Qué se sabe del beneficio del gas anunciado por el Gobierno: dan detalles tras presión de municipios, junio en adelante.

A más de dos semanas del anuncio del Gobierno sobre la entrega de recursos para subsidiar la adquisición de gas para las familias más vulnerables, recién comienza a haber claridad sobre cómo se brindará el aporte.

Recordemos que en el marco del alza de las bencinas, el pasado 1 de abril el presidente José Antonio Kast encabezó desde La Moneda un punto de prensa para informar dos nuevas medidas emanadas de una sesión del Plan “Chile Sale Adelante”: una dirigida al sector de la pesca artesanal y otra al gas licuado.

En un inicio, la minuta del Gobierno afirmaba que se realizaría un aporte directo de un balón de 15kg de gas licuado por familia a todas aquellas pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Sin embargo, luego desde Presidencia emitieron una nota de prensa en la que se apuntaba que la ayuda correspondería a un aporte directo de gas a las familias a través de las municipalidades, con una entrega total de US$225 millones.

Pasaron las semanas y los municipios comenzaron a inquietarse, acusando falta de claridad respecto a cuándo llegaría la ayuda y la forma en que se brindaría. Este miércoles 16 de abril, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que las familias recibirán el beneficio desde junio y que se concretará a través de vouchers electrónicos para canjearlos en distribuidoras de gas.

Presión de los municipios por el subsidio de gas

Poco más de una semana después del anuncio, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) expresó su preocupación a través de un comunicado, en el que exhibieron una falta de claridad sobre cómo se entregará el beneficio.

“Alcaldes y alcaldesas de todo el país han planteado la necesidad urgente de conocer los procedimientos, requisitos y mecanismos de acceso. Sin esta información, los municipios no pueden responder ni implementar adecuadamente una medida que hoy es prioritaria para las familias”, detallaron en esa ocasión.

El 15 de abril volvieron a la carga y a través de otra declaración pública mencionaron que “los municipios del país no hemos recibido información formal por parte del Gobierno respecto de la modalidad de implementación de la ayuda comprometida consistente en vales de gas para el 80% más vulnerable de la población”.

Asimismo, advirtieron que no es viable, desde el punto de vista administrativo, traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos. Por consiguiente, recomendaron “evaluar alternativas más eficientes, tales como la transferencia directa de los recursos a través de instrumentos electrónicos a las familias beneficiarias, o bien la implementación de un sistema de compra centralizada“.

Vouchers para canjear en distribuidoras de gas

La respuesta del Gobierno llegó durante la noche del jueves 16 de abril. En conversación con Meganoticias Prime, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que “cuando se anunció (el beneficio), se dijo claramente que esto era para los meses más crudos de invierno, de junio en adelante. Estamos recién a mediados de abril, por lo tanto, a veces la ansiedad lleva a adelantarse en los juicios y en las opiniones”.

Sobre esa línea, aseguró que se comunicó con el presidente de la ACHM para informarle que el aporte “se va a hacer a través de una glosa especial que consultamos con la Contraloría vía Ministerio del Interior, con transferencias directas a los beneficiarios que están en el Registro Social de Hogares con tarjeta electrónica del BancoEstado, donde se van a reembolsar después los fondos a las compañías”.

Asimismo, aseguró que la ayuda irá directo al beneficiario y reiteró que se otorgará desde junio.

Respecto a la forma de entrega, Alvarado indicó que, dependiendo de la ubicación de las familias en el Registro Social de Hogares, “se les va a entregar un voucher electrónico que pueden canjearlo en una distribuidora de gas y después desde el Ministerio del Interior se hacen las transferencias al BancoEstado”.

Jornada laboral de 40 horas: CUT rechazó dictámenes de la Dirección del Trabajo

 

En el marco de la reducción a 42 horas, que se concretará el 26 de abril, el organismo señaló que la determinación del ente estatal “es ilegal” y que, además, “le quita certezas a las trabajadores y trabajadoras”.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó los dictámenes de la Dirección del Trabajo para la implementación de la jornada laboral de 40 horas en el país, en concreto, sobre la reducción a 42 horas a contar del 26 de abril.

Según consigna El Mercurio, la CUT declaró que los dictámenes son una medida “profundamente grave: es ilegal y le quita certezas a las trabajadoras y trabajadores”.

“Se pretende eliminar, por vía administrativa, los elementos que establece el Código del Trabajo en su artículo 42 a) para presumir que un trabajador tiene derecho a una jornada de trabajo. El efecto que provoca, es claro: reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a las 42 horas en la actualidad”, indicó.

“Esta interpretación busca burlar la ley, para que existan más personas trabajando sin límite de jornada”, añadió Karen González, encargada Ramal del Comercio de la CUT, quien también cuestionó a la DT por evitar interpretaciones a la norma.

“Debilita el rol administrativo protector que le corresponde al autolimitar sus facultades en materia de interpretación", señaló la dirigenta de la CUT.

Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señaló que “valoramos que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo retomen un principio esencial en la interpretación administrativa: el respeto estricto a la ley, sin incorporar exigencias o criterios que no se encuentran previstos en ella”.

En este sentido, Pakomio afirmó que “es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generaron interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las empresas”.

LOS DICTÁMENES

A través de dos dictámenes, firmados ayer por David Oddó, director nacional del Trabajo, la DT se pronunció sobre dos materias relacionadas con el beneficio: la implementación de la rebaja laboral de 44 a 42 horas y la exclusión de la limitación de jornada para trabajadores, prevista en el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo.

Especialistas afirman que estos pronunciamientos apuntan a “rayar la cancha” en esta materia. La DT planteó en sus dictámenes 252/20 y 253/21 que “resulta necesario” corregir algunos criterios asociados a la interpretación de esta ley.

A partir del 26 de abril la jornada semanal de trabajo tendrá una nueva reducción, adecuando las actuales 44, para pasar a 42 horas. Lo anterior, como parte de la normativa que en régimen disminuirá el horario trabajado a la semana a 40 horas en 2028.

La legislación establece que la implementación de la rebaja debe realizarse de mutuo acuerdo entre las partes, quedando por escrito y ajustándose a los márgenes legales. También indica que este convenio puede efectuarse a través de organizaciones sindicales en representación de sus afiliados.

Mediante dictamen, la DT reforzó que la “ley privilegia el acuerdo entre las partes y con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja de jornada”.

En caso de que no exista acuerdo, la DT definió que "el legislador no ha establecido requisitos específicos sobre la forma de configurarlo o acreditarlo, no correspondiendo a la autoridad administrativa introducir exigencias adicionales no previstas en la ley".

"Sin perjuicio de ello, corresponderá al empleador acreditar mediante antecedentes razonables que han existido instancias reales de interacción y tratativas con los trabajadores o sus organizaciones sindicales sin que se haya logrado alcanzar un acuerdo formal, pudiendo dicha acreditación efectuarse por cualquier medio idóneo", agregó el dictamen.

POLÉMICA EXCEPCIÓN

La DT también entregó un criterio más flexible para la excepción del límite de jornada a los trabajadores que están sujetos al artículo 22.

El pronunciamiento indica que “la autonomía efectiva no opera como una causal autónoma de exclusión, sino como un elemento indiciario que debe examinarse junto con la naturaleza concreta de las funciones y el modo real en que se ejerce la supervisión sobre su desempeño”.

Plantea que “la subordinación y dependencia, como elemento esencial del contrato de trabajo, no debe confundirse con la fiscalización superior inmediata”.

En este sentido, señala que esta “distinción es de la mayor relevancia práctica”, dado que “un trabajador puede encontrarse plenamente sujeto al vínculo de subordinación y dependencia y, a la vez, quedar excluido de la limitación de jornada, si la naturaleza de sus funciones no conlleva un control directo y funcional sobre la forma y oportunidad en que desarrolla sus labores”.

Además, indicó que la existencia de mecanismos de registro (herramientas tecnológicas, sistemas de reporte, trazabilidad o coordinación de labores) “no configura, por sí sola, fiscalización superior inmediata, cuando dichos mecanismos no implican un control directo y funcional sobre la forma y oportunidad de la prestación de los servicios”.

La Roja se suma a la gran cita: la lista de clasificados al Mundial Sub 17 de Qatar 2026

 

La Roja Sub 17 transformó las dudas en convicción y firmó el jueves una actuación contundente. Con un inapelable 4-0 sobre Bolivia, Chile se reencontró con su buen juego y aseguró su presencia en el Mundial de Qatar 2026.

El equipo dirigido por Ariel Leporati llegó a los Playoffs del Sudamericano arrastrando cuestionamientos. Una fase de grupos irregular, cuarto lugar con apenas cuatro puntos, había dejado más preguntas que certezas.

Pero en el momento decisivo, el seleccionado nacional respondió con autoridad, mostrando su mejor versión justo cuando se necesitaba ganar en el torneo.

El premio es doble. La Roja juvenil no solo clasifica al Mundial, sino que además encadena su segunda participación consecutiva en la categoría, un hito que habla de cierta continuidad en el desarrollo juvenil del fútbol chileno.

El desafío ahora será mayor. El Mundial Sub 17 de 2026 marcará una nueva era: 48 selecciones, formato ampliado y una competencia más exigente que nunca. Chile ya está en ese mapa.

Con el ticket de La Roja estampado, la Copa del Mundo de Qatar ya tiene a 29 selecciones clasificadas.

Países clasificados al Mundial Sub 17 2026

Conmebol: Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Chile.

UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia.

Concacaf: Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

AFC: Qatar (anfitrión).

El detalle de 10 medidas del megaproyecto de Kast y su defensa a la rebaja de impuestos a las empresas

 “Todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo (…) este proyecto no es una agenda ideológica”, señaló Kast en su primera cadena nacional. A continuación, el listado de medidas que contempla una rebaja gradual del 27% al 23% en impuesto corporativo, eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, reembolso a inversionistas por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) revocadas y exención de IVA a viviendas nuevas.

Reforma tributaria. En su primera transmisión por cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast detalló el proyecto de ley que enviará en los próximos días al Congreso y que incluye cerca de 40 medidas en materia de reconstrucción, tributos, inversión y empleo.

• Aunque en minutas y diseños comunicacionales previos del gobierno se enfatizaba en temas de reconstrucción y generación de empleo, en su discurso Kast abordó directamente y como primero de los cinco ejes del proyecto, la reforma tributaria que contempla, entre otras medidas, la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% de forma gradual.
• “Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile los subió del 15% al 27% en ese mismo período”, señaló.
• Recordando la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Kast indicó: “Hace doce años, un gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable. Los resultados, no. La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. La inversión se contrajo y la deuda pública se triplicó”.
• “Ese no fue un accidente: fue la consecuencia predecible de creer que subir impuestos genera riqueza. No la genera. La desplaza o la expulsa del país”.
• Sobre la propuesta de beneficios tributarios para fomentar el empleo formal, agregó que “todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo”.
• Adelantándose a las críticas que se han levantado desde la oposición, señaló que “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos. Es la base material del bienestar de todos (…) Este proyecto no es una agenda ideológica. Es una respuesta concreta a urgencias reales.”

Cinco ejes: Según dijo Kast “al año 2030, tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5% y que la economía crezca alrededor del 4% anual”. El proyecto tiene cinco ejes:

• Reconstrucción. Ñuble, Biobío y Valparaíso, las regiones afectadas por los megaincendios, recibirán $400 mil millones. Ello se financiará con una reducción transitoria en un 50% el impuesto a las donaciones e incentivo al retorno de capitales a Chile.
• Vivienda. Eliminación por 12 meses el IVA en la venta de viviendas nuevas, acelerando la colocación de más de 100 mil unidades. Buscan recuperar 200 mil empleos perdidos en el sector y dar acceso a viviendas más económicas a la clase media.
• Empleo formal. Crédito tributario del 15% de la remuneración bruta de cada trabajador contratado con seguridad social al día. Inyección de US$ 1.400 millones anuales para pequeñas, medianas y grandes empresas.
• Cambios tributarios. Disminución gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%. Reintegración del sistema tributario a 2031 que permite que los dueños de empresas descuenten completamente, de sus impuestos personales, el impuesto ya pagado por la empresa sobre esas utilidades.
• Agilización regulatoria. Reducir plazos en evaluaciones ambientales y asegurar compensación estatal si una RCA (Resolución de Calificación Ambiental) otorgada es revocada judicialmente.

Las medidas:

1. Amplía Fondo de Emergencia a regiones de Ñuble y Biobío

Actualmente existe el Fondo de Emergencia para financiar la reconstrucción de Valparaíso. El proyecto de ley busca aprovechar este mismo instrumento, destinándose $400 mil millones extra.

2. Rebaja Transitoria de Impuesto a las Donaciones. Se crea una ventana de 12 meses en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto establecido (el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100%). Esta medida busca aumentar y anticipar la recaudación fiscal. Recaudación estimada: $260 mil millones.

3. Repatriación de capitales a una tasa del 10% por un periodo de 12 meses. Sistema temporal, voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero. Recaudación estimada: $300 mil millones.

4. Exención de IVA a la venta de viviendas nuevas por 12 meses. Busca una reducción del precio de viviendas, incentivando el dinamismo del mercado para el agotamiento del stock existente de 100.000 viviendas nuevas.

5. Reducción de plazo de invalidación de permisos sectoriales de 2 años a 6 meses. A fin de dar certeza a los titulares de permisos sectoriales, permitiendo una ejecución más oportuna y predecible de los proyectos. Se espera beneficiar principalmente a los sectores de energía, minería, obras públicas y construcción.

6. Crédito tributario para la protección del empleo formal. Creación de un crédito tributario, por concepto de pago de remuneraciones que vayan entre las 7,8 UTM (M$545) y las 12 UTM (M$838). El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente para rentas más altas. Este crédito tributario permite reducir el pago mensual de los PPM e IVA de los empleadores y podrá ser imputado en contra del Impuesto de Primera Categoría.

7. Rebaja de Impuesto de Primera Categoría (IDPC) de 27% a 23% y reintegración del sistema. Se modifican las tasas tanto para grandes empresas como para Pymes. La tasa se rebajará gradualmente, contemplaría 1,5 puntos porcentuales en 2027, 1,5 puntos en 2028 y 1 punto en 2029. La reintegración del sistema será gradual, volviendo a una reintegración total en el año tributario 2031 (próximo gobierno).

8. Eliminación a contribuciones a la primera vivienda. Se exime de contribuciones a los propietarios mayores de 65 años respecto de su vivienda principal. El número de adultos mayores beneficiados por esta medida se estima en 294.607. Kast anunció que se compensará a los municipios.

9. Reembolso de gastos por anulación de RCA. El proyecto propone un mecanismo expedito de reembolso de gastos asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial. Una suerte de seguro, para que no se postergue la ejecución del proyecto.

10.Moratoria ingreso nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad. En 2025 se destinaron más de 2,2 billones para gratuidad universitaria. El proyecto propone suspender por 4 años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento. Actualmente, de las 47 universidades que participan en el proceso de admisión, 38 están adscritas a la gratuidad.

Paquete económico de Kast: Las medidas, los ajustes y cómo será defendido en el Congreso

 

La definición del gobierno para el proyecto clave de su agenda económica es mantener el corazón del proyecto anunciado en Lirquén el 14 de marzo, con sólo algunos ajustes, para no diluir la señal política de reactivación que La Moneda quiere instalar al inicio del mandato. La lógica es que el texto llegue al Congreso suficientemente afinado para abrir espacio de negociación con la oposición, pero sin alterar su diseño central.

• En la preparación final del paquete económico hubo una reunión clave el jueves pasado en el Segundo Piso de La Moneda, en la cual estaban el Presidente Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y Alejandro Irararrával, jefe del grupo de asesores del mandatario y el hombre más influyente de su equipo de gobierno.
• La tarea de Quiroz antes de divulgar el conjunto de medidas es definir bien algunos ajustes y cuantificar todos los costos. La agenda del ministro está copada entre este martes y miércoles por compromisos en el Congreso, y un desayuno en la Sofofa. Entre jueves y viernes estaría listo para presentárselo a Kast para su visto bueno final.
• La divulgación del paquete económico estaba prevista para este lunes, pero lo más probable es que anuncie la próxima semana. Si bien la esencia de lo anunciado el 14 de marzo se mantendrá, se le añadirán dos tipos de ajustes.
• El primero son algunos beneficios a la clase media y lo segundo es eliminar todo detalle que no sea imprescindible.
• En total el paquete económico tendría alrededor de 45 medidas.

Qué se mantiene, qué sigue en duda y qué quedó fuera. El paquete económico mantiene su corazón tributario, de empleo e inversión, pero en el camino ha ido afinando bordes para concentrarse en reactivación y evitar flancos innecesarios en el Congreso.

• Por un lado hay rebajas tributarias e incentivos permanentes, como la reducción gradual de la tasa corporativa desde 27% a 23%, la integración total del sistema, la eliminación del impuesto de 10% a la venta de acciones con alta presencia bursátil, la eliminación del IVA a la vivienda por 12 meses y la ampliación del beneficio DFL2 a tres viviendas.
• Por otro, medidas recaudatorias transitorias, como la repatriación de capitales con una tasa reducida, fórmulas tipo ISFUT e ISIF y un incentivo para adelantar el impuesto a la herencia mediante una rebaja del impuesto a las donaciones.
• A eso se suman las medidas pro empleo y pro inversión, como un subsidio o crédito tributario al empleo para trabajadores cercanos al salario mínimo y mecanismos de invariabilidad tributaria del tipo DL 600 2.0.
• En el anuncio original está la modificación de la gratuidad universitaria para limitarla a estudiantes de hasta 30 años, medida que desde el inicio apareció como parte del eje de reconstrucción fiscal y rediseño del gasto público.
• En los últimos días, dirigentes oficialistas han seguido dejando señales sobre cambios al plan original sobre la gratuidad, pero sin confirmar todavía el texto definitivo. Guillermo Ramírez (UDI), por ejemplo, evitó cerrar públicamente si la limitación de la gratuidad a mayores de 30 años entrará tal cual al proyecto, aunque dio a entender que ese debate sigue sobre la mesa.
• El caso del litio concesible quedó fuera del paquete que se está afinando, pese a que inicialmente había entusiasmo con la idea.

El punto clave. En el oficialismo entienden que el principal riesgo del proyecto es que naufrague en su tramitación. Por eso la primera misión es evitar a toda costa que la oposición logre fragmentarlo en distintas comisiones o separarlo en varios textos.

• La convicción en La Moneda es que el efecto económico y político del proyecto depende justamente de que sea aprobado como un paquete amplio y coherente de reactivación, que combine crecimiento, inversión, empleo y alivios tributarios.
• Fragmentarlo es justamente el objetivo estratégico de la oposición, que probablemente intente despedazar la iniciativa antes incluso de discutir su fondo. Para lograrlo, buscaría derivar partes del proyecto a distintas comisiones, especialmente si el texto mezcla materias tributarias, educacionales, sectoriales y de reconstrucción.
• De ahí que el esfuerzo de estos días no haya estado sólo en pulir el contenido, sino también en construir una defensa política y legislativa para sostener que debe discutirse en conjunto. Para eso se está calibrando cuánto espacio hay para negociar con la oposición sin vaciar la iniciativa.
• La Moneda se inclina por ingresar el proyecto a través de las comisiones de Hacienda, intentando radicar ahí su tramitación, ya que no solo tiene mayoría en esas instancias, sino que hacerlo en otras -de manera simultánea- le facilitaría a la oposición fragmentar su contenido.
• El proyecto es lejos el desafío más importante de la conducción política y legislativa del Gobierno.

La oposición y la carta del TC. Existe otra posibilidad que la oposición buscaría explorar: llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, con el argumento de que reúne normas demasiado diversas o con quórums distintos sin suficiente conexión entre sí.

• Pero hay ejemplos importantes y recientes de que eso ha ocurrido otras veces. En 2025, el entonces ministro Marcel impulsó una ley miscelánea con 21 materias para crecimiento, competitividad y simplificación regulatoria.
• Nicolás Grau, por su parte, añadió a la discusión del reajuste del sector público del año numerosos temas misceláneos, lo que derivó en fuertes críticas opositoras y que el proyecto se calificara como una “ley de amarre”.
• Por eso, el gobierno optó por dejar fuera temas que podían abrir una controversia mayor, como el litio concesible. Mientras más nítido quede el eje de reactivación económica, más fácil será defender el texto como un solo paquete y más difícil será para la oposición argumentar que se trata de materias que no están relacionadas.

Chile y la defensa de sus intereses permanentes en el extremo austral

Mantener una relación constructiva con Argentina es no solo deseable, sino también necesario, pero esa relación no puede construirse a costa de relativizar posiciones propias en materias sensibles, porque en el extremo austral los gestos de hoy pueden convertirse en precedentes mañana.

En política exterior, las coincidencias rara vez son casuales. En el lapso de pocos días, dos episodios distintos (pero conectados) han vuelto a poner a Argentina en el centro de un debate incómodo para Chile: el respaldo del gobierno de José Antonio Kast a los “legítimos derechos de soberanía” argentinos sobre las islas Malvinas/Falkland; y las declaraciones del contralmirante trasandino Hernán Montero, afirmando que la “boca oriental” del estrecho de Magallanes sería argentina.

Dos hechos distintos, pero que remiten a un mismo eje: límites, soberanía y proyección estratégica en el extremo austral.

El primero de estos elementos –las Malvinas/Falkland– no es, en rigor, una novedad. Desde el retorno a la democracia, en marzo de 1990, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, Chile ha sostenido una política consistente de respaldo al reclamo argentino en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a una negociación con el Reino Unido.

Esa línea fue mantenida por administraciones sucesivas, desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle hasta Gabriel Boric, con una fórmula relativamente estable: reconocer la existencia de una disputa de soberanía, promover el diálogo y evitar validar unilateralmente la administración británica. Sin embargo, el lenguaje utilizado recientemente por Kast introduce un matiz relevante. No en el fondo, pero sí en la forma. Hablar de “derechos legítimos de soberanía” no es lo mismo que invocar resoluciones multilaterales. Es un cambio de énfasis. Y en política exterior, los énfasis importan.

Ese cambio de tono adquiere otra dimensión cuando se observa el segundo episodio. En enero de 2026, en un podcast especializado, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, Hernán Montero, sostuvo que la “boca” del estrecho de Magallanes –el tramo comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness– sería argentina.

La afirmación contradice el marco jurídico vigente. El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que puso fin al diferendo del Beagle, establece con claridad la delimitación en la boca oriental del estrecho y reconoce la soberanía chilena sobre esta vía interoceánica, garantizando su neutralización y libre navegación.

No es un asunto menor. El estrecho de Magallanes ha sido, desde el tratado de 1881, una pieza clave de la proyección marítima chilena. Reabrir, aunque sea en el plano discursivo, interpretaciones alternativas sobre su acceso oriental implica tensionar un punto que se consideraba jurídicamente cerrado.

A los dos temas anteriores se puede sumar un tercer elemento menos visible, pero no por eso menos relevante. En 1998, Chile y Argentina firmaron un acuerdo para precisar la delimitación en los Campos de Hielo Sur, una de las zonas más complejas del límite común, marcada por glaciares, condiciones extremas y dificultades técnicas de demarcación. Aunque ese acuerdo estableció una línea general, existe aún un tramo –entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet– cuya materialización en terreno no se ha completado en su totalidad. No se trata de una disputa abierta, pero sí de un espacio donde la definición final aún depende de procesos técnicos y políticos.

En un contexto donde Argentina ha impulsado una estrategia sostenida de ampliación de su proyección marítima –como lo demuestra la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, parcialmente aceptada en 2016, extendiendo su plataforma hasta cerca de las 350 millas náuticas en ciertos sectores–, la existencia de zonas no completamente cerradas adquiere una relevancia distinta.

Estos tres temas no son equivalentes, pero sí convergen en una misma lógica. Argentina ha mantenido, durante décadas, una política consistente en la defensa y proyección de sus intereses territoriales en el Atlántico Sur y el extremo austral.

Esa política incluye la reivindicación de las Malvinas/Falkland, la extensión de su plataforma continental, la consolidación de su presencia en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártica, donde su reclamación –formalizada en 1943– se superpone casi completamente con la chilena, definida en 1940 y ajustada en 1947, abarcando el sector entre los meridianos 53° y 90° oeste. En ese marco, incluso afirmaciones que pueden parecer aisladas o extemporáneas adquieren sentido como parte de una narrativa mayor.

Además, el énfasis chileno en respaldar las reivindicaciones argentinas sobre las Malvinas/Falkland introduce un factor de fricción innecesario con un estrecho y antiguo aliado de Chile: el Reino Unido.

Santiago y Londres mantienen relaciones diplomáticas desde 1826 y una cooperación histórica particularmente estrecha en el ámbito naval, desde la impronta de Thomas Cochrane en 1818 hasta programas contemporáneos de entrenamiento, interoperabilidad y transferencia tecnológica. A ello se suma el interés británico permanente en el Atlántico Sur, donde mantiene presencia militar en las islas y control de rutas estratégicas.

En ese contexto, un alineamiento discursivo más explícito con Argentina –sin los matices tradicionales de la diplomacia chilena– puede no romper la relación, pero sí introducir algún grado de tensión: menor margen de cooperación en defensa, incomodidad en foros multilaterales y una pérdida de equilibrio en un vínculo que ha sido históricamente funcional para la proyección marítima y estratégica de Chile.

Para nuestro país, el desafío no es responder a cada uno de estos episodios de manera aislada, sino entender el cuadro completo. Se trata de un escenario en el que confluyen soberanía terrestre, control de espacios marítimos, acceso a rutas estratégicas y posicionamiento en la Antártica, una región cuyo régimen –establecido por el Tratado Antártico de 1959– podría enfrentar tensiones crecientes hacia mediados del siglo XXI, especialmente en torno a la explotación de recursos.

Con ese telón de fondo, los matices discursivos, las zonas pendientes de delimitación y las interpretaciones jurídicas no son detalles menores, sino piezas de un tablero mayor.

Nada de esto implica desconocer la importancia de la relación bilateral. Chile y Argentina han construido, desde la década de 1990, un vínculo basado en la cooperación, la integración y la desactivación de hipótesis de conflicto que marcaron gran parte del siglo XX. Esa relación ha sido un activo estratégico para ambos países. Pero precisamente por eso, requiere claridad. Porque en política exterior la buena vecindad no se sostiene en la ambigüedad, sino en el respeto recíproco de intereses bien definidos.

Y ahí está el punto de fondo. Mantener una relación constructiva con Argentina es no solo deseable, sino también necesario, pero esa relación no puede construirse a costa de relativizar posiciones propias en materias sensibles, porque en el extremo austral, donde convergen territorios, océanos y proyecciones futuras, los gestos de hoy pueden convertirse en precedentes mañana. Y en ese terreno, Chile haría bien en recordar que la cooperación es una herramienta, pero el interés nacional –presente y futuro– es el límite.

Por : Alberto RojasDirector del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la U. Finis Terrae. @arojas_inte

Javier Couso y Ley Miscelánea del Presidente Kast: “A mi juicio es de dudosa constitucionalidad”

El constitucionalista cuestionó el diseño del megaproyecto del Gobierno, advirtiendo que mezclar múltiples materias en una sola iniciativa vulnera principios básicos de la técnica legislativa y podría abrir un conflicto ante el Tribunal Constitucional.

El ambicioso paquete de reformas presentado por el Gobierno no solo abrió un flanco político, sino también jurídico. Desde el mundo constitucional, ya advierten que la iniciativa podría enfrentar serios cuestionamientos por la forma en que fue diseñada.

Uno de los que encendió las alarmas fue el abogado constitucionalista Javier Couso, quien fue categórico al evaluar la Ley Miscelánea impulsada por el Presidente José Antonio Kast: “A mi juicio es de dudosa constitucionalidad”.

El académico planteó que el problema no radica únicamente en el contenido del proyecto, sino en su estructura, al reunir en una sola iniciativa materias tan diversas como seguridad, reconstrucción, reforma tributaria y permisología.

“Las leyes misceláneas son de técnica legislativa defectuosa”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que existe consenso en la doctrina constitucional sobre los riesgos de este tipo de iniciativas.

Según explicó, la Constitución chilena —en su artículo 69— prohíbe introducir indicaciones ajenas a las ideas matrices de un proyecto precisamente para evitar este tipo de situaciones.

El objetivo de esa restricción, sostuvo, es impedir que se generen proyectos “tipo árbol de navidad”, cargados de materias inconexas que dificultan una discusión legislativa seria. “Eso impide una deliberación informada, atenta, profunda, técnicamente eficaz”, advirtió.

Pero el diagnóstico de Couso va más allá. A su juicio, el proyecto del Ejecutivo no solo roza ese límite, sino que lo tensiona de una manera inédita. El punto crítico, explicó, es que la Constitución nunca previó un escenario en que fuera el propio Ejecutivo el que presentara un proyecto con múltiples “ideas matrices” simultáneas.

“El constituyente no se puso en la hipótesis de que el Ejecutivo presentara un proyecto con 15 o 16 ideas matrices (…) se va a plantear un problema constitucional evidente”, señaló.

En ese contexto, advirtió que el caso podría terminar en el Tribunal Constitucional, donde se abriría un debate complejo. “Es un caso difícil es un caso difícil porque el Tribunal Constitucional tiene que poner en la balanza dos cuestiones claves: por una parte, la debida deferencia al Parlamento y al Ejecutivo en sus labores colegisladoras y por otra parte, su deber de guardián de la Constitución”, explicó.

El análisis se produce luego de que el Gobierno presentara un paquete de cerca de 40 medidas, incluyendo la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la creación de un estatuto de invariabilidad por 25 años para grandes inversiones.

Para Couso, el riesgo no es solo jurídico, sino también político: al concentrar múltiples reformas en un solo proyecto, se abre espacio a negociaciones cruzadas —lo que denominó “pirquineo de votos”— que distorsionan el debate legislativo.