Durante las conversaciones reservadas desarrolladas entre los representantes del consorcio de empresas chinas con el gobierno, se ofreció llevar fibra óptica a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, las cuales actual,ente solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, propiedad de Elon Musk. La posibilidad de conectar ambos territorios cumpliría un antiguo deseo de Chile, descartado hace algunos años debido a su alto costo. El cable submarino con China ya fue aprobado técnicamente por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y solo falta que se envíe el decreto a la Contraloría para su toma de razón.
El 26 de noviembre pasado, un consorcio de empresas chinas ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) una solicitud formal para obtener una concesión que le permita construir un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong. Fue el primer paso para concretar el proyecto conocido como Chile China Express, que incluye una inversión cercana a los US$500 millones.
El proyecto carga con la oposición frontal de Estados Unidos, desde donde se advierte que el cable con China podría poner en riesgo la seguridad regional. Esa advertencia se basa en la Ley de Seguridad Nacional de China, que en teoría permite que las autoridades de ese país soliciten a sus empresas la entrega de datos confidenciales. Los cables submarinos actualmente son la columna vertebral de internet, y por ellos viaja el 95% del tráfico de datos de todo el mundo. También son claves para la política de seguridad de los países, al asegurar la conexión militar y de los gobiernos.
La gran mayoría de los cables submarinos conectan el mundo por el hemisferio norte, y Chile actualmente solo tiene en operación cables que lo conectan con Estados Unidos. Por eso el proyecto de las empresas chinas enfrenta la oposición del país del norte.
Quienes conocen el detalle de las conversaciones de las empresas chinas con las autoridades chilenas, comentan que sobre la mesa está el ofrecimiento del país asiático para llevar internet a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, dos territorios insulares que, hasta ahora, solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, la empresa de internet satelital que es propiedad de Elon Musk.
Tres fuentes de gobierno, independientes entre sí, confirmaron a Reportea que el ofrecimiento de las empresas chinas no implicaría costos para Chile.
La conexión de internet de alta velocidad en Rapa Nui y la isla Juan Fernández es una medida que han buscado implementar distintos gobiernos. De hecho, se analizó esa posibilidad cuando se negoció el trazado del cable submarino Humboldt, el que es desarrollado mediante una alianza público privada con Google, y que conectará Chile con Oceanía. Entonces se desechó esa opción debido al alto costo que implicaría para el Estado chileno (aproximadamente US$100 millones).
Concretamente, las empresas chinas a cargo del proyecto (China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group, y China United Network Communications Group, que actúan agrupadas en un consorcio), ofrecieron instalar un “branch” desde el cable submarino que se quiere construir, hacia Rapa Nui y Juan Fernández.
Un “branch” (o branching unit) es un dispositivo que se instala en el fondo marino, y que permite desviar parte de la señal de datos que viaja por un cable hacia una ruta secundaria.
Además también se analiza la posibilidad de instalar una estación de regeneración de señal en Rapa Nui, que es un mecanismo que utilizan quienes operan cables submarinos para resguardar la calidad de la señal que viaja a través de los océanos. Esa estación permitiría acceso a internet de alta velocidad para los habitantes de la isla.
Según confirmaron a Reportea tres fuentes de distintos ministerios que están al tanto de los avances del proyecto, las empresas chinas ya están diseñando la ruta por la que pasaría el cable. Y en ese diseño se contemplan dos trayectos: el primero entre Hong Kong y Papúa Nueva Guinea (país de Oceanía ubicado al norte de Australia), y un segundo trazado entre Papúa Nueva Guinea y Chile.
Hasta ahora, los detalles del proyecto se manejan bajo estricta reserva, y el gobierno no ha definido si aprobará o no su implementación. El tema estalló públicamente este viernes cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones para funcionarios chilenos que han mantenido conversaciones con los chinos.
Los temores de Estados Unidos
El proyecto Chile China Express generó una respuesta inédita desde Estados Unidos. Este viernes el Secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, comunicó que se habían suspendido las visas de tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”. Esos tres funcionarios son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
Fuentes de la Cancillería le dijeron a Reportea que la Embajada de Estados Unidos en Chile había advertido, en reuniones reservadas realizadas durante los últimos dos meses, que el proyecto con China podría poner en riesgo la cooperación en materias de seguridad que mantienen con nuestro país.
Estados Unidos basa su argumentación en una ley de seguridad vigente en China, que permitiría que el gobierno de ese país solicite información a sus empresas por motivos de inteligencia. Públicamente dicen que el cable podría facilitar el espionaje chino a las potencias occidentales. Pero fuentes diplomáticas consultadas por Reportea dijeron que en realidad el enojo de Estados Unidos se explica por motivos geopolíticos: todos los cables submarinos vigentes y en construcción en Chile están vinculados a intereses estadounidenses, y la iniciativa China amenaza esa exclusividad.
Personeros de gobierno que han conversado con representantes de la embajada de Estados Unidos señalan que existe otra variable que alimenta la inquietud norteamericana: desde 2020 está en operación un cable submarino que conecta Fortaleza, en Brasil, con el puerto de Kribi, en Camerún, operado por una empresa estatal china. En Washington estiman que esa ruta podría enlazarse con la que uniría Valparaíso con Hong Kong, lo que permitiría a China tener autonomía en la transmisión de datos entre varios continentes, sin depender de cables bajo influencia estadounidense.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no fueron comunicadas por canales diplomáticos, como se usa en estos casos.
El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, indicó que “como Gobierno condenamos esta medida de carácter unilateral que vulnera la soberanía de nuestro país”, al tiempo que confirmó la presentación de una nota de protesta ante Estados Unidos. El Presidente Gabriel Boric agregó que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se toman en Chile”.
Falta la firma
La solicitud ingresada por el consorcio de empresas chinas el pasado 26 de noviembre ante la Subtel, busca que se les otorgue una “concesión de servicios intermedios de telecomunicaciones para cable submarino”, lo que les permitiría echar a andar su proyecto.
Quienes conocen de los avances de esa tramitación, indican que ya está aprobado técnicamente, aunque aún no se ha firmado la resolución que entrega la concesión. Si se firma, ese documento debe contar con la toma de razón de la Contraloría.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, dijo en entrevista con El Mercurio que la solicitud de las empresas chinas está tramitándose: “Este proceso requiere varias validaciones. Se hicieron observaciones al proyecto técnico presentado por la empresa, esas observaciones ya fueron subsanadas y ahora se está en la etapa de confección de un decreto para determinar si se autoriza”.
En todo caso, con la firma del decreto de la Subtel recién se inicia el camino de las empresas chinas para concretar el proyecto.
Si logran obtener la concesión, deben tramitar otros 12 permisos sectoriales para ejecutar la iniciativa. Y ahí podría estar su principal escollo.
Entre las instituciones que deben otorgar permisos se encuentran el SHOA, las capitanías de puerto y Directemar, todos organismos de la Armada, la que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos que podría entorpecer el avance del cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong.
Las otras instituciones públicas que deben otorgar permisos son el Servicio de Evaluación Ambiental, que debe pronunciarse sobre si la iniciativa requiere ser evaluada; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para entregar una concesión marítima; además de las municipalidades involucradas, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
En todo caso, la decisión de entregar la concesión inicial desde la Subtel estará limitada por una decisión política, diplomática y estratégica del gobierno. Fuentes de La Moneda le dijeron a Reportea que la decisión no está tomada.
En esa decisión pesará la postura de las autoridades que tomarán la posta del gobierno a partir de marzo. Hasta ahora, desde el entorno de José Antonio Kast no ha existido un pronunciamiento. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se limitó a señalar que “quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, Gabriel Boric, y por su intermedio el canciller Alberto Van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo”.
Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que el anuncio de las sanciones por parte de Estados Unidos se trata de un mensaje para el gobierno entrante. Y agregan otra pregunta para el análisis: ¿Quién pesará más en el nuevo gobierno, los empresarios que tienen un intercambio fluido con China, o la vertiente más ideológica de la derecha, y cercana a las Fuerzas Armadas, que buscará alinearse con el gobierno de Donald Trump?
