¡Hola!, en medio de este breve veranito de San Juan, hay noticias que golpean más fuerte que otras, como la Operación Amsterdam, que pasó de la farándula a involucrar a hijos de la elite criolla, por tráfico de marihuana a través de dispensarios. ¿Habrá suspensión de derechos sociales para estos ciudadanos vinculados al crimen organizado?, se preguntan los más suspicaces.
- En todos lados se cuecen habas. En Bolivia, el martes de esta semana, el rey de los trolls de la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, fue detenido tras ser acusado de encargar a dos sicarios el asesinato de su expareja. El caso revivió su vínculo con Chile, a partir de una encuesta encargada por un grupo de empresarios del Rechazo, donde participaron dos miembros del actual Segundo Piso de La Moneda, tal como informó El Mostrador. Ese mismo día, las cuentas digitales de dos trolls nacionales responsables de la difusión de mensajes tóxicos que contaminaron la campaña presidencial de Evelyn Matthei fueron cerradas. Pura coincidencia.
Es cierto que las comparaciones son odiosas, pero a veces también inevitables. Kast ha perdido respaldo ciudadano casi al mismo ritmo que Boric: ambos cruzaron el 60% de desaprobación en apenas cuatro meses. La estadística ha hecho que La Moneda aumente los decibeles de la agenda de seguridad, mientras la Reforma Constitucional en este mismo ámbito recibe un inesperado fuego amigo.
- En la otra vereda, entre autocrítica, defensa del legado y dardos a la agenda de Kast, el expresidente Gabriel Boric comienza a dibujar una izquierda menos refundacional y más consciente de sus tropiezos, pero igualmente decidida a disputar seguridad, libertades y optimismo. La apuesta es clara: aprender de la derrota sin entregar a la derecha el relato del pasado. “Un error garrafal”, según comentó el mismo exmandatario.
A propósito de relatos, el Partido Nacional Libertario salió a buscar a los responsables de la violencia del 18-O y terminó tropezando con una conclusión incómoda: el gobierno de Sebastián Piñera también falló. Entre errores de anticipación, problemas de inteligencia y el fantasma del “Plan Zeta”, la comisión libertaria abrió una grieta en el discurso de Chile Vamos. En esta ocasión, al parecer, tampoco la vieron venir. Partieron buscando agentes extranjeros y terminaron encontrando errores de agentes propios.
- El debate sobre si Kast es o no un presidente iliberal se tomó la agenda esta semana y escaló a un duelo intelectual con Carlos Peña como protagonista. El Mandatario negó cualquier pulsión autoritaria y el rector de la UDP respondió que democracia y liberalismo no siempre viajan juntos. Entre estados de excepción, reformas constitucionales, guiños a Orbán y elogios a Bukele, la pregunta parece ser inevitable: ¿Cuántas facultades discrecionales y autoritarias estamos dispuestas a conferir a un Presidente?
Cuando parecía que Chile Vamos se resignaba a seguir la pauta de Kast, la Reforma Constitucional en Seguridad encontró una frontera inesperada. La UDI, RN y Evópoli comenzaron a levantar cortafuegos contra las amplias facultades presidenciales, las extensas excepciones y otros excesos del proyecto. La derecha está demostrando que acompañar al Gobierno tiene límites y que están dispuesto a plantearlo. No vengan a hablar ahora de “derechita cobarde”.
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Kast iguala desaprobación de Boric en medio de pirotecnias y tensiones
El presidente José Antonio Kast demoró exactamente 116 días en alcanzar el 60% de desaprobación en la encuesta Cadem, el pasado 5 de julio de 2026, anotando apenas un 37% de aprobación. Esa cruda cifra está a solo 48 horas de distancia del registro de Gabriel Boric, quien tardó 114 días en cruzar esa misma línea el 3 de julio de 2022, con un 33% de aprobación.
- Esta caída de expectativas, a menos de cinco meses de gestión, expone una fragilidad inédita en el oficialismo si se la compara con los segundos mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Bachelet tardó 377 días en llegar al 60% de rechazo en marzo de 2015, arrastrando el ancla del caso Caval. Piñera, en tanto, demoró 595 días antes de cruzar ese umbral el 27 de octubre de 2019, bajo el estallido social, con un 78% de rechazo. Kast y Boric, en cambio, quemaron sus naves en apenas cuatro meses.
A propósito de estadísticas, la coyuntura obliga a plantearse otra una pregunta: ¿Cómo reacciona un gobierno cuando se le hunde el barco de las encuestas? Con efectismo político, parece ser la respuesta más evidente. En La Moneda saben perfectamente que en el negocio de la delincuencia, la percepción de inseguridad de la gente pesa mucho más en los titulares que cualquier fría planilla de estadísticas criminales.
- Según explican en el oficialismo, el Comité Político de La Moneda busca revertir la desaprobación instalada tempranamente con fórmulas como el hollywoodense “Plan Cancerbero”. El show, aunque bien evaluado por la ciudadanía, funcionó a medias: logró un 93% de respaldo y subió temporalmente al Presidente Kast al 41% de aprobación en Cadem, a mediados de agosto, pero su rechazo quedó clavado en un rígido 53%.
El público aplaudió la función sin reparar en la escenografía. La cárcel de Talca, un hito que el oficialismo intentó vender como un logro propio, tomó más de una década en poder concretarse: fue proyectada por Bachelet, construida por Piñera, inaugurada por Boric y aprovechada comunicacionalmente por José Antonio Kast.
- Según parlamentarios de la derecha, para hacer frente a la prematura desaprobación ciudadana, el Ejecutivo ha volcado sus esfuerzos hacia la agenda de seguridad pública, recurriendo a medidas diseñadas para generar un fuerte “golpe de efecto”. Esta estrategia se ve favorecida por un contexto político particular: al Gobierno le restan poco más de tres años y medio de mandato y, al no enfrentar procesos electorales en los próximos dos años, cuenta con un margen para probar fórmulas de alto impacto y esperar la recuperación de su valoración política.
La delincuencia es un área donde la percepción de la opinión pública y la sensación de inseguridad suelen ser mucho más determinantes que la misma constatación estadística de los delitos. Bajo esta premisa, el Gobierno busca contrarrestar la constante cobertura de hechos de violencia mediante despliegues ministeriales masivos y acciones de alto impacto visual que transmitan la idea de que la autoridad “se está moviendo”.
- Pero mientras las cámaras filman reos, el verdadero desastre ocurre en el Congreso. La Reforma Constitucional en Seguridad hace agua por falta de rigor técnico. En los pasillos de Valparaíso, el diagnóstico de Chile Vamos es unánime: no hay una buena evaluación del equipo legislativo liderado por el ingeniero Arrau. La crítica apunta a preferir la pirotecnia mediática, antes de escribir un texto serio y desarrollar un trabajo legislativo previo.
El articulado original era tan severo que en la oposición y Chile Vamos se equiparó a un “Estado de Asamblea”. Para salvar el proyecto en el Senado, los legisladores Squella y Longton negocian en secreto con un senador de la UDI. No discuten cosmética, sino tres indicaciones clave que desarmarían el corazón autoritario de la reforma: restringir los poderes presidenciales, reintegrar el control real del Congreso sobre el estado de excepción, y frenar la interceptación de comunicaciones sin autorización de un juez de la República
- El trasfondo es la pérdida de los sectores moderados e independientes. Analistas de centroderecha lo advierten con claridad: el Ejecutivo ha perdido la capacidad de retener al centro, dejando al Gobierno sustentado únicamente en su “núcleo duro de derecha”, una trinchera ideológica que no basta para gobernar un país.
Este repliegue se alimenta del desplome de las expectativas de la clase media y el debilitamiento de las banderas de Kast. El relato del “Presidente del orden” se agrieta en su propia base: un 54% evalúa su desempeño en seguridad como “peor o mucho peor de lo esperado”. En las fronteras, un 47% califica de forma negativa el desempeño en control migratorio, neutralizando las promesas de control absoluto. Cuando las promesas principales se fracturan, la realidad a veces suele pasar la cuenta.
El regreso de Boric, entre la autocrítica y la esperanza en la izquierda
Tras meses de relativo silencio, Gabriel Boric ha vuelto a la escena pública. En apenas dos semanas, el expresidente ha encadenado intervenciones en lanzamientos de libros, reuniones partidarias luego del triunfo de Gael Yeomans y un foro panamericano en Uruguay, acompañado de Camila Vallejo y Jeannette Jara. El mensaje parece ser inequívoco: la izquierda no se ha retirado y él tampoco.
- Entre la presentación del libro de Mario Marcel en Punta Arenas y su participación en el Congreso Panamericano en Uruguay, Boric esbozó una arremetida de intensidad calculada.
- Primero, expresó una mirada autocrítica, admitiendo que el progresismo no había sido “creíble” en materia de seguridad.
- Segundo, lanzó una critica directa a la restricción de libertades del Estado de excepción planteado por Kast.
- Y tercero, enarboló las banderas del progresismo en la tierra de Pepe Mujica. “No nos vamos a disculpar por ser de izquierda”, sostuvo. Esta frase tiene la misma carga política y simbólica de la que hace unos meses pronunció el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en un encuentro del progresismo internacional.
Esta combinación entre revisionismo y proyección apunta a un objetivo más amplio: reconstruir un relato optimista, contrario al discurso apocalíptico de la derecha. Según su círculo cercano, Boric cree que la izquierda está viva y que sus ideas pueden volver a conquistar mayorías. El mensaje, aseguran, intenta proyectar una fuerza que aprende de sus errores, sin renunciar a sus principios y que es capaz de enfrentar la agenda “autoritaria” del actual gobierno.
- Al abrir un flanco de autocrítica, Boric no solo admite que la izquierda tiene el deber de revisar en público sus dogmas y derrotas —desde el plebiscito de 2022 hasta las últimas elecciones—, sino porque callar deliberadamente estos debates, según planteó en su cuenta de X, constituye “un error garrafal”.
Recogiendo esto último, Boric plantea que la seguridad no puede seguir siendo tratada como un territorio ajeno a la izquierda y debe entenderse como un derecho y obligación básica del Estado. En esto, coinciden algunos analistas, hay una corrección importante respecto de la cultura política que acompañó el ascenso de su generación, más proclive a denunciar los excesos policiales que discutir cómo garantizar el orden.
- Esto último, en rigor, explicaría el tono distintivo de su reaparición. Hay menos épica generacional y más balance en su discurso. Menos promesa de refundación y más énfasis en aprender de la experiencia. Incluso su crítica a Kast fue estratégicamente ecualizada, buscando no negar el problema de la seguridad, sino cuestionar los instrumentos escogidos; no rechazar el combate al crimen, sino advertir sobre el costo de transformar lo excepcional en política permanente.
La gran incógnita, sin embargo, es si esta nueva versión del expresidente logrará ordenar a una izquierda que sigue buscando una narrativa ad-hoc para regresar a La Moneda, inclinando sus intereses hacia temas más esquivos con foco en seguridad o incertidumbre económica. La receta, en verdad, parece tener más condimentos: recuperar la capacidad de ofrecer orden, crecimiento y seguridad, pero sin renunciar a la agenda progresista y social.
- El relato está comenzando a articularse, entre la autocrítica y la defensa del legado, entre la seguridad y las libertades, entre el pesimismo y una idea más optimista del futuro, Boric empieza a disputar algo que parecía entregado a la derecha: la interpretación del ciclo político que acaba de terminar. Y eso, en política –tal como lo dijo el propio expresidente–, no se puede dejar en manos del adversario.
Plan Z: buscaron al enemigo (otra vez) y encontraron las fallas del Estado
La comisión impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL) para esclarecer quién estuvo detrás de la violencia del 18-O terminó llegando donde menos quería el piñerismo: a las falencias del Estado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
- El informe habla de “excesivos incumplimientos” del Gobierno de la época y desató la reacción de Chile Vamos. Pero los libertarios no reculan.
“Aquí nadie hizo una imputación directamente al presidente Piñera”, dijo a El Mostrador la diputada del PNL Paulina Muñoz. Acto seguido marcó el punto incómodo para el piñerismo: “Hubo aspectos débiles en el gobierno para combatir los desórdenes públicos que afectaron a miles de personas”.
- No es solo una conclusión de la comisión. Ante los diputados, el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció una “falla de anticipación estratégica”, problemas de coordinación y que la autoridad necesitaba información confiable para decidir, pero esta “claramente” no estaba disponible.
Y volvió a aparecer el viejo “Plan Zeta de Piñera”, como El Mostrador bautizó en 2020 la trama de inteligencia con información falsa que recibió el Presidente Piñera. Justo un año después de los hechos del 18 de octubre de 2019, El Mostrador tuvo acceso al reservado informe bajo el sello de agua de Inteligencia, elaborado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE).
En el informe que fue presentado a Piñera por el general Guillermo Paiva, se le explicó el alcance en el país del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano).
En el informe se aseguraba que el servicio de agentes extranjeros “Contarían para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero”.
Según el Ejército, Pedro Carvajalino, de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta, sería uno de los comandantes del SEBIN/G2 a cargo de la ofensiva insurreccional para Chile.
Lo que no se dijo en esa oportunidad fue que la organización chavista Zurda Konducta era en realidad un programa de televisión que conducía Pedro Carvajalino, un youtuber y tuitero fanático de Nicolás Maduro, que utiliza sus redes como un mecanismo de agitación política.
La comisión pidió expresamente el informe de la DINE del 20 de octubre de 2019 sobre intervención extranjera y los antecedentes de la ANI que lo habrían controvertido.
- Mónica González añadió otra pieza en la comisión: relató que un alto oficial del Ejército le aseguró que los antecedentes sobre destacamentos extranjeros eran falsos y que llevaron a decisiones equivocadas. Según su testimonio, el propio Piñera le confirmó después que había recibido aquella información de militares y de Alberto Espina, aunque sostuvo que nunca le entregaron el respaldo escrito que pidió.
La ironía política quedó servida: el PNL salió a buscar nuevamente a quienes habrían movido los hilos del 18-O y terminó poniendo bajo la lupa al Estado que debía anticiparlo. Y eso es precisamente lo que incomoda al piñerismo. Como resumió Muñoz: “¿Qué pensarán esos pequeños emprendedores cuando lo perdieron todo? ¿Que el gobierno tuvo la suficiente fuerza para enfrentar los hechos?”.
El alma iliberal del Presidente Kast
Fue en 1997 cuando el periodista Fareed Zakaria escribió para la revista Foreign Affairs el artículo titulado “The Rise of iliberal democracy”, en el cual explicaba que, con dicho concepto, se refería al fenómeno que se atisbaba ya en Europa: que siguiendo las reglas de la democracia, ignoran los límites constitucionales, despojando a sus conciudadanos de sus libertades y sus derechos básicos.
- Es justamente esa deriva hacia un estado autoritario la que ha llevado a varios analistas a calificar a José Antonio Kast como un iliberal.
La voz cantante la lleva el Rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien en su columna dominical, en El Mercurio, dijo, a propósito de la reforma que propone Kast, especialmente en lo atingente al Tribunal Constitucional, que esa clase de medidas “son del tipo Bukele u otros gobernantes iliberales”, a quienes definió como aquellos “que se ciñen a las reglas de la mayoría, pero las ocupan para socavar los ideales liberales entre los que se cuentan los derechos”.
- La melediciencia de la gente. El martes Kast recogió el guante: “Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que yo podría ser el representante de un gobierno iliberal, y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas”, dijo, agregando que “¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso he censurado algún medio de comunicación diciendo ‘este medio de comunicación no puede entrar’?”.
También aseveró que “algunos podrán molestarse, y es legítimo, cuando uno plantea un estado de emergencia como el que estamos planteando ahora, pero lo que planteamos es un debate parlamentario legítimo”.
- Dime con quién andas. Por cierto, el mandatario olvidó su amistad y admiración hacia el ícono de los gobiernos iliberales del mundo, el derrotado Viktor Orbán, así como la admiración de su círculo hacia otros gobernantes evidentemente iliberales, como Donald Trump o Nayib Bukele, a quien hace un par de semanas atrás copiaron su estilo y estética carcelaria.
Pega, Martín, pega. El jueves, el Rector Peña respondió con un derechazo (una nueva columna en El Mercurio), indicando que se puede ser demócrata e iliberal al mismo tiempo, y aseveró que para saber si Kast es un iliberal hay que revisar el proyecto constitucional, especialmente en lo relativo al proyecto de reforma. Citando al jurista más apreciado por el nazismo, Carl Schmitt, recuerda que “soberano es quién decide el estado de excepción”, que en este caso sería el Presidente.
- ¿Hello? Ante ello, Peña se pregunta si “los liberales de derecha donde los haya, los expertos de aquí y allá, los comentaristas, ¿no advierten la gravedad de todo esto?” Y menciona varios indicios sobre la inspiración iliberal del Gobierno: “los discursos del Presidente Kast en la cumbre Transatlántica, las reuniones con Orbán y las alabanzas a Bukele, la puesta en escena del traslado de reos (que los matinales y las radios transmitieron y comentaron como si se tratara de una película de superhéroes) y el abandono de la neutralidad en cuestiones religiosas”.
El cortafuego del oficialismo a cambios autoritarios en la Constitución
Cuando creíamos que Chile Vamos estaría subsumido frente a la agenda del gobierno de José Antonio Kast –como pasó con la tramitación exprés de la megarreforma económica– el propio Ejecutivo se encargó de descubrir cuál es la línea roja que la UDI, RN y Evópoli no están dispuestos a traspasar: el daño a la institucionalidad vía cambios constitucionales de carácter autoritario.
- El proyecto de reforma constitucional, tal como fue ingresado, no cuenta con los votos ni siquiera del propio oficialismo. Parlamentarios ya anunciaron el ingreso de indicaciones, luego de fuertes críticas por el nulo trabajo prelegislativo que terminó en un proyecto incómodo para las derechas. Ni siquiera pasó por Segpres, según asumió el ministro García Ruminot.
Los principales reparos apuntan a las excesivas facultades presidenciales en el nuevo estado de excepción de seguridad por 120 días, la inédita prórroga por 240 días y los peligros para el Estado de Derecho.
- El primero en establecer un cortafuegos fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien frente al borrador del proyecto dijo que no era posible “establecer excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el TC lo declare inconstitucional”.
Una vez ingresado el texto continuaron los cuestionamientos. “No se justifica en democracia dar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso en 240 días”, sentenció el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
- “Se antepuso lo comunicacional” y “no están los votos”, dijo también esta semana el senador Andrés Longton (RN), quién ya anunció el ingreso de indicaciones. La idea sería acotar el estado de excepción para que se decrete con acuerdo entre el Presidente y el Congreso, sujeto a revisión cada 30 días y dejar fuera la intercepción de comunicaciones dentro de las facultades. Así como eliminar la restricción de prestaciones sociales para condenados.
La encrucijada constitucional se instaló como la principal prueba para el ministro Martín Arrau, mientras el Presidente Kast blindó su desempeño ante los cuestionamientos. El Ejecutivo busca ordenar las filas oficialistas, para luego ir a buscar apoyo a la centro izquierda, considerando el quórum de 4/7 necesario para aprobar una reforma constitucional.
