Tren de Aragua creó su propia plataforma de criptomonedas en Chile

El Tren de Aragua no solo lavó millones de dólares a través de movimientos en la banca nacional, sino que también creó su propia empresa de tecnología financiera (fintech), con sede en Santiago, para realizar transacciones en criptomonedas. La plataforma contaba con autorización de la CMF.

“Estimados, lamentamos los inconvenientes, estamos con algunos inconvenientes técnicos, trataremos de solucionarlo a la brevedad”, reza un banner rojo que aparece por estos días en la parte superior de la web de la empresa de criptomonedas chilena Plusspay, la que ofrece transacciones en distintas criptomonedas “estables” o stablecoins: Ethereum es la más famosa de ellas, pero también Polygon, Arbitrum y Optimism. 

Como se indica en el propio sitio web, cualquier persona podía transferir dinero en pesos chilenos a Plusspay, que posteriormente los convertía en dólares digitales (USDT) o USD Coin (USDC), para luego enviarlos a sus destinatarios finales, ya fueran billeteras virtuales o cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, los problemas de la fintech –una de las 179 autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operar en el país– exceden lo técnico. 

La plataforma de criptomonedas, que se jactaba de que “operamos bajo el marco regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)” y prometía “Registro y supervisión activa” forma parte de otro aspecto del entramado de lavado de activos del Tren de Aragua, con el objetivo de incorporar dinero depositado en bancos chilenos al mundo de las criptomonedas, en forma paralela al uso de aplicaciones como Binance y a la captación de ejecutivos bancarios, entre otras técnicas.

Días atrás sus dependencias, ubicadas en Providencia, fueron allanadas por detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), quienes no solo buscaban documentación y evidencia, sino también al dueño de la compañía, el ingeniero mecánico venezolano José Manuel Ríos Guaidó, a quien esperaban interrogar.

Ello no fue posible, dado que Ríos Guaidó, de 38 años y originario del estado Zulia, no estaba allí ni en ninguno de sus domicilios, incluyendo el que registraba en la calle Toro Mazote, en la llamada “Pequeña Caracas”. De hecho, se estima que es muy probable que se encuentre en Venezuela o Colombia, aseguran fuentes con conocimiento reservado del caso.

La trama societaria

Tal como se ha informado, en el contexto de la “Operación Tokio” –dirigida por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur–, la PDI comprobó movimientos bancarios por más de 84 millones de dólares, que fueron a parar a cuentas de criptoactivos en el extranjero y que, en su mayoría, pasaron por cuentas bancarias chilenas pertenecientes a dos personas jurídicas: BexGroup SpA y BexDigital Services SpA. La primera fue creada en agosto de 2022 por el venezolano Marco Reyes Acosta y la segunda en septiembre de 2022 por su compatriota Óscar Delgado Guerrero.  

Hay una tercera empresa que lleva el mismo prefijo (“Bex”), que fue creada en noviembre de 2022: Bexpay Business enterprises SpA, domiciliada en Toro Mazote 76, Estación Central, cuyo giro era asesoramiento en servicios digitales, software y hardware. Por cierto, dicha dirección corresponde a una torre de 28 pisos, pero en ninguna parte se especifica el departamento.

Esta empresa, a su vez, ya existía en Estados Unidos, pues el 6 de abril de ese mismo año Ríos Guaidó –por intermedio de una de tantas compañías que prestan servicio de apertura de giros comerciales en EE.UU.– creó Bexpay Business enterprises LLC en Miami, con domicilio postal muy cerca de Miami Beach. Dicha compañía –como pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador– sigue activa en Estados Unidos, aunque no registra movimientos en las declaraciones anuales que debe entregar, incluyendo la de este año, fechada en abril pasado. Cabe hacer notar que la dirección consignada en la constitución de esa sociedad en Florida fue la misma que en Chile: Toro Mazote 76, Santiago.

Una investigación de The Clinic señala que Óscar Delgado, actualmente en prisión preventiva, llegó a Chile en 2017 y posteriormente encontró trabajo en Madesa, lo que le permitió construir una vida aparentemente normal en el país. Sin embargo, en 2020 conoció a quien hoy se encuentra prófugo, ya que –según el medio– “la pareja de Ríos Guaidó había vivido con la familia de Delgado Guerrero en un departamento en Estación Central”.

Ríos Guaidó –agrega la publicación– “también aparece vinculado a otras dos empresas que habrían recibido miles de millones provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua”.

Bexpay no era la primera sociedad que creaba Ríos. En octubre de 2021 formó Inversiones Plusservice SpA, junto a su coterráneo Jesús Alberto Morillo Medina, la cual sufrió varias modificaciones y registra domicilio en una oficina de calle Guardia Vieja, en Providencia.

El 17 de mayo de 2023 este compró el dominio www.plusspay.com y el 4 de septiembre de ese año pidió al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) la inscripción de la marca “Plusspay”, lo que siguió la tramitación normal y terminó siendo aceptada.

El 11 de diciembre de 2023, en tanto, modificó los estatutos de Inversiones Plusservice SpA. El registro respectivo indica que el nuevo giro de esta será “la prestación de uno o más de los siguientes servicios y sus actividades complementarias que autorice la Comisión para el Mercado Financiero”, y enumera como actividades “asesoría crediticia”, “sistemas alternativos de transacción”, “asesoría crediticia y de inversión”, “custodia de instrumentos financieros” y “enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros”.

En la CMF y el mundo fintech

Gracias a ello, y como lo indica el propio sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF Chile), el 2 de enero de 2024 Ríos Guaidó inscribió su empresa ante el órgano regulador, como institución financiera no bancaria. La página de identificación de Plusspay indica que hasta el momento la compañía no registra sanciones, pero tampoco aparece mucha información acerca de ella. De hecho, ni siquiera figura la dirección o el fono de la fintech, y como correo de contacto aparece el gmail de Ríos Guaidó. 

En la web de la CMF tampoco están los datos relativos a la constitución legal de la empresa. En el LinkedIn de Guaidó, no obstante, aparece más información, incluyendo una bienvenida que le dio la asociación de fintechs chilena, hace dos años.

En la misma red social, Ríos dice que estudió ingeniería mecánica en la Universidad del Zulia, entre 2004 y 2009, que entre 2010 y 2018 fue ingeniero de operaciones en la PDVSA (la compañía estatal de petróleos venezolana), y luego aparece en Chile con varios trabajos: planificador y programador de mantenimiento en CMPC, entre 2019 y 2020; jefe de operaciones en Agrosuper, entre 2020 y 2021; y luego, pese a que los años no cuadran con lo que evidencia la documentación, “Fundador y CEO” de Plusspay, desde agosto de 2021. 

En los registros a los que accedió El Mostrador, Ríos Guaidó figura como propietario de una oficina, un estacionamiento y una bodega ubicados en un edificio de calle Antonio Varas, en Providencia, avaluados en 54 millones de pesos en total, así como propietario de una Toyota RAV 4 de color azul, año 2025, comprada al contado.

El Mostrador preguntó a la CMF si habían iniciado una investigación contra Ríos Guaidó, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de parte del organismo.

La megaestructura

Cabe indicar que al menos en una de las investigaciones anteriores sobre el Tren de Aragua, relativas a la estructura de lavado de activos de la organización, ya aparecieron antecedentes relativos a la plataforma Plusspay, que fue utilizada por uno de los miembros del TDA, perteneciente a la facción “Los Loyalty”, que operaba en Temuco y los cuales –como explicó en su oportunidad El Mostrador– registraban intercambio de dinero con miembros de la célula de “Los Piratas”, implicados en el secuestro y homicidio del teniente venezolano, la misma que está en el centro de la “Operación Tokio” junto a otro grupo, “Los Shelby”. 

Asimismo, en dicha indagatoria aparecieron vínculos con miembros de “Los hermanos Cartier”, que operaban en Puerto Montt, los que estaban conectados a su vez con las células de Iquique (“La compañía”) y de Valparaíso (“El Tren del Mar”). 

En otras palabras, como lo explican varios investigadores, aunque a nivel de comisión de delitos todos los brazos operan en forma independiente, se entrecruzan a nivel del entramado financiero, donde aparece en un lugar muy relevante la figura de Cheison Guerrero Palma, el medio hermano del líder máximo del TDA, Héctor “Niño” Guerrero.

Como ha informado este medio, la presencia de este en Chile hasta inicios de 2024, cuando huyó rumbo a México o Estados Unidos, fue detectada por el grupo especial de detectives que investigaba al TDA en Talca, los que determinaron que, pese a que este dirigía vía telemática (desde Santiago) los delitos que se cometían en la capital del Maule, fue enviado a Chile precisamente a supervisar las operaciones económicas del grupo. 

Por ello no fue casualidad que el Departamento del Tesoro de EE.UU. hubiera emitido sanciones, en diciembre de 2025, en contra de Cheison Guerrero, quien ahora aparece vinculado a sujetos que fueron detenidos en medio de la “Operación Tokio”. 

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur ya emitió una orden de detención en contra de Ríos Guaidó.

Registro de Vándalos: premiar el privilegio, castigar la vulnerabilidad

El autor de esta columna escribe sobre el eventual retorno de la selección académica y la creación de un Registro Nacional de Vándalos. Los une y concluye que “quizás la pregunta decisiva no sea cómo premiar a quienes han tenido éxito ni cómo castigar a quienes han fracasado en ajustarse a las normas sociales. La pregunta verdaderamente importante es cómo construir instituciones capaces de ofrecer a todos condiciones suficientemente justas para desarrollar sus capacidades y ejercer una libertad real”.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

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Dos debates ocupan actualmente la discusión pública chilena. El primero se refiere al eventual retorno de la selección académica por mérito en determinados establecimientos educacionales, el segundo propone la creación de un Registro Nacional de Vándalos que podría restringir el acceso a beneficios sociales para quienes participen en actos de violencia. A primera vista, ambos asuntos parecen no tener nada en común. Uno pertenece al ámbito de la educación, el otro al de la seguridad pública. Uno busca premiar, el otro, castigar. Sin embargo, ambos descansan sobre una misma intuición moral, a saber,  la idea de que las personas deben recibir oportunidades o sanciones en función de sus méritos y de sus decisiones. La fuerza de esta intuición es fácil de comprender. Quien se esfuerza merece avanzar, quien daña a otros merece asumir las consecuencias de sus actos. Buena parte de nuestras instituciones se construyen sobre estas convicciones. Sin ellas, parecería imposible hablar de responsabilidad individual o de justicia. Pero existe una pregunta previa que rara vez formulamos con suficiente seriedad: ¿hasta qué punto somos realmente responsables de las condiciones que hacen posibles nuestros éxitos y nuestros fracasos?
John Rawls observó hace décadas que nuestras vidas están atravesadas por dos formas de azar moral. La primera es la lotería natural: la distribución desigual de talentos, capacidades intelectuales, rasgos de personalidad y disposiciones temperamentales. La segunda es la lotería social: el conjunto de circunstancias familiares, económicas y culturales en las que nacemos. Ninguna de ellas es merecida. Nadie elige sus talentos iniciales ni el entorno en que desarrollará esos talentos. Sin embargo, ambas influyen profundamente sobre aquello que llegaremos a ser.
Esta observación parece evidente, sin embargo, sus consecuencias son profundamente incómodas ya que nos obligan a preguntarnos cuánto de aquello que llamamos mérito es realmente atribuible al individuo y cuánto es el resultado de ventajas que simplemente tuvo la fortuna de recibir.
El problema no es que el esfuerzo carezca de importancia. El esfuerzo importa, y mucho. El problema es que incluso la capacidad de esforzarse depende en gran medida de circunstancias que no hemos escogido. La confianza necesaria para perseverar, la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, el apoyo emocional de la familia, la valoración social de la educación o la existencia de un entorno mínimamente estable son condiciones previas para que el esfuerzo pueda desplegarse. Y esas condiciones están distribuidas de manera profundamente desigual.
Cuando observamos el rendimiento académico de un estudiante solemos creer que estamos observando únicamente sus capacidades y su dedicación. Pero también estamos observando años de apoyo familiar, acceso diferencial a recursos culturales, calidad de la educación recibida, estabilidad emocional y oportunidades acumuladas desde la infancia. Lo que aparece como mérito individual es, en buena medida, el resultado de una historia social.
Por supuesto, nadie sostiene que los individuos sean simples productos de sus circunstancias. Los seres humanos deliberan, eligen y pueden ser considerados responsables de sus acciones. Reconocer la influencia de los contextos sociales no equivale a negar la existencia de la libertad, pero tampoco debería llevarnos a ignorar el peso que tienen las condiciones de partida sobre nuestras trayectorias. Esta cuestión adquiere una relevancia especial cuando hablamos de pobreza. Con frecuencia la pobreza es entendida únicamente como la ausencia de recursos económicos, sin embargo, sus efectos son mucho más profundos. La pobreza restringe oportunidades educativas, deteriora la salud física y mental, incrementa la exposición a situaciones de estrés, debilita las redes de apoyo y reduce la capacidad de las personas para proyectar su vida más allá de las urgencias inmediatas. Limita no sólo lo que las personas tienen, sino también aquello que pueden llegar a ser. Por esta razón algunos autores han descrito la pobreza como una forma de violencia estructural. No porque toda desigualdad constituya una agresión deliberada, sino porque millones de personas ven limitadas sus capacidades fundamentales debido a circunstancias que jamás eligieron. La pobreza impone restricciones reales sobre la vida de quienes la padecen y lo hace de una manera que resulta, desde el punto de vista moral, profundamente arbitraria.
La pobreza constituye así una de las expresiones más visibles de la lotería social. Quienes nacen en contextos de privación no han hecho nada para merecer esa situación, del mismo modo que quienes nacen en hogares privilegiados no pueden atribuirse mérito por las ventajas que reciben desde el comienzo de sus vidas. La cuestión relevante no es si los individuos son responsables de sus actos. Lo son. La cuestión es si una sociedad justa puede ignorar el peso que estas circunstancias inmerecidas tienen sobre las trayectorias vitales de las personas.
La evidencia acumulada durante décadas muestra una relación consistente entre exclusión social y diversas formas de violencia. Esto no significa que la pobreza produzca inevitablemente conductas violentas. Sería absurdo sostener algo semejante. La inmensa mayoría de las personas que viven en condiciones difíciles jamás participa en actos de violencia. Pero también sería ingenuo negar que los contextos de exclusión modifican las probabilidades de ciertas conductas.
Los entornos sociales influyen sobre las expectativas, las aspiraciones y las alternativas que los individuos perciben como disponibles. Del mismo modo que las oportunidades favorecen determinados proyectos de vida, la privación favorece determinadas formas de frustración, desesperanza o conflicto. Los contextos violentos no producen necesariamente personas violentas, pero sí hacen más probable la aparición de respuestas violentas.
Es precisamente aquí donde los dos debates mencionados al comienzo vuelven a encontrarse.
Por una parte, la selección académica premia desempeños que están fuertemente condicionados por circunstancias que los individuos no eligieron. Por otra, el Registro Nacional de Vándalos busca sancionar conductas que también se encuentran influidas, aunque no determinadas, por condiciones sociales inmerecidas. En ambos casos opera una misma lógica, a saber, convertir circunstancias moralmente arbitrarias en criterios legítimos de distribución. En el primer caso, ventajas de origen se transforman en mérito. En el segundo, desventajas de origen se transforman en culpa.
Lo más paradójico es que los beneficios sociales cuya restricción se propone suelen ser precisamente los instrumentos destinados a corregir esas desigualdades iniciales. La educación, la salud, la vivienda o los programas sociales no son recompensas por buena conducta. Son mecanismos mediante los cuales una sociedad intenta compensar, al menos parcialmente, los efectos de la lotería social y natural. Retirarlos como forma de castigo implica debilitar las herramientas que podrían permitir a las personas modificar las condiciones que contribuyeron a producir el problema que se busca combatir.
Una sociedad democrática necesita responsabilizar a los individuos por sus actos, pero también necesita reconocer que ninguna biografía comienza desde el mismo punto de partida. Cuando olvidamos esta segunda verdad, corremos el riesgo de transformar el privilegio en mérito y la vulnerabilidad en culpa. Quizás la pregunta decisiva no sea cómo premiar a quienes han tenido éxito ni cómo castigar a quienes han fracasado en ajustarse a las normas sociales. La pregunta verdaderamente importante es cómo construir instituciones capaces de ofrecer a todos condiciones suficientemente justas para desarrollar sus capacidades y ejercer una libertad.
Mientras esa pregunta permanezca ausente, seguiremos confundiendo los efectos de la desigualdad con defectos del carácter y seguiremos llamando justicia a lo que muchas veces no es más que la reproducción, bajo nuevas formas, de ventajas y desventajas que nadie escogió.

Oficialismo expresa preocupación a La Moneda por cobro a deudores CAE: exige mayor prolijidad y pide ser flexibles con sueldos inferiores a $1,5 millones

 

Durante el comité político ampliado de esta jornada, dirigentes del oficialismo transmitieron al Gobierno su inquietud con los recientes embargos a morosos del CAE que los han dejado sin dinero en sus cuentas y que incluso habría afectado a personas con bajos ingresos. En ese marco, desde los partidos pidieron mayor sensibilidad en esta área, en una reunión en la que participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. "Desde RN pedimos al Gobierno que la cobranza judicial tenga criterio y sea menos estricta con quienes hoy ganan menos de $1,5 millones", dijo el diputado Eduardo Durán.

Con preocupación observaron desde el oficialismo las denuncias que se divulgaron durante el fin de semana de morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) que aseguraron que la Tesorería General de la República (TGR) les embargó el cien por ciento de su dinero, ante la instrucción del Gobierno de José Antonio Kast de hacer cumplir la ley y terminar con las señales de una condonación.

El organismo, de hecho, inició un proceso de cobro que permite a los bancos embargar dinero, propiedades e incluso vehículos a quienes no hayan regularizado su situación. Con esto, algunos deudores denunciaron en sus redes sociales que se quedaron sin nada de dinero en sus cuentas.

La situación provocó que durante el fin de semana desde la oposición anunciaran que oficiarían a la TGR para que dé cuenta de los criterios utilizados a la hora de la cobranza.

El mensaje al comité político

La preocupación, sin embargo, también se instaló en sectores del oficialismo, lo cual se transmitió directamente a La Moneda este mediodía durante el comité político ampliado que reúne a los principales dirigentes de partido con el Gobierno.

En la cita, según manifestaron presentes, los parlamentarios plantearon su inquietud por los casos conocidos durante los últimos días y consultaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -presente en la reunión-, sobre los criterios utilizados, en particular por las denuncias de embargo a personas con sueldos inferiores a los $3 millones.

Con ello, el jefe de la billetera fiscal destacó en primer lugar que la instrucción de cobrar la deuda ha dado positivos resultados, en el sentido de que más de 30 mil personas han regularizado su situación, lo que atribuyó al empeño que ha puesto el Gobierno de Kast en esta materia.

Además, según presentes, aseguró que no era la intención perseguir a personas con bajos sueldos y que el foco siempre se ha puesto en las remuneraciones más elevadas. “Lo que nos ha informado el ministro es que no ha ocurrido en los casos que son igual o inferiores a 1,5 millones, sino que desde 3 millones hacia arriba”, sostuvo la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse.

De todos modos, en los partidos subrayaron la necesidad de una mayor meticulosidad en esta materia, pues subrayaron que si bien están de acuerdo con el proceso de cobranza, también se debe tener sensibilidad con los casos de personas de menores recursos.

Piden mayor criterio y flexibilidad en la cobranza

“(Al Gobierno) se le pidió atención y prolijidad, porque ha habido algunos casos que se escapan a lo anunciado por el Gobierno. Y evidentemente que si el Gobierno hace un anuncio de a quiénes les va a cobrar, la intención es cobrarle a esas personas y no a otras. Por lo mismo, se pidió mayor prolijidad”, dijo tras la reunión el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Por su parte, el diputado RN Eduardo Durán comentó: “Es un deber ético devolver los recursos públicos en los que el Estado actuó como aval, porque el CAE no es gratuidad. Sin embargo, desde RN pedimos al Gobierno que la cobranza judicial tenga criterio y sea menos estricta con quienes hoy ganan menos de $1,5 millones, adaptándose a la difícil situación económica actual”.

“Hemos planteado que haya una mirada en ese sentido, que haya cierta flexibilidad para que se adecuen sus ingresos”, sumó Weisse.

Más tarde, en todo caso, fue el propio ministro Hacienda el que fue consultado por las recientes cobranzas. A la salida del Ministerio, Quiroz recalcó que el llamado que han hecho a que los deudores regularicen la deuda ha sido “exitoso”.

“Prácticamente 30 mil personas se han puesto al día. De ese total, se compara con menos de 1.500 que han sido embargados“, explicó.

Sobre los casos de cobros a personas que perciben un ingreso inferior a los $3,5 millones, precisó: “Voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta”.

Incendio en Río Negro arrasa cinco casas y deja tres lesionados

 

Un incendio estructural de gran magnitud destruyó cinco viviendas la tarde de este sábado 6 de junio en la población Alejandrino González, en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno. La emergencia, que obligó a declarar tres alarmas consecutivas por el riesgo de propagación a inmuebles colindantes, dejó además a tres personas lesionadas, entre ellas un voluntario de Bomberos.

El siniestro se concentró en el sector de calles Mario Sandoval con Alfredo Villarroel, donde las llamas avanzaron con rapidez y demandaron un amplio despliegue de unidades. Según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Negro, Gustavo Díaz, las cinco casas afectadas registraron daños superiores al 80% de su estructura.

Durante los primeros minutos, los voluntarios enfrentaron dificultades para sostener el combate por la baja presión de los grifos en el sector, lo que obligó a reforzar el suministro mediante apoyo externo. Para contener el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas, se sumaron camiones aljibe y unidades de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos de Purranque y del Cuerpo de Bomberos de Osorno.

Con ese refuerzo, las compañías desplegadas pudieron realizar maniobras de ataque simultáneo desde el frontis y desde la parte posterior de los inmuebles comprometidos, trabajando para contener los focos activos y enfriar las estructuras aledañas.

Lesionados y dificultades de acceso en el sector

El comandante Gustavo Díaz informó que el balance de salud dejó tres personas lesionadas: dos adultos mayores civiles y un voluntario de Bomberos. Todos fueron derivados al servicio de urgencia del hospital local para su evaluación médica.

En el lugar también se registraron complicaciones operativas por el acceso a las calles. Bomberos reportó que la alta densidad de vehículos particulares estacionados a ambos lados de la calzada dificultó el libre desplazamiento de los carros de emergencia, retrasando el posicionamiento de las unidades de material mayor en puntos clave para el combate.

Pese a esas condiciones, el trabajo coordinado entre las compañías y el apoyo logístico permitió controlar el avance del fuego y reducir el peligro de propagación hacia viviendas vecinas, en un sector de alta concentración habitacional.

Albergue, FIBE y apoyo municipal a damnificados

A la emergencia concurrió el encargado de la oficina de emergencias municipal, Pedro Aguilar, quien se constituyó en el sector junto al alcalde y concejales. De acuerdo con lo informado, el municipio activó de inmediato la sede social de la población Alejandro González para habilitarla como albergue temporal para las familias damnificadas.

El plan de respuesta municipal contempla que este lunes se inicie el catastro definitivo mediante la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite levantar información sobre los daños y necesidades de los afectados para canalizar ayudas.

Además, se coordinará el retiro de escombros mediante la Dirección de Aseo y Ornato, junto con gestiones orientadas a soluciones habitacionales transitorias. Entre las medidas señaladas se consideran subsidios de arriendo o la asignación de viviendas de emergencia estatales, según la evaluación social y técnica que se realice tras el levantamiento de antecedentes.

En paralelo, la causa y el origen del incendio en Río Negro quedaron bajo investigación del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, que realizará las pericias correspondientes para establecer cómo se inició el fuego.

Tras la emergencia, las autoridades reiteraron el llamado a la mantención mensual de los ductos de evacuación de gases, en un periodo marcado por el aumento del uso de calefacción domiciliaria. Mientras avanzan las indagatorias, el balance en terreno se mantiene en cinco viviendas con daños superiores al 80% y tres personas lesionadas derivadas a evaluación médica, con apoyo municipal activado para atender a los damnificados.

Terremoto en Seguridad: ministro Arrau pide la renuncia de subsecretarios Jouannet y Quintana

A semanas de asumir la cartera, Martín Arrau removió a los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito. La decisión se produce en la antesala de la presentación del nuevo plan de seguridad del Gobierno ante el Congreso. Amarillos pierde a su representante en el Gobierno.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, concretó este martes uno de los cambios más relevantes desde su llegada al gabinete al solicitar la renuncia de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes encabezaban las áreas de Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

La decisión fue comunicada durante la mañana por el propio secretario de Estado, en el marco de un proceso de revisión interna que comenzó tras el cambio de gabinete que significó la salida de Trinidad Steinert de la cartera.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, Arrau sostuvo reuniones con ambas autoridades cerca de las 08:00 horas para informarles personalmente su salida. La medida responde a la intención del ministro de reorganizar el funcionamiento de la cartera y comenzar a imprimir un sello propio a la gestión de seguridad del Gobierno.

Aunque la designación de subsecretarios corresponde formalmente al Presidente de la República, desde el Ejecutivo señalan que José Antonio Kast otorgó amplio margen de acción a Arrau para conformar su equipo y desarrollar la agenda de seguridad que pretende impulsar durante los próximos meses.

La remoción de Jouannet, el único representante del partido Amarillos que estaba en el Gobierno, marca además el fin de una de las apuestas políticas más relevantes que realizó José Antonio Kast al conformar el Ministerio de Seguridad. El exdiputado y presidente de Amarillos por Chile había sido defendido públicamente por el entonces Mandatario electo cuando enfrentó cuestionamientos por antiguos vínculos societarios con empresarios posteriormente involucrados en el caso “Tragamonedas”, que es investigado judicialmente.

En febrero, Kast fue enfático al respaldarlo. “Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”, afirmó entonces, agregando que los antecedentes eran conocidos con anterioridad a su nombramiento y que no existían cuestionamientos a su desempeño. El hoy Presidente también destacó la experiencia del exparlamentario como diputado, exdelegado provincial e intendente, señalando que conocía en profundidad materias vinculadas a seguridad y crimen organizado.

Desde el entorno presidencial se consideraba que Jouannet cumplía un rol relevante en el diseño político de la cartera debido a su experiencia legislativa y a las redes que mantenía en el Congreso, particularmente en materias de seguridad pública y Macrozona Sur. Incluso, pese a los cuestionamientos surgidos antes de asumir el cargo, el Ejecutivo ratificó en su momento que los antecedentes habían sido revisados y que no constituían un impedimento para su nombramiento.

El vínculo político entre ambos también se fortaleció tras la elección presidencial. Luego del triunfo de Kast, Jouannet sostuvo que “nadie se puede restar a este gran desafío que es sacar este país adelante” y manifestó su disposición a colaborar con la nueva administración. Incluso, al ser consultado sobre una eventual incorporación al gobierno, señaló que prefería mantenerse ligado al mundo académico, aunque advirtió que “a los presidentes es muy difícil decirles que no”.

Por eso, su salida, junto con la de Quintana, ocurre en una semana especialmente sensible para el Gobierno. La seguridad fue uno de los ejes principales de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast y durante las próximas horas el ministro deberá presentar ante el Congreso los lineamientos de la nueva estrategia de seguridad pública.

Está previsto que Arrau exponga este martes ante el Senado y que el miércoles haga lo propio ante la Cámara de Diputados, en una serie de encuentros donde se detallarán las principales medidas que el Ejecutivo busca implementar en la materia.

Durante sus primeras semanas en el cargo, el ministro ha desarrollado una intensa agenda de trabajo, que ha incluido visitas a unidades policiales, recintos penitenciarios y reuniones con autoridades vinculadas al combate del delito y el crimen organizado.

Asimismo, ha sostenido encuentros con exautoridades del sector, entre ellos el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario Felipe Harboe. Ambos figuran entre los nombres que Arrau pretende incorporar a un futuro consejo consultivo que apoye el diseño y seguimiento de las políticas públicas en seguridad.

La salida de los subsecretarios también se interpreta como un intento por cerrar el ciclo marcado por la gestión de Trinidad Steinert y las tensiones que derivaron en su salida del gabinete, especialmente tras los cuestionamientos por la ausencia de un plan formal de seguridad presentado ante el Congreso.

Respecto de los reemplazos, desde el Ejecutivo indicaron que los nombres están siendo evaluados y que serán informados próximamente. Mientras tanto, el ministerio continuará trabajando en la implementación de la agenda que el Gobierno considera prioritaria en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado.

Grupo Hijuelas inaugura en Osorno la planta de procesamiento de avellano más austral del mundo

 

Este viernes 29 de mayo, a las 10:30 horas, el Grupo Hijuelas realizará la inauguración oficial de su nueva planta de procesamiento de avellano europeo en Osorno. La ceremonia contará con la presencia del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la bendición del obispo de la ciudad, Carlos Godoy.

La infraestructura, situada en la Panamericana Norte a la altura del sector Las Quemas, representa un hito para la zona sur del país. Según explicó Gaspar Goycoolea, presidente del Grupo Hijuelas, se trata de la planta de proceso de avellanos más austral del mundo.

Impacto regional y procesos industriales

La nueva instalación está diseñada para realizar tareas críticas en la cadena de valor del fruto: secado, calibraje, craqueado y exportación. Su radio de acción principal será el procesamiento de la producción local de las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Este proyecto es el resultado de más de 12 años de trabajo de la empresa en la zona. El objetivo es fomentar el desarrollo agrícola y ofrecer una alternativa de reconversión o complemento para productores ganaderos y lecheros.

Tecnología global y socios estratégicos

La planta destaca por integrar tecnología de punta a nivel mundial, fruto de una colaboración multicultural que incluye capitales y conocimientos de Holanda, Alemania y Estados Unidos.

En particular, la sociedad cuenta con la participación de una de las familias más tradicionales de la industria del avellano en Oregón, Norteamérica. Esta alianza busca garantizar estándares de calidad internacional y generar empleos estables en el ámbito rural.

Chile como potencia mundial para 2035

El mercado del avellano europeo en Chile ha experimentado un crecimiento acelerado. Actualmente, el país se sitúa como el primer productor del hemisferio sur y el segundo a nivel mundial.

«Para el año 2035, Chile va a ser el productor número uno del mundo en avellana europea», proyectó Goycoolea. Actualmente existen entre 50 y 55 mil hectáreas plantadas, pero el mercado tiene capacidad para superar las 110 mil hectáreas.

Vínculo con la industria del chocolate

El destino principal de esta producción es el mercado industrial, específicamente las grandes empresas chocolateras globales como Ferrero (AgriChile) y Storck.

Se estima que entre el 80% y el 85% del mercado mundial de la avellana está ligado a la industria del chocolate. Por ello, representantes de estas firmas internacionales asistirán a la inauguración en Osorno.

La puesta en marcha de esta planta no solo refuerza la posición exportadora de la región, sino que asegura una logística eficiente para una especie que, según la empresa, ha encontrado en el sur de Chile su «casa real» por las condiciones climáticas óptimas para su cultivo.

ENTREVISTA DE CAMPO AL DIA: Gaspar Goycolea.

Seremi de Salud acuerda formar mesa de trabajo con gremios para revisar protocolos en torno a Fiebre Q

Representantes de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago A.G.) se reunieron este martes 26 de mayo con la seremi de Salud, Evelyn Brintrup, y el diputado Daniel Lilayu, para abordar de manera conjunta problemáticas sanitarias locales que afectan tanto a la producción como a los trabajadores agrícolas.

Uno de los temas centrales del encuentro, que tuvo lugar en el Recinto Sago y contó con la presencia del diputado del Distrito 25, Daniel Lilayu; el director de Sago Ricardo Riegel y el gerente general, Claudio Esparza, fue la solicitud del gremio en relación a la necesidad de actualizar y modernizar el protocolo de la Fiebre Q.

Ricardo Riegel, director de Sago A.G. explicó que el actual documento data de 2018 y necesita ajustarse a la realidad actual, comparando la situación con «si hubiésemos mantenido el protocolo de COVID del inicio de la pandemia». Destacó, además, la importancia de escalar estas necesidades locales, ya que muchas veces los problemas de la zona sur son poco considerados en Santiago.

El “Protocolo de Vigilancia de Trabajadoras y Trabajadores Expuestos a Coxiella burnetii (agente etiológico Fiebre Q)” fue desarrollado por el Ministerio de Salud en 2018, en un contexto en que la enfermedad recién comenzaba a ser identificada y caracterizada en Chile.

“A más de siete años de su implementación, y considerando la experiencia acumulada a nivel nacional, resulta pertinente revisar y actualizar dicho protocolo”, enfatizó Riegel.

Entre las propuestas de mejora planteada por Sago A.G. se considera el fortalecimiento de la capacitación técnica y médica, la confirmación diagnóstica mediante PCR para casos agudos y de otorgamiento de licencias médicas, el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica regional y la comunicación oportuna al empleador frente a casos confirmados.

Verificación de las medidas

Al respecto, la seremi Evelyn Brintrup mostró su disposición a revisar las normativas, asegurando que se realizará un análisis con expertos para garantizar que las medidas preventivas sean reales, atingentes y eviten complicaciones en la salud pública.

“Pero lo más importante es trabajar con la comunidad que está in situ para verificar si las medidas corresponden o son atingentes y reales; el trabajo tiene que ser en conjunto”, sostuvo.

La autoridad calificó el encuentro como «muy positivo» y aseguró que esta será la primera de muchas mesas de trabajo directo con SAGO y los distintos gremios agrícolas.

Subrayó que el objetivo de este despliegue territorial es favorecer el emprendimiento del sector agropecuario y, al mismo tiempo, cuidar de manera eficiente la salud de toda la población de la comuna y la región.

Otras preocupaciones locales

Durante la instancia, la autoridad sanitaria también encendió las alertas por el aumento de otras enfermedades zoonóticas en la región. Sobre el virus Hanta, confirmó la existencia de siete casos este año, de los cuales cinco personas han fallecido.

Para enfrentar esta emergencia, dio a conocer un trabajo educativo interministerial junto al Ministerio de Agricultura y, en particular con Conaf e Indap.

Asimismo, advirtió sobre las altas tasas de hidatidosis en sectores como Palena y San Juan de la Costa, frente a lo cual se implementarán acciones conjuntas con municipios para entregar información sobre fosas sépticas y desparasitarios para perros, cortando así el ciclo de transmisión del parásito.

Por su parte, el diputado del Distrito 25, Daniel Lilayu, valoró la rápida respuesta de la seremi y destacó la necesidad de proteger a la región, a la que calificó como «la patria de la leche y la carne».

Además de la Fiebre Q, el parlamentario puso sobre la mesa la preocupación por el grave daño causado por los perros ferales, informando la reciente presentación de un proyecto de ley que busca dar una solución definitiva a este problema y proteger la economía familiar campesina.

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Recortes sugeridos por ministro Quiroz apuntan a restar cerca de $427 mil millones a programas para adultos mayores

 

REDUCCIONES PROPUESTAS POR HACIENDA AFECTARÍAN A UNAS 900 MIL PERSONAS MAYORES

Por Diego Ortiz, Francisca Soto y Mauricio Weibel Barahona

La lista elaborada por Hacienda propuso por escrito disminuir desde 2027 al menos un 15% del presupuesto para las pensiones del Sistema de Reparto, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, las Residencias de Protección para Mayores, las Residencias Comunitarias para Personas Mayores, el Fondo Subsidio ELEAM, el Bono Bodas de Oro y el Programa de Viviendas y Apoyos para Personas Mayores. El ministro Jorge Quiroz, además, recomendó eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Algunos de los recortes diseñados por Hacienda no esperaron hasta el próximo presupuesto. Ya este año se rebajó en $318 millones el financiamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y en otros $310 millones el programa Participación y Formación de Personas Mayores.

Créditos imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó recortar este año $318 millones del presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y otros $310 millones del Programa de Participación y Formación de Personas Mayores. Al mismo tiempo, propuso “descontinuar” o “rebajar” desde 2027 otros $427 mil millones del financiamiento de nueve programas que benefician a más de 900 mil adultos mayores, como revela documentación oficial revisada por CIPER.

En detalle, Hacienda planteó por escrito –en una circular del 21 de abril– reducir en al menos un 15% las Pensiones del Sistema de Reparto, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, las Residencias de Protección para Mayores, las Residencias Comunitarias para Personas Mayores, el Fondo Subsidio ELEAM, el Bono Bodas de Oro y el Programa de Viviendas y Apoyos para Personas Mayores. Además, el ministerio recomendó eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. 

Los ministerios a cargo de estos programas son Salud, Trabajo y Desarrollo Social. CIPER les consultó si ejecutarán estás recomendaciones y, de hacerlo, cómo se materializarán, puesto que algunas de ellas requieren de modificaciones legales para poder realizarse. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) respondió que los presupuestos de los programas a su cargo no serán rebajados de forma inmediata, sino que primero pasarán a una evaluación de diseño. 

Por su parte, la Subsecretaría de Previsión Social –entidad dependiente del Ministerio del Trabajo– señaló, en relación a eventuales rebajas a las pensiones que fueron otorgadas por el antiguo sistema de reparto, que “los beneficios sociales que están otorgados por ley sólo pueden ser modificados en virtud de otra ley”. Respecto al oficio enviado por el ministro Quiroz, esta subsecretaría afirmó que este documento no es vinculante, remarcando que “se trata de sugerencias y recomendaciones, algo que el propio ministro Quiroz ha señalado públicamente”. 

Por último, la subsecretaría agregó que el gobierno “se ha puesto como meta la eficiencia de los recursos públicos en un contexto de estrechez fiscal y, por lo mismo, la Subsecretaría de Previsión Social está realizando cruces de datos e información, para verificar que quienes están recibiendo beneficios sociales desde el Estado, cumplan con todos los requisitos legales exigidos”.

Al cierre de este reportaje, el Ministerio de Salud no entregó una respuesta.

Asimismo, y en paralelo a recomendar estos recortes y descontinuaciones, Hacienda también sugirió rebajar un 15% del presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio social que, en campaña, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast prometió que no sería afectado (vea reportaje de CIPER sobre la propuesta de recorte a la PGU). 

Excluida la PGU del análisis, la mayor rebaja propuesta por Quiroz a planes sociales en favor de los adultos mayores apunta a las Pensiones del Sistema de Reparto, las que son cobradas por 546 mil personas con jubilaciones y montepíos provenientes del antiguo sistema previsional chileno.

REFORMA LEGAL

El exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, dijo a CIPER que un recorte que afecte a las pensiones del antiguo sistema de reparto requiere, inevitablemente, de una reforma legal, al tiempo que recordó que la última vez que estas pensiones fueron intervenidas fue en 1985, cuando el entonces ministro de Hacienda, Hernán Büchi, retuvo de forma parcial el reajuste de las pensiones del sistema de reparto.

En términos legales, lo mismo sucede con el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), que es un complemento económico mensual financiado por el Estado, el que fue diseñado para aumentar las pensiones de vejez más bajas de las personas pertenecientes al 60% más vulnerable de la población. Este beneficio fue reemplazado de manera general por la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero se mantiene para 156 mil personas cuyo APSV es mayor a la PGU. El recorte recomendado por Quiroz establece una rebaja mínima de $66 mil millones en su presupuesto.

Otra de las rebajas más relevantes se relaciona con el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, el que beneficia a 900 mil personas. El objetivo de esta iniciativa es entregar alimentos fortificados con micronutrientes a los adultos mayores, con la finalidad de prevenir carencias nutricionales, mantener la funcionalidad física y promover un envejecimiento saludable.

RECOMENDACIONES SIN SUSTENTO TÉCNICO

Sin embargo y como observó CIPER, tampoco hay bases técnicas para las medidas propuestas por Quiroz. Al igual que en el caso de la rebaja de la PGU, las sugerencias del ministro de Hacienda para los restantes programas que atienden necesidades de personas mayores tampoco están basadas en evidencia económica o en informes formales de la Dirección de Presupuesto (vea el artículo de CIPER sobre la falta de sustento técnico en la recomendación de recorte de la PGU>).

Por ejemplo, Quiroz propuso descontinuar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes que beneficia a 183 mil personas, pese que éste fue “recomendado favorablemente” en una evaluación ex ante de 2021 y que presentó un desempeño medio en evaluaciones posteriores, las que destacaron el aumento de su cobertura, aunque detectaron la necesidad de fortalecer su focalización. Por cierto, como comprobó CIPER, en ningún informe hasta ahora se planteó eliminarlo como sugirió el ministro Quiroz en su circular del 21 de abril (ver último informe disponible).

Respecto de la reducción en $322 mil millones en el presupuesto de las pensiones del sistema de reparto, tampoco existe ningún reporte técnico o legal que sustente esta medida. De hecho, este es un beneficio legal adquirido que no se puede eliminar o recortar sin un cambio legal. 

Hasta ahora, los estudios existentes se centran en análisis sobre su cobertura futura, la que debiera extinguirse con gradualidad. Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo –titulado “Desmitificando los Sistemas de Reparto y de Capitalización Individual”– estimó que en 2025 el gasto en este ítem equivalió a un 1,1% del PIB, cifra que se reducirá a un 0,06% en 2050.

Al igual que en el caso de la PGU, el gasto administrativo de este programa es de 0,13%, por lo que, aunque se eliminará todo el costo burocrático, una rebaja del 15% supondría reducir los pagos de las pensiones de forma inevitable (ver informe de la Dipres).

En relación al Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, el último informe de la Dipres, que data de 2024, señala que el programa enfrenta un déficit financiero, debido a un aumento de la demanda. Es decir, el número de personas que tienen derecho a solicitar sus beneficios ha crecido más de lo esperado, por lo que esta situación empeoraría si se implementara la rebaja propuesta por Quiroz. También, el informe de la Dipres recuerda que este programa fue recomendado favorablemente en una evaluación ex ante de 2016 y que en 2020 se evaluó que había cumplido parcialmente sus objetivos. Asimismo, en el citado informe de 2024 se valora que no presenta problemas en el gasto administrativo (ver documento).

Por último, cabe destacar que hay otra serie de programas que el ministro Quiroz propuso “descontinuar” o “rebajar” y que también van en apoyo a personas mayores, aunque no son exclusivos para ellas. Entre ellos es posible mencionar los programas de Hospitalización Domiciliaria, Inmunizaciones, el Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria, el Plan Nacional de Demencia y el de Cuidados Paliativos Universales en la Atención Primaria de Salud.

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca abordar el deterioro de la condición funcional de la población de 60 años o más, beneficiaria de los establecimientos de atención primaria del sector público de salud, a través de tres componentes: Intervención sociosanitaria promocional y preventiva para mantener y/o mejorar la condición funcional; Fomento del autocuidado y estimulación funcional en las organizaciones sociales y servicios locales; y Plan de formación continua para equipos del programa Más Adultos Mayores Autovalentes.   Año de inicio: 2015 Año de término: Permanente   Ejecutores: Municipio, Servicio o Institución Pública, Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro).

 

PROPÓSITO

Personas de 60 años o más usuarias de los establecimientos de atención primaria de salud del sector público de salud.

 

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1.  Focalización   El programa no presenta criterios de focalización claros y objetivos que permitan definir la población a atender en el mediano plazo. El programa presenta criterios de priorización en la definición de la población objetivo los que deben ser incluidos en la población beneficiaria.   La población beneficiada no presenta criterios de priorización claros y objetivos para su selección en el 2023. Dado que el programa cuenta con cupos debe definir cómo ordena y selecciona a sus beneficiarios.   2.  Eficiencia y ejecución presupuestaria   El gasto total ejecutado por el programa difiere de la suma de los gastos por componentes y gasto administrativo informados. Esta inconsistencia reportada por el Servicio podría afectar la confiabilidad de los indicadores de la sección de Eficiencia.   3.  Eficacia   Indicador de propósito 1: El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. Existe inconsistencia en el número total personas que egresan del programa en el año incluidos en el denominador del indicador y en lo señalado en la población beneficiada.   Indicador de propósito 2: El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. Existe inconsistencia en el número total personas que egresan del programa en el año incluidos en el denominador del indicador y en lo señalado en la población beneficiada.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí   2021: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí 2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: Sí   2020: Evaluación de Programas Gubernamentales - Desempeño Medio

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN
POBLACIONES
	Población objetivo Personas de 60 años y más, beneficiarios de FONASA, inscritas validadas en Centros de Salud de Atención Primaria, autovalentes y en riesgo de dependencia. Para designar los establecimientos que el programa, basándose en la disponibilidad presupuestaria, se utilizan los siguientes criterios de priorización y asignación, para determinar los establecimientos de salud: -  Magnitud de población inscrita validada en establecimientos de APS, priorizando aquellos establecimientos de atención primaria que cuenten con 20.000 o más personas inscritas. -  Magnitud por edad de población inscrita validada en comunas: corresponde a comunas que, pese a no cumplir con el criterio anterior, presenten una población de personas de 60 y más años de 1000 o más personas mayores.   Una vez cumplidos los criterios anteriores, se realiza un ranking que considera los siguientes criterios de priorización de estos establecimientos o comunas:   -     Establecimientos o comunas con mayor vulnerabilidad socioeconómica (Pobreza, Ruralidad según CASEN). -  Establecimientos o comunas indicadores sanitarios asociados a muertes prematuras superiores (Años de Vida Perdidos según Estadísticas Vitales del INE). -   Establecimientos o comunas que cuentan con una valoración adecuada por parte del Servicio de Salud correspondiente respecto a su capacidad de gestionar e implementar el Programa (solicitud o valoración del Servicio de Salud respecto a la implementabilidad del programa).   Los criterios antes mencionados permiten ordenar a las comunas y/o establecimientos considerados como prioritarios para la implementación. La definición de cuantas y cuáles comunas serán beneficiadas por el programa depende de la disponibilidad presupuestaria que limita el número de comunas y/o establecimientos en que se puede implementar el programa. Para el ingreso de las Personas Mayores al Programa, se establecen los siguientes criterios:   - Personas de 65 años y más, beneficiarios de FONASA, inscritos en centros de salud de atención primaria, con su Examen de Medicina Preventiva vigente y con resultado de Autovalente Sin Riesgo, o Autovalente Con Riesgo o En Riesgo de Dependencia, que manifieste su participación informada y voluntaria mediante la firma del Compromiso Informado. -  Personas entre 60 y 64 años, beneficiarios de FONASA, inscritos en centros de salud de atención primaria, con su Examen de Medicina Preventiva Vigente, que manifiesten su participación informada y voluntaria mediante la firma del Compromiso Informado. Se considerará el control Cardiovascular vigente como requisito de ingreso, en caso de no contar con el Examen de Medicina Preventiva, en personas de 60 a 64 años. -  Existencia de dotación disponible del personal de salud para la derivación y acceso de los beneficiarios al programa.
	Población beneficiada Corresponde a las personas de 60 y más años que cumplen con los criterios de ingreso al programa (examen de medicina preventiva vigente, autovalente y que voluntariamente ingresan al programa) beneficiarias de los centros de salud en los que se desarrolla el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.

 

COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	55,0%	68,3%	82,6%

* Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA
Ejecución presupuestaria1 por año (M$2024)		Presupuesto (M$2024)
		2021	2022	2023
	Presupuesto Inicial2	16.834.065	16.711.618	17.433.623
	Presupuesto Final3	16.812.427	16.711.618	17.442.420
	Recursos Ejecutados (M$2024)
	Presupuesto Ley Ejecutado4	16.822.086	16.720.683	17.357.691
	Recursos Gobiernos Regionales5	-	-	-
	Recursos Extrapresupuestarios 6	-	-	-
	Total Ejecutado7	16.822.086	16.677.601	17.365.143

1  La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.

2 El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente

por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.

3 El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

4 Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.

5 Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

6 Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.

7 Total de gastos ejecutados por parte del programa.

 

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$2024) *                                 OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M$2024)

* Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

 

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M$2024)
Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M$2024)
21 (Gastos en personal)	1.253.231

22 (Bienes y servicios de consumo)	110.607
24 (Transferencias Corrientes)	15.993.853
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	17.357.691

* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$2024)
Componentes (unidad de producción) *	Gasto ejecutado (M$2024)			Producción (unidad)			Gasto unitario (M$2024)
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA PROMOCIONAL Y PREVENTIVA PARA MANTENER Y/O MEJORAR LA CONDICIÓN FUNCIONAL (Talleres realizados y evaluados por los participantes.)	16.417.335	16.275.812	16.905.452	72.620	136.667	374.057	226,1	119,1	45,2
FOMENTO DEL AUTOCUIDADO Y ESTIMULACIÓN FUNCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SERVICIOS LOCALES. (Organizaciones Sociales con Líderes Comunitarios Capacitados)	395.092	392.723	417.582	4.280	4.637	6.800	92,3	84,7	61,4
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EQUIPOS DEL PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES (Profesionales capacitados por el programa.)	0	0	34.346	0	0	560	N/A	N/A	61,3
Total Gastos Componentes	16.812.427	16.668.535	17.357.381
Porcentaje Gastos Componentes	99,9%	99,9%	100,0%
Total Gasto Administrativo	9.659	9.066	7.763
Porcentaje Gasto Administrativo	0,1%	0,1%	0,0%
Total Ejecutado	16.822.086	16.677.601	17.365.143

* Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

 

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	231.230	1,3%	1.316	0,8%
Tarapacá	221.999	1,3%	2.877	1,7%
Antofagasta	261.194	1,5%	2.033	1,2%
Atacama	214.096	1,2%	1.622	1,0%
Coquimbo	810.988	4,7%	9.694	5,9%
Valparaíso	2.063.404	11,9%	20.221	12,2%
Libertador General Bernardo OHiggins	1.011.026	5,8%	8.927	5,4%
Maule	1.284.347	7,4%	13.777	8,3%
Bíobío	1.826.128	10,5%	19.815	12,0%
Ñuble	516.229	3,0%	4.932	3,0%
La Araucanía	1.140.355	6,6%	11.020	6,7%

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Los Ríos	713.908	4,1%	4.404	2,7%
Los Lagos	1.224.080	7,1%	9.307	5,6%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	73.303	0,4%	111	0,1%
Magallanes y Antártica Chilena	112.418	0,6%	1.127	0,7%
Metropolitana de Santiago	5.652.676	32,6%	54.012	32,7%
TOTAL	17.357.381	100%	165.195	100%

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA
INDICADORES DE PROPÓSITO
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de población mayor a 60 años que mantiene o mejora su condición funcional según Cuestionario de Funcionalidad	(Nº de personas egresadas del programa que mantienen o mejoran su condición funcional según cuestionario de funcionalidad en el año t / Nº de total personas que egresan del programa en el año t) x 100	Unidad de medida: Porcentual   Dimensión: Eficacia   Periodicidad: Anual   Sentido de medición: Ascendente	98,00%	100,00%	100,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de población de 60 años y más que mantiene o mejora su condición funcional según Test Timed Up and Go	(N° de personas egresadas del programa que mantienen o mejoran su condición funcional según Test Timed Up and Go en el año t/ N° total de personas que egresan del programa en el año t) x 100	Unidad de medida: Porcentual   Dimensión: Eficacia   Periodicidad: Anual   Sentido de medición: Ascendente	50,00%	65,00%	67,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de beneficiarios que egresan de los talleres de intervención sociosanitaria (asisten en un porcentaje mayor o igual al 75% de los Talleres	(N° de beneficiarios que egresan (asistencia mayor o igual al 75%) de los talleres implementados en el año t / N° de beneficiarios que ingresan a los talleres implementados en el año t) x100	Unidad de medida: Porcentual   Dimensión: Eficacia   Periodicidad: Anual   Sentido de medición: Ascendente	67,00%	49,00%	50,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de organizaciones que han ingresado al programa cuentan con lideres capacitados por el programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	(N° Organizaciones que cuentan con Líderes Comunitarios Capacitados por el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en el año t/ N° de organizaciones ingresadas al programas Más Adultos Mayores Autovalentes ) x 100	Unidad de medida: Numérico   Dimensión: Eficacia   Periodicidad: Anual   Sentido de medición: Ascendente	0,49	0,61	0,82	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

Porcentaje personas que componen los equipos de salud capacitados y aprobados en el desarrollo y ejecución del Programa MASAMAV

(N° de personas que componen los equipos de salud capacitadas y aprobadas en el desarrollo y ejecución del Programa MASAMAV en el año t / N° de personas que componen los equipos de salud y que acceden a la capacitación en el desarrollo y ejecución del Programa MASAMAV en el año t) x 100

Unidad de medida: Porcentual   Dimensión: Eficacia   Periodicidad: Anual   Sentido de medición: Ascendente

N/A**

S/I*

56,00%

No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, dado que éste último no fue reportado.

* S/I: Valor de indicador no informado.

** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.

*** N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

 

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA

INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 2:   •  El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. Falta incluir la temporalidad en el denominador de la fórmula de calculo, debe corregir la unidad de medida de manera de reflejar lo que mide con su fórmula de cálculo y ser coherente con lo indicado en su nombre (porcentaje).

 

V. OTROS ATRIBUTOS

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:   • Dimensión Salud, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Acceso a salud

 

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

 

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

VII. NOTAS TÉCNICAS
Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.
Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.
Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.   Inflactores:
Año                                                                                                             Inflactor
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1
Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 18:0