21 agosto 2026

La sombra del rey de los trolls en el Segundo Piso de La Moneda

 


Fernando Cerimedo, experto en marketing político, fue detenido tras ser acusado de intentar asesinar a su expareja. El caso reabrió su vínculo con Chile, a partir de una cuestionada encuesta encargada por un grupo de empresarios del Rechazo, donde participaron miembros del Segundo Piso de La Moneda.

El experto en marketing político y especialista en granjas de bots vinculado a la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, el rey de los trolls, como le decían en Argentina, fue detenido el martes en Bolivia, como informó El Mostrador. Esto, tras ser acusado de contratar a dos sicarios para matar a su expareja, la abogada Nadia Beller, quien logró sobrevivir al ataque acaecido en las afueras de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Su detención ha generado revuelo internacional, por su vínculo en diversas campañas políticas que terminaron con varios candidatos en el poder, como Jair Bolsonario en Brasil, Javier Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia. La trama es de película: Nadia Beller lo acusa de querer asesinarla –estando embarazada de un hijo suyo– para que esta no revelara una red de corrupción en torno a la importación y venta de gasolina en Bolivia.

En medio de la polémica, Javier Milei compartió en su cuenta de X los posteos de la diputada, influencer y cosplayer de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, quien puso en duda la veracidad de los ataques y comentó que el método siempre era el mismo: acusar a alguien del entorno de Milei, en referencia al exasesor de la campaña que lo llevó a la Casa Rosada y que hasta antes del ataque a Nadia Beller figuraba como estrecho asesor de Rodrigo Paz.

Ahora que estalló el escándalo, la prensa argentina se ha encargado de resucitar esa vieja amistad entre el mandatario y el reconocido agitador digital: “la historia de un vínculo cercano del que ahora nadie quiere hacerse cargo”, tituló Clarín ayer. La palabra “vínculo” es clave en todo lo que está pasando y es lo que obliga a revisitar el paso de Cerimedo también en Chile, una historia que –hasta ahora– arroja más sombras que certezas.

En efecto, se sabe que Cerimedo, dueño de Numen Group, trabajó en las campañas del rechazo al primer plebiscito constitucional y que su empresa tenía una filial en Chile, Numen SpA, creada en abril de 2022 por el abogado Enrique García Arancibia. Cerimedo, también, fue sindicado por una investigación de La Bot sobre mercenarios digitales, como el encargado de una serie de operaciones de desinformación, entre ellos, una cuestionada encuesta que dio por ganadora a la opción rechazo.

A propósito de esto último, el sondeo de la empresa de Cerimedo, publicado por El Mercurio en septiembre de 2020, terminó por revelar que detrás de esta operación estaba un grupo de empresarios de derecha agrupados en lo que se conoció como “Casa Común”, una suerte de comando por el rechazo al plebiscito por una Nueva Constitución, con sede en Vitacura, encabezado por Gonzalo de la Carrera.

Lo que no se sabía hasta ahora es que dos miembros activos de ese comando que encargó encuestas “truchas” a Cerimedo fueron reclutados por el Presidente José Antonio Kast para trabajar en La Moneda, más específicamente en el segundo piso del Palacio de Gobierno: Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores, e Ignacio Dülger, parte del mismo círculo de colaboradores hasta el 11 de agosto pasado, cuando renunció a dicho cargo.

En estos momentos, la sombra de Fernando Cerimedo sobrevuela La Moneda.

“Casa Común” y Alejandro Irarrázaval

Apenas estalló el escándalo por la encuesta realizada por Cerimedo, el ex presidente del directorio de Codelco y miembro de la “Casa Común” por el Rechazo, Gerardo Jofré, salió a explicar dos días después del plebiscito las razones de la diferencia de 36% menos que el sondeo adjudicó a la opción ganadora, en este caso el Apruebo.

“Cuesta mucho saber por dónde estuvo la equivocación, pero de que nos equivocamos, nos equivocamos claramente”, comentó el exejecutivo de la estatal a La Tercera, luego de una serie de cuestionamientos realizados por encuestadores chilenos como Roberto Méndez, expresidente de Adimark GfK, y Cristián Valdivieso, director de Criteria.

Fernando Cerimedo, en el mismo artículo, aseguró que “el error estuvo en que analizamos y proyectamos los datos con voto obligatorio, 100% de asistencia de votantes”, excusándose también en que Numen no era una encuestadora, sino una empresa de marketing digital político.

El exdiputado Gonzalo de la Carrera, consultado al respecto por la Unidad de Investigación de El Mostrador, aseguró que Cerimedo llegó recomendado por uno de los empresarios que participaban en la organización, y que “nos vendió una encuesta que estaba más perdida que el teniente Bello”. “No sabía que también estaba metido en el tema de los bots, han pasado muchos años”, agregó el exparlamentario (PRep).

Para ese plebiscito en Chile, la “Casa Común” por el rechazo transparentó que se trataba de una organización sin vínculos con partidos políticos, liderada por un grupo de hombres de negocios, entre ellos, el fundador de la cadena Big John, Juan Pablo Correa; el agricultor Juan Cox y los empresarios José Pedro Undurraga, vinculado a la universidad Andrés Bello, y el ingeniero comercial dedicado al rubro agrícola, Alejandro Irarrázaval.

Irarrázaval en ese tiempo no estaba en el radar del mundo político, aunque en la derecha era reconocido por su amistad con José Antonio Kast desde la época en que ambos estudiaban en la Universidad Católica y se vincularon al gremialismo. Sobre su participación en “Casa Común”, Gonzalo de la Carrera asegura que Irarrázaval no “tuvo un rol muy importante”.

Pese a que el exdiputado desconoce una participación activa de Cerimedo en otros ámbitos –más allá de las encuestas–, lo cierto es que el argentino ya era conocido por encabezar el equipo de estrategia digital que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2018 y tuvo un rol relevante en todo el proceso constituyente chileno. De hecho, su socio en la empresa Numen, Enrique García Arancibia, fue uno de los 12 árbitros del Comité que decidiría la admisibilidad de la nueva Constitución.

En la Derecha Diario, un medio de propaganda de su propiedad, Cerimedo comentó –incluso– estar “muy feliz” por el nombramiento de los árbitros, señalando que “se trabajó para rechazar una Constitución propuesta por la gestión de Gabriel Boric, con la idea de hacer una mejor y se va a hacer”, rescató en ese tiempo el reportaje de La Bot, publicado en Ciper.

No solo eso, en el programa “Intratables”, de Argentina, el actual diputado de LLA y exdirector de comunicación digital de la campaña de Javier Milei, Agustín Romo, aseguró que Fernando Cerimedo no solo trabajaba en la campaña de Milei. “Sí, Fer trabaja con nosotros y sí, trabajó en la campaña de Kast y Bolsonaro”, sostuvo.

El otro asesor de La Moneda

Además de Alejandro Irarrázaval, en el proyecto para derrotar a la opción Apruebo trabajó Ignacio Dülger, también reclutado por José Antonio Kast para trabajar en el segundo piso de La Moneda, cargo que se supo hace unos días abandonará para asumir a contar del 1 de septiembre como director ejecutivo de Acción Republicana, el movimiento político fundado por el actual Presidente que sirvió de plataforma para fundar el Partido Republicano.

Dülger, abogado de la Universidad de Los Andes y Consejero Regional Metropolitano es un colaborador muy cercano a Kast, ha trabajado en todas sus campañas políticas y ha estado en la palestra estos últimos días, tal como informó El Mostrador en una nota reciente, luego de que el reconocido troll de ultraderecha “Neuroc” –Ricardo Inaiman Barrios– anunciara su suicidio digital, junto a “Dress”, otro de los acusados de participar en la red de amplificación de posteos que presentaban a la excandidata Evelyn Matthei perdida y sin articular bien sus ideas.

Al momento de despedirse de X, Neuroc aseguró que ambos se retiraban aburridos de que nadie “nos da las gracias” y de solo recibir “críticas” del Partido Republicano. Antes de retirarse de la red social, Neuroc reveló que otra cuenta acusada de pertenecer al ecosistema de trolls de extrema derecha, “Make Chile Fome Again”, era del asesor del segundo piso Ignacio Dülger.

Desde el entorno de Dülger, confirmaron a El Mostrador que este efectivamente trabajó en “Casa Común”, pero que nunca tuvo una relación estrecha con Fernando Cerimedo. Respecto de los dichos de Neuroc, también aseguraron que el exasesor de Kast no es el administrador de la cuenta con la que lo vincularon.

Toda esta controversia, por cierto, se da justo en un momento en que el propio Presidente Kast aseguró hace pocos días estar en contra del hostigamiento digital y las funas dirigidas a periodistas. “Es casi instantáneo: uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno”, comentó.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con la Presidencia, buscando aclarar si efectivamente Fernando Cerimedo participó en la campaña de José Antonio Kast y si el mandatario estaba al tanto que dos de sus asesores más cercanos trabajaron con el agitador digital detenido actualmente en Bolivia, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.


Gobernador Alejandro Santana prioriza Centro de Quimioterapia Ambulatoria para Osorno y proyecta atención oncológica en Rahue

 

Con el objetivo de avanzar en una atención de salud más cercana y oportuna para las personas que enfrentan enfermedades oncológicas, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, junto a consejeros regionales, el director del Servicio de Salud Osorno y el alcalde de Osorno, visitó las dependencias del actual Cesfam de Rahue Alto, espacio que se proyecta como el primer Centro de Quimioterapia Ambulatoria de la comuna.

La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno Regional de Los Lagos por fortalecer la red de atención oncológica y acercar los tratamientos especializados a los territorios, evitando que pacientes y sus familias deban trasladarse largas distancias para acceder a sus terapias.

“Nos hemos reunido junto a los consejeros regionales, al director del Servicio de Salud Osorno y el alcalde para conocer este espacio que está disponible para tener el primer Centro de Quimioterapia Ambulatoria aquí en Rahue, que es un hito y que es parte del plan de salud del Gobierno Regional: acercar a las familias y a las personas que lamentablemente pueden tener esta enfermedad los tratamientos al territorio”, señaló el gobernador Alejandro Santana.

La autoridad regional destacó que acercar la atención permite entregar mayores oportunidades a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer. “Si atendemos con prontitud y acercamos los tratamientos al territorio, a sus hogares, puede ser mucho más positivo desde el punto de vista de la esperanza y de los sueños de que estas enfermedades se superen”, afirmó.

Santana recordó además la experiencia desarrollada en Ancud, en la provincia de Chiloé, donde un modelo similar ha tenido una positiva valoración por parte de la comunidad. En esa línea, explicó que la estrategia regional apunta a implementar, en una primera etapa, un centro de atención oncológica por cada provincia de Los Lagos.

Una respuesta frente a la emergencia oncológica regional

El gobernador regional enfatizó la urgencia de avanzar en este tipo de iniciativas, considerando los desafíos que enfrenta la región en materia de cáncer.

“Tenemos una emergencia oncológica en este país. Tenemos un nivel de prevalencia de un 33% de mortalidad en la Región de Los Lagos, que es muy superior al promedio nacional. No tenemos más tiempo”, expresó.

Asimismo, recalcó que las soluciones en salud deben construirse desde las necesidades de cada territorio y no únicamente desde decisiones centralizadas. “Las políticas públicas siempre deben nacer del territorio, porque no sabemos lo que está pensando un ministerio en Santiago respecto de cómo enfrentar los temas y las soluciones de una enfermedad tan compleja en cada una de las comunas”, sostuvo.

Para el gobernador, avanzar en este proyecto requiere no solo infraestructura, sino también voluntad y capital humano. “Para hacer frente al tema de la salud no solo es fierro y cemento, también es disposición, también es capital humano, también son las personas”, indicó.

Nuevo Cesfam permitirá habilitar espacio para atención oncológica

El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, explicó que el actual Cesfam de Rahue Alto quedará disponible una vez que se concrete el traslado de los equipos al nuevo centro de salud que se construye en el sector del Complejo Deportivo Rahue Alto.

“Es serio, nosotros no tenemos este tipo de atención para quienes están enfermos de cáncer. En este espacio que va a quedar disponible a fin de año queríamos colocar este centro oncológico que funciona para recibir beneficios de todos los hospitales”, señaló.

La autoridad comunal agregó que el nuevo Cesfam permitirá dar un nuevo uso a la infraestructura existente. “El nuevo Cesfam ya está listo, está construido en el Complejo Deportivo Rahue Alto. Ahí se va a trasladar todo esto y este espacio queda desocupado. Es una forma de extender la vida útil de estos edificios que quedan absolutamente desocupados”, explicó.

El proyecto deberá avanzar ahora en las evaluaciones técnicas y coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la autoridad sanitaria, proceso en el que el Gobierno Regional comprometió su disposición para impulsar todas las gestiones necesarias.

“Si nosotros tenemos la capacidad y el talento de sacar adelante esta iniciativa, nuestra obligación es hacerlo. Creemos que esto es vida, porque detrás de cada tratamiento hay personas y familias que esperan una oportunidad”, concluyó el gobernador Alejandro Santana.


Consejo Regional aprueba $1.000 millones para concretar el histórico Parque La Toma de Río Negro

 


El Consejo Regional de Los Lagos aprobó un total de $1.000 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el proyecto «Mejoramiento y Ampliación Parque La Toma» de Río Negro.

La iniciativa busca transformar este espacio icónico de la provincia de Osorno en un nuevo pulmón verde para las familias de la zona.

La sesión número 16 del cuerpo colegiado, presidida por el gobernador regional Alejandro Santana, selló la entrega de estos esperados recursos.

Alianza estratégica y cofinanciamiento

El proyecto requiere un monto total de $5.387 millones para ejecutarse en su totalidad. El financiamiento se completará gracias a una alianza estratégica que incluye un aporte de más de $4.387 millones por parte del SERVIU.

El gobernador Alejandro Santana destacó la coordinación alcanzada con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para concretar esta histórica obra.

La autoridad regional señaló que la inyección de recursos se enmarca dentro del Plan de Seguridad Pública y de recuperación de espacios públicos.

Obras proyectadas en la ribera

El Parque Recreacional La Toma se emplaza en la ribera del río Forrahue, a pocas cuadras del centro de la comuna.

Las obras proyectadas contemplan la intervención de cerca de 20 mil metros cuadrados, mejorando las piscinas naturales y construyendo pasarelas peatonales.

El diseño del parque también considera miradores cubiertos, senderos de acceso universal y multicanchas para el esparcimiento.
Asimismo, se construirán juegos infantiles, quinchos, servicios, cafetería, camarines y un espacio techado destinado a la feria de chacareros.

Voces de las autoridades

El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, agradeció el compromiso regional para rescatar este icónico espacio patrimonial e histórico.

«El Parque Recreacional La Toma identifica a nuestra comuna, es parte de nuestro ícono, de nuestra historia», declaró Cruzat.
Por su parte, el seremi del MINVU, Fabián Marchant, destacó la alianza y precisó que el foco ministerial va más allá de construir viviendas.

Finalmente, el consejero regional Carlos Schwalm recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en pandemia durante su gestión como alcalde.

Con la aprobación de estos recursos, el Gobierno Regional de Los Lagos avanza en su plan de recuperar espacios comunitarios para la región.


Los militares no quieren salir a la calle: explican por qué

 


Oficiales en servicio activo y en retiro cuestionan que soldados asuman tareas contra el crimen organizado bajo el nuevo estado de excepción. Advierten riesgos por uso de fuerza letal, corrupción, pérdida de confianza pública y funciones para las que no fueron entrenados.

Generales en servicio activo y en retiro rechazan que soldados salgan a las calles a colaborar en el combate contra el crimen organizado, como propone el proyecto de reforma constitucional del Gobierno que crea un nuevo estado de excepción. Y coinciden en una advertencia: los riesgos están “estudiados y comprobados”.

La principal razón es que las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, no para cumplir funciones policiales en medio de la población civil. “No compro a los militares en el Metro, no compro a los militares en las poblaciones. Tiene que haber allí un diseño muy inteligente”, advierte uno de ellos.

También alertan que, ante un eventual uso de fuego letal, serán los soldados quienes terminen pagando los costos de decisiones adoptadas en escenarios para los cuales no fueron entrenados.

A ello suman la experiencia internacional. Replicar lo ocurrido en otros países del continente, donde aseguran que este tipo de intervención no ha funcionado o ha tenido altos costos, podría debilitar estructuralmente a las Fuerzas Armadas, exponerlas a la corrupción y erosionar la confianza pública. Daños que, advierten, pueden ser muy difíciles —o incluso imposibles— de revertir.

Estos son, en pocas líneas, sus principales argumentos. Si quieres conocer todos los antecedentes, revisa este Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar en el canal de YouTube de El Mostrador.

 

 

Corte ordena al IPS pronunciarse sobre acceso a la PGU de 68 pensionados


La Corte de Valparaíso acogió el recurso de protección de 68 beneficiarios de pensiones reparatorias y ordenó al IPS determinar si cumplen los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal. El tribunal estimó que la falta de un pronunciamiento les impedía acudir posteriormente a la justicia laboral y vulneraba la igualdad ante la ley.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por 68 personas en contra del Instituto de Previsión Social (IPS) y ordenó al organismo pronunciarse sobre si cada una de ellas cumple los requisitos legales para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Los recurrentes, beneficiarios de pensiones reparatorias, cuestionaron la negativa del IPS a emitir una resolución definitiva sobre su acceso a la PGU, fundada en que no existía una postulación formal previa.

Sostuvieron que el propio sistema institucional les impedía postular al mostrar un mensaje de exclusión por recibir una “Pensión Especial”, lo que a su vez les impedía obtener la resolución necesaria para acudir a los tribunales laborales.

Alegaron que esta situación vulneraba la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el acceso a la justicia. Por ello, solicitaron que se ordenara al IPS pronunciarse formalmente sobre si cada uno cumple los requisitos para recibir la Pensión Garantizada Universal.

El Instituto de Previsión Social pidió rechazar el recurso y sostuvo que actuó conforme al principio de legalidad que rige el gasto público.

Explicó que los beneficiarios de pensiones especiales o reparatorias solo pueden acceder a la PGU bajo la modalidad de complemento y que la normativa vigente estableció un sistema de incorporación gradual según la edad.

El IPS agregó que había informado la situación previsional de cada interesado y afirmó que no podía conceder ni rechazar el beneficio sin una postulación formal previa. También descartó una vulneración de la igualdad ante la ley o del derecho de propiedad, al considerar que no existían derechos adquiridos mientras no se cumplieran los requisitos legales.

Al resolver la controversia, la Corte recordó que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y proteger a las personas frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten determinadas garantías constitucionales.

El tribunal constató que los recurrentes necesitaban obtener un pronunciamiento del IPS respecto de la procedencia o improcedencia del pago de la PGU, pues esa resolución constituye un trámite necesario para ejercer posteriormente las acciones correspondientes ante un juzgado laboral.

La Corte también tuvo en consideración que la administración ya había emitido pronunciamientos frente a solicitudes similares formuladas anteriormente por otras personas.

A partir de ese antecedente, estimó configurada una vulneración de la igualdad ante la ley, pues negar a los recurrentes un pronunciamiento les impedía contar con un antecedente indispensable para acudir posteriormente a los tribunales de justicia.

En consecuencia, la Corte de Valparaíso acogió el recurso de protección, sin costas, y ordenó al Instituto de Previsión Social emitir un pronunciamiento respecto de la petición de los 68 recurrentes, determinando, conforme a derecho, si cada uno de ellos cumple los requisitos legales para ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal.

 

Vea sentencia Corte de Valparaíso Rol N°4.309-2026 (Protección).

Comentarios a la propuesta de comisión para modificar el Estatuto Administrativo


El autor plantea que la anunciada reforma al Estatuto Administrativo abre una oportunidad para enfrentar una de las principales debilidades del empleo público chileno: la inestabilidad que afecta especialmente a funcionarios a contrata y honorarios. Sostiene que la discusión debiera avanzar hacia un reconocimiento efectivo de la carrera funcionaria, modernizar el sistema de calificaciones y reducir la dependencia de soluciones jurisprudenciales como la confianza legítima.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó el fin de semana recién pasado que el Gobierno conformará una comisión transversal destinada a analizar el Estatuto Administrativo, en un proceso que vinculó directamente con los esfuerzos de consolidación fiscal, adelantando que la instancia será encabezada por un economista independiente y contará con participación de distintos sectores.

Las reacciones, claro, no se hicieron esperar, en un convulso escenario político la crítica es inmediata, pero no siempre meditada. Hemos escuchado, sólo entre el día domingo y lunes, que se trata de un anuncio violento, desprolijo, pues se ignora la existencia previa de una mesa técnica de trabajo que ya operaba entre el Ejecutivo y la principal asociación representativa de los funcionarios públicos y varias voces que reclaman que se busca imponer una mayor flexibilidad laboral nociva y, que se busca debilitar las condiciones de estabilidad de los trabajadores públicos.

Sobre esta idea, la estabilidad, me gustaría realizar algunos comentarios.

Primero, en algunas columnas publicadas en este medio ya he indicado la necesidad de avanzar y concretar una reforma al Estatuto Administrativo, norma ya anacrónica que regula el empleo de la mayoría de quienes ejercen funciones públicas en Chile,[1] e insistiré en ello.

Segundo, es imprescindible modificar el reglamento de calificaciones al cual se encuentran sometidos los funcionarios regidos por el Estatuto. No resulta plausible evaluar el mérito e idoneidad de un funcionario[2] en base a un decreto[3] del año 1998, reglamento que no se conoce y no se aplica en su integridad y que hoy supone que más del 95 % de los funcionarios públicos se encuentren calificados en lista uno de excelencia.

Lo tercero, determinar el sentido y alcance de un proyecto y las pretensiones de este aún antes siquiera de que se conforme la comisión que estudiara los cambios me parece a los menos apresurado. Esperaría que los actores incidentes en una materia tan trascendente como esta mostraran su apertura a dialogar, exponer ideas y puntos de vista y avanzar en una reforma que ya no puede seguir esperando.

Si el reclamo es que se puede afectar la estabilidad y seguridad que entrega el Estatuto a los funcionarios, es lícito preguntar ¿Cómo se “asegura” la estabilidad al grueso de los funcionarios públicos hoy en Chile?, se hace mediante un subterfugio ideado por la doctrina e introducido en el debate por Contraloría General de la República, el reconocimiento del principio de la confianza legítima, cuya discusión hoy en día se encuentra radicada en tribunales de justicia ante la negativa del órgano contralor de seguir pronunciándose a su respecto por ser esta materia litigiosa.[4] La Corte Suprema, luego de negar validez a este principio[5] lo ha venido reconociendo y asentando algunos criterios: el umbral de los 5 años, a diferencia de los dos años que en un principio exigía CGR y que en algún momento estuvo en 4 años; la obligación de motivar los actos, pero si el funcionario tiene menos de 5 años de antigüedad, la Administración puede no renovar la contrata por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de dar razones complejas y,[6] que este principio protector no entrega estabilidad absoluta. En fallos recientes la Corte Suprema ha aclarado que la confianza legítima protege frente al actuar arbitrario de la autoridad, pero no impide desvincular al funcionario ni constituye una «inmunidad». Si la jefatura redacta un acto administrativo debidamente motivado (por ejemplo, cambios de perfiles técnicos del servicio, reestructuraciones reales o razones presupuestarias), la desvinculación es plenamente válida.

El Estatuto, es cierto, ha sido modificado en diversas ocasiones, pero ninguna de estas reformas ha incidido en un tema esencial y que es justamente el que reclaman quienes tempranamente se oponen a cualquier reforma, la estabilidad del empleo público en Chile.[7] Lo grave de esto es que la discusión respecto de la estabilidad del empleo público se levanta de tanto en tanto conforme la “afectación” que esta tenga respecto de un sector político determinado, así ocurrió por ejemplo con la discusión de la ley de reajuste del sector público para el año 2026[8], proyecto que  incorporaba una norma que, para un sector político, importaba un “amarre” respecto de los funcionarios a contrata, al pretender establecer requisitos de fundamentación al término anticipado  y/o no renovación de su designación y, al validar el principio de confianza legítima, estableciendo un piso de dos años para su reconocimiento. Una década después de los primeros dictámenes de Contraloría en que se consagra este principio, el debate sobre la estabilidad del empleo reaparece bajo nuevas coordenadas, pero igual fuerza. En enero de 2026, el Congreso despachó el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, que benefició a más de 950 mil trabajadores, debate que estuvo marcado por esta polémica, disposiciones de los artículos 129 y 130 del proyecto, que fueron finalmente rechazadas, luego de ser calificadas por la entonces oposición como un intento de “amarre” a funcionarios del gobierno de turno. Pero en la tramitación de esta ley[9], destacan los informes de las comisiones de Hacienda tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que señalan, en términos simples, la preocupación por la modernización del empleo público y de las mejoras en las condiciones laborales, pero hoy, lanzada la idea de reformar surgen las voces críticas. 

La regulación del empleo público en Chile arranca del artículo 38 de la Constitución Política, norma que dispone como regla el principio de la carrera funcionaria a cuyo resguardo y garantía se compromete la ley de bases generales de la Administración del Estado[10] y que el Estatuto limita al personal de planta[11], esto es, al conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, con lo que expresamente se excluye a los cargos contratas, aquellos esencialmente transitorios. El Estatuto nace a la “vida del derecho” en dictadura, sin discusión democrática, pero ha logrado “sobrevivir” ya por casi cuatro décadas de ahí que abrir la posibilidad de una discusión democrática, antecedida de una mesa técnica aparece como una oportunidad.

Este Estatuto contiene en materia de empleo público una lógica que privilegia la provisión de cargos mediante designaciones de planta y en la que tanto los empleos a contrata y los honorarios eran excepcionales (y siguen siendo), sistema que efectivamente aseguraba la estabilidad en el empleo público. Pero la práctica administrativa ha devenido en un escenario distinto a aquel diseñado por la Constitución y la ley de bases, la temporalidad/transitoriedad dejó de ser un mecanismo excepcional y terminó convirtiéndose en la columna vertebral del Estado, hoy las “plantas” de personal representan un número muy inferior en los distintos órganos de la Administración y van en franca retirada, la gran mayoría de quienes ejercen cargos públicos lo hacen bajo cargos a contrata e incluso a honorarios, lo que sostiene un empleo público sobre la inestabilidad y mecanismos de contratación contra ley.

La estabilidad en el empleo público es una realidad ajena respecto del grueso de quienes desempeñan cargos públicos y ella queda supeditada a la simple composición de una sala de corte y del criterio que sostenga un ministro, pero no se sustenta en texto legal. Hoy la inestabilidad del empleo es la regla general. Si lo que se pretende es establecer que los funcionarios a contrata son inamovibles, no es procedente que el Contralor o los Tribunales modifiquen la regla actualmente en vigencia, establecida en el artículo 10° del Estatuto Administrativo y para ello se requiere una modificación legal y no seguir sometiendo esta materia al devenir de lo que se resuelva en recursos de protección.

La discusión sobre la estabilidad en el empleo respecto del personal a contrata no es nueva, pero nunca ha sido abordada con la seriedad que merece. Ejemplos de esto encontramos en el proyecto de ley iniciado en mensaje el 12 de mayo de 1992,[12]que luego fue retirado sin tramitación, el cual incorporaba la prórroga automática de empleos a contrata si no se manifestaba la decisión de ponerles término, pero que mantenía la facultad de la autoridad para poner término a la relación en cualquier momento, proyecto que solo buscaba eliminar el trámite burocrático de la renovación con treinta días de anticipación a lo menos y el más reciente iniciado en moción parlamentaria[13] y que surge como respuesta al dictamen N°E561358/2024 y que buscaba dar por interpretado el artículo 10 del Estatuto en el sentido de reconocer que los empleos a contrata que hubieran sido prorrogados por segundo año consecutivo cuentan con la confianza legítima para seguir desempeñando sus labores. Conforme este proyecto la confianza legítima importa que, si de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado ha requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, aquello presumirá legalmente en favor de este que, salvo que medie una razón plausible suficientemente expresada en un acto administrativo, la última designación a contrata que el funcionario sirvió podrá ser renovada por una nueva contrata anual, con el mismo grado y estamento de asimilación.

La carrera funcionaria, en tanto principio rector del empleo público asegura a todo funcionario la estabilidad en el empleo, lo que importa que no podrá cesar en este sino que por las causales taxativamente dispuestas en la ley, lo que nos remite al artículo 146 y siguientes del Estatuto, norma que contempla dentro de las causales de cese de funciones en su letra f) el término del período legal por el cual se es designado, causal que aplica sólo respecto del cargo público que se ejerce en calidad jurídica contrata y que sostiene la permanente inestabilidad.

Lo anterior no es una cuestión baladí ya que quienes sostienen que el empleo público en Chile asegura estabilidad, reglas claras y carrera funcionaria yerran de manera aberrante en su análisis, ya sea por simple desconocimiento de la norma estatutaria y/o simplemente por cuestiones políticas. Es un hecho que el modelo de la carrera funcionaria en la práctica no aplica respecto de la masa más relevante de funcionarios, aquellos que ejercen funciones bajo calidad jurídica contrata y, ni hablar, de los contratados a honorarios. Estadísticamente, hoy día la mayor parte de los funcionarios públicos no son de planta y, por consiguiente, no se les aplica, de manera íntegra, el sistema de carrera, a lo que se suma que el sistema de calificaciones no se ejecuta rigurosamente, de modo que por lo común la gran mayoría de los funcionarios son bien evaluados y así se mantienen en su empleo indefinidamente, salvo que medie algún otro mecanismo de cese de funciones, entre los que destaca la decisión de autoridad de poner término anticipado a la contrata.

Entonces nos enfrentamos a un tema complejo, la gestión del elemento humano en el sector público tolera una serie de mecanismos que determinan la inestabilidad laboral y/o que no permiten ascensos o promociones en función del mérito y la idoneidad funcionaria, un sistema en el cual no se asegura una adecuada capacitación y formación, a partir de la escasa disponibilidad de recursos para este ítem[14], en síntesis, un sistema de empleo público que se sostiene en norma que somete al cuerpo funcionarial a la permanente inestabilidad, a la permanente incertidumbre ante cambios de autoridades lo que importa, en definitiva, un Estado ineficiente e incluso no probo en sus distintas áreas y capas.

Hoy existe consenso sobre la urgencia y necesidad de emprender una profunda reforma del estatuto, en especial en lo que refiere a la regulación del empleo público, realidad que se ha venido “resolviendo” mediante la vía jurisprudencial, tanto de Contraloría General de la República como de Tribunales Superiores de Justicia, mecanismos que en definitiva solo logran que se eluda texto expreso de ley y se mantenga vigente la discusión respecto de la confianza legítima y, por cierto, avanzar en la necesaria modificación y actualización del mecanismo de calificaciones, tal vez ahí encontraremos la respuesta al porqué el Estado aparece como ineficiente y no probo si más del 95% de sus agentes son anualmente calificados en lista uno, de excelencia.

Qué duda cabe que se debe avanzar en un cambio profundo respecto del Estatuto, para que se reconozca, efectivamente, la carrera funcionaria respecto de todo funcionario público eliminando la obsoleta distinción entre funcionarios de planta y a contrata; que se reconozca el mérito y profesionalización de la función pública[15], avanzando en un nuevo sistema de calificaciones; en definitiva, que se avance en un efectivo reconocimiento y dignificación de la función pública y que mejor que aprovechar y celebrar la oportunidad que hoy se abre.

 

Francisco Javier Aldunate Ramos

Abogado

 

[1] Recordemos que la ley N°18.575 y el propio estatuto reconocen la existencia de estatutos especiales

[2] Cuestiones que informan el principio de carrera funcionaria

[3] Decreto N°1825 de 07 de septiembre de 1998

[4] Dictamen E561358/2024. No obstante, atendido el actual y reiterado criterio de la Excma. Corte Suprema y lo planteado por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, antes citada, en relación con el plazo de la vinculación funcionarial que daría origen a la confianza legítima, se advierte que tal materia devino en litigiosa.

[5] Rol N°28.295-2025

[6] Si el funcionario tiene 5 años o más, el acto que decreta la no renovación debe estar fundado en razones técnicas, estructurales o presupuestarias objetivas; de lo contrario, el despido se declara ilegal y arbitrario.

[7] Las reformas han estado orientadas principalmente a los cambios introducidos por la ley N°19.882 que en lo esencial modifica el régimen de provisión de jefaturas de departamento, el asentamiento del principio de probidad y los cambios al régimen de obligaciones y prohibiciones y por consiguiente el régimen disciplinario, la concreción del estatuto de protección al funcionario que denuncia y los cambios introducidos por la ley Karin

[8] Ley N°21.806

[9] Boletín Nº18036-05

[10] Artículo 51.- El Estado velará permanentemente por la carrera funcionaria y el cumplimiento de las normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en este párrafo, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

[11] Artículo 6°: La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso en calidad de titular a un cargo de la planta, y se extenderá hasta los cargos de jerarquía inmediatamente inferior a los de exclusiva confianza.

[12] Boletín Nº 685-06

[13] Boletín N°17247-13, ingresado a trámite el 21 de noviembre de 2024

[14] Como referencia sólo un ejemplo. La ley de presupuestos del sector público para el año 2026 reconoce una dotación máxima de 1205 funcionarios en el Servicio de Gobierno Interior, dependiente del Ministerio del Interior, Servicio con presencia en todo Chile y cuyo presupuesto reconoce solo 54 millones de pesos para capacitación. Sin duda si revisamos el plan anual de capacitación este es muy ambicioso, pero sin dinero suficiente poco se puede avanzar.

[15] Artículo 17.ley N°18575, las normas estatutarias del personal de la Administración del Estado deberán proteger la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.

Jadue critica reforma de seguridad de Kast: “Fortalece la coerción del Estado sin tocar las causas estructurales de la inseguridad”


En entrevista con Sentido Común!, Daniel Jadue planteó que con esta reforma, la administración de Kast pretende transformar el estado de excepción en un estado permanente y convertirlo en una "posibilidad constitucional" y señaló que la inseguridad no solo es una consecuencia de la ausencia de un Estado fuerte y coercitivo, sino que "viene de un Estado que es incapaz de asegurar una vida digna"

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) criticó la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast y advirtió que “fortalece la coerción del Estado sin tocar las causas estructurales de la inseguridad”.

Esta reforma plantea la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, denominado estado de excepción de seguridad pública y le permitiría al mandatario de extrema derecha declarar una zona bajo dicho régimen con facultades similares a las que hoy existen ante una guerra externa, pero sin pasar por el Congreso durante 240 días, es decir, por un lapso de ocho meses.

Ante esta medida, el sociólogo y arquitecto señaló que la derecha apunta «la fortalecer solo las capacidades coercitivas del Estado sin tocar las condiciones estructurales de la sociedad que hacen que esta sea insegura».

«Esta es una deriva, una tendencia, que la venimos trabajando hace 30 años y que ha fracasado completamente y va a seguir fracasando. Entonces, creo que esto ideológicamente es inaceptable para nosotros, pero además socialmente ya está demostrado que va a ser un fracaso», afirmó en una entrevista con el programa Sentido Común!, conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay.

En opinión de Jadue, con esta reforma, la administración de Kast pretende transformar el estado de excepción en un estado permanente y convertirlo en una «posibilidad constitucional».

«Pero yo quiero recordar que eso es lo que hizo el gobierno de Gabriel Boric con el estado de emergencia. Yo creo que los Estados de excepción han venido dejando de ser estados de excepción en los gobiernos progresistas que renunciaron. Yo por eso siempre digo, nunca hay que olvidar que el progresismo nace de dos operaciones ideológicas, que la derrota y la renuncia», indicó el exjefe comunal.

«El gobierno anterior convirtió el Estado de excepción en la norma, y por lo tanto yo creo que de esa experiencia que debilita la postura de los progresistas, entre comillas, hoy día es que pasamos 4 años con el estado de excepción. Entonces el estado de excepción no fue en el gobierno de Gabriel Boric no fue un estado de excepción, sino que fue la norma«, enfatizó.

Ante este escenario, Jadue señaló que la pregunta con la cual la derecha va a extorsionar a algunos parlamentarios progresistas es: ¿Por qué si ustedes pudieron tenerlo, nosotros no lo podemos tener?.

En su opinión, aunque esta situación debilita la democracia, desde la perspectiva marxista demuestra que la derecha «está empezando a ser un poco más honesta que antes».

«La inseguridad viene de un Estado que es incapaz de asegurar una vida digna»

En conversación con Sentido Común!, el sociólogo recordó que para los marxistas el Estado siempre ha sido un instrumento de dominación de clase.

«Con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial, todo Estado finalmente es una dictadura porque el Estado convierte los intereses de la clase dominante en leyes, de tal manera de que estas además se convierta, entre comillas, en una especie de sentido común de la sociedad. Yo creo que la derecha hoy día está haciendo exactamente eso. La democracia, lo dijo Peter Thiel, lo dicen otros neoreaccionarios, ya no le sirve a la acumulación, porque la democracia tiende a redistribuir y por lo tanto tienen que prescindir de la democracia y están haciendo que el Estado potencie y fortalezca su carácter de instrumento de dominación de clase», planteó.

De acuerdo con Jadue, la inseguridad no solo es una consecuencia de la ausencia de un Estado fuerte y coercitivo, sino que «viene de un Estado que es incapaz de asegurar una vida digna, un Estado que no te asegura la posibilidad de estudiar, la posibilidad de desarrollarte, un Estado en donde además el narco paga mejores sueldos que la empresa».

«Un Estado en donde además la policía, las policías, están absolutamente permeadas por el crimen organizado y nadie pretende tocar a las policías, sino que le está dando más atribuciones y más libertad para que sigan haciendo lo mismo que están haciendo hasta ahora. Y la verdad es que no es muy esperanzador», apuntó.