20 agosto 2026

«Es raro que echen al mejor alumno del curso»: Rodrigo Alarcón, el director de Salud mejor evaluado de Chile al que el Gobierno no renovó


Durante dos años seguidos lideró el ranking de gestión del Ministerio de Salud, pero el Gobierno decidió no renovar su nombramiento. Rodrigo Alarcón Quesem —enfermero, ingeniero comercial y magíster en Salud Pública— encabezó el Servicio de Salud de Osorno desde agosto de 2023 y cesó en el cargo el pasado 7 de agosto. En La Entrevista de la Semana de Mirada Sur TV, el exdirector responde por su salida, la crisis presupuestaria que golpea a Osorno, los sumarios que marcaron su gestión y la deuda histórica en infraestructura sanitaria de la provincia. Su diagnóstico es tan directo como incómodo: en la Alta Dirección Pública, dice, el mérito pesa poco frente a la espalda política.

Usted llevaba cuarenta años en el Estado antes de llegar a Osorno. ¿Cómo fue ese camino desde enfermero clínico hasta director de servicios de salud?

Fue un camino largo, entretenido. Cumplí este año cuarenta años trabajando en forma ininterrumpida casi todo el tiempo en el Estado. Mi primer trabajo fue en el Hospital El Peral, en un modelo de humanización de la psiquiatría que pretendía transformar los hospicios, que eran lugares donde iba a dejar gente abandonada, y reintegrarlos a la sociedad. Eso fue lo que le dio la partida a los COSAM que existen hoy, los centros de salud mental comunitario, los hogares protegidos, la reinserción social y la desaparición de los hospitales psiquiátricos como centros de abandono. Después trabajé en intensivo, hice cargos de jefatura administrativa, estuve en el hospital de Codelco en Chuquicamata, y estudié una segunda carrera, Ingeniería Comercial, porque sentía que los magísteres complementan tu profesión pero no te entregan elementos de otra. Hice un recorrido por el seguro, por el Ministerio, por la Atención Primaria, por las clínicas y por los servicios. Lo único que no fui en la vida es director de hospital.

¿Qué encontró cuando llegó al Servicio de Salud de Osorno en 2023?

Yo conocí Osorno cuando fui gestor territorial del Ministerio, allá por el año 2000, y me tocó supervisar desde Valdivia hasta Magallanes. Volví el 2016 para acompañar la construcción de los hospitales interculturales. Mi opinión siempre ha sido que este servicio tiene, a diferencia de los otros, consistencia en el objetivo y consistencia en las personas. Uno vuelve cinco años después y están los mismos técnicos en diferentes ubicaciones, y eso ha permitido que el servicio progrese más que los otros. Te da un sustrato para avanzar más rápido: no hay que construir nada nuevo, hay que administrar lo que hay, que es bueno.

Lideró dos años seguidos el ranking de gestión del Ministerio y aun así no lo renovaron. ¿Qué razón le dieron?

Una corrección: estuve tres años, no dos, y dos años lideramos. No me dieron ninguna razón. Yo creo que la razón es política, ciertamente. Nosotros tenemos un sistema donde somos titulares con nombramiento del presidente de turno, nos pueden pedir la renuncia por falta de confianza y nos pueden no renovar. La verdad es que casi no hay directores que logren cumplir los tres años, lo cual habla muy mal del modelo de Alta Dirección Pública. Me llamó alguien del gabinete y me dijo que no me iban a renovar. Le dije que era parte de las reglas del juego, que me enviaran los papeles. No tengo ninguna animosidad. Me voy orgulloso, me voy contento, aunque es un poquito como que lo echan a uno del paraíso.

Cuando publicamos la nota, se comentó que también saldría toda la primera línea del servicio: subdirecciones, jefaturas, más de veinte personas. ¿Eso es efectivo?

Creo que eso es parte del morbo. Cada vez que cambia un gobierno, las autoridades tratan de poner a sus parciales, pero hoy la Contraloría determinó que a los dos años esas confianzas se transforman en empleo permanente, así que el pool de personas dispuestas a venir por un año se achica. En este servicio el subdirector administrativo estaba antes que yo llegara; el de Gestión de las Personas también; el director del Hospital Base postuló, ganó concurso y a mí me tocó nombrarlo. Todas las otras personas están nombradas por procedimientos formales. Yo soy malo para la desvinculación política o ideológica.

El presidente Kast dijo en campaña que el mérito sería la bandera del Gobierno. ¿Cómo se explica que saquen a quien fue dos años el mejor de Chile?

La presidenta del Consejo de Comunidades dice que es raro que echen al mejor alumno del curso, y es raro. La única conclusión que uno puede sacar es que la discusión del mérito es falsa: que uno lo haga bien o mal es poco relevante, lo importante es tener una espalda política significativa. Yo siempre me he movido con poca espalda política. Nunca he llegado a un cargo por designación, siempre por concurso y siempre como titular. Pero también tengo que reconocer que en el periodo anterior tampoco me hubieran contratado. Al final no es este gobierno, son todos los gobiernos que sistemáticamente han destruido la Alta Dirección Pública. Lo que uno esperaría es que sinceraran la cuestión: o convierten el cargo en político, o fortalecen el equipo técnico como en el modelo inglés, donde el establishment público es fijo y solo cambian el ministro y un par de jefaturas.

Sus defensores hablan de indicadores del 95% de cumplimiento y del primer lugar del país. Pero hay listas de espera y salió la noticia de que las ambulancias del hospital no pueden salir. ¿Cómo se construye ese indicador?

El indicador se construye no sobre el éxito total, sino sobre una meta que te imponen sobre tu propio desempeño. Si me dicen que baje de 250 a 200 días de espera por una cirugía y lo logro, tengo el cien por ciento. Nuestro déficit es probablemente un 30 o 40 por ciento de financiamiento inicial para pillar las listas de espera. Pero si a mí me dieran el 30 por ciento más de presupuesto, ¿dónde lo ejecuto? No caben en esta ciudad un 40 por ciento más de operaciones: no hay médicos, no hay enfermeras, no hay camas. Cuando uno recibe más dinero del que puede manejar, termina comprando más caro y se pone ineficiente. Mi mirada siempre ha sido mejorar la resolutividad y la eficiencia, cuidando a las personas, porque esto es una empresa de servicio que funciona sobre la base de la gente. En tres años bajamos el 43 por ciento de los ausentismos antes de que la Contraloría planteara nada.

Hubo críticas públicas tras nuestra nota, y llamaba la atención que la mayoría de quienes hablaban de problemas de trato eran mujeres. ¿Qué responde?

Una cosa es que alguien haya hecho algo por lo que tiene que responder y se sienta maltratado, y otra es que digan que yo grité, acosé o perseguí. En eso soy bien intransigente: las obligaciones se cumplen. Tuvimos una funcionaria a la que despedimos por más de 180 días de licencia; fue al tribunal, perdió, y el proceso estaba bien hecho. Hay otros separados de sus funciones por ley Karin, donde sus subalternos dicen que los maltrataba. Siempre nos podemos equivocar, pero nadie de los que reclama que se le sancionó ha logrado desvirtuar la sanción demostrando que era víctima. La gente que tenía licencias reiteradas aprendió, la que viajó al extranjero con licencia y la sancionamos aprendió, la que trata mal a los demás aprende. Yo no siento que haya elementos para decir que soy un maltratador.

En diciembre de 2024 un subdirector médico operó a su hermana saltándose una lista de espera de 330 días. ¿Qué pasó ahí?

Se saltó la lista. La Contraloría tomó la investigación sumaria, se estableció que era efectivo y se le separó de la subdirección médica. No voy a hacer esfuerzo por defenderlo, porque efectivamente se equivocó. Lo destinamos a un hospital diferente. Ahora, quisiera precisar: aparentemente fue un sobrecupo. No es que sacáramos a alguien de la lista para operar a la hermana, sino que en un sobrecupo usó recursos del Estado para resolver un paciente de Fonasa que estaba muy atrás en la lista. Cuesta que la gente lo entienda. También quisiera decir que la Contraloría habló de noventa parientes de funcionarios que se habían saltado la lista, cuestión que resultó inexacta: eran tres, y de esos, el sumario determinó que dos eran discutibles. Hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de los errores del Estado, porque la responsabilidad se determina al final del debido proceso, no al principio.

En abril de este año la Contraloría invalidó un sumario suyo contra una funcionaria con 35 años de servicio sancionada por acoso laboral, por vicios en el procedimiento y vulneración del derecho a defensa. ¿Qué ocurrió?

El fiscal hizo su investigación sumaria y propuso una sanción; yo propuse una diferente, que es mi potestad, y Jurídica la revisó. Lo que la Contraloría devuelve no es que esté incorrecto, sino que está insuficientemente documentado: pide certificar con día, hora y momento cada hecho. El fiscal tiene la obligación de hacerlo y eso todavía está abierto. Aparentemente en esta reapertura aparecieron más víctimas. Que uno tenga 35 años de servicio no lo faculta para tratar mal a los demás. Si al final del día nos equivocamos, habrá que reponerle las condiciones que tenía, pero todo indica que ocurrió y que hay un tema de procedimiento. Sobre que el cargo se habría llenado con una persona cercana a mí: no lo conozco, nunca lo había visto, no sé quién es. Eso es falso, es injurioso.

El Gobierno decidió bajar el presupuesto de salud, y Osorno fue uno de los servicios más golpeados junto a Valdivia y Puerto Montt. ¿Qué opina?

Nosotros históricamente hemos gastado más de lo que nos pasan. La Ley de Presupuesto es como la del tránsito: si el límite es 120 y andas a 130, tienes infracción, y nosotros hemos andado toda la vida a 130, 140, 180. Venimos hace años reduciendo nuestros márgenes de deuda con una presión asistencial muy significativa. Aquí voy a reconocer algo que no le pasó a otros servicios y a nosotros por suerte nos pilló así: veníamos reduciendo un 15 por ciento anual el gasto en licencias médicas, unos 1.500 millones, y eso se calzó con la reducción presupuestaria. Por eso esta vuelta no la pagaron ni los funcionarios de menor sueldo ni los pacientes. Pero si el año siguiente vuelve a haber una reducción, ya no va a quedar margen. Bajar el presupuesto genera problemas: si tuviéramos 1.500 millones más, ciertamente estamos mejor.

Para cerrar: ¿la provincia de Osorno necesita más infraestructura de salud?

La provincia de Osorno ha sido históricamente postergada. Si tenemos dos hospitales interculturales fue porque los pueblos se los sacaron a la autoridad, no porque estuvieran en el plan de inversiones. Necesitamos un hospital nuevo en Río Negro con rehabilitación y más complejidad, un hospital nuevo en Puerto Octay, diálisis en las comunidades más chicas. El Hospital de Osorno tiene 37 mil metros cuadrados; el de Curicó, para una población parecida, tiene 130 mil metros y cinco mil funcionarios, nosotros dos mil novecientos. Valdivia recibió una red de concesiones, Puerto Montt una parte, y nosotros somos como el hijo del medio. Yo tengo una raigambre más bien izquierdista, pero si no hay otra vía de financiamiento, que sea la concesión también, pero que construyan. Invertimos veinte mil millones el año pasado, nunca en la vida en Osorno se había invertido tanto en salud, y esa articulación no se puede perder. Hay que tomar la decisión luego, porque un hospital demora cuatro o seis años: este gobierno no lo va a inaugurar, lo inaugura el otro.

Rodrigo Alarcón Quesem dejó la dirección del Servicio de Salud de Osorno el pasado 7 de agosto, tras encabezarlo durante tres años y liderar por dos periodos consecutivos el ranking de gestión del Ministerio de Salud. Su salida abrió un debate regional sobre el funcionamiento de la Alta Dirección Pública y sobre la deuda histórica de la provincia de Osorno en infraestructura sanitaria.

La conversación completa está disponible en el canal de YouTube de Mirada Sur TV y en el portal miradasurtv.cl. La Entrevista de la Semana llega cada semana con los protagonistas de la actualidad de Los Lagos y Los Ríos.

Cossio cuestiona estado de excepción de Kast: “Hay pulsiones autoritarias”

 



La propuesta del Gobierno para crear un nuevo estado de excepción por seguridad pública abrió una fuerte controversia política y constitucional. Héctor Cossio, editor general de El Mostrador, sostiene que el proyecto expone un sello iliberal de la administración de José Antonio Kast, al entregar al Ejecutivo facultades para restringir derechos durante períodos prolongados y con un control limitado del Congreso. En conversación con Mirna Schindler, Cossio analiza también el contexto político de la iniciativa, la caída del apoyo presidencial, la utilización de golpes comunicacionales y los antecedentes que, según plantea, conectan las actuales propuestas con posiciones defendidas por Kast desde su campaña de 2021. El debate de fondo: hasta dónde puede avanzar una política de seguridad sin erosionar los contrapesos de la democracia liberal. 

 Timestamps / capítulos
00:00 Presentación
02:31 Cossio analiza el deterioro del apoyo a Kast
04:11 Golpes de efecto y estrategia política del Gobierno
07:00 ¿Puede prosperar la reforma en el Congreso?
08:40 Cossio: el proyecto expone un sello “iliberal”
10:00 Restricción de libertades y concentración de poder
12:50 Antecedentes y propuestas de Kast desde 2021
15:00 El debate sobre democracia liberal y contrapesos
17:25 Cossio insiste: “El sello iliberal viene desde 2021”
19:00 Crimen organizado y nuevas herramientas de seguridad
21:00 La provocación de Cossio: ¿estado de excepción en Lo Barnechea?
22:58 Plebiscito, seguridad y límites constitucionales
24:08 Cierre





SEREMI de Salud prohíbe funcionamiento de local de sushi en Osorno tras hallar fecas de roedores

 



La SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos decretó la prohibición de funcionamiento de un local de sushi en la comuna de Osorno, luego de que fiscalizadores constataran la presencia de fecas de roedores en sectores destinados a la elaboración y el almacenamiento de alimentos. La medida se adoptó tras una denuncia ciudadana ingresada por la plataforma OIRS (Sistema de Información y Atención Ciudadana), que alertaba sobre eventuales incumplimientos a la inocuidad alimentaria en el establecimiento.

Denuncia ciudadana activó la fiscalización sanitaria

El procedimiento se originó a partir de un reporte recibido a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del Ministerio de Salud, mecanismo que la Autoridad Sanitaria ha reiterado como la vía formal para canalizar este tipo de alertas. A raíz de la denuncia, funcionarios de la Unidad de Alimentos de la SEREMI de Salud concurrieron al local para verificar en terreno las condiciones sanitarias del recinto.

Durante la inspección, los fiscalizadores constataron la presencia de fecas de roedores en las bodegas destinadas a la elaboración y el almacenamiento de productos, además de acumulación de residuos y basura. Según la información entregada por la Autoridad Sanitaria, la situación reviste carácter grave debido a la cantidad y distribución de las fecas observadas en áreas asociadas directamente a la manipulación de alimentos, lo que representa un riesgo sanitario para los consumidores.

Prohibición de funcionamiento hasta subsanar las condiciones sanitarias

En consideración a los antecedentes y al riesgo constatado, la SEREMI de Salud dispuso la prohibición de funcionamiento del establecimiento. La medida se mantendrá vigente mientras el local no subsane las condiciones sanitarias que exige la normativa vigente, según precisó la repartición.

El jefe de la oficina provincial Osorno de la SEREMI de Salud, Miguel Ángel Bravo, señaló que las fiscalizaciones tienen como objetivo proteger la salud de la población y verificar que los establecimientos que elaboran y expenden alimentos cumplan con las condiciones sanitarias necesarias para garantizar su inocuidad.

La medida se inscribe en una línea sostenida de control sanitario sobre los locales de sushi en la provincia de Osorno, categoría considerada de alto riesgo por la Autoridad Sanitaria al involucrar ingredientes crudos susceptibles de transmitir enfermedades. En febrero de 2025, la SEREMI de Salud de Los Lagos ya había desplegado fiscalizaciones específicas a este rubro en el marco de su Campaña de Verano, advirtiendo que el aumento de la temperatura ambiental favorece la proliferación de bacterias en los alimentos.

Para los consumidores de Osorno y del resto de Los Lagos, el caso vuelve a poner en el centro la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta de control sanitario, así como la exigencia de que los locales de manipulación de alimentos cumplan de manera estricta con la normativa vigente para resguardar la salud pública.

“Está totalmente equivocado”: Matthei se lanza contra reforma constitucional de seguridad de Kast

La exalcaldesa rechazó modificar la Carta Fundamental para enfrentar la crisis de seguridad, cuestionó los “cambiecitos chiquititos” tras dos procesos constitucionales fallidos y advirtió por las facultades que tendría el Presidente bajo el nuevo estado de excepción.

Evelyn Matthei volvió a instalarse este martes en uno de los flancos incómodos para La Moneda: las críticas a la agenda de seguridad no llegaron desde la oposición, sino desde la excandidata presidencial de Chile Vamos. Esta vez rechazó derechamente la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, cuestionó la extensión del nuevo estado de excepción y advirtió sobre el riesgo de entregar amplias atribuciones presidenciales.

“Si alguien cree que cambiando la Constitución se van a acabar los problemas de seguridad en Chile, está totalmente equivocado”, afirmó Matthei en Radio Pauta.

La intervención ocurrió apenas un día después de que el Ejecutivo ingresara al Senado, con suma urgencia, su reforma constitucional de seguridad. El proyecto crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública ante amenazas graves e inminentes o una afectación grave de la seguridad pública.

Matthei cuestionó precisamente la velocidad que busca imprimirle La Moneda. “Le pusieron suma urgencia a un cambio en la Constitución, lo cual me parece raro”, señaló, para luego advertir que no espera que la iniciativa sea despachada rápidamente por el Senado.

“Yo, por lo menos, no reformaría la Constitución”,

Uno de los principales reparos de Matthei apunta al nuevo estado de excepción. La propuesta permite al Presidente declararlo inicialmente hasta por 120 días y prorrogarlo por otros 120 sin requerir autorización previa del Congreso; solo las extensiones posteriores necesitarían el acuerdo parlamentario. Durante su vigencia, el Mandatario podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, limitar los derechos de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.

Es justamente esa concentración de facultades la que encendió las alarmas de la exalcaldesa.

“Esto de tener 120 días un estado de excepción, donde además el Presidente puede hacer casi lo que quiere, chuta, ¿qué pasaría esto en malas manos?”, planteó. Y agregó: “A mí no me gustaría nada estar en un gobierno que yo considerara así terrible y que tuviera este tipo de facultades”.

La exalcaldesa valoró, en cambio, la información que maneja respecto de que Renovación Nacional convocaría a especialistas constitucionales para estudiar la propuesta. Los reparos en RN no son nuevos: la semana pasada el senador Andrés Longton calificó parte del cambio constitucional como “algo más simbólico”, mientras diputados de la colectividad advirtieron que cualquier ampliación de atribuciones debe ser compatible con el Estado de Derecho.

“Cambiecitos chiquititos”

Las dudas también alcanzaron a la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, afirmó inicialmente que, en los términos que habían trascendido, el partido no podía apoyar una reforma que introdujera excepciones capaces de debilitar la institucionalidad. El Ejecutivo posteriormente realizó ajustes y buscó cerrar filas en el oficialismo antes del ingreso del texto definitivo.

Pero Matthei fue más allá de las objeciones particulares. Su crítica apuntó al recurso mismo de modificar nuevamente la Carta Fundamental después de los dos procesos constitucionales fallidos.

“Parece tan absurdo que hayamos tenido dos reformas o dos intentos de reforma constitucional y los dos hayan fracasado, para después terminar haciendo estos cambiecitos chiquititos”, disparó.

A su juicio, normalizar ese camino puede abrir una puerta que después resulte difícil cerrar: “Obviamente que abre la puerta a que el día de mañana cualquier problema que haya en salud o en educación, en esto, qué sé yo, vayamos por la vía fácil de cambiar la Constitución”.

La “Pepa Grilla” del Presidente

No es el primer choque de Matthei con el corazón de la agenda de seguridad de Kast. La semana pasada también rechazó la posibilidad de utilizar militares en poblaciones y sostuvo que “ningún militar te va a aceptar eso”, planteando que el combate al crimen organizado debería concentrarse en herramientas operativas y de inteligencia.

Esas críticas ya provocaron una respuesta particularmente dura desde el oficialismo. El senador Rodolfo Carter la acusó el fin de semana de “encontrarle siempre todo malo” al Gobierno, dijo que estaría favoreciendo el discurso de la izquierda y afirmó que “respirar por la herida habla mal de ella”, vinculando su postura con la derrota presidencial de 2025.

La arremetida de este martes, lejos de bajar esa tensión, vuelve a alimentar el papel que Matthei ha construido durante los primeros meses del Gobierno de Kast. En junio, la analista Paula Walker la bautizó como la “Pepa Grilla” del Presidente: una voz proveniente de la propia derecha que aparece periódicamente para cuestionar decisiones de La Moneda. Desde entonces, sus intervenciones han obligado al oficialismo a responderle una y otra vez.

Esta vez el mensaje fue particularmente directo: para Matthei, el problema de seguridad puede requerir nuevas herramientas, pero no justifica convertir la Constitución en el atajo para resolver cada emergencia política.



La democracia no se entrega en nombre de la seguridad



La libertad de Chile necesita algo todavía más importante: que ningún gobierno llegue jamás a ser más poderoso que los límites que la democracia le impone.

Una democracia debe defenderse no solo de quienes quieren destruirla, sino también de quienes aseguran querer salvarla.

El crimen organizado es una amenaza real. El narcotráfico debe ser combatido con toda la fuerza legítima del Estado. Precisamente por eso resulta tan peligroso utilizar el miedo de los ciudadanos para alterar las reglas que limitan el poder.

La reforma constitucional impulsada en materia de seguridad merece una oposición severa. No porque queramos un Estado débil, sino porque queremos un Estado fuerte dentro de una democracia fuerte.

Aquí comienza el problema.

La seguridad ya es una obligación del Estado. No necesitamos reformar la Constitución para descubrir que debe protegernos. Lo verdaderamente relevante de esta reforma está en otra parte: en las nuevas habilitaciones de poder, en la ampliación del espacio de excepción, en el fortalecimiento del Ejecutivo y en el riesgo de extender progresivamente la intervención militar en asuntos de seguridad interior.

Y entonces aparece una pregunta elemental: ¿Por qué una amenaza permanente debe enfrentarse constitucionalizando poderes extraordinarios?

El crimen organizado, desgraciadamente, no terminará el próximo martes. Es un fenómeno persistente. Si su existencia basta para activar mecanismos excepcionales, la excepción puede durar tanto como aquello que pretende combatir.

Y cuando la excepción se vuelve permanente deja de ser excepción. Ese es exactamente el punto que debiera inquietar a cualquier demócrata.

Las democracias contemporáneas rara vez mueren con tanques frente al palacio presidencial. Pueden deteriorarse mucho más discretamente. Se conserva el Congreso. Continúan funcionando los tribunales. Hay elecciones. Nadie clausura formalmente la Constitución. Simplemente se van desplazando sus límites.

Primero una facultad extraordinaria porque existe una emergencia. Después otra porque la anterior resultó insuficiente. Más tarde se reduce un control porque dificulta actuar con rapidez. Y finalmente alguien pregunta para qué sirve una Constitución que impide al gobierno hacer lo que considera necesario.

La respuesta es incómodamente sencilla: para eso sirve una Constitución.

Sirve precisamente para impedir que quien gobierna pueda hacerlo todo.

Por eso resulta especialmente preocupante cualquier pretensión de reformar la Carta Fundamental cuando sus controles estorban una determinada política pública. Si una medida tropieza con los derechos fundamentales o con el Tribunal Constitucional, la pregunta democrática es si esa medida respeta la Constitución. La respuesta autoritaria es distinta: cambiemos la Constitución para que deje de estorbar.

Allí empieza a invertirse el constitucionalismo: ya no es el poder el que debe acomodarse al límite; es el límite el que comienza a acomodarse al poder.

Y tenemos derecho a desconfiar.

No de la seguridad. No de Carabineros. No de las Fuerzas Armadas. No de la necesidad de combatir despiadadamente al narcotráfico.

Desconfiamos de la concentración del poder.

Y desconfiamos especialmente cuando quienes promueven esa concentración pertenecen a una corriente política cuya relación con la tradición democrática liberal merece ser examinada con especial rigor. La extrema derecha contemporánea ha aprendido una lección que las democracias no pueden ignorar: para debilitar una democracia ya no es indispensable abolirla. Puede bastar con gobernarla desde dentro, ensanchando progresivamente las facultades del Ejecutivo, debilitando contrapesos y convirtiendo la excepcionalidad en normalidad.

Por eso no corresponde conceder cheques en blanco. Mucho menos constitucionales.

Y menos todavía mediante suma urgencia. Una policía puede necesitar actuar en segundos. Una Constitución no. Modificar las relaciones entre seguridad, libertades, Fuerzas Armadas, Presidencia, Congreso y tribunales exige deliberación, expertos, oposición, discusión pública y tiempo. La delincuencia exige urgencia operativa; no exige constitucionalismo apresurado.

Que nadie intente además caricaturizar esta discusión como una disputa entre quienes quieren seguridad y quienes supuestamente protegen delincuentes. Esa es una trampa demasiado elemental.

Queremos perseguir el dinero del narcotráfico. Queremos inteligencia moderna. Queremos recuperar los territorios dominados por bandas. Queremos cárceles controladas por el Estado y no por organizaciones criminales. Queremos policías profesionales, fronteras protegidas y cooperación internacional.

Queremos autoridad.

Pero precisamente porque queremos autoridad, exigimos límites.

Chile ya conoció una época en que se nos explicó que las circunstancias extraordinarias justificaban poderes extraordinarios. Sabemos cómo comienza esa historia. Y una democracia responsable no necesita esperar a conocer nuevamente su final para levantar la voz.

No afirmo que esta reforma instaure una dictadura. Sería una exageración y, además, debilitaría la acusación verdaderamente importante.

Lo que sostengo es más grave: nos invita a acostumbrarnos.

A acostumbrarnos a que frente a problemas permanentes existan poderes extraordinarios. A acostumbrarnos a que la seguridad justifique nuevas excepciones. A acostumbrarnos a que los controles sean presentados como obstáculos. A acostumbrarnos, finalmente, a entregar un poco más de libertad institucional cada vez que alguien promete protegernos.

Así se erosionan las democracias: no necesariamente derribando sus puertas, sino consiguiendo que sus propios ciudadanos las vayan dejando abiertas.

La extrema derecha puede tener los votos para proponer sus reformas. Puede incluso conseguir mayorías para aprobarlas. Lo que no tiene es un derecho adquirido a nuestra confianza.

En democracia, el poder no se entrega por confianza. Se concede por un tiempo, se divide, se controla y se limita.

La seguridad de Chile necesita un Estado poderoso frente al narcotráfico.

La libertad de Chile necesita algo todavía más importante: que ningún gobierno llegue jamás a ser más poderoso que los límites que la democracia le impone.


19 agosto 2026

Matías Walker alerta por reforma de seguridad: “Así comienzan a morir las democracias”


 

El senador Matías Walker rechazó la propuesta de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública y advirtió que facultades de esa magnitud, “en las peores manos”, pueden provocar una deriva autoritaria. En conversación con Al Pan Pan, Walker cuestionó que el Presidente pueda decretar un estado de excepción por hasta ocho meses sin control periódico del Congreso y criticó la posibilidad de que el Ejecutivo determine qué organizaciones son terroristas con acuerdo del Senado, pero sin intervención de los tribunales. El senador también sostuvo que la iniciativa no pasó por la Segpres, acusó una “operación política comunicacional” y aseguró que existen herramientas legislativas pendientes para combatir el crimen organizado sin reformar la Constitución. Para Walker, el debate de fondo no enfrenta seguridad contra delincuencia, sino eficacia contra una reforma que, afirma, debilita los contrapesos democráticos. Timestamps / capítulos 01:52 Matías Walker: “No cuenten con mi voto para esta locura” 04:38 Walker acusa una “operación política comunicacional” 07:13 La advertencia sobre una “deriva autoritaria populista” 08:45 Walker afirma que la propuesta no pasó por la Segpres 10:01 Seguridad, encuestas y disposición a restringir libertades 11:55 El rol del Tribunal Constitucional y el “abuso constitucional” 14:57 ¿Es necesario crear un nuevo estado de excepción? 17:36 Walker cuestiona que el Presidente defina organizaciones terroristas 20:05 La polémica por la pérdida de beneficios sociales 21:54 ¿Están los votos para aprobar la reforma? 24:51 La alternativa de Walker para avanzar en seguridad 26:04 Cierre de la entrevista

Kast viaja al norte tras decretar estado de catástrofe y la reforma de seguridad suma críticas


El Presidente José Antonio Kast viaja a la Región de Antofagasta tras decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en Tocopilla. Cerca de dos mil personas fueron evacuadas y 20 comunas del norte suspendieron sus clases debido al sistema frontal.


Además:

Matthei, Kaiser y Boric cuestionan la reforma constitucional de seguridad. Michael Clark y los hermanos Larraín quedan en prisión preventiva por el caso Sartor. El PIB cae 0,2 % anual y completa dos trimestres con variaciones negativas. Proyecto ligado al hermano de Jorge Quiroz avanza pese a alertas técnicas. EE. UU. sanciona a la presidenta del Tribunal Penal Internacional. La OMS alerta que el brote de ébola en Congo sigue fuera de control.
Universidad Católica queda eliminada de la Copa Libertadores.

Rebelión en la derecha: reforma de seguridad de Kast no reúne ni los votos del oficialismo


Vanessa Kaiser aseguró que la reforma “no va a cambiar absolutamente nada”, mientras Luciano Cruz-Coke advirtió que La Moneda ni siquiera tendría los 26 votos que habitualmente reúne en el Senado. RN y Evópoli también exigen cambios al proyecto.

La reforma constitucional con la que el Gobierno busca fortalecer su agenda de seguridad comenzó su camino en el Senado con un problema que La Moneda todavía no logra resolver: antes de salir a buscar los votos que necesita en la oposición, ni siquiera tiene asegurados los de su propio sector.

Las críticas se han extendido durante las últimas horas por Chile Vamos, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el PDG, con cuestionamientos que van desde la decisión de modificar la Constitución hasta las atribuciones contempladas en el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública.

Una de las voces más categóricas fue la senadora Vanessa Kaiser (PNL), quien sostuvo que, en sus actuales términos, la propuesta no cuenta con su respaldo. “Imagino que una cosa es la idea de legislar y, de ahí, ir caso a caso. A mí, en general, no me parece que sea apoyable. La verdad es que lo que veo hasta ahora, a menos que se hagan reformas importantes, no me parece que resuelva los problemas de los chilenos”, afirmó en conversación con Radio 13C.

Kaiser fue más allá y cuestionó directamente la efectividad que tendría la reforma frente a la delincuencia y el crimen organizado. “Hoy día estamos tan angustiados y tan necesitados que lo que nos ofrezcan lo vamos a tomar. Es como decir: ‘Bueno, pero algo hay que hacer’. Sin embargo, lo que se está proponiendo, a mi juicio, no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado”, sostuvo.

También cuestionó que varias de las medidas sean incorporadas a la Carta Fundamental: “Muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser materia de ley, no materia de reforma constitucional. La pregunta es por qué políticamente se toma la decisión de elevarlo a nivel constitucional”.

Los reparos también llegaron desde Evópoli. Su presidente, el senador Luciano Cruz-Coke, advirtió que la fórmula escogida por La Moneda podría terminar dificultando el avance de su propia agenda.

“Este cambio enorme lo que está haciendo es poner el sistema cuesta arriba al propio Gobierno. Hay total disposición al cambio de agenda en seguridad, pero el cambio en seguridad, como está hoy día, no está bien planteado”, afirmó a radio Duna.

Además, apuntó directamente al trabajo político previo de La Moneda: “Lo que ha faltado ha sido diálogo con los propios, porque no puede ser que, en una agenda muy propia del Gobierno, no nos pongamos de acuerdo por las reformas constitucionales que se están enviando”.

Cruz-Coke puso incluso números al problema: “Ha habido 26 votos parejos en general para las votaciones del Gobierno. Y creo que acá no estás juntando ni siquiera los 26 propios cuando necesitas 29”.

El nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública es precisamente uno de los puntos que mayor resistencia ha generado. La propuesta contempla una vigencia de 120 días, prorrogable por otros 120, y considera, entre otras facultades, la interceptación de comunicaciones sin necesidad de una orden judicial.

Sobre esa norma, Cruz-Coke advirtió que el nuevo estado de excepción “concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición” y sostuvo que “debe ser corregido”. A su juicio, “no se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control Congreso en 240 días”.

El exministro del Interior y vicepresidente de Evópoli, Gonzalo Blumel, compartió las aprensiones. “Siempre hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”, afirmó al diario La Tercera.

Más duro fue el senador Matías Walker, independiente de la bancada de Evópoli: “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”.

Renovación Nacional tampoco se ha cuadrado sin condiciones. Su presidenta, Andrea Balladares, aseguró a T13 Radio que “tenemos un texto presentado que todavía tiene hartas dudas, hay espacio para mejorarlo”, y mencionó especialmente “las inhabilidades a garantías constitucionales como salud, educación”. La timonel acusó además que el Gobierno trabajó “muy poco” el proyecto con los partidos oficialistas.

El senador Andrés Longton (RN) apuntó al mismo problema y cuestionó que La Moneda presentara la reforma sin haber asegurado previamente el respaldo de sus bancadas. “Cuando a uno lo invitan a una actividad, uno entiende que el proyecto ya está ok, que está debidamente socializado, conversado con las distintas bancadas, y eso es un trabajo prelegislativo previo que se hace siempre y en este caso no se hizo”, sostuvo.

Luego resumió el problema parlamentario que enfrenta el Ejecutivo: “Si no tienes los votos en tu sector, difícilmente los va a tener el frente y acá necesitas cuatro séptimos”.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), también puso distancia de un respaldo automático. “Por mucho que se compartan los objetivos y que estamos para apoyar todo lo que esté orientado a combatir la delincuencia, lo serio es revisar cada una de las iniciativas y tomar posiciones. El colaborar no es sinónimo de ser un buzón”, afirmó.

Una postura más favorable expresó la jefa del comité de senadores RN, María José Gatica, quien afirmó que apoya al Gobierno en las iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad. Sin embargo, también abrió la puerta a modificaciones.

“Por supuesto, todo proyecto puede mejorarse durante su tramitación, y para eso está el Congreso: para discutir, escuchar a los expertos y perfeccionar lo que sea necesario”, señaló, aunque advirtió que esos cambios “no pueden terminar debilitando el objetivo principal”.

En la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, se mostró conforme con el texto final, pero reconoció que las dudas en la derecha obligarán al Ejecutivo a negociar.

“Vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, afirmó.

Las dificultades tampoco terminan en Chile Vamos. El presidente del PNL, Johannes Kaiser, cuestionó tanto la duración como las facultades contempladas en el nuevo Estado de Excepción y planteó que durante la discusión deberán establecerse límites. Incluso abrió la posibilidad de rechazar la reforma si no se introducen modificaciones que permitan hacerla aceptable para su sector. Los parlamentarios libertarios ya se reunieron con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para plantearle sus reparos.

Más categórico ha sido el PDG. Franco Parisi adelantó que la colectividad no entregará sus votos para reformas constitucionales, argumentando que después de los dos procesos constitucionales existía un entendimiento para no volver a modificar la Carta Fundamental.

Ante la acumulación de reparos, el Gobierno comenzó a abrirse a modificaciones. Arrau reconoció que algunos parlamentarios han planteado reducir la duración del nuevo estado de excepción y aseguró que el Ejecutivo está disponible para escuchar indicaciones que permitan mejorar el proyecto durante su tramitación.

El problema para La Moneda es matemático además de político. La reforma necesita 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado, números que el oficialismo reconoce que hoy no tiene asegurados.

A eso se suma una tramitación más extensa de la que esperaba el Ejecutivo. El proyecto deberá pasar por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa del Senado, abriendo nuevos espacios para negociar y modificar una iniciativa que llegó al Congreso como una de las apuestas centrales de Kast en seguridad, pero que antes de enfrentar a la oposición deberá superar el fuego cruzado dentro de la propia derecha.

Cámara aprueba proyecto que prohíbe las carreras de perros y rechaza propuesta que buscaba regularlas

 


La iniciativa que prohíbe las carreras de galgos y de cualquier raza en el territorio nacional fue aprobada por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto ahora volverá a la Comisión de Medioambiente, para su discusión en particular.

Este martes se vivió una jornada clave para el futuro de las carreras de perros en el país, ya que la Cámara de Diputados votó dos proyectos opuestos en torno a la mencionada actividad.

Y fue así como la Sala de la Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos y de cualquier otra raza, y también rechazó la propuesta que buscaba regularlas.

El proyecto que resultó aprobado contó con 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones.

Así fue la votación del proyecto que prohíbe las carreras de perros.

En contraparte, el proyecto que fue rechazado tuvo 50 votos a favor, 68 en contra y 10 abstenciones.

Cabe consignar que por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto que prohibe las carreras de perros volverá a la Comisión de Medioambiente para su discusión en particular.

La votación del proyecto que buscaba regular las carreras de perros en Chile.

Lo que propone el proyecto aprobado

El proyecto aprobado propone incorporar el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, conocida como Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, para prohibir las carreras de perros de cualquier raza, en todo el territorio nacional.

Además, la moción contempla penas de presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM, para quienes organicen o participen en este tipo de carreras, como también una inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales.

En la misma línea, la iniciativa considera multas de entre 5 y 20 UTM para quienes promuevan, faciliten o difundan este tipo de actividades.

Cabe consignar que el proyecto aprobado fue ingresado en 2021, por los entonces diputados Miguel Ángel Calisto, Andrés Celis, Maya Fernández, Cristina Girardi, Tomás Hirsch, Amaro Labra, Vlado Mirosevic, Catalina Pérez y Marcela Sandoval.