Sebastián Urrejola Aranda salió de la Delegación Presidencial Provincial tras un lapidario informe de la Contraloría Regional de Atacama.
El organismo acreditó que la exautoridad mantenía una ocupación irregular en un inmueble fiscal en el sector de Portofino.
El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, luego de que la Contraloría de Atacama acreditara que mantenía una ocupación ilegal de un terreno fiscal en el sector de Portofino.
La decisión, comunicada por el Ministerio del Interior, responde a una grave vulneración del principio de probidad administrativa, tras detectarse que la exautoridad utilizó de forma irregular el inmueble de 1.000 metros cuadrados durante un periodo estimado de 16 años.
La salida de Urrejola se concretó tras un pronunciamiento del organismo contralor fechado el pasado 7 de agosto. El Ejecutivo fundamentó la remoción bajo la premisa de que los representantes gubernamentales deben mantener una conducta intachable frente al uso de bienes del Estado.
"El Gobierno reitera que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y por ende, el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece", indicó el Ejecutivo en un comunicado oficial.
Detalle de la ocupación: 16 años de irregularidad
La investigación tuvo su origen en una denuncia con reserva de identidad procesada por la Contraloría Regional.
Los antecedentes presentados por la Seremi de Bienes Nacionales revelaron que la ocupación no era desconocida para los registros técnicos, ya que se habían realizado advertencias previas años atrás.
Según detalla el informe de fiscalización, un catastro efectuado en 2019 ya había detectado una ocupación irregular asociada a Urrejola, condición que volvió a ser constatada durante una fiscalización realizada en terreno el 2 de junio de este año.
Se trata de una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, que se encontraba cercada y contaba con una construcción de material ligero. El terreno era utilizado principalmente por la exautoridad durante los fines de semana.
Conflicto de facultades y medidas disciplinarias
Uno de los puntos más críticos del dictamen de Contraloría resalta que Urrejola, en su calidad de delegado presidencial, poseía facultades legales para fiscalizar terrenos fiscales y exigir la restitución de propiedades ocupadas.
Esta posición de poder agravó la falta administrativa, al ser él mismo quien infringía la normativa que debía resguardar.
A raíz de estos hechos, el organismo instruyó a la Subsecretaría del Interior el inicio de un proceso sancionatorio para establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del caso.
Además, fijó un plazo de 10 días hábiles para informar sobre el avance de las diligencias.
Desalojo y subrogancia en Chañaral
Tras la salida de Urrejola, la delegación provincial quedó temporalmente a cargo de Fernando Flores Fredes, seremi de las Culturas de Atacama, mientras el Gobierno designa a un titular definitivo.
Por su parte, la Seremi de Bienes Nacionales ya tiene instrucciones de proceder con el desalojo administrativo del inmueble y ejecutar el cobro de las multas y arriendos correspondientes por los 16 años de uso irregular del suelo fiscal en la costa de la región.
La Contraloría Regional de Atacama confirmó que el delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, ocupó de manera ilegal un terreno fiscal en Portofino durante más de 16 años, instalando una construcción ligera que utilizaba como segunda vivienda de fin de semana. El inmueble, de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, pertenece al Estado y, por ende, a todos los chilenos, quienes terminaron financiando —con sus impuestos— el privilegio de un funcionario que confundió su rol de fiscalizador con el de arrendatario fantasma.
El pronunciamiento del órgano contralor, emitido el 7 de agosto de 2026, estableció que la conducta vulneró gravemente la probidad administrativa, ya que el delegado tenía atribuciones para exigir la restitución de bienes fiscales y, en cambio, los aprovechó en beneficio propio. Ante este rugido institucional, el Gobierno no tuvo más opción que instruir su destitución el 15 de agosto, dejando en evidencia que el discurso de transparencia se derrumba cuando la práctica revela a un “okupa de lujo” con vista privilegiada al mar.
La medida incluye la apertura de un procedimiento disciplinario por parte de la Subsecretaría del Interior, el desalojo del inmueble y el cobro retroactivo de derechos de uso por la Seremi de Bienes Nacionales. En paralelo, el cargo quedó subrogado por Fernando Flores Fredes, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El caso no solo expone el aprovechamiento personal de un funcionario público, sino también el costo político para el Ejecutivo, que ya acumula más de cuarenta autoridades destituidas en apenas cinco meses de gestión.
