LOS 75 GOLES DE LA PRIMERA FECHA DE LA COPA DEL MUNDO 2026... ¿CON CUÁL TE QUEDÁS?

 

Pdta. de Asociación de Funcionarias del Ministerio de la Mujer: “Aquí hay un caos que es responsabilidad completa de quienes asumieron el gobierno”

 

La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias del Ministerio de la Mujer (ANFUMEG), Paulina Cid, sostiene que lo ocurrido al interior de la cartera -en medio de denuncias de maltrato en contra de la ministra y la reciente salida de la subsecretaria Daniela Castro- ha sido una "demostración de que el ministerio no es importante" para la actual administración y dice que es necesario que la ministra ponga orden y aclare si no se buscará fusionar el ministerio a futuro. También acusa que los partidos enviaron a los nombres más "débiles" a hacerse cargo de esta repartición: "Nos duele como trabajadoras que se esté en estas peleas internas y que traten al ministerio como un botín".

“Todo lo que ha pasado solo hace ver como que el ministerio no vale nada, y eso nos importa como funcionarias, porque nosotros creemos que vale mucho”, dice la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias del Ministerio de la Mujer (ANFUMEG), Paulina Cid, en medio de semanas difíciles al interior de la cartera, en la que la semana pasada el Presidente José Antonio Kast decidió intervenir y pedir la renuncia a la subsecretaria Daniela Castro (RN), quien mantenía serias diferencias con la ministra Judith Marín (socialcristiana).

The Clinic dio a conocer que el conflicto no terminó ahí, ya que actualmente se está en proceso de abrir sumarios debido a las denuncias presentadas por dos funcionarias en contra de Marín, donde acusan episodios de hostigamiento, desautorizaciones y malos tratos al interior de la cartera.

A ello se sumó que el jueves se activara el protocolo por Ley Karin debido a una denuncia en contra de una asesora de la exsubsecretaria y el malestar que existe en el entorno de la ministra por las últimas decisiones que tomó Castro antes de dejar su cargo, entre ellas, elevar de grado a funcionarias de su confianza.

En ese marco, la representante de la asociación de funcionarias de la cartera dialogó con The Clinic respecto del momento que atraviesa el Ministerio de la Mujer.

-Existe una denuncia por Ley Karin presentada en los últimos días.

-Me interesa decir que la Ley Karin es una ley que tiene sus procedimientos y sigue su camino. Mientras no haya un veredicto, nadie puede opinar mucho, no estamos para decir nada al respecto. 

-Se presentaron denuncias por malos tratos en contra de la ministra. ¿Tiene información al respecto?

-Entiendo que hay denuncias de malos tratos, no sé de quién contra quien. Pero son personas que no son antiguas en el ministerio, que son personas que llegaron en esta administración. Ahí es donde hay un conflicto que nos preocupa en el ministerio.

Nosotros vemos como un tema de gran irresponsabilidad el llevar un ministerio tan importante como este, donde entra gente que lo que hace finalmente es amotinarse para no salir con la subsecretaria a la que le dicen que se tiene que ir desde Presidencia. 

-¿De quién es la responsabilidad?

-Nos interesa decir que nos parece súper irresponsable que por un lado está el discurso diciendo que se requiere orden, cuando lo único que se ha instalado es desorden. No quiero salir defendiendo a la ministra ni mucho menos, como se dijo antes. Porque ante el desorden interno somos las trabajadoras las que salimos trasquildas y tenemos que ordenar todo.

Y cuando hay cambio de gobierno, lo que ha pasado con estos cambios y equipos, es que llega gente muy inepta, con muy poca experiencia y muy desde lo político hoy, sin una épica detrás. La política se transforma en algo muy aberrante.

Hay muchas responsabilidades, donde también está la autoridad. La que debiese poner orden es la ministra. Aquí hay un caos que es responsabilidad completa de quienes están asumiendo el Gobierno.

-¿En qué se refleja?

-Nosotros nos queremos alejar de esta pelea. Lo importante acá son otras preguntas. Como preguntar si quieren o no fusionar el ministerio y por qué, aunque entendemos que hasta el momento no. Cuál es la agenda de trabajo para un ministerio tan importante, porque mientra exista violencia contra las mujeres, mientras exista la diferencia de sueldo que existe entre hombres y mujeres, y mientras exista un desempleo como el que existe que afecta mayormente a las mujeres, tiene que existir un ministerio. A nosotras nos duele como trabajadoras que se esté en estas peleas internas y que traten al ministerio como un botín. Nos parece una cosa increíble.

“Mientras no sepamos si la ministra quiere mantener el ministerio o no, estamos con mucha alerta”

-¿No es relevante el ministerio para este gobierno?

-Claro, si ponen a personas que no dan el ancho, es como una demostración de que el ministerio no es importante para ellos. Lo que hacen es poner a lo más débil de los partidos políticos a administrar una cartera que siempre fue muy importante, independiente del gobierno de turno. Por ejemplo, la primera vez que salió Piñera, pone a Carolina Schmidt, que si bien uno no está de acuerdo, tenía una visión de Estado. 

En el último tiempo, lo mismo con (Antonia) Orellana, uno va viendo que se va debilitando esa mirada. Van poniendo gente que usa el ministerio como si fuera un botín para su eslogan.

-Hubo una declaración suya durante la conmemoración de los 10 años del ministerio que se interpretó como una defensa a la ministra Marín.

-No vamos a ser indolentes frente a cualquier cosa que se quiera hacer con el ministerio, incluida la ministra. Mientras no sepamos si la ministra lo quiere mantener o no, que lo diga públicamente, estamos con mucha alerta. No estamos blindando a una autoridad, estamos diciendo que esto es lo que está pasando.

-Se acusa que la exsubsecretaria antes de dejar el cargo habría aumentado de grado a funcionarias de su confianza.

-Eso es algo que nosotros vamos a poner como una denuncia en el Ministerio Público. Lo normal que siempre vi en mis 30 años de trayectoria en el servicio público, es que cuando se le pide la renuncia a una autoridad, se va con su equipo que entró sin sorteo. Lo otro es atrincherarse, lo que pasó aquí es que se atrincheraron y empezaron a gobernar. 

Sí tenemos evidencia para poder afirmar que se subieron grados, sin permisos además. Eso no se puede hacer porque hay montones de procedimientos para que eso no pase. Cuando uno como funcionaria pública ve que se están cometiendo irregularidades en el que pusiese estar la probidad vulnerada, uno tiene la obligación de denunciar. Aquí se sobrepasaron los límites. 

-En la cartera se hablaba de personalismos.

-Hay un tema de inexperiencia y de falta de todo. Hay personalismos, porque no creo que RN avale este tipo de cosas, o lo que los socialcristianos lo avalen, aquí hay un tema de personalismos y mal manejo. No lo quiero poner en función de que se peleen los partidos y nosotros salgamos defendiendo a uno u otro. Esto hace ver que el ministerio no vale nada, y eso nos importa como funcionarias, porque nosotros creemos que vale mucho. 

Ingreso irregular de niños haitianos: Tohá no descarta posible "colaboración" dentro del consulado.

 

En conversación con Estado Nacional Prime, la exministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que en el 2025 se identificó una posibilidad de que alguien al interior del consulado "esté alguien colaborando con la organización de vuelos irregulares".

Manouchehri acusa uso político del caso de niños haitianos: “Investigar no autoriza a mentir”

 

El diputado Daniel Manouchehri se refirió al caso de los niños haitianos y sostuvo que se debe investigar todo, ubicar a cada menor y sancionar cualquier negligencia o delito.

Sin embargo, el parlamentario cuestionó duramente a sectores de la derecha, acusándolos de instalar versiones sobre secuestros, tráfico de menores y tráfico de órganos sin pruebas.

Manouchehri afirmó que se confundió a niños no ubicables en un registro con niños desaparecidos, señalando que usar este caso para “fabricar una historia de horror” cruza todos los límites.

Ante la propuesta del Gobernador Alejandro Santana de reconversión para el postergado Hospital de Rahue, diputados Barría, Lilayú y Core Reyes esperan impulsar el recinto

 

Ante la incertidumbre presupuestaria y los extensos plazos de la infraestructura pública en Chile, el gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana, planteó en conversación con Radio SAGO, una reconfiguración estratégica para el proyecto del hospital de Rahue en Osorno.

En el caso de Rahue, a pesar de contar con etapas de prefactibilidad y diseños previos, el gobernador señala que «no existen recursos financieros para la ejecución de las obras en el escenario actual ni certezas».

El gobernador, señaló que buscará impulsar propuestas que podrían implementarse y adecuarse a las necesidades de la región, aplicando un «realismo» que no genere falsas expectativas.

Ante estas declaraciones, el diputado Héctor Barría reafirmó su respaldo al proyecto del Hospital de Rahue y anunció gestiones para resguardar su continuidad, y la posibilidad de evaluar alternativas para la inversión en infraestructura de salud en la provincia de Osorno.

El parlamentario sostuvo que el Hospital de Rahue forma parte de una política pública impulsada por el Ministerio de Salud y que su desarrollo debe mantenerse conforme a la planificación sanitaria definida por el Estado.

Por su parte el consejero regional Francisco Reyes en conversación con Radio SAGO, señaló que más del 60 por ciento de los vecinos que se atienden en el Hospital de Osorno son de Rahue, además de los vecinos de otras comunas.

Señaló que aquí el tema ha pasado por varios gobiernos y agregó que más allá del anhelo, la demanda y el sentido común, «aquí ha habido un trabajo de años y una planificación».

Por su parte, el diputado por la Región de Los Lagos y médico de profesión, Daniel Lilayú, manifestó su firme defensa de la construcción del Hospital de Rahue, señalando que se trata de una necesidad urgente e impostergable para la comuna de Osorno y toda la provincia.

“No podemos resignarnos a que Osorno siga esperando décadas por una infraestructura de salud que la población necesita hoy. El Hospital de Rahue no es un lujo ni un capricho; es una necesidad sanitaria, social y territorial”.

Lilayú recordó que Rahue concentra cerca del 80% de la población de la comuna de Osorno, convirtiéndose en el principal polo habitacional y de crecimiento urbano de la ciudad. “Resulta difícil comprender que el sector donde vive la gran mayoría de los osorninos no cuente con un hospital de mediana complejidad que permita acercar las prestaciones de salud a las familias y descongestionar la red asistencial existente”, afirmó.

Michel-Ange Joseph pide que no se use a la comunidad haitiana para “ajustes de cuentas políticas”

 

La representante de la comunidad haitiana en Chile cuestionó el tratamiento político y mediático del caso de los menores haitianos ingresados por reunificación familiar. Advirtió un aumento de episodios de racismo y pidió que la búsqueda de los niños se realice sin estigmatizar.

La representante de la comunidad haitiana en Chile, Michel-Ange Joseph, manifestó su preocupación por las consecuencias que ha tenido en las familias migrantes la investigación sobre los niños haitianos que ingresaron al país mediante procesos de reunificación familiar entre 2023 y 2025.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales sostuvo que la discusión pública ha generado temor y un clima de hostilidad hacia la comunidad haitiana.

“Hemos recibido esta alerta comunicacional como también una alerta social en contra de las personas haitianas que estarían relacionadas con redes de tráfico, tráfico de órgano, tráfico de menores, redes de violencia sexual hacia la menor, hasta lo peor”, afirmó.

Joseph aseguró que parte de la inquietud surge por la forma en que se han realizado las búsquedas de menores. Según señaló, algunas familias han reportado que durante las verificaciones también se efectúan controles migratorios.

“Muchas personas de la comunidad están hoy con miedo porque al llegar a los domicilios las autoridades aprovechan hacer control migratorio”, indicó.

La dirigente agregó que la situación ha derivado en amenazas y expresiones discriminatorias contra integrantes de la comunidad haitiana. “Ayer por Facebook una mujer escribió que los negros estábamos mejor cuando estábamos en la cosecha de algodones, o sea, cuando éramos esclavizados”, relató.

A su juicio, el debate público en torno al caso ha coincidido con otras discusiones sobre migración irregular y expulsiones, lo que ha incrementado la sensación de persecución entre los migrantes haitianos.

“Este mismo grupo de personas hoy están buscando a niños, niñas y adolescentes haitianos”, sostuvo, aludiendo a autoridades y dirigentes políticos que previamente habían impulsado medidas más restrictivas en materia migratoria.

En ese contexto, realizó un llamado a separar la búsqueda de los menores de las disputas políticas.

“Una de las cosas que podemos pedir hoy es la no utilización de la comunidad haitiana para ajustes de cuentas políticas”, afirmó.

Joseph también cuestionó que la atención pública se concentre exclusivamente en los menores haitianos cuya ubicación aún no ha sido determinada, señalando que la preocupación por la niñez debe ser más amplia.

“Si queremos buscar, si queremos proteger, si queremos acompañar a la niñez, acompañemos, busquemos y protejamos a toda la niñez en Chile”, cerró.

Director de la PDI y la búsqueda de niños haitianos: “Ya hemos encontrado a 33 que están viviendo con familias vinculantes”

"De estos 64 niños que en su momento Contraloría no pudo encontrar, nosotros ya hemos podido encontrar a 33 y están escolarizados, viviendo con familiares vinculantes y en la red de salud respectiva", explicó el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna. En tanto la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, comentó que "son 105 los niños del preinforme de Contraloría, 64 sobre los cuales se está levantando información, pero que además se está haciendo un levantamiento de todos los casos de reunificación familiar a través de las oficinas locales de la niñez".

Este viernes, a eso de las 19:30, el Gobierno y la Policía de Investigaciones dieron a conocer un reporte oficial respecto a la búsqueda de niños haitianos en territorio nacional, luego del preinforme de Contraloría que alertó sobre presuntos ingresos irregulares al país.

“A comienzos de semana se conoció el preinforme de la Contraloría, que constató que de una muestra de 105 niños y adolescentes haitianos, unos 64 estaban desaparecidos. Hoy tenemos resultados”, partió expresando la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Tras dicha introducción, el director de la PDI, Eduardo Cerna, pasó a explicar con detalle las novedades de la búsqueda. “En relación al preinforme de la Contraloría que hace alusión a 64 NNA que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 que están viviendo con familias vinculantes, padre, madre, hermanos, jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud”, estableció.

“O sea, están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o ingreso irregular. Están viviendo con familia vinculantes, participantes y siendo registrados en el sistema escolar y de salud”, continuó

Tras ello, Cerna se extendió para dar cuenta del protocolo de la PDI ante el ingreso de vuelos chárter al país. “Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó, ningún menor, como se quiso hacer saber, llegó al aeropuerto, pasó y salió. Cuando hay chárter son casetas distintas que se encargan de esa fiscalización, porque vienen con documentación que deben presentar”, expuso.

Y continuó: “Se hace la revisión uno a uno y se ve la coincidencia del menor que viene con la visa de reunificación y quién es el adulto vinculante. Una vez verificado eso se toma contacto con el adulto vinculante, se reúne con el menor y el oficial a cargo de la fiscalización, se hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que los recibe, y firma el adulto y el oficial de la PDI que hace esa entrega. Por ende, no es un flujo sin ninguna constatación, sin ninguna vinculación y sin ninguna verificación”. 

Para cerrar, el director de la PDI sostuvo que “lo que estamos haciendo ahora es de estos 64 que en su momento Contraloría no pudo encontrar, nosotros ya hemos podido encontrar a 33 y están en el estado que les acabo de decir: escolarizados, viviendo con familiares vinculantes y en la red de salud respectiva”.

Wulf y el levantamiento de información de los casos de reunificación familiar

Luego de aquella exposición de Eduardo Cerna, a la ministra Wulf se le preguntó cuáles son las cifras oficiales en cuanto a esta búsqueda de niños haitianos. Asimismo, se le consultó por el rol de los municipios en esta labor.

“Son 105 los niños del preinforme de Contraloría, 64 sobre los cuales se está levantando información, pero que además se está haciendo un levantamiento de todos los casos de reunificación familiar a través de las oficinas locales de la niñez”, declaró.

“Respecto a las labores que están realizando desde los municipios, existen las oficinas locales de la niñez, que tienen registro de los niños que viven en las comunas. Lo que se está realizando durante estos días son labores de articulación preventiva y de levantamiento de información de los casos de reunificación familiar que ha informado a la población el Servicio de Migraciones. Ese es un esfuerzo paralelo que se está haciendo con foco en prevención y protección de la infancia”, complementó.

Del pánico al “terrible desorden”: el bochorno del Gobierno en el caso de los niños haitianos

 

Tras días de alarma por un eventual tráfico de menores, el propio Gobierno terminó admitiendo que los antecedentes apuntan a un “terrible desorden” administrativo, una tesis que ya estaba contenida en el preinforme de Contraloría y que deja en evidencia fallas del Estado y el manejo de la crisis.

Hay un detalle que casi nadie notó y que lo explica todo: el preinforme reservado N° 541 de la Contraloría General de la República, de 70 páginas, fechado el 14 de abril de 2026 y dedicado íntegramente al ingreso de niños haitianos a Chile, no contiene en ninguna de sus páginas las palabras “trata” ni “tráfico”. Ni una vez. Lo que el informe sí dice, con frialdad burocrática y precisión técnica, es que el Servicio Nacional de Migraciones no cruzó bien sus bases de datos, que la PDI no tenía protocolos formales, que la Subsecretaría de la Niñez no hizo seguimiento oportuno, y que tres organismos del Estado que debían coordinarse no lo hicieron. Eso es lo que dice. Un desorden. Un bochorno administrativo de manual.

El informe que nadie leyó bien

Cuando el preinforme se filtró, Chile amaneció con los titulares encendidos. “Más de 200 niños haitianos desaparecidos.” “184 menores sin paradero.” “486 niños llegaron con solo 12 adultos”. La Fiscalía abrió investigación de oficio por cuatro delitos: trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de documentos y cohecho. Migraciones presentó denuncia penal apuntando a los vuelos chárter. Columnistas escribieron sobre explotación sexual. El gobierno convocó reunión de emergencia en La Moneda.

La histeria duró exactamente lo que tardaron las autoridades en buscar a los niños de manera mínimamente competente.

Porque lo que el informe de la Contraloría efectivamente midió en terreno es una muestra de 105 niños, visitados en una sola jornada, de día, siguiendo domicilios registrados hace un año o más, en comunas donde las familias haitianas cambian de arriendo con frecuencia, con los padres trabajando y los niños en el colegio. De esos 105, 41 fueron encontrados en el acto. Los 64 restantes no fueron ubicados en esa visita. No desaparecidos: no ubicados en esa visita. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre el periodismo y el pánico.

La tabla que nadie abrió, la que está en el Anexo 5 del informe, desglosa por qué no se encontró a esos 64: en 20 casos los vecinos decían no conocer a la familia, en 13 se habían mudado, en 10 no abrieron la puerta, en 5 el niño vivía ahí pero andaba de visita o de vacaciones, en 4 la dirección no fue encontrada. Solo uno —uno solo— corresponde a una desaparición real, denunciada por el propio padre, un hombre que vive en Chile y busca a su hija. Eso no es una red de traficantes. Es un padre angustiado.

Y cuando las autoridades buscaron bien, cruzando registros escolares y de salud en lugar de tocar puertas de día, los niños aparecieron en horas. La PDI ubicó 25 de los 64. Los municipios sumaron más. Estación Central encontró 7, Graneros 2. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, describió lo que encontró: niños a cargo de tutores, escolarizados, con controles de salud, pobres y varios hacinados. Pobreza, no tráfico.

Y hay un detalle que debería cerrar el debate para cualquiera que lo piense dos minutos: esos niños estaban en el colegio y en el Cesfam. Un traficante jamás los inscribiría en el sistema público de salud ni los mandaría a clases. Los inscribió alguien que quería que estuvieran en Chile de manera normal.

El número que no se suma

El “486 niños con 12 adultos” fue la imagen más potente y la más mal contada. Lo que ese número describe no es una operación criminal descubierta: es el total de niños que esos 12 adultos acompañaron a lo largo de dos años de viajes, con poderes notariales de los padres, porque a Haití no vuela ninguna aerolínea regular desde que la inseguridad colapsó el país. Los vuelos chárter no eran una práctica clandestina dentro de la comunidad haitiana. Eran la única forma de traer a los niños, y el Estado chileno los autorizó uno por uno a través de la DGAC.

El propio informe de la Contraloría lo confirma: todos los vuelos no regulares revisados contaban con la autorización correspondiente del Sistema de Arribos y Sobrevuelos. Todos. El número de pasajeros, las fechas, las empresas: todo registrado. Galistair GH6011, Aruba Airlines AG01, Aruba Airlines ZZ02-E. Autorizados por el Estado chileno. Los 1.476 pasajeros que llegaron en esos vuelos tenían resolución exenta que les otorgaba residencia temporal. Todos. La Contraloría lo verificó.

La denuncia de los 12 adultos habituales que aparecen con muchos niños en distintos viajes se explica de la misma manera: son los organizadores del corredor humanitario improvisado que existe porque el Estado no construyó uno formal. Que alguien figure acompañando a 34 menores en un viaje no lo convierte en traficante. Lo convierte en el tipo que arrendó el avión y juntó los poderes notariales de 34 familias que no pueden costear un viaje a Puerto Príncipe que en escala sale más de diez millones de pesos.

Por qué el tráfico no funciona aquí

El abogado haitiano Renaud Desir, quien trabajó en materias migratorias en Chile y sigue el caso desde el extranjero, sostiene que los procedimientos asociados a las visas para niños, niñas y adolescentes dejan una trazabilidad difícil de ignorar. “El padre tiene que firmar, tiene que identificarse y existen documentos y autorizaciones que quedan registradas”, señala a El Mostrador.

Desir argumenta que la existencia de padres o tutores identificables, con residencia y documentos en Chile, hace más complejo ocultar una eventual operación masiva de tráfico de menores sin dejar rastros. Hasta ahora, además, la Contraloría no ha reportado reclamantes falsos en los expedientes revisados.

“Imagínate un niño haitiano se perdió y todos los padres haitianos se quedan callados sin decir nada”, plantea. Según el abogado, la ausencia de denuncias de padres que sostengan que sus hijos nunca llegaron a destino constituye un elemento que, a su juicio, debilita la hipótesis de una red de tráfico de menores a gran escala.

El gobierno que encendió el fuego y luego lo apagó

Lo que siguió fue un espectáculo político que el propio gobierno terminó por desmentir.

El ministro de Defensa Fernando Barros salió a Radio Universo a decir lo que ningún ministro debería necesitar decir dos semanas después de haber instalado un pánico nacional: “No hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil, de órganos. No hay ningún antecedente, incluso más, responsablemente, no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos o perdidos.” Y luego la frase que resume el bochorno: “Gracias a Dios, hasta el momento, todo indica que se trata de un terrible desorden, de una muy mala política.”

Un terrible desorden. Eso es lo que el informe de la Contraloría siempre dijo. Eso es lo que el gobierno convirtió en una crisis de seguridad nacional, en investigación fiscal por cuatro delitos, en conferencias de prensa sobre niños desaparecidos.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, coordinadora designada de la emergencia, pedía mientras tanto “no adelantarnos” y repetía que “el Estado de Chile tiene que mejorar”. Reconoció que el gobierno no contaba con la información al llegar. Dijo que “no es el momento de las recriminaciones políticas”. Una frase extraña en boca de un gobierno cuya campaña completa se construyó sobre la narrativa del caos migratorio del gobierno anterior. Que no sea momento de recriminaciones resulta conveniente cuando las recriminaciones más gruesas apuntan al propio manejo de la crisis.

Barros admitió también que el preinforme era reservado y que su filtración fue “muy lamentable”. No dijo quién lo filtró. No dijo por qué la información llegó a los medios en una versión incompleta, antes de que el servicio fiscalizado presentara sus descargos, precisamente en el momento en que el gobierno necesitaba una narrativa fuerte sobre migración. Pregunta que queda en el aire.

El origen: una política heredada que el gobierno amplificó

Hay contexto que el gobierno omite. Entre 2022 y 2025 se otorgaron más de 16.500 visas de reunificación familiar a personas de distintas nacionalidades, en el marco de la Ley 21.325, promulgada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ese mecanismo ya existía cuando asumió la actual administración. El preinforme de la Contraloría concluye que las principales falencias no estuvieron únicamente en el otorgamiento de las visas, sino también en el seguimiento posterior: la falta de coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez; la ausencia de intercambio sistemático de información; deficiencias en la derivación de casos a las Oficinas Locales de la Niñez (OLN); y la falta de verificación de los domicilios declarados por los adultos responsables.

A ello se suma el memorándum firmado por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en mayo de 2024, que flexibilizó la exigencia documental para niños haitianos, un antecedente que el gobierno ha utilizado para atribuir responsabilidades a la administración anterior. Sin embargo, el mismo preinforme de la Contraloría muestra que las irregularidades detectadas también obedecieron a fallas de seguimiento y fiscalización del sistema. Además, las visitas a terreno que dejaron al descubierto esas deficiencias fueron realizadas por la Contraloría en enero de 2026, cuando aún gobernaba Gabriel Boric.

El abogado Desir lo dice sin rodeos: “El gobierno prometió mucha cosa antes de llegar al poder y a la llegada al poder es otra cosa diferente”. Y observa que Barros y el gobierno comenzaron a corregir el tiro: “Ellos están empezando a rectificar”.

Lo que quedó

Dos semanas después del estallido, el balance es este: los niños aparecen. Están en los colegios, en los Cesfam, con sus familias, pobres y a veces hacinados pero vivos y presentes. No hay un solo reclamante falso identificado. No hay una sola denuncia de un padre que diga que su hijo no llegó. No hay una sola víctima de tráfico con nombre y apellido.

Lo que sí hay es una comunidad haitiana estigmatizada, con niños que leen noticias y preguntan qué va a pasar, con familias que tramitaron años de papeleos para reunificarse y ahora ven su proceso cuestionado en bloque. Hay organizaciones comunitarias que nunca fueron convocadas a colaborar y que podrían haber reducido a días lo que tomó semanas. Hay un instrumento humanitario legítimo —la visa de reunificación familiar— que quedó ensuciado por una narrativa que su propio gobierno tuvo que desmentir.

Y hay un preinforme de la Contraloría que dice, con documentación, tablas y 70 páginas de evidencia, que tres organismos del Estado no se coordinaron, que las bases de datos tenían errores, que los protocolos no existían, que el seguimiento no se hizo. Un desorden administrativo real, grave y con responsables identificables en varias administraciones.

Eso era la noticia. Nunca fue otra cosa.

Entre 2024 y 2026: Cámara pagó $2.400 millones en indemnizaciones a 489 asesores de parlamentarios y después los recontrató

 

Desde 2012 la Cámara Baja aplica una norma especial que le permite despedir e indemnizar a todos los asesores de diputados cuando termina un periodo parlamentario -cada cuatro años- y luego recontratarlos, un privilegio que no tienen los restantes chilenos que se rigen por el Código del Trabajo. En el último periodo parlamentario, que se inició en 2022 y finalizó el pasado 11 de marzo, la Cámara pagó $5.700 millones en indemnizaciones para 1.336 asesores. Según registros públicos, recontrató a 489 de ellos, en los que había gastado $2.400 millones en indemnizaciones. En el Senado, en el mismo lapso, los asesores indemnizados fueron 218 y han sido recontratados 23 de ellos.

De los 1.336 asesores de diputados que en el último periodo parlamentario (2022 a 2026) recibieron un finiquito e indemnización por años de servicios prestados a la Cámara, 489 fueron recontratados. De hecho, 309 fueron recontratados al día siguiente de ser despedidos: el 11 de marzo pasado, cuando se inició el nuevo periodo de los legisladores. La práctica es algo completamente legal que solo ocurre en el Congreso Nacional desde 2012, cuando entró en vigencia una norma laboral creada por los parlamentarios. Esa norma permite finiquitar e indemnizar a todos los asesores de diputados cuando termina un periodo parlamentario -cada cuatro años- y luego recontratarlos, una posibilidad que no tienen los otros empleados que se rigen por el Código del Trabajo.

CIPER constató que entre 2024 y marzo de 2026 un total de 1.336 trabajadores de la Cámara Baja fueron finiquitados (aunque el periodo parlamentario se inició en 2022, no hubo pagos asociados a finiquitos hasta 2024). Esto involucró un gasto total en indemnizaciones de $5.700 millones. De esa cifra, $2.400 millones se utilizaron para pagar las indemnizaciones de 489 colaboradores que posteriormente fueron recontratados. Es decir, el 42% del gasto total que hizo la Cámara en indemnizaciones fue para pagar a asesores que volvió a contratar. 

Además, según la información proporcionada por la Cámara a través de Ley de Transparencia, en este último periodo parlamentario se pagó la cifra más alta en indemnizaciones para Personal de Apoyo desde que fue instaurada la normativa especial hace 14 años. La evolución del gasto en cada periodo parlamentario, desde 2012 a este año, es así: 

• 2012 a 2014 se pagó a 12 asesores: $31 millones.
• 2014 a 2018 se pagó a 23 asesores: $148 millones.
• 2018 a 2022 se pagó a 58 asesores: $535 millones.
• 2022 a 2026 se pagó a 1.336 asesores: $5.796 millones.

Estos números arrojan que en estos 14 años, el gasto en indemnizaciones aumentó casi 187 veces. Y que el número de asesores también ha experimentado un incremento significativo. Solo en 2026, fecha en que finalizó el último período de diputados, la corporación pagó indemnizaciones por $4.280 millones repartidos en 833 asesores. Y de ellos, 309 fueron recontratados al día siguiente. 

Según ha definido el Consejo Resolutivo de Asignaciones -entidad que determina los criterios de uso de las asignaciones parlamentarias-, el Personal de Apoyo lo integran trabajadores “que colaboran directamente con el Senador o Diputado en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones”. En esta categoría se incluyen aquellos que tienen despliegue político, como los jefes de gabinete, jefes territoriales o apoyos distritales, asesores comunicacionales o jurídicos. Asimismo, quienes realizan tareas administrativas, como secretarias o secretarios de oficinas parlamentarias, choferes o asistentes.

En el Senado pasa algo distinto. La mayoría de los asesores que fueron finiquitados en el último periodo, cesaron sus funciones porque los senadores para los cuales trabajaban abandonaron el Congreso en virtud del límite de postulación. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, esa corporación pagó $2.188 millones en indemnizaciones para 218 asesores finiquitados. Y 23 de esos colaboradores fueron recontratados. Sin embargo, hay al menos cuatro trabajadores que, con el finiquito de marzo pasado, alcanzaron una sumatoria de indemnizaciones que iguala el tope legal de 11 años de servicios. Y como fueron recontratados nuevamente, si obtienen otra indemnización van a sobrepasar ese tope. 

Según publicó CIPER, en la Cámara de Diputados, ese tope legal ya fue sobrepasado en, al menos, 17 casos (vea ese artículo). 

INDEMNIZADOS Y RECONTRATADOS

Al iniciar el periodo parlamentario que comenzó el 11 de marzo pasado, 29 asesores de diputados y comités recibieron la cifra más alta pagada por indemnizaciones a Personal de Apoyo en la Cámara: más de $14 millones. Ese mes, 16 de ellos fueron recontratados por el mismo diputado o comité. 

En el paso del periodo parlamentario anterior al actual, quienes lideran la lista de recontrataciones son la diputada Emilia Nuyado (PS) y el diputado Héctor Barría (DC). La Cámara ha finiquitado y recontratado a nueve de sus asesores. Nuyado recontrató a todos en marzo de este año, mientras que dos de los asesores de Barría fueron finiquitados y recontratados en 2024 y los otros siete en marzo de 2026. 

Al ser consultados, los dos diputados señalaron a CIPER que dada la confianza en el trabajo de sus asesores, optaron por recontratarlos pese a que la Cámara los había recién indemnizado. Tanto Nuyado como Barría, señalaron que ellos no tienen injerencia en que sean finiquitados cada cuatro años.  

En los comités pasa algo parecido: dos de estos -el de la UDI y el integrado por RN, Evópoli e independientes- indemnizaron a ocho asesores que de inmediato recontrataron. Pese a que en Transparencia del Congreso no están a la vista sus recontrataciones, según los registros de indemnizaciones revisados por CIPER todos fueron finiquitados antes del inicio del nuevo periodo parlamentario el 11 de marzo último y todos figuran con sueldos en marzo, abril y mayo de 2026. Los sueldos de estos asesores fluctúan entre $1,5 millones y $10 millones. 

CIPER contactó a todos los diputados jefes de bancada de estos comité, para conocer su parecer sobre la normativa. Los dos que contestaron, Daniela Serrano (PC e IND) y Raúl Soto (PPD e IND), coinciden en señalar que los finiquitos no son competencia de ellos, sino de Secretaría General de la Cámara. 

 “Las decisiones administrativas las toma la Secretaría General de la Cámara, y desde ahí se imponen las condiciones de contratación para el personal”, dijo Soto, por lo que no les corresponde opinar. Mientras que Serrano, afirmó que “nuestras decisiones como Comité de diputadas y diputados PC e independientes se ciñen a la normativa que establece la Cámara y el Consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias” (lea sus respuestas completas aquí).

En la Cámara existe un proyecto de ley (Boletín 17301-13) donde se plantea cambios a los motivos por los cuales se despide e indemniza a estos trabajadores. Sin embargo, en ninguno de esos cambios, que deben ser votados por los parlamentarios o sobre los cuales se pueden impulsar indicaciones, se hace referencia a las indemnizaciones sucesivas y recontrataciones inmediatas. 

CASOS EN EL SENADO

Entre enero de 2024 y el 11 marzo de 2026, según información proporcionada vía Ley de Transparencia por la Cámara Alta, el Senado desembolsó más de $2.100 millones en indemnizaciones. Sin embargo, solo el 11% de esos asesores finiquitados, siguieron trabajando para esa corporación. Es decir, de los 218 asesores finiquitados e indemnizados en el lapso mencionado, 23 fueron recontratados inmediatamente o poco después. 

En 2026, año en que cesó en sus funciones la mitad del Senado, 126 asesores fueron indemnizados. De ellos, al menos cuatro continuaron trabajando en la Cámara Alta. Dos de estos últimos estaban contratados hasta el 10 de marzo pasado por el Comité DC y ahora integran el Comité Mixto DC e independientes. Ellos son:

• Mauricio Burgos (indemnizado con $35,6 millones).
• Bella Campaña ($31,3 millones).

Los otros tres que integran este grupo antes trabajaban para senadores que tuvieron que dejar el Congreso, por lo que ahora están empleados por otros parlamentarios del mismo sector: 

• Reinaldo Monardes ($39,3 millones), trabajaba para Ricardo Lagos Weber y ahora para el Comité Mixto PS, PPD, independientes y Partido Liberal.
• Jaime Álvarez ($16,1 millones), trabajaba para José García Ruminot y ahora con Rodolfo Carter.

Personas que conocen bien lo que ocurre en la bancada DC, explicaron a CIPER que la bancada se reformuló, por lo que tanto Burgos como Campaña debieron ser finiquitados, pero, aunque acumulaban más años de servicios se les aplicó el límite legal de 11 años. En todo caso, al menos uno de ellos, Burgos, ya había sido indemnizado antes, porque ingresó a esa bancada en 2007. 

Tanto Monardes como Álvarez señalaron a CIPER que ellos llevan cerca de 12 años trabajando en el Senado, pero que para su indemnización se les aplicó el tope legal de 11 años. Campaña, en tanto, no respondió las preguntas de CIPER. 

Respecto de los otros 17 asesores recontratados en el Senado, la mayoría fueron empleados ahora por otros senadores. Solo uno, colaborador de Francisco Huenchumilla (DC), fue recontratado por el mismo legislador.  

El senador explicó a CIPER que antes de recontratar a su asesor, hizo consultas a la Secretaría General sobre si se podía hacer eso, una vez que el asesor fue finiquitado. Y así lo explicó: “Cuando cumplo mi periodo de senador y soy reelecto y, además cumplo 82 años, me pregunté cómo debería encarar este último periodo, es decir, dónde poner los énfasis, atendidas ambas circunstancias (mi último periodo y mi edad). Por ello estimé que el periodista que me acompañó, iba a cumplir las funciones de hacerse cargo de las cuestiones administrativas de mi oficina de Temuco, entonces hubo un cambio de funciones o una suma de funciones. Y considerando la respuesta que me dieron de la Secretaría General, procedí entonces después de un breve periodo a sumarle otras responsabilidades”, dijo.

La mayoría de los asesores contactados por CIPER, señalaron que ellos no buscaron que se instaurara la norma que permite indemnizar y recontratar, y que se ciñen a lo que estipulan sus contratos.

¿Qué hay detrás del encuentro entre José Antonio Kast y Peter Thiel en La Moneda?

¿Qué se habló en La Moneda? ¿Existe algún memorándum, carta de intención o negociación en curso entre el Estado chileno y Palantir o sus filiales? ¿Bajo qué condiciones de transparencia, licitación y auditoría independiente el Gobierno evalúa incorporar tecnología de este tipo?

El pasado 8 de junio, el Gobierno de Kast confirmó que el Presidente se reunió con Peter Thiel en La Moneda, pero se negó a revelar de qué se habló, invocando la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Que el Ejecutivo use garantías constitucionales diseñadas para proteger a la ciudadanía frente al poder estatal para blindar la opacidad de una reunión presidencial con el dueño de la mayor empresa de vigilancia de datos del planeta, es alarmante y lesiona los principios de transparencia democrática.

La reunión con Kast no es un evento aislado. Entre abril y mayo de 2026 Thiel se reunió también con Milei en Buenos Aires, con el presidente Peña en Asunción, además de figuras como José Piñera y Johannes Kaiser en Santiago de Chile. Los gobiernos que reciben a Thiel tienen en común una afinidad ideológica que considera las instituciones democráticas, el pluralismo y los contrapesos normativos más como un obstáculo burocrático que como una garantía para las libertades individuales. El propio Thiel ha declarado públicamente, en un ensayo del año 2009, que cree que la libertad y la democracia son incompatibles.

Peter Thiel no es solo un inversionista excéntrico, sino también cofundador y parte del directorio de Palantir Technologies, una empresa que provee infraestructura de análisis de datos e inteligencia a los principales ejércitos y agencias de espionaje del mundo. Su CEO, Alex Karp, publicó en 2025 un libro convertido hace pocas semanas en manifiesto de Palantir, que reivindica el “poder duro” y el rol de Silicon Valley en construir armas informáticas de IA, reforzando el poder estadounidense. Así, reunirse con jefes de Estado se muestra como lobby geopolítico.

Esta corporación tecnológica ya tiene presencia concreta en la región. El caso más avanzado es Ecuador: en mayo de 2025, el Gobierno de Noboa firmó un contrato corporativo cuyo contenido fue declarado confidencial. Sin licitación pública, sin transparencia ciudadana y con una total dependencia tecnológica instalada, como parte del modelo de negocio cerrado que Palantir exporta activamente.

En Argentina, el último día de 2025, también se reformó vía decreto la Ley de Inteligencia, reforma estructural que creó una agencia de ciberinteligencia y habilitó el cruce masivo de bases de datos personales. No hay un contrato con Palantir confirmado aún, pero el marco normativo nacional está construido exactamente a su medida.

El riesgo para Chile no es hipotético. Palantir registró su marca en INAPI en 2022. El Gobierno de Kast ha convertido la “seguridad digital” en una prioridad, con el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros y una agenda de vigilancia que incluye un “registro de vándalos” y el uso predictivo de IA con fines de seguridad pública.

Chile está a pocos meses de que entre en plena vigencia la renovada Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (diciembre 2026). Sin embargo, el proyecto de ley de IA en tramitación excluye expresamente los sistemas de defensa nacional de su ámbito de aplicación. Esa exclusión sectorial, combinada con la opacidad de la reunión Kast-Thiel, es una puerta trasera deliberada en el momento en que más se necesita una regulación estricta y protectora.

Lo que está en juego no es si Thiel invierte en minería o en desarrollo tecnológico. Es si los Estados latinoamericanos van a construir su infraestructura digital sobre plataformas cerradas en manos de actores que desprecian la democracia y que en Estados Unidos ya facilitan la deportación masiva de migrantes. Una vez instalada esa infraestructura de control, desmantelarla es casi imposible.

Las preguntas que nos hacemos son simples: ¿qué se habló en La Moneda? ¿Existe algún memorándum, carta de intención o negociación en curso entre el Estado chileno y Palantir o sus filiales? ¿Bajo qué condiciones de transparencia, licitación y auditoría independiente el Gobierno evalúa incorporar tecnología de este tipo? La sociedad civil no puede exigir rendición de cuentas sobre acuerdos opacos que no sabe que existen.

Alza de la luz en julio: el monto exacto que subirá tu cuenta si vives en Santiago o regiones, en Osorno aumentaría 1,8% por Cliente.

Las tarifas eléctricas registrarán un incremento promedio del 4,9% desde el 1 de julio. Descubre el porcentaje en tu comuna y cuánto terminarás pagando en pesos.

Un nuevo ajuste en los presupuestos familiares chilenos comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de julio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó en su más reciente Informe Técnico Preliminar un incremento promedio nacional del 4,9% en las tarifas eléctricas, impulsado por mayores costos en los segmentos de generación y transmisión.

Sin embargo, este golpe al bolsillo no afectará a todos los hogares por igual. El impacto real dependerá exclusivamente de la empresa distribuidora de tu zona y de la comuna en la que residas. Además, este incremento coincidirá con el inicio del proceso de reliquidaciones postergado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cual sumará o abonará a las boletas cobros pendientes acumulados entre 2020 y 2024.

¿Cuánto subirá en pesos mi boleta?

Para el consumidor promedio de la Región Metropolitana (clientes de Enel), el alza estimada se situará en un 2,72%. En términos prácticos, un hogar de Santiago que actualmente registra un consumo mensual de $58.500, verá que su cuenta se incrementará a cerca de $60.100 a contar de julio.

La situación es sustancialmente más compleja para los habitantes del sur de Chile debido a retrasos en infraestructura de transmisión. En comunas como Valdivia y Puerto Montt (bajo la distribuidora Saesa), las proyecciones de alza superan el 16%. Esto significa que una boleta promedio de $60.000 en esas zonas podría dispararse por sobre los $70.000 mensuales a partir del invierno.

Revisa el alza proyectada en tu comuna

De acuerdo a las estimaciones entregadas por la CNE según las distintas distribuidoras del país, el desglose por comunas principales muestra el siguiente comportamiento tarifario:

• Santiago (ENEL): +2,72%

• Rancagua (CGE): +1,54%

• Talca (CGE): +1,54%

• La Serena (CGE): +1,51%

• Temuco (CGE): +1,42% (Sube a +3,11% en Codiner y +3,39% en Frontel)

• Antofagasta (CGE): +0,42% (Sube a +9,23% para clientes Saesa)

• Punta Arenas (Edelmag): +2,74%

• Puerto Montt (Saesa): +16,36% (+8,78% para clientes Crell)

• Valdivia (Saesa): +16,60%

• Iquique (CGE): -0,39% (Registra una leve baja)

• Arica (CGE): -0,74% (Registra una leve baja)

Cabe señalar que estas variaciones corresponden a la primera etapa del proceso semestral de actualización regulatoria y los valores definitivos serán ratificados mediante decreto ministerial durante el mes de junio.

Las cuentas de luz en la Provincia de Osorno tendrán un alza del 1,8% a partir del 1 de julio de 2026. Este incremento responde al proceso de estabilización semestral de precios y es significativamente menor al promedio nacional del 4,9% y a otras ciudades del sur como Valdivia o Puerto Montt. 

Detalles del Alza Tarifaria

• Porcentaje de Aumento: 1,8%.
• Entidad Distribuidora: Luz Osorno (Grupo Saesa).
• Contexto: El ajuste se debe principalmente a la comparación con las tarifas del primer semestre, las cuales incorporaban descuentos transitorios que ya finalizaron.

Medidas de Apoyo y Canales de Contacto

Ante el aumento de los costos, es posible acceder a beneficios estatales y gestionar tus consumos mediante canales oficiales:

• Subsidio Eléctrico: Revisa los requisitos y fechas de postulación en la Oficina Virtual de Subsidios Eléctricos.
• Consultas directas: Revisa tu boleta y el calendario de cortes programados para la Provincia de Osorno en el sitio web de Saesa.

Si te gustaría que te ayude con más información, dime:

• ¿Quieres saber cómo optimizar el consumo de tus artefactos en invierno para mitigar el alza?
• ¿Necesitas detalles sobre cómo postular al subsidio eléctrico?