Denuncian en Contraloría a futura subsecretaria: tuvo triple contrato con entes públicos y no reintegró licencias médicas durante 4 años

 

Una denuncia ingresada en febrero ante la Contraloría General de la República (CGR) solicita indagar a la próxima subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, por haber mantenido contratos con tres entidades públicas al mismo tiempo lo que, según la acusación, implicaría una improbable jornada de trabajo de 17 horas diarias. En el texto además se señala que Garrido habría mantenido durante 4 años una deuda fiscal por licencias médicas, la que habría pagado solo una vez que se confirmó su nombramiento. También se cuestiona un posible conflicto de interés de la nueva autoridad, al haber asesorado la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una consultora en esa área. La denuncia incorporó además un informe que profundiza reparos a la idoneidad de Garrido para asumir el cargo, en cuyo texto se hacen sugerencias a la Oficina del Presidente Electo (OPE), lo que indica que ese documento podría haber circulado al interior de la oficina de Kast. Sin embargo, desde esa entidad dijeron a CIPER que ese documento “no tiene nada que ver con la OPE”.

Mientras los ministros y subsecretarios designados por José Antonio Kast se preparan para asumir en el próximo gobierno, la Contraloría General de la República (CGR) recibió una denuncia ingresada el 24 de febrero pasado por eventuales faltas administrativas de la futura subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. Entre otros puntos, en el escrito presentado ante el organismo —al que accedió CIPER— se pide esclarecer si existió superposición de jornadas laborales luego de que Garrido prestara asesorías simultáneamente a las subsecretarías de Salud Pública, Transporte y Telecomunicaciones, las que podrían sumar una inusual jornada de 17 horas diarias. También, si el haber mantenido una deuda durante cuatro años por licencias médicas que saldó recién días antes de ser anunciada su nominación, pudiera constituir una falta administrativa. Y si existe conflicto de interés en el hecho de que Garrido asesoró la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una sociedad comercial dedicada a materias tratadas en el proyecto. 

La denuncia adjunta un informe que aparentemente circuló en la oficina de José Antonio Kast, porque el apartado 6.2 de la  página 39 se titula “Recomendaciones Operativas (OPE)”, dedicado a hacer sugerencias al equipo del presidente electo. En este, se señala lo siguiente: “Ante la contundencia de la evidencia de incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política, se sugieren los siguientes cursos de acción graduados para la Oficina del Presidente Electo, orientados a la mitigación de daños: Considerar la reubicación inmediata de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea, más afín a su perfil académico y menos expuesto políticamente ni operativamente”.  No obstante, desde la OPE señalaron a CIPER que ese informe “no tiene nada que ver” con ellos, sin precisar si lo recibieron o no. 

Los antecedentes presentados ante la Contraloría advierten que Garrido mantuvo tres contratos en simultáneo con reparticiones públicas. El primer vínculo se remonta al 1 de enero de 2017, cuando firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 como asesora jurídica. Según la descripción disponible en el Portal de Transparencia, Garrido debía “dar al Ministerio de Salud, por intermedio de la División Jurídica, asesoría legal en todas las materias propias y relacionadas con el área de competencia del Departamento de Gestión Sectorial de TIC”. Durante esos años, su remuneración mensual evolucionó desde $1,8 millones hasta cerca de los $2 millones.

En paralelo, el 2 de mayo de 2018, inició otro contrato a honorarios con la Subsecretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el que concluyó el 31 de diciembre de 2022. En este caso, sus servicios estaban orientados a apoyar al gabinete de la entonces ministra Gloria Hutt “en el seguimiento y tramitación de proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos regulatorios relacionados al sector de Transportes; colaborar con la redacción de proyectos de ley, indicadores, informes, presentaciones y minutas en relación con mociones e iniciativas legislativas en trámites en el Congreso Nacional o que el Ministerio desee impulsar”, entre otras funciones. De acuerdo con los registros públicos, su remuneración mensual en esta subsecretaría comenzó en $2 millones y alcanzó los $2,6 millones hacia el término del contrato.

Por último, entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de 2019, Garrido mantuvo otro contrato, esta vez con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), por asesorías en materias relacionadas con el estudio, análisis, desarrollo y tramitación de normas vinculadas a la Televisión Digital (TVD). La descripción de su cargo detalla que también le correspondía participar en reuniones intersectoriales con otros ministerios, instituciones públicas y parlamentarios por el mismo tema. Por estos servicios recibió una renta líquida de $450 mil mensuales.

El cruce de los contratos celebrados por Garrido arroja que las funciones que prestó en Salud, Transporte y Telecomunicaciones coincidieron en diciembre de 2019. En la denuncia hecha a la Contraloría se señala que, para cumplir con todas estas obligaciones, Garrido debió tener una jornada laboral de 17 horas diarias, cálculo que CIPER no pudo corroborar porque, con el fin de conocer la cantidad de horas que debía cumplir por contrato, se comunicó con las tres subsecretarías a las que Garrido prestó los servicios, sin obtener información. La Subsecretaría de Transportes y la de Telecomunicaciones optaron por derivar la consulta vía Ley de Transparencia, mientras que desde Salud no dieron respuesta hasta el cierre de este reportaje. Con el mismo objetivo, CIPER además llamó por teléfono y envió mensajes vía whatsapp y correo electrónico a Romina Garrido, sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.  

Además de estos datos, la denuncia recibida por la CGR señala que Garrido mantuvo una deuda fiscal con la Subsecretaría de Transporte asociada a licencias médicas no reintegradas por $871.458 desde 2022, luego de su renuncia al organismo. La misma acusación establece que la suma fue pagada en febrero de este año, poco antes de que Kast anunciara su cargo en la Subtel. En el informe incluido en la denuncia, se adjuntó el pantallazo de un correo electrónico de la Subsecretaría de Transportes fechado el 12 de diciembre de 2022, en el que una funcionaria de la Unidad de Administración de Personal de esa institución notificó que Garrido “dejó pendiente el pago” de las licencias médicas, “cada una por 7 días de reposo”.

Luego, en el mismo documento se adjuntó un oficio remitido el 22 de diciembre de 2022 al entonces contralor Jorge Bermúdez, por parte del subsecretario de Transportes de la época, Cristóbal Pineda, en el que indica que “se detectó que, a la fecha de renuncia voluntaria, de la sra. Romina Garrido, presentaba 10 días hábiles de Licencias Médicas sin ser restituidos a la institución. Por tanto y en resguardo del patrimonio fiscal, es necesario constituir como deudora fiscal a la señora Romina Garrido (…) por un monto de $871.458”.

Garrido es abogada experta en protección de datos personales y derecho informático. Su trayectoria en el ámbito académico cuenta con docencias asociadas a estas materias en la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez y Diego Portales. Además, se desempeña en el estudio de abogados Prieto como líder de las áreas de Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, y en los últimos años ha asesorado a diversas carteras por estos temas. De hecho, eso es parte central de la denuncia que recibió la CGR en febrero pasado.

En el informe también se alude a cuestionamientos relacionados con el perfil profesional de Garrido, sobre los cuales la CGR no puede ni debe pronunciarse. Esos reparos apuntan a que la próxima subsecretaria permanentemente ha manifestado una preocupación por la protección de los datos personales en el mundo tecnológico, y para los autores del informe, esto podría desalentar los negocios e inversiones del sector. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: ¿CONFLICTO DE INTERÉS?

El 17 de enero de 2023, los parlamentarios de la Comisión de Constitución aprobaron una serie de cambios a la Ley de Protección de Datos Personales, particularmente al modelo de prevención de infracciones, que es voluntario para las empresas. En específico, se estableció un plan de cumplimiento, con una serie de requerimientos y en el que se consolidó la figura del delegado de protección de datos personales, servicios que prestan las empresas dedicadas a la asesoría del mundo privado en materia de datos personales. Al menos hasta esa fecha, Garrido tenía una consultora que ofrecía estos mismos servicios. Y como ella había participado de la tramitación como experta o asesora de un parlamentario, la denuncia que se presentó a la CGR plantea si podría haber un conflicto de interés en el hecho de que ella haya promovido una serie de cambios legales que tenían incidencia en el negocio que ella misma tenía. 

En 2025 CIPER publicó un artículo donde se plantea que, luego de estas modificaciones a la Ley de Datos Personales, el expresidente del Consejo de Transparencia y también impulsor de esa normativa en la menciona ley, Marcelo Drago, constituyó la empresa Data Compliance SpA, consultora que se dedica a la implementación de modelos de prevención de infracciones para la protección de datos personales. En ese artículo se mencionó la situación de Garrido, antecedente que también fue remitido a la Contraloría. 

Según los registros de la página web de Privacy Consulting, rescatados a través de la plataforma archive.org, en junio de 2023 esta empresa de Romina Garrido ofrecía el servicio de “planes y estrategias de compliance o prevención de riesgos e infracciones en la gestión de datos personales para que los procedimientos tecnológicos se adecúen a los estándares normativos internacionales y a la inminente legislación chilena en protección de datos personales”. En la página también se destacaba que “la futura ley de datos personales contempla la implementación de programas de prevención de infracciones, los que si bien son voluntarios, pueden ser atenuantes de infracciones y multas”. Según los registros rescatados, la web de Privacy Consulting estuvo vigente hasta octubre de 2024, mientras que el rut de la empresa registra en el SII la emisión de facturas hasta 2025.

Tras estos cambios, Garrido siguió participando como asesora en la tramitación del proyecto de Ley de Datos Personales. Según el informe de la comisión mixta que revisó el proyecto, la futura subsecretaria asistió a la sesión del 23 de enero de 2024 como asesora del senador Kenneth Pugh (RN), junto a otros miembros del gabinete del parlamentario. El 14 de marzo de 2025, Garrido participó en calidad de tesorera de la Asociación Gremial de Profesionales para la Protección de Datos Personales (AGPD) en una reunión consignada en la plataforma de la Ley de Lobby, con la subsecretaria Macarena Lobos. Según información pública, el objetivo del encuentro era conocer el plan de implementación de la Ley de Datos Personales. A la reunión también asistieron Marcelo Drago y la socia de Garrido, Constanza Pasarin. 

CIPER tomó contacto con la abogada Constanza Pasarin con el objetivo de conocer más detalles del funcionamiento de la sociedad que mantiene con Romina Garrido, pero tras hacer un primer contacto no respondió a las preguntas del medio.

Tres empresas se presentaron para concesionar el tramo San Pablo-Puerto Montt de la Ruta 5 Sur

 

En abril próximo se conocerán las ofertas económicas de las tres empresas que se presentaron para concesionar el tramo San Pablo-Puerto Montt de la Ruta 5 Sur, cuyo diseño contempla obras de gran impacto vial.

Juan Fernando Alvarado, actual seremi de Obras Públicas, detalló que las firmas que postularon son Sacyr, Intervial y el grupo Costanera Spa, que se acaba de adjudicar la construcción de la doble vía entre Chacao y Chonchi.

Sobre los cambios que tendrá este tramo una vez que las obras estén terminadas, se estima que será en el 2034, se destaca las tres pistas -ida y vuelta- entre San Pablo y Osorno y el tramo de Frutillar-Puerto Montt.

El actual seremi comentó además que una de las tareas primarias de la empresa que se adjudique la concesión será la de construir el nuevo puente Rahue, que hoy tiene tránsito restringido de sur a norte por la alta vibración que genera el paso de los vehículos, en especial pesados.

Cabe mencionar que este viaducto tiene más de 60 años, por lo que las autoridades regionales han remarcado que es necesario una estructura moderna para asegurar el desplazamiento de conductores y pasajeros por esa zona de la Ruta 5 Sur.

FUENTE: RADIO SAGO.

Cierran el Paso Cardenal Samoré por volcamiento de camión con gas: suspenden tránsito entre Chile y Argentina

 

El tránsito por el Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, principal corredor binacional entre Chile y Argentina en la Región de Los Lagos, se mantendrá completamente suspendido durante toda la jornada de este viernes 6 de marzo.

La medida fue confirmada por la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, luego de una reunión del COGRID provincial, tras el accidente ocurrido en el kilómetro 90 de la ruta CH-215, en el sector Anticura, donde volcó un camión que transportaba carga de gas.

Debido al riesgo asociado a este tipo de carga peligrosa, durante la jornada se realizarán trabajos especializados para la extracción del material y el retiro del vehículo siniestrado, labores que obligan a mantener interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en la ruta internacional.

Desde las autoridades llamaron a no dirigirse hacia el paso fronterizo durante este viernes 6 de marzo y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de @upfronterizos, @dpposorno y @cfsamore.

El Paso Cardenal Samoré es una de las principales vías de conexión terrestre entre Chile y Argentina, utilizada diariamente por transporte de carga, buses y vehículos particulares que circulan entre la Región de Los Lagos y la provincia de Neuquén.

Venta ilegal de armas en la provincia de Osorno

 

La Fiscalía Local de Río Negro, en una operación conjunta con la PDI, desarticuló una red dedicada al comercio ilícito de armamento y municiones que operaba entre Osorno, Río Negro y Purranque. El operativo incluyó el allanamiento de una conocida armería y la detención de cuatro sujetos implicados en ventas ficticias.

Tras una investigación liderada por la Fiscalía Local de Río Negro, en estrecha colaboración con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la PDI de Osorno, se logró la formalización de cuatro individuos capturados en operativos realizados el 27 de febrero y el 2 de marzo. Los sujetos están siendo procesados por delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y la Ley 20.000 de Drogas. Según los antecedentes presentados ante el Juzgado de Garantía de Río Negro, la organización contaba con la participación de un imputado que administraba una conocida armería en Osorno, quien facilitaba ventas ficticias para generar un sobre stock de municiones que luego eran comercializadas de forma irregular a terceros sin autorizaciones legales.

Durante las diligencias de entrada y registro ejecutadas en domicilios de las comunas de Río Negro, Purranque y Osorno, además del local comercial referido, las autoridades incautaron seis armas de fuego, más de 2.400 municiones de diversos calibres, droga tipo ketamina y 318 artículos pirotécnicos. Particularmente, en la armería se detectó un excedente no declarado de 1.209 municiones destinadas al comercio ilegal. La fiscal subrogante Fernanda Vargas confirmó que, si bien se solicitó prisión preventiva para tres de los implicados, el tribunal solo la concedió para uno de ellos, dejando a los otros dos con arresto domiciliario total y arraigo nacional; decisión que ya fue apelada por el Ministerio Público y será revisada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Fuente: Fiscalía Local de Río Negro

Desbaratan red de venta ilegal de armas en Osorno y Río Negro: Dueño de armería entre los cuatro detenidos

 

En un operativo conjunto entre la Fiscalía Local de Río Negro y la Policía de Investigaciones, se logró la detención de cuatro personas vinculadas al comercio ilícito de armamento. La investigación, que se extendió desde inicios de 2024, puso al descubierto un sofisticado sistema de ventas ilegales que operaba bajo la fachada de un comercio establecido en la ciudad de Osorno.

El «modus operandi» del sobrestock

De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el líder de la organización utilizaba su posición como propietario de una armería para simular transacciones legales. Mediante estas «ventas fictas», lograba generar un excedente de proyectiles que luego eran desviados hacia el mercado informal.

Este sobrestock de municiones era comercializado a terceros que no contaban con las autorizaciones legales requeridas por la Ley de Control de Armas. Además, la red extendía sus operaciones hasta la Región Metropolitana, desde donde trasladaban drogas y artículos de pirotecnia para su distribución en la zona sur.

Incautaciones masivas en la provincia

Los allanamientos, realizados los días 27 de febrero y 2 de marzo, incluyeron el registro de domicilios en Río Negro, Purranque y Osorno. En los procedimientos se incautaron seis armas de fuego, entre las que destacan un fusil, una carabina, escopetas y revólveres.

Respecto a las municiones, las cifras oficiales dan cuenta de un decomiso masivo que supera los 11.000 cartuchos de diversos calibres. También se incautó droga del tipo ketamina y más de 300 artefactos pirotécnicos que estaban destinados a ser vendidos en la comuna de Purranque. El subprefecto Antonio Geldres, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Sur, detalló el alcance de la operación.

Por su parte, la fiscal subrogante de Río Negro, Fernanda Vargas, explicó las acciones legales tras la formalización y detalló que la Fiscalía formalizó la investigación por delitos de la Ley de Control de Armas y Ley 20.000, estableciendo que el dueño de la armería realizaba ventas fictas para generar un sobrestock destinado a terceros sin permisos.

Respecto al futuro judicial de los implicados, la Fiscalía de Río Negro solicitó la prisión preventiva para tres de los detenidos, sin embargo, el Juzgado de Garantía solo otorgó esta medida para uno de ellos. Para los otros dos imputados, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que fue apelada por el Ministerio Público y será revisada próximamente por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Por ahora, se ha fijado un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, mientras se completan las diligencias necesarias para esclarecer la totalidad de los delitos imputados bajo la Ley de Control de Armas y la Ley de Drogas.

FUENTE: RADIO SAGO OSORNO

Internet de alta velocidad para Rapa Nui: el desconocido ofrecimiento de los chinos en medio de la tensión con EE.UU.

Durante las conversaciones reservadas desarrolladas entre los representantes del consorcio de empresas chinas con el gobierno, se ofreció llevar fibra óptica a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, las cuales actual,ente solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, propiedad de Elon Musk. La posibilidad de conectar ambos territorios cumpliría un antiguo deseo de Chile, descartado hace algunos años debido a su alto costo. El cable submarino con China ya fue aprobado técnicamente por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y solo falta que se envíe el decreto a la Contraloría para su toma de razón.

El 26 de noviembre pasado, un consorcio de empresas chinas ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) una solicitud formal para obtener una concesión que le permita construir un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong. Fue el primer paso para concretar el proyecto conocido como Chile China Express, que incluye una inversión cercana a los US$500 millones.

El proyecto carga con la oposición frontal de Estados Unidos, desde donde se advierte que el cable con China podría poner en riesgo la seguridad regional. Esa advertencia se basa en la Ley de Seguridad Nacional de China, que en teoría permite que las autoridades de ese país soliciten a sus empresas la entrega de datos confidenciales. Los cables submarinos actualmente son la columna vertebral de internet, y por ellos viaja el 95% del tráfico de datos de todo el mundo. También son claves para la política de seguridad de los países, al asegurar la conexión militar y de los gobiernos.

La gran mayoría de los cables submarinos conectan el mundo por el hemisferio norte, y Chile actualmente solo tiene en operación cables que lo conectan con Estados Unidos. Por eso el proyecto de las empresas chinas enfrenta la oposición del país del norte.

Quienes conocen el detalle de las conversaciones de las empresas chinas con las autoridades chilenas, comentan que sobre la mesa está el ofrecimiento del país asiático para llevar internet a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, dos territorios insulares que, hasta ahora, solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, la empresa de internet satelital que es propiedad de Elon Musk.

Tres fuentes de gobierno, independientes entre sí, confirmaron a Reportea que el ofrecimiento de las empresas chinas no implicaría costos para Chile.

La conexión de internet de alta velocidad en Rapa Nui y la isla Juan Fernández es una medida que han buscado implementar distintos gobiernos. De hecho, se analizó esa posibilidad cuando se negoció el trazado del cable submarino Humboldt, el que es desarrollado mediante una alianza público privada con Google, y que conectará Chile con Oceanía. Entonces se desechó esa opción debido al alto costo que implicaría para el Estado chileno (aproximadamente US$100 millones).

Concretamente, las empresas chinas a cargo del proyecto (China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group, y China United Network Communications Group, que actúan agrupadas en un consorcio), ofrecieron instalar un “branch” desde el cable submarino que se quiere construir, hacia Rapa Nui y Juan Fernández.

Un “branch” (o branching unit) es un dispositivo que se instala en el fondo marino, y que permite desviar parte de la señal de datos que viaja por un cable hacia una ruta secundaria. 

Además también se analiza la posibilidad de instalar una estación de regeneración de señal en Rapa Nui, que es un mecanismo que utilizan quienes operan cables submarinos para resguardar la calidad de la señal que viaja a través de los océanos. Esa estación permitiría acceso a internet de alta velocidad para los habitantes de la isla.

Según confirmaron a Reportea tres fuentes de distintos ministerios que están al tanto de los avances del proyecto, las empresas chinas ya están diseñando la ruta por la que pasaría el cable. Y en ese diseño se contemplan dos trayectos: el primero entre Hong Kong y Papúa Nueva Guinea (país de Oceanía ubicado al norte de Australia), y un segundo trazado entre Papúa Nueva Guinea y Chile.

Hasta ahora, los detalles del proyecto se manejan bajo estricta reserva, y el gobierno no ha definido si aprobará o no su implementación. El tema estalló públicamente este viernes cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones para funcionarios chilenos que han mantenido conversaciones con los chinos.

Los temores de Estados Unidos

El proyecto Chile China Express generó una respuesta inédita desde Estados Unidos. Este viernes el Secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, comunicó que se habían suspendido las visas de tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”. Esos tres funcionarios son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Fuentes de la Cancillería le dijeron a Reportea que la Embajada de Estados Unidos en Chile había advertido, en reuniones reservadas realizadas durante los últimos dos meses, que el proyecto con China podría poner en riesgo la cooperación en materias de seguridad que mantienen con nuestro país.

Estados Unidos basa su argumentación en una ley de seguridad vigente en China, que permitiría que el gobierno de ese país solicite información a sus empresas por motivos de inteligencia. Públicamente dicen que el cable podría facilitar el espionaje chino a las potencias occidentales. Pero fuentes diplomáticas consultadas por Reportea dijeron que en realidad el enojo de Estados Unidos se explica por motivos geopolíticos: todos los cables submarinos vigentes y en construcción en Chile están vinculados a intereses estadounidenses, y la iniciativa China amenaza esa exclusividad.

Personeros de gobierno que han conversado con representantes de la embajada de Estados Unidos señalan que existe otra variable que alimenta la inquietud norteamericana: desde 2020 está en operación un cable submarino que conecta Fortaleza, en Brasil, con el puerto de Kribi, en Camerún, operado por una empresa estatal china. En Washington estiman que esa ruta podría enlazarse con la que uniría Valparaíso con Hong Kong, lo que permitiría a China tener autonomía en la transmisión de datos entre varios continentes, sin depender de cables bajo influencia estadounidense.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no fueron comunicadas por canales diplomáticos, como se usa en estos casos.

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, indicó que “como Gobierno condenamos esta medida de carácter unilateral que vulnera la soberanía de nuestro país”, al tiempo que confirmó la presentación de una nota de protesta ante Estados Unidos. El Presidente Gabriel Boric agregó que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se toman en Chile”.

Falta la firma 

La solicitud ingresada por el consorcio de empresas chinas el pasado 26 de noviembre ante la Subtel, busca que se les otorgue una “concesión de servicios intermedios de telecomunicaciones para cable submarino”, lo que les permitiría echar a andar su proyecto.

Quienes conocen de los avances de esa tramitación, indican que ya está aprobado técnicamente, aunque aún no se ha firmado la resolución que entrega la concesión. Si se firma, ese documento debe contar con la toma de razón de la Contraloría.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, dijo en entrevista con El Mercurio que la solicitud de las empresas chinas está tramitándose: “Este proceso requiere varias validaciones. Se hicieron observaciones al proyecto técnico presentado por la empresa, esas observaciones ya fueron subsanadas y ahora se está en la etapa de confección de un decreto para determinar si se autoriza”.

En todo caso, con la firma del decreto de la Subtel recién se inicia el camino de las empresas chinas para concretar el proyecto.

Si logran obtener la concesión, deben tramitar otros 12 permisos sectoriales para ejecutar la iniciativa. Y ahí podría estar su principal escollo.

Entre las instituciones que deben otorgar permisos se encuentran el SHOA, las capitanías de puerto y Directemar, todos organismos de la Armada, la que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos que podría entorpecer el avance del cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong.

Las otras instituciones públicas que deben otorgar permisos son el Servicio de Evaluación Ambiental, que debe pronunciarse sobre si la iniciativa requiere ser evaluada; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para entregar una concesión marítima; además de las municipalidades involucradas, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.

En todo caso, la decisión de entregar la concesión inicial desde la Subtel estará limitada por una decisión política, diplomática y estratégica del gobierno. Fuentes de La Moneda le dijeron a Reportea que la decisión no está tomada.

En esa decisión pesará la postura de las autoridades que tomarán la posta del gobierno a partir de marzo. Hasta ahora, desde el entorno de José Antonio Kast no ha existido un pronunciamiento. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se limitó a señalar que “quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, Gabriel Boric, y por su intermedio el canciller Alberto Van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo”.

Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que el anuncio de las sanciones por parte de Estados Unidos se trata de un mensaje para el gobierno entrante. Y agregan otra pregunta para el análisis: ¿Quién pesará más en el nuevo gobierno, los empresarios que tienen un intercambio fluido con China, o la vertiente más ideológica de la derecha, y cercana a las Fuerzas Armadas, que buscará alinearse con el gobierno de Donald Trump?

Otra designación polémica: los nexos del futuro subsecretario de Seguridad de Kast con empresarios del rubro de las tragamonedas, apuestas y Bo Yang

 

El diptuado Andrés Jouannet, figura como socio de Bo “Emilio” Yang, imputado en la causa por presunto delito de tráfico de influencias por parte de la senadora electa, Karol Cariola y con Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las tragamonedas formalizado por financiamiento irregular en campañas políticas. 

Semanas atrás, la designación de la exfiscal Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad de José Antonio Kast desató polémica tras los dichos de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien afirmó que el nombramiento fue “una conversación que llevaba un buen tiempo”.

La declaración resultó problemática, pues implicaba que esos diálogos se habrían producido cuando Steinert aún estaba en funciones en la Fiscalía Regional de Tarapacá, lo que podría haber infringido el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 19.640, que establece que los fiscales nacionales y regionales no pueden “tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de emitir su voto personal; participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político".

Revise: Ministerio Público califica de "conversaciones privadas" negociaciones de Steinert con Kast cuando ésta era fiscal

Sedini salió al paso y precisó que las negociaciones ocurrieron “pocos días antes de la nominación”, asegurando que el revuelo generado había sido “absolutamente innecesario”.

Sin embargo, hoy es otra la polémica que golpea al equipo de Seguridad escogido por el presidente electo.

El sábado pasado, el líder del Partido Republicano dio a conocer a los 39 subsecretarios que lo acompañarán desde el 11 de marzo. En esa nómina, el actual diputado Andrés Jouannet, de Amarillos, fue designado como subsecretario de Seguridad Pública.

La nominación del parlamentario, con experiencia en la materia por su paso por la Comisión de Seguridad de la Cámara y como representante de La Araucanía, generó resquemor por los vínculos que mantiene con algunas figuras a través de sus sociedades.

En marzo de 2025, Ciper publicó que Jouannet es socio de Bo “Emilio” Yang, imputado en la causa en que el Ministerio Público investiga el presunto delito de tráfico de influencias por parte de la senadora Karol Cariola.

En concreto, el recién nombrado subsecretario de Seguridad Pública comparte con Yang dos sociedades, Labs Latin America Business Strategy SpA y Empresa Forestal Comercial y Servicios Sur de Chile SpA. Según consignó La Tercera, en ambas no hubo inicio de actividades ni modificaciones societarias.

Pero no es lo único.

El medio citado también menciona Impresiones Quizapú Limitada, donde Jouannet es socio de Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las tragamonedas que, como representante del gremio, fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.

El Ministerio Público logró condenar a dos empresarios que habrían entregado dinero a Hadad para financiar la campaña de su padre, Nelson Hadad Heresy.

Además, integra la sociedad Sebastián Salazar Bastidas, empresario ligado a las tragamonedas y reconocido como representante de EstelarBet, casa de apuestas online. A su vez, también es socio de Yang en la empresa Comercializadora Imperio Dragón Limitada, vinculada a salones de pool y juegos electrónicos.

Con ese trasfondo, desde la Oficina del Presidente Electo tomaron cartas en el asunto y, si bien no fue un tema central, sí formó parte de una reunión de coordinación en la que participaron Steinert, Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, Cristián Vial, futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau y funcionarios de Carabineros, reportó La Tercera.

En esa línea, desde el entorno de Kast aseguraron que estaban en conocimiento de esta información y que incluso fue conversada con Jouannet directamente. El parlamentario habría aclarado que dichas sociedades fueron alternativas de negocios que fracasaron, por lo que no se realizó el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Con todo, pese a que desde Republicanos intentaron contener la polémica, otras figuras de la derecha se refirieron a ella. El diputado Andrés Celis, de RN, señaló que: "Si efectivamente tuviese una sociedad con personas que están ligadas a tragamonedas o con casinos online, que no están autorizados por ley, considero que no es una designación acertada".

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán, de PNL, afirmó que "las apariencias son importantes y esto no da una impresión muy maravillosa".

fuente:interferncia.cl

INIA publicó en prestigiosa revista científica, estudio clave sobre cáncer bacterial del cerezo

 

La investigación, difundida por la revista Plants, entrega nuevas claves para entender por qué la principal enfermedad del cerezo en Chile se ha vuelto persistente y como avanzar hacia un manejo más efectivo y sostenible en los huertos.

Un importante reconocimiento internacional obtuvo el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) con la publicación de un estudio científico en Plants, una de las revistas especializadas más relevantes en el ámbito de las ciencias vegetales a nivel mundial. La investigación aborda el cáncer bacterial del cerezo, la enfermedad más importante de este cultivo en Chile, responsable de pérdidas productivas que pueden llegar hasta un 20 %.

El estudio analizó muestras de la bacteria Pseudomonas syringae pv syringae (Pss), causante de la enfermedad, proveniente de huertos de las principales zonas productoras del país y permitió demostrar que este patógeno no es solo una introducción externa, sino que ha ido adaptándose a las condiciones agroclimáticas y de manejo propias de la fruticultura chilena. Esta capacidad de adaptación ayuda a explicar por qué la enfermedad sigue siendo compleja de controlar en los huertos.

“Publicar este trabajo en una revista científica de alto nivel es muy relevante, pero lo más importante es que nos permite entender mejor cómo son las poblaciones de la bacteria en Chile y avanzar hacia estrategias de manejo más efectivas y acordes a nuestra realidad productiva”, señala el Dr. Boris Sagredo, investigador de INIA Rayentué y autor principal del artículo.

La investigación también evidenció que algunas poblaciones de la bacteria han desarrollado una mayor resistencia a los productos basados en cobre, insumos ampliamente utilizados para el control de enfermedades en frutales. Este resultado refuerza la necesidad de fortalecer estrategias de manejo integrado, que combinen distintas herramientas, prácticas culturales y un uso más racional de los productos disponibles.

Los resultados de este trabajo permitirán mejorar los sistemas de detección y monitoreo del cáncer bacterial, apoyar la selección de material vegetal con mayor tolerancia y optimizar las estrategias de control en el campo, contribuyendo a una fruticultura más resiliente y sustentable.

El estudio forma parte de una línea de investigación que INIA desarrolla de manera continua desde 2017, cuando comienza con apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins y posteriormente contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través del proyecto Fondecyt Regular N°1231208.

Fuente: INIA