Sernac de Arica contrata en “cupo de partido RN” a asistente social detenida con 47 kilos de droga

 

El director (S) del Sernac en Arica solicitó incorporar militantes de “RN o Republicanos” por contratación directa, al igual que la renunciada seremi de Salud de la misma región. Una de las incorporadas sería Evelyn Milos, detenida en 2017 en Tacna con 47 kilos droga.

El reclutamiento de personal se ha convertido en una verdadera martirio para las autoridades de Gobierno. A la salida de 31 secretarios ministeriales, en 14 de las 16 regiones del país, se suma la fallida contratación de dos tecnólogos médicos en el Ministerio de Salud de Arica, tras la divulgación en un WhatsApp partidario de una oferta laboral exclusiva para “republicanos o hijos de republicanos”. La noticia fue difundida por la editora de Aquí Arica de El Mostrador, Ximena Astudillo.

La singular proposición, enviada a un grupo de militantes denominado “Partido Republicano Arica y Parinacota”, por la secretaria regional ministerial de Salud en la región, Karla Kepecm, terminó costándole el cargo a la autoridad regional, luego que el propio ministerio le solicitara la renuncia por incumplimiento a “las normas y los principios que rigen la función pública”.

Lo paradójico del asunto es que no se trataba de un caso aislado, sino más bien de un modus operandi. Un mes y medio antes, el Director Regional Subrogante del Servicio Nacional del Consumidor de Arica y Parinacota, Marcos Oviedo González, también había solicitado reemplazar a dos funcionarios sumariados del organismo por personal militante de “RN o Republicanos” a través de contratación directa.

A diferencia del caso de la seremi de salud destituida en la misma región, Oviedo fue más discreto y solicitó realizar la gestión internamente, pero el objetivo final era el mismo: reemplazar a funcionarios por militantes de partidos afines al Gobierno, a través de una contratación directa, o sea, sin mediar concurso público. La medida, por cierto, infringe  el Principio de Probidad Administrativa (Art. 53 y 62 Ley N° 18.575), que castiga a quien haga uso del cargo público para favorecer intereses de partidos políticos y de terceros, postergando el interés general de la ciudadanía , además de configurar un eventual delito de Tráfico de Influencias (Art. 240 bis del Código Penal).

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a un correo electrónico del 11 de junio de este año, enviado por el jefe subrogante del Sernac y excandidato a Consejero Regional por Renovación Nacional el año 2017, Marcos Oviedo, solicitando autorización a la seremi de Economía de la región, Romina Cifuentes González –vicepresidenta nacional del Partido Republicano–, para llevar a cabo un proceso de reclutamiento directo.

La persona escogida que comenzó a trabajar a contar del 1 de julio de este año fue Evelyn Milos Cáceres, militante de Renovación Nacional desde el 4 de abril de 2026. Milos es una asistente social que en octubre del año 2017 fue sorprendida en la frontera de Tacna, junto a otras tres chilenas, con un cargamento de 47 kilos de marihuana cripy, oculto al interior de la carrocería del vehículo en que se trasladaban.

Contratación directa

A las 9:34 de la mañana del 11 de junio de este año, Marcos Oviedo envió un correo dirigido a Romina Cifuentes, explicando una cadena de correos previos sobre la “situación de la falta de profesional en el Sernac (reserva)”. El mail trataba sobre una solicitud para una contratación directa, considerando que “el servicio no cuenta con ningún profesional de apoyo”.

El correo agrega que, además, el organismo contaba con “dos funcionarios con sumarios cuya suspensión es inminente, uno de un mes y otro por tres meses”, contraviniendo el secreto que rige para este tipo de investigaciones que por ley exigen reserva obligatoria de los procesos disciplinarios, según el artículo 137 de la Ley 18.834.

Luego, Oviedo explica que solicita este tipo de contratación debido a los dos sumarios, buscando conformar un “equipo nuevo, con mucha iniciativa y proactivo, que requiera junto al director realizar todas las articulaciones con las instituciones públicas, redes de contacto y despliegue territorial, en consecuencia alineados a lo que nuestro Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa”.

“Solicito que se pueda contar con un profesional a través de nombramiento directo, donde el director pueda examinar los currículum y se proceda a entrevistar dada la situación en la cual se encuentra la región”, señala el mensaje.

El mismo día que Oviedo reconoce haber envido la primera solicitud –el 4 de junio–, tiene una reunión de zoom con Milo Rojas, quien subroga a la Directora Nacional Carolina González, junto a Álvaro Núñez y Rosario Zavala. La cita, según explica el mismo Oviedo en el mail, “me autoriza la contratación directa y que realice la entrevista”.

El director subrogante del Sernac, quien también accedió al cargo sin concurso público, reconoce que realiza –el viernes 05 y el lunes 08 de junio– “entrevistas a profesionales de la nuestra colectividad RN y Republicanos, para dar cumplimiento a las orientaciones señaladas”.

Un día después, el 9 de junio de este año, Oviedo explica que le señalan que no “proceda” con la autorización previa, debido a que el servicio no dispone de la autorización para realizar contrataciones directas, medida fundamentada en las directrices de ajuste fiscal emitidas por el oficio circular Nº12 que “ordena para todo el sector público detener todo concurso público y nueva contratación”.

A continuación, el jefe interino del Sernac que ingresó con grado 8 al servicio y con un sueldo de $4.030.777, señala que le sugirieron incorporar en su repartición a un “profesional de la dirección Regional de Atacama con 18 años de trayectoria en la institución”.

La respuesta de Oviedo es más bien una queja. “Nuevamente cuento con profesionales que no conozco su trayectoria y no son de mi total confianza”, señala al final del correo, dando cuenta que no estaba conforme con la decisión tomada por la institución a nivel central.

Detención en Tacna

A pesar que en el correo se da cuenta de un eventual portazo a la contratación directa solicitada por Oviedo, lo cierto es que el organismo incorporó por esta modalidad a la asistente social Evelyn Milos Cáceres, a contra del 1 de julio de este año, según reportan fuentes internas del Servicio Nacional del Consumidor. Al interior del organismo señalan que se trataría de “personal de confianza del director”.

Milos Cáceres figura como parte de un grupo de mujeres, entre ellas una menor de 15 años, que fueron detenidas en octubre de 2017 cuando intentaban cruzar hacia Chile con un cargamento de 47 kilos de marihuana oculto en el chasis del vehículo en el que viajaban.

Foto aparecida en un medio de comunicación peruano.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Concordia, luego de una alerta entregada por el Grupo de Inteligencia Regional (GIR) y el Departamento Antidrogas (Depandro) de Tacna, cuyos efectivos participaron posteriormente en la intervención.

Las detenidas fueron identificadas como Rebeca Abigail Cáceres Rivera (51), Francisca Ignacia Chacón Milos (18), Evelyn Alejandra Milos Cáceres (35) y una adolescente de 15 años. Todas se desplazaban en una miniván con patente chilena, en cuyo interior los policías encontraron 44 paquetes tipo ladrillo que contenían la droga.

Tras el hallazgo, el fiscal antidrogas de Tacna, Herbert Pastor Salas, ordenó el traslado de las detenidas a dependencias policiales de la ciudad y dispuso que el vehículo fuera llevado al área de Criminalística para realizar una revisión exhaustiva.

De acuerdo con la policía peruana, la sustancia corresponde a marihuana tipo Cripy, una variedad con mayor concentración de componentes psicoactivos. Los investigadores estimaron, en ese tiempo, que el cargamento incautado tendría un valor cercano a los US$ 282 mil, considerando una tasación aproximada de US$ 6 mil por kilogramo en el mercado ilegal.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con la oficina de comunicaciones del Sernac en Arica, quienes confirman que Evelyn Alejandra Milos Cáceres fue contratada bajo la modalidad de contrata.   Además señalan que el certificado de antecedentes “no fue requerido fue requerido atendido que la profesional provenía del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), existiendo continuidad en el desempeño dentro de la Administración del Estado”.

Revise aquí las respuestas del Sernac

RESPUESTAS SERNAC – EL MOSTRADOR

 

¿En qué calidad y bajo qué tipo de contrato fue incorporada al SERNAC de Arica la señora Evelyn Milos Cáceres?

 

La profesional fue incorporada al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) mediante una contratación a contrata, por un período inicial de tres meses, sujeto a evaluación, conforme a los procedimientos habituales aplicables para el ingreso de funcionarios al servicio.

 

En el marco de dicho proceso, se solicitaron y revisaron los antecedentes correspondientes, entre ellos su currículum vitae y su título profesional de Asistente Social.

 

Respecto del certificado de antecedentes, este no fue requerido, atendido que la profesional provenía del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), existiendo continuidad en el desempeño dentro de la Administración del Estado.

 

Asimismo, previo a su contratación, se efectuó la revisión de las inhabilidades legales a través del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), plataforma oficial de la Contraloría General de la República, la que no registró impedimentos para su contratación. Adicionalmente, la profesional aprobó la evaluación psicolaboral, cuyo informe la calificó como recomendable para desempeñar funciones de apoyo en la Dirección Regional de Arica y Parinacota.

 

 

¿Tenían antecedentes sobre la detención de esta persona en la frontera de Tacna con más de 40 kilos de marihuana? ¿Se verificaron esos antecedentes?

 

No. Al momento de la contratación, el SERNAC no contaba con información respecto de los hechos señalados.

 

Como parte del procedimiento institucional, se verificó la existencia de eventuales inhabilidades legales mediante el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), plataforma oficial de la Contraloría General de la República, la cual no registró antecedentes que impidieran su contratación.

 

Asimismo, considerando que la profesional provenía de otro organismo de la Administración del Estado, no se solicitó un certificado de antecedentes adicional.

 

Sin perjuicio de lo anterior, y atendida la información recientemente conocida y su relevancia, el Servicio ha dispuesto una revisión adicional de los antecedentes del caso, con el objeto de adoptar las medidas que correspondan en el marco de la normativa vigente.

 

 

Según un correo electrónico al que accedimos, existe una solicitud formal del Director Regional (s) del SERNAC de Arica y Parinacota, Marcos Oviedo González, dirigida a la Seremi de Economía de la región, Romina Cifuentes, en la que se solicita una contratación directa para personal de apoyo. ¿Corresponde la señora Evelyn Milos a esa contratación?

 

La profesional ingresó al SERNAC mediante una contratación a contrata por un período inicial de tres meses, cuya vigencia se extiende hasta fines de septiembre de 2026. Considerando que la profesional se desempeñaría en la Dirección Regional de Arica y Parinacota, el proceso de revisión y análisis de los antecedentes fue llevado a cabo por la Dirección Regional del SERNAC de la región, con el apoyo técnico de profesionales del nivel central del Servicio, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.

 

Cabe señalar que, considerando la gravedad de los antecedentes, el Servicio ha iniciado una revisión de los antecedentes del caso, con el propósito de resguardar el estricto cumplimiento del principio de probidad administrativa y adoptar las medidas que procedan conforme a derecho.

 

 

¿Quién realizó el proceso de reclutamiento que derivó en la incorporación de la señora Evelyn Milos?

 

Considerando que la profesional se desempeñaría en la Dirección Regional de Arica y Parinacota, el proceso de revisión y análisis de los antecedentes fue llevado a cabo por la Dirección Regional del SERNAC de la región, con el apoyo técnico de profesionales del nivel central del Servicio, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.

 

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

Impugnan ante el TC norma que faculta a cesar a funcionaria por salud incompatible

El requerimiento sostiene que la universidad declaró vacante el cargo basándose en el uso prolongado de licencias médicas, sin respetar el juicio técnico de la COMPIN, garantizar un procedimiento previo de defensa ni evaluar medidas menos gravosas, como la adaptación o reubicación laboral.

Una funcionaria de la Universidad de Chile presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para que el artículo 151 del Estatuto Administrativo no sea aplicado en su caso. La norma permite declarar vacante un cargo público por “salud incompatible” cuando la persona ha utilizado licencias médicas por más de seis meses, continuos o discontinuos, durante los últimos dos años, aunque su salud no haya sido declarada irrecuperable.

La acción se relaciona con un recurso pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y con un recurso jerárquico que se encuentra en estudio ante la Rectoría de la Universidad de Chile desde enero de 2026. La funcionaria sostiene que la disposición impugnada fue el único fundamento del decreto que puso término definitivo a su cargo, por lo que su inaplicabilidad privaría de sustento legal a la desvinculación y podría cambiar el resultado de ambos procedimientos.

Aunque el artículo 151 autoriza al jefe superior del servicio a declarar la vacancia, también exige solicitar previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, una evaluación sobre la condición de salud del funcionario y su capacidad para continuar ejerciendo el cargo. En caso de discapacidad sobreviniente, el informe debe considerar las labores específicas que desempeña la persona.

Según el requerimiento, la universidad declaró vacante el cargo basándose principalmente en la cantidad de días de licencia médica, sin respetar las garantías del debido proceso, sin asegurar el acceso de la afectada a los mecanismos de seguridad social y sin ponderar debidamente sus derechos a la salud, al trabajo y a la propiedad.

La presentación sostiene que la aplicación de la norma vulnera la supremacía constitucional, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la salud, la seguridad social, el derecho de propiedad y la prohibición de afectar los derechos fundamentales en su esencia.

Uno de sus principales argumentos es que corresponde exclusivamente a la COMPIN, como organismo técnico especializado, determinar si la salud de una persona es recuperable o irrecuperable. Para respaldar esa afirmación, cita la normativa sanitaria que permite a dicho organismo revisar licencias médicas, solicitar antecedentes y calificar las enfermedades, junto con la Ley N°21.050, que obligó a los servicios públicos a requerir esa evaluación antes de declarar una vacancia.

La historia de esa reforma, añade, demuestra que el legislador quiso evitar que autoridades sin conocimientos médicos calificaran por sí solas la condición de salud de los funcionarios. Por ello, habría trasladado esa evaluación a un organismo especializado en salud ocupacional.

En el caso concreto, la autoridad universitaria habría sustituido el juicio médico de la COMPIN por una constatación cuantitativa del uso de licencias. A juicio de la requirente, ello constituye una extralimitación de funciones, porque una autoridad administrativa habría ejercido una competencia que la ley entregó a un órgano técnico.

La funcionaria también sostiene que solicitar formalmente un informe a la COMPIN no es suficiente si la autoridad puede ignorar sus conclusiones. Una interpretación de esa naturaleza convertiría la evaluación médica previa en un trámite sin efecto real y permitiría que una autoridad no especializada resolviera en sentido contrario al organismo competente.

La acción cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual el uso de licencias médicas por más de seis meses no basta por sí solo para declarar incompatible la salud de un funcionario. También debe acreditarse que la persona no podrá recuperar una condición que le permita continuar desempeñando sus labores.

Asimismo, menciona fallos de tribunales superiores que habrían reconocido el carácter vinculante de la evaluación de la COMPIN. Según esas decisiones, si el organismo concluye que la salud es recuperable, la autoridad no podría aplicar la causal de vacancia. Los fallos también advierten que, como el procedimiento no contempla una instancia previa para escuchar al funcionario, la Administración debe fundamentar especialmente su decisión.

Otro argumento se refiere a la igualdad ante la ley. La presentación sostiene que la norma trata de manera diferente a los funcionarios debido a su estado de salud y convierte el uso de una licencia médica, que forma parte de la seguridad social, en una causa para excluirlos del empleo público.

También compara la situación de los funcionarios con la de los trabajadores del sector privado. El Código del Trabajo no contempla la salud incompatible como causal de término del contrato y los trabajadores pueden acceder a licencias, pensiones de invalidez, indemnizaciones y Seguro de Cesantía. En cambio, un funcionario puede ser separado definitivamente sin contar con protecciones equivalentes.

La funcionaria reconoce que asegurar la continuidad y eficiencia del servicio público es un objetivo legítimo, pero estima que no justifica necesariamente el cese. Antes deberían estudiarse alternativas menos perjudiciales, como la adaptación del puesto, la reubicación, la rehabilitación, la reducción de jornada o el trabajo desde el domicilio.

A su juicio, la desvinculación tampoco es una medida idónea ni proporcional. Reemplazar a la funcionaria genera costos de selección, capacitación y aprendizaje que no necesariamente son menores que los de adaptar sus funciones. Además, el perjuicio que produce la pérdida definitiva del empleo sería muy superior al beneficio institucional perseguido.

El requerimiento denuncia igualmente una vulneración del debido proceso. Aunque la vacancia por salud incompatible no se denomina formalmente sanción, sus efectos serían similares a una destitución, pues termina de manera definitiva el empleo y puede impedir que la persona se jubile mientras continúa en el servicio.

Por ello, la medida debería estar precedida de un procedimiento que permita conocer los antecedentes, controvertir el informe médico, presentar pruebas propias, contar con asistencia jurídica y obtener una decisión fundada de una autoridad imparcial. Sin embargo, el Estatuto Administrativo no contempla una instancia contradictoria antes de dictar el decreto.

Tampoco existiría un recurso con efecto suspensivo. La pérdida del cargo, de las remuneraciones y de las cotizaciones se produce inmediatamente, mientras que una eventual reincorporación podría ocurrir después de años de litigación, cuando el perjuicio ya se habría consumado.

En materia de salud, la presentación sostiene que la norma castiga la enfermedad en lugar de protegerla y que incluso podría incentivar a los funcionarios a ocultar sus problemas médicos por temor a perder el empleo. Añade que el derecho a la rehabilitación obliga a estudiar ajustes razonables antes de proceder a la desvinculación.

Para fundamentar este punto, cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales que prohíben la discriminación por estado de salud, discapacidad o impedimentos físicos o mentales. Según la acción, permitir que la universidad ignore el juicio de la COMPIN transforma un mecanismo sanitario de protección en una herramienta de exclusión laboral.

La requirente también denuncia una vulneración de la seguridad social. La declaración de vacancia termina las cotizaciones previsionales y de salud, interrumpe la acumulación de beneficios y puede perjudicar el acceso a una jubilación en mejores condiciones. La funcionaria señala que cuenta con más de 20 años de servicio.

La norma tampoco obliga a la institución a comprobar previamente si la persona puede acceder a licencias prolongadas, subsidios por incapacidad o pensiones de invalidez. Como consecuencia, puede quedar sin empleo y sin haber accedido todavía a una cobertura social alternativa.

Asimismo, se alega una afectación del derecho de propiedad sobre las remuneraciones y demás prestaciones relacionadas con el cargo. La presentación observa que la salud incompatible permite separar al funcionario sin generar mayores cargas económicas para el Estado, a diferencia de la salud irrecuperable, que puede dar lugar al mantenimiento temporal de remuneraciones, cotizaciones, beneficios de retiro y pensiones.

Según la funcionaria, la medida afecta los derechos fundamentales en su esencia porque produce la pérdida definitiva del trabajo, convierte la enfermedad en una causa de exclusión y termina las prestaciones de salud y seguridad social cuando la persona más las necesita.

En síntesis, el requerimiento afirma que la afectada perdió su empleo sin un procedimiento previo para defenderse; que su enfermedad fue utilizada como causa de exclusión; que se interrumpieron sus cotizaciones y beneficios; que recibió un trato diferente por su estado de salud, y que no se estudiaron medidas alternativas de adaptación, reubicación o rehabilitación.

Por estas razones, solicita al Tribunal Constitucional que declare inaplicable el artículo 151 del Estatuto Administrativo en las gestiones pendientes.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional debe resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que formulen observaciones acerca de su admisibilidad. En caso de declararse admisible, corresponderá luego al Pleno del Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto.

 Vea requerimiento Tribunal Constitucional Rol Nº17.856-26-INA y expediente.

Ley Miscelánea busca 26 votos y caso Sartor entra en jornada clave.

 

Fantasma de la “derechita cobarde” agita al oficialismo y deja a Kast al medio

 

Chile Vamos endureció el tono ante la agenda paralela de libertarios y Republicanos, con Matthei acusando a estos últimos de complicar al Gobierno para evitar que los llamen “derechita cobarde”. El PNL contraatacó. Moreira, sin embargo, aseguró que, al menos por ahora, “todavía tenemos paciencia”.

La disputa por quién ocupa el flanco más duro de la derecha terminó por golpear las puertas de La Moneda. Chile Vamos elevó sus críticas contra la agenda desplegada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario, mientras ambas colectividades reivindicaron su derecho a levantar debates propios, incluso cuando se apartan de las prioridades fijadas por José Antonio Kast.

En el centro quedó el Presidente, que apenas días antes había llamado públicamente a los partidos oficialistas a concentrarse en seguridad, crecimiento, empleo, educación e innovación, en lugar de promover discusiones que “sacan titulares, pero no siempre aportan”. La intervención fue preparada y respondió a la incomodidad acumulada en Palacio por iniciativas como la privatización de Codelco, “Escucha su corazón”, los indultos a uniformados y la eliminación del INDH.

Anoche, Evelyn Matthei puso nombre al conflicto. La excandidata presidencial y militante UDI describió –en el programa de YouTube Animales Políticos— una “lucha sin cuartel” entre republicanos y libertarios y acusó a los primeros de entrar en esa competencia para evitar que sean calificados como la “derechita cobarde”.

Acuñada por Santiago Abascal para atacar al PP español, la “derechita cobarde” aterrizó en Chile como un misil contra Chile Vamos; hoy —según Matthei— su fantasma también persigue a Republicanos.

Según la exalcaldesa, quien también recalcó que “no hay coalición” entre las tres fuerzas, los parlamentarios republicanos están pensando “más en su reelección que en el éxito del Gobierno”. También calificó como “voladeros de luces” tanto la propuesta de privatizar Codelco como la iniciativa libertaria de entregar hasta $2 millones por persona: una sucesión de bengalas destinadas, a su juicio, a demostrar quién está más a la derecha.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), aterrizó la disputa en sus efectos sobre Kast. Admitió que Arturo Squella —presidente del Partido Republicano— y los demás dirigentes tienen derecho a impulsar sus propias banderas, pero advirtió que las iniciativas que distraen al Ejecutivo “tienen un costo” y van “horadando” las posibilidades del Presidente de realizar un buen gobierno.

Desde RN, el jefe de bancada, Diego Schalper, buscó arrebatarles a republicanos y libertarios el monopolio de lo valórico. “No conozco nada más valórico que preocuparse de los ingresos de los chilenos”, afirmó, antes de pedir que el sector cante una misma partitura, centrada en la seguridad pública, el empleo y la seguridad económica.

Ese mensaje tuvo una traducción legislativa. El presidente de la Comisión de Salud, Andrés Celis (RN), afirmó que “Escucha su corazón” no será prioridad mientras el Gobierno no le otorgue urgencia y advirtió que la iniciativa podría revictimizar a las mujeres acogidas a las tres causales. La diputada Claudia Mora (RN), integrante de la Comisión de Mujeres, también anunció su rechazo.

Ambos se alinearon con la ministra de Salud, May Chomali (que no milita en ningún partido), quien señaló que el proyecto no agrega antecedentes clínicos y que no existe evidencia científica de que escuchar la actividad cardíaca fetal cambie la decisión de una mujer enfrentada a alguna de las tres causales legales.

En Evópoli, Jorge Guzmán apuntó a la paradoja de que el Partido Republicano, pese a ser “el corazón del Gobierno”, parezca el primero en ponerle obstáculos. En declaraciones enviadas a El Mostrador, pidió a la colectividad dejar de escuchar un corazón que ha mostrado “más impulsividad que madurez” y atender a la “razón”, que —sostuvo— aporta experiencia y sentido de prioridad.

El contraataque libertario

El PNL respondió sin conceder un centímetro. Consultado por El Mostrador, el diputado Pier Karlezi acusó a Matthei de “horadar” la relación entre las fuerzas que apoyan a Kast y atribuyó su ofensiva a la derrota electoral. “La pica por haber perdido las elecciones no le puede durar toda la vida”.

Karlezi marcó, además, una diferencia estructural con Republicanos: el PNL no integra el Gobierno y, por lo tanto, no reconoce un deber de disciplina frente a La Moneda. “Tenemos total libertad de tomarnos esta ruta y empujar nuestras propias iniciativas en los tiempos y formas que encontremos pertinentes”, sostuvo.

El diputado aseguró que su colectividad seguirá presionando por los indultos a uniformados condenados por causas vinculadas al estallido social y exigirá que Kast cumpla los compromisos que formuló durante la campaña.

Quien también respondió la consulta de El Mostrador fue la diputada Paulina Muñoz (PNL). Acusó a Matthei de disparar “fuego amigo” y puso en duda que sus palabras representen a toda la UDI. También negó la supuesta guerra con Republicanos: aseguró que ambos partidos mantienen buenas relaciones y trabajan conjuntamente.

El vicepresidente libertario Hans Marowski, en tanto, rechazó que su partido tenga que responder ante Chile Vamos por promover su propia agenda. “¿Por qué tengo que responder a Chile Vamos por una crítica que le hace al Partido Nacional Libertario por ser el Partido Nacional Libertario?”, cuestionó.

Republicanos tampoco retrocedió. En diálogo con Radio Agricultura, Squella defendió la compatibilidad entre la agenda gubernamental y las iniciativas de sus parlamentarios, sostuvo que su colectividad no dejará de expresar aquello que la distingue de la derecha tradicional y pidió que nadie se ponga nervioso por la aparición de otros debates. Incluso devolvió la acusación de desorden: afirmó que las críticas de Chile Vamos a la ausencia de un vocero exclusivo del Ejecutivo también complican la conducción presidencial.

La pelea, por tanto, ya no se limita a un proyecto ni a una discusión ideológica. Chile Vamos exige que el partido matriz del Presidente se alinee con las urgencias de Palacio; Republicanos se niega a diluir su identidad dentro del Ejecutivo, y el PNL explota desde fuera la libertad de empujar a Kast hacia las promesas que considera incumplidas.

Consultado por El Mostrador sobre si Chile Vamos perdió la paciencia, el senador Iván Moreira intentó contener la fractura. “Todavía tenemos mucha paciencia y nosotros estamos hasta el final por la unidad. Ese es el compromiso de la UDI con el Presidente Kast. No vamos a caer en divisiones”, respondió.

El énfasis estuvo en la unidad. Pero el “todavía” dejó flotando la advertencia.

Cabe mencionar que, tras la derrota electoral de 2025, Cristián Monckeberg —expresidente de RN— sostuvo que la coalición Chile Vamos había “cumplido su ciclo”, Sebastián Sichel coincidió en darla por terminada y Mario Desbordes la declaró “muerta” y llamó a refundarla. El diagnóstico, sin embargo, nunca fue unánime: Guillermo Ramírez (UDI), Ximena Ossandón (RN) y el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, rechazaron ponerle una lápida y defendieron su continuidad.

En ese contexto, la actual pulseada con Republicanos y el PNL también opera como una prueba de supervivencia para una coalición cuyo futuro sigue en discusión.

¿Qué esconde el proyecto “Escucha su corazón”?

 

En este episodio de “Lista de Espera”, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con la Dra. Sofía Salas, reconocida especialista en bioética, sobre el polémico proyecto de ley “Escucha su corazón”.

A primera vista, la propuesta parece un acto de consentimiento informado que ofrece a las mujeres la opción de escuchar los latidos fetales en las tres causales de aborto. Sin embargo, un análisis bioético más profundo revela contradicciones importantes: ¿Es una herramienta de información o una medida coercitiva que presiona a la mujer y limita la autonomía médica?

Además, analizamos las cifras de aborto por violación en menores de 15 años, el uso político de este proyecto ante la crisis de natalidad y cómo ha evolucionado la objeción de conciencia en los hospitales públicos chilenos.

¿Crees que este proyecto busca informar o imponer barreras?

Ministra Chomali aborta proyecto “Escucha su corazón”: “Científicamente no hay evidencia”

 

La titular de Salud afirmó que la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario no tiene respaldo clínico y que obligar a escuchar los latidos del embrión o feto no modifica la decisión en las tres causales de aborto legal. El diputado Cristóbal Urruticoechea defendió el proyecto.

La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó el proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por el Partido Nacional Libertario con patrocinio del Partido Republicano, que busca que las mujeres que pretendan interrumpir un embarazo en las tres causales legales deban escuchar previamente los latidos del embrión o feto.

En entrevista con Tele13 Radio, la secretaria de Estado aseguró que la iniciativa no cuenta con respaldo desde el punto de vista médico. “Desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica -que es lo que tiene que mover a nosotros- que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales”, afirmó.

La ministra recordó que las tres causales contempladas por la legislación chilena corresponden a inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo por violación. “No existe -y hemos buscado- evidencia científica que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto”, sostuvo.

En la misma línea, reiteró que “científicamente no hay sentido, no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión”.

Chomali también descartó que la propuesta tenga efectos prácticos para el personal médico, argumentando que las ecografías ya forman parte del procedimiento clínico.

“Las ecografías la tienen que hacer igual. Para poder decir que hay inviabilidad fetal tiene que tener una ecografía, y cuando está en riesgo la vida de la madre, seguro para saber que está embarazada tuvo una ecografía”, indicó.

“Por lo tanto, para todos los efectos del médico no hace la diferencia. Médicamente no agrega nada”, añadió.

Urruticoechea se aferra a la vida del proyecto

Las declaraciones fueron respondidas por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), autor principal del proyecto, quien defendió la iniciativa y cuestionó a la ministra.

“Primero pedirle a la ministra que retire la norma que dejó el expresidente Gabriel Boric, donde las mujeres de 15 años hacia abajo y de 45 años arriba pueden abortar libremente por solo hecho de tener esa edad. Si no lo hace, entonces entiendo que es parte de todo este juego”, sostuvo.

El parlamentario también rechazó la afirmación de que no exista evidencia para respaldar el proyecto.

“Hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos donde esta ley se aplica, y también en Hungría. No sé por qué no la han podido encontrar”, afirmó.

Finalmente, Urruticoechea cuestionó el debate en torno a la iniciativa. “¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida? ¿Estamos del lado de apaciguar toda esta ira implacable del feminismo, de la prensa y tratar de dejar todo en orden, sabiendo que existen asesinatos de niños que son completamente inocentes? ¿Dónde están las palabras del cardenal Chomali entonces?”, concluyó.

TVN decide no transparentar contrato con exsocio del jefe de comunicaciones del gobierno

 

CANAL PÚBLICO ARRIENDA UN ESTUDIO A PORCEL TV, EMPRESA DE UN EXSOCIO DEL DIRECTOR DE LA SECOM, FELIPE COSTABAL

Televisión Nacional entregó en arriendo un estudio y otras dependencias a Porcel TV, empresa que transmite vía streaming y que tiene entre sus dueños a Leonardo Prieto. Este último, hasta hace poco, fue socio del director de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, Felipe Costabal, quien integra el círculo de confianza del Presidente Kast. En virtud de estas relaciones, CIPER consultó al canal público por el monto que cobra a Porcel TV, a objeto de confirmar si se ajusta al mercado. La estación respondió que no informa los montos ni las condiciones de sus contratos comerciales. Agregando, sin exhibir documentos, que “todos los contratos comerciales suscritos por TVN, sin excepción alguna, se celebran conforme a valores de mercado”. Prieto, en tanto, señala que su programa paga alrededor de $17 millones mensuales por el uso del estudio, oficinas y estacionamiento de lunes a viernes. Costabal fue rostro de Porcel TV antes de llegar al gobierno y, según ha dicho públicamente, conoce al presidente del directorio de TVN, Patricio Dussaillant, desde que este le permitió cursar periodismo en la Universidad de Los Andes sin pedirle requisitos, como el puntaje de la prueba de ingreso a la educación superior.

Desde hace un mes, el canal online Porcel TV ocupa en arriendo uno de los estudios de Televisión Nacional de Chile (TVN) para realizar su nuevo programa Próceres, que conducen los exCQC Pamela Le Roy y Gonzalo Feito. Pero, recién el martes de esta semana se supo que el espacio se realiza en dependencias del canal estatal. Lo dijo en el programa Sin Filtros el exdiputado Renato Garín.

Leonardo Prieto, uno de los propietarios de Porcel TV SpA -la empresa que realiza el programa-, fue socio hasta hace solo meses de Felipe Costabal, el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno. Conocido como “El Yeti”, Costabal integra el círculo de confianza del Presidente José Antonio Kast, ha sido figura central de las campañas electorales del mandatario y del Partido Republicano. También fue proveedor de campaña de la cónyuge de Prieto, la actual diputada republicana Macarena Santelices. Las rendiciones por los servicios que prestó a la parlamentaria -según reveló CIPER- fueron rechazados por el Servel y el Tricel por irregularidades en las facturas (vea esas notas acá y acá). 

En virtud de estas relaciones, CIPER consultó a TVN cuánto es el monto que Porcel TV paga para ocupar las dependencias de la estación pública, a objeto de poder confirmar que el negocio se ajusta a los precios del mercado y descartar un eventual trato especial. Esto, considerando que, además, Costabal relató en un streaming que conoce al actual presidente del directorio de TVN, Patricio Dussaillant, desde 2001, cuando este último era director de Periodismo de la Universidad de Los Andes. Entonces, según contó, le pidió ayuda porque no reunía las calificaciones para entrar a la carrera y Dussaillant le permitió cursarla sin tener el puntaje suficiente en el examen de selección de la época, la Prueba de Aptitud Académica.

Porcel TV no solo alquila el Estudio 5 del canal estatal, sino también unas oficinas de la estación que antes fueron destinadas a una sucursal del Banco Chile. Y, según fuentes del mismo canal, el trato también incluiría  algunos estacionamientos.

Ante el requerimiento de CIPER, la estación pública respondió por escrito que no va a transparentar el monto del trato, señalando que no informa aspectos económicos de este tipo: 

“TVN no informa públicamente los montos ni las condiciones económicas particulares de sus contratos comerciales, criterio que aplica de manera uniforme y sin excepciones. Asimismo, todos los contratos comerciales suscritos por TVN, sin excepción alguna, se celebran conforme a valores de mercado y bajo las mismas condiciones de competencia que rigen para cualquier actor de la industria audiovisual”, indica parte de la respuesta (vea el texto completo aquí).

Frontis Televisión Nacional de Chile (Fuente: tvn.cl)

La reserva que el canal estatal señala resguardar sobre sus acuerdos comerciales resulta entendible, dado que, aunque se trate de una señal pública, las normas lo obligan a competir dentro del mercado. No obstante, en este caso se trata de un negocio firmado con un empresario que, hasta hace muy poco, mantenía una estrecha relación de negocios con una autoridad del gobierno que, precisamente, se desempeña en el área de las comunicaciones del Ejecutivo. Por lo mismo, parece razonable abrir al debate público sobre la posibilidad de que en este tipo de situaciones, esa información sea transparentada. 

TVN confirmó que el 1 de julio de este año suscribió un contrato con Porcel TV para el desarrollo de distintos programas y contenidos en formato streaming. La fecha coincide con la partida del programa Próceres, competidor de Sin Filtros. 

CIPER contactó a Leonardo Prieto para saber el monto del contrato. El realizador señaló que, luego de hacer otras cotizaciones, las condiciones que logró con TVN eran las más convenientes y que la ventaja se materializaba en los estacionamientos. Según afirmó -sin exhibir documentos- el monto que paga a la señal estatal fluctúa entre los $16 millones y los $17 millones mensuales. Esto, por usar de lunes a viernes el estudio de televisión, las oficinas y cuatro estacionamientos. Agregó que su contrato está firmado por un periodo de seis meses renovables.

“Estaban todos más o menos a los mismos precios, la diferencia es que TVN tiene mejores estacionamientos que Chile Films”, asegura. Y agrega: “Los precios de mercado iban entre $12 millones a $16 millones”.  

CIPER se comunicó con Costabal para preguntarle por su relación con Porcel y si tuvo alguna injerencia en su trato con TVN, pero declinó hacer comentarios. Cercanos al director de la Secom, en tanto, señalaron que desde que asumió en el gobierno abandonó la sociedad que tenía con Prieto, algo que no consta en el Diario Oficial porque, al tratarse de una Sociedad por Acciones, sus modificaciones no necesariamente quedan registradas. 

El pasado martes 28 de julio, el conductor de Próceres, Gonzalo Feito, leyó un comunicado de Leonardo Prieto en el que respondió a las declaraciones de Renato Garín: 

“Respecto a TVN no hay ningún misterio. Tenemos un contrato comercial de arriendo de estudios, igual que cualquier productora que utiliza sus instalaciones” (vea la declaración).

LOS DUEÑOS DE PORCEL Y EL YETI EN PANTALLA

Si bien el canal de YouTube de Porcel TV cuenta con videos desde abril de 2025, la única sociedad que coincide con ese nombre en los registros del Diario Oficial, fue constituida el 20 de febrero de 2026. Y según el Servicio de Impuestos Internos (SII), hasta la fecha no inicia actividades. 

Según se señala en esa constitución, Porcel TV SpA fue creada por cinco sociedades que en total reunieron un capital de $900 mil: 

• La Cava del Capitán SpA, de Leonardo Prieto
• Asesoría e Inversiones Mar Bravo Limitada, representada por Ricardo Larraín Llona.
• Consultoría e Inversiones Ferrari SpA, del ingeniero Rodrigo Ferrari García. 
• Etiqueta Black Foods SpA. de Cristóbal Cuadrado Saelzer. 
• Asesoría e Inversiones Arenales Limitada, que fue representada por Ramón Lacamara Astaburuaga. 

Dos meses después, el 20 de mayo pasado, se sumó una nueva persona jurídica como socia al canal digital: Massiva S.A., cuya llegada coincidió con el arribo de Gonzalo Feito y su programa Próceres.  

En la página de Facebook del canal de streaming figura el link www.porcel.cl, dirección web que fue utilizada por el medio durante el año pasado pero que hora se encuentra inactivo.

La denominación Porcel.cl fue inscrita en el sitio Nic Chile en diciembre de 2024 a nombre del empresario chileno Vittorio Arrigoni Guglielmucci, beneficiario final de la compañía Arrigoni Investments Inc. Según el especial Pandora Papers, esa empresa de Arrigoni fue creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (vea esa publicación). 

Felipe Costabal fue uno de los rostros del canal de streaming durante 2025. Según registros, su participación era recurrente en el programa “Apoderados”, un misceláneo en el que también participaban figuras de TV como Andrea Hoffmann y Nicolás Larraín. Allí el actual jefe de la Secom oficiaba de notero y también como conductor (vea uno de esos capítulos).  

Felipe Costabal, director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno de José Antonio Kast (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

LOS OTROS ARRIENDOS DE TVN

Desde la llegada de Patricio Dussaillant a TVN, la idea de que el canal público pudiera ser vendido, quedó descartado. Esto pese a que, en su programa presidencial de 2021, José Antonio Kast, propuso que respecto a empresas que no fueran rentables, vender parcialmente o privatizar. Habló de Codelco, TVN y Enap. Al ser consultado al respecto, en el debate presidencial de Anatel para la segunda vuelta de esa elección, Kast matizó y dijo que podría haber una salida para las empresas que mantuvieran números azules.

En una entrevista con el Diario Financiero, a su llegada al cargo, Dussaillant señaló que el canal ya había aplicado rebajas de costos y diversificación de sus fuentes de ingresos. Y que una de estas nuevas fórmulas consistía en el arriendo de espacios de la estación estatal que se encuentran en desuso.

Según explican conocedores de estos arriendos, al interior del canal hay tres arriendos estables: uno en el subterráneo de sus dependencias que es ocupado por una clínica. Otro corresponde a salas arrendadas a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Y el tercero es el estudio N°4 que, desde hace años se encuentra en arriendo a Madis Films.

El gobierno de José Antonio Kast anunció que se establecería un plan para evitar una posible quiebra del canal estatal, para lo que, desde abril de este año, la Secretaría General de Gobierno (Segegob), mismo ministerio donde trabaja Felipe Costabal a cargos de la Secom, se encuentra trabajando en un proyecto de ley y fue en medio  de estas tratativas que Porcel TV firmó el contrato con TVN. 

El subsecretario, José Francisco Lagos, dio a conocer en el Congreso que ese proyecto establecería “un fondo patrimonial que consiste en asignarle US$ 30 millones”, con la limitación de que “esos intereses deben ser de al menos US$ 5,5 millones para que se integren al funcionamiento de TVN de Chile”.