez íbamos a trabajar en conjunto”, declaró la diputada RN.

La acusación constitucional siguió adelante a pesar de que desde la oposición sabían que no contaban con los votos necesarios en la Cámara. La defensa argumentó que el contrato de compra-venta nunca llegó a concretarse, por lo que no hubo una infracción a la Constitución. Fue rechazada el 26 de marzo con 70 votos en contra y 64 a favor

Gonzalo Durán (delegado presidencial)

La más reciente acusación dirigida contra una autoridad de gobierno y la primera en no ser contra un ministro o ministra fue el pasado lunes 5 de mayo. Esta vez le tocó a Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, enfrentar el libelo presentado por la oposición. En el texto de 35 páginas se acusó al exalcalde de Independencia de haber actuado de manera negligente el 10 de abril, ante un partido entre Colo Colo y Fortaleza (Brasil) por la Copa Libertadores, donde dos jóvenes perdieron la vida por acción de un blindado de Carabineros. El diputado Henry Leal (UDI) afirmó que Durán “por acción o por omisión, incumplió el principal deber que es evitar que la persona sea lesionada o pierda la vida“.

El lunes 20 de mayo se llevó a cabo la votación de admisibilidad de la acusación constitucional, donde el abogado Francisco Cox cuestionó la falta de sustento jurídico, ya que en el texto se criticaba el actuar de Durán en el procedimiento de la emergencia, pidiendo que se saltaran ciertos requisitos legales.

“Lo que está haciendo la acusación constitucional es pedirle que obvie, y perdón, esto lo dice textualmente, esa formalidad. Formalidad, pero si es un requisito legal que tiene que contar con un informe previo, verbal o escrito, de Carabineros para poder suspender. Entonces, yo nunca había visto que autoridades le pidieran a otra autoridad que violara la ley. Y que esto se pusiera por escrito. Y que esto fundara una acusación constitucional”, declaró el abogado.
La acusación fue finalmente rechazada con 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones.

El libelo contra Durán equipara el número que ha presentado la izquierda y la derecha al momento de ser oposición: siete contra ministros y una contra una autoridad regional designada.