Economista Andrea Repetto se suma a las críticas a la Ley de Reconstrucción Nacional: “Es altamente riesgoso para las finanzas públicas”.
La economista y directora de la Escuela de Gobierno UC abordó el megaproyecto del Gobierno de Kast, cuestionando duramente si se podrá cumplir el fin de recaudación que propone la iniciativa.
En una semana marcada por el ingreso del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, el megaproyecto del Gobierno de José Antonio Kast, siguen las reacciones -negativas y positivas- de esta iniciativa. Entre especialistas también se ha profundizado el debate, con exponentes de diferentes sectores abordando los alcances de esta política.
En ese escenario, Andrea Repetto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, se adhirió a las críticas al plan de Reconstrucción Nacional, apuntando a que hay una serie de riesgos.
En conversación con Mesa Central de Tele13 radio, advirtió que “es un proyecto altamente riesgoso para las finanzas públicas, que tiene un conjunto de medidas que hay que descartar sí o sí. Y además agrega cosas que no son tributarias que también se ven problemáticas”.
Dentro de sus argumentos, citó un al Fondo Monetario Internacional, que según las proyecciones del organismo la deuda fiscal del país a 20230 subiría menos de un punto del PIB, pero posteriormente repararon que serían 6 puntos, advirtiendo que el país debe prestar atención a la sobreestimación de los ingresos fiscales. Para la economista, el Gobierno con este proyecto “se está haciendo el leso con del FMI. Está reduciendo la recaudación de una manera muy importante a través de un conjunto muy amplio de medidas, y está apostando a que el crecimiento va a ser capaz de recuperar esa recaudación perdida”.
En esa línea agregó que “cuando tu reduces los impuestos, a las empresas en este caso, sabemos que la recaudación no se recupera. Ni siquiera con crecimiento”. Todo esto, advierte, es “hiper riesgoso”.
Las críticas de Andrea Repetto al megaproyecto de Kast
Andrea Repetto recordó que con políticas públicas como el financiamiento de la PGU y gratuidad, también se han hecho estimaciones erradas de recuperación fiscal, algo que podría replicarse en este caso.
Ante el argumento de que todo se puede financiar con el recorte fiscal, como quitar 3% a cada ministerio, la directora de la Escuela de Gobierno UC discrepó. “¿Y cuál es el recorte fiscal que vas a hacer? Déjame agregar a eso: el recorte anunciado a los ministerios, que muchos están tratando de eximirse, no alcanza para financiar lo que dice el FMI que tenemos que financiar, sin la reforma. Tienes que financiar la reforma y los puntos de déficit fiscal que se vienen. 11 puntos del PIB de aquí al 2031″.
Para cerrar la idea, planteó la necesidad de tener responsabilidad fiscal. En esa línea, aseguró: “Hay que hacerse cargo, ajustar el gasto. Dado a que no queremos subir los impuestos hay que hacer más eficiente el gasto, ajustar las tuercas. Pero no le agregues más problemas”.
La economista también advirtió que la invariabilidad tributaria por 25 años, algo contabilizado en el proyecto de Reconstrucción Nacional, también es riesgoso, ya que compromete y “amarra de manos” a futuros gobiernos.
El propio ministro lo admitió: el plan no asegura más empleo y apunta más a evitar despidos que a crear nuevos puestos, en un mercado laboral que sigue debilitado y sin repuntar con fuerza. [ACTUALIZADA]
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió este jueves a la Cámara a defender la Ley Miscelánea —el proyecto de Reconstrucción—, pero esta vez con un tono más crudo: reconoció que los incentivos tributarios estrella —como el crédito de hasta $83 millones para sueldos— no garantizan que se creen nuevos empleos.
La admisión llegó tras el emplazamiento de la diputada Gael Yeomans (FA), quien puso el dedo en la llaga: el beneficio podría terminar sin impacto real en contratación. Quiroz no esquivó el punto. “No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente”, lanzó, precisando que el instrumento también busca evitar despidos. Es decir, más que empujar nuevas plazas, funcionaría como red de contención en un mercado laboral todavía golpeado, con un desempleo que bordea el 8% y lleva más de 30 meses sin ceder con fuerza.
Aun así, el ministro mantuvo la meta política: bajar la desocupación al 6,5% en cuatro años. Pero al mismo tiempo marcó distancia de promesas categóricas. “El proyecto no puede garantizar nada”, dijo, enfatizando que todo descansa en estimaciones econométricas. Un mensaje que buscó diferenciarse de la administración de Gabriel Boric, a la que apuntó por haber comprometido resultados que —según él— no se cumplieron.
Desde la oposición, las alertas no tardaron. Yeomans advirtió que estos incentivos podrían terminar siendo “beneficios tributarios para las grandes empresas” y propuso un camino alternativo: subsidios directos al empleo, más focalizados y con efecto inmediato en contratación.
El tono subió aún más cuando el diputado independiente Carlos Bianchi calificó el escenario de “gravísimo”. Su advertencia fue directa: si las proyecciones fallan, programas como la PGU podrían quedar en la cuerda floja en pocos años.
Oposición arremete contra Quiroz
Las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociendo que la Ley Miscelánea no garantiza mayor generación de empleo desataron duras críticas desde la oposición en la Comisión de Hacienda.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) calificó la exposición como “vergonzosa”, acusando falta de certezas. “Nos están pidiendo un voto de fe (…) este proyecto no garantiza nada”, cuestionó, advirtiendo además un eventual deterioro fiscal y rechazando que la reforma se base en “supuestos” o “creencias”.
En la misma línea, la diputada Lorena Fries (FA) sostuvo que los dichos del ministro refuerzan las críticas al diseño de la iniciativa. “No se asegura la inversión y (…) no se garantiza que se contrate a más gente”, afirmó, concluyendo que la propuesta termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos sin impacto claro en empleo.
Flanco PDG
Pero el flanco político más incómodo se abrió por el lado del Partido de la Gente. En su exposición, Quiroz pasó por alto el reciente acuerdo para fijar en 12,5% el impuesto a las pymes de forma permanente, lo que encendió alarmas en la bancada. El jefe de diputados PDG, Juan Marcelo Valenzuela, exigió “respetar la palabra”, recordando que ese compromiso fue clave para destrabar la idea de legislar la Ley Miscelánea.
El ministro intentó ordenar el cuadro explicando la trayectoria del impuesto: 12,5% hasta 2028, luego alzas graduales hasta 23% en 2030. Sin embargo, defendió que, con el crédito al empleo, la tasa efectiva podría incluso bajar a 7,8% para las pymes. Un argumento técnico que no logró apagar del todo el ruido político.
Como si faltara algo, la sesión también dejó en evidencia errores en las cifras presentadas por Hacienda, específicamente en la recaudación estimada por menor contrabando de cigarrillos, con diferencias de hasta $2.000 millones respecto del proyecto.
Para evitar que el debate siga entrampado, oficialismo y oposición acordaron armar una mesa técnica durante la semana distrital. La apuesta: llegar con números afinados y menos flancos abiertos cuando la tramitación se retome en mayo.
La doctora Ximena Parada desistió de asumir la dirección subrogante del Hospital Claudio Vicuña, cargo al que había sido designada tras la salida de la directora Loreto Maturana. En una carta, defendió que las decisiones en salud deben fundarse en criterios técnicos.
La crisis abierta en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio sumó este miércoles un nuevo episodio, luego de que la doctora Ximena Parada renunciara a la subrogancia que se le había encomendado para asumir la dirección del recinto y ejecutar la salida de la exministra de Salud de Boric, Jeannette Vega.
El conflicto se originó tras conocerse la incorporación de Vega a la subdirección médica del hospital, nombramiento que generó molestia tanto en el plano político como entre autoridades del sector salud. A partir de esa controversia, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, en coordinación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, resolvió solicitar la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del establecimiento y responsable del fichaje de la exministra.
Como reemplazo de Maturana había sido designada Parada, quien, según la información publicada por el diarioLa Tercera, tenía la instrucción de remover a Vega del cargo. Sin embargo, esa operación no llegó a concretarse. El mismo día, a las 14.00 horas, la profesional envió una carta a Loreto Maturana comunicando que no asumiría la subrogancia y renunciando a la designación.
En la misiva, Parada fundamentó su decisión en la ruptura del equipo que integraba tras la salida solicitada a la directora del establecimiento. Allí sostuvo que “la salud no tiene color político y las decisiones deben fundarse en aspectos técnicos”, en un mensaje que elevó el tono del conflicto y dejó en evidencia la resistencia interna frente a la intervención adoptada por el servicio.
La carta también fue firmada por Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico, y Mauricio Cortés, jefe de pabellón, lo que añade un componente institucional a una crisis que ya había escalado desde el debate político hacia la conducción del hospital.
El episodio profundiza así la inestabilidad en el recinto asistencial de San Antonio, donde el intento por revertir el nombramiento de Jeannette Vega terminó abriendo un conflicto mayor en la estructura directiva del hospital.
El partido no tardó en mostrar sus dientes tras la "desconocida" del ministro Alvarado a lo pactado en el acuerdo que comprometió los votos para la ley de Reconstrucción Nacional. Así, desde la colectividad esperan adquirir un rol predominante en el debate legislativo, que traslade a las bancadas del PPD y la DC a segundo plano y que los consagre a ellos como los actores a los que el Ejecutivo debe acudir para inclinar la balanza. Lo anterior sin dejar de lado la apuesta presidencial de su fundador, Franco Parisi.
Una confusión provocó en el Partido de la Gente (PDG) las declaraciones que dio esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).
“El Presidente de la República, durante su campaña, siempre manifestó que esas tasas no se iban a modificar“, mencionó el jefe del gabinete —en Tele13 Radio— al referirse al tributo de 12,5% que actualmente se cobra a las pymes, congelado hasta el año tributario 2028, y que el PDG puso como condición de que fuera permanente para conceder los votos de sus 13 diputados para el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.
La petición parecía haberse logrado con éxito, luego de que ayer desde el Congreso fuera el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, quien señaló que al acuerdo que llegó su partido con el Gobierno considerara la devolución del IVA en medicamentos y pañales, así como la mantención del tributo que actualmente se cobra a las pymes, o sea, transformar el 12,5% de un cobro transitorio a uno permanente.
Así también lo dio a entender el ministro Segpres, José García Ruminot (RN), al estar presente en el anuncio del acuerdo. “Hemos escuchado al PDG y a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuesto para las pymes”, reconoció el secretario de Estado, a la vez que adelantó que era probable que dicha propuesta no se sumara a la ley miscelánea, sino que se vería en un proyecto paralelo.
Sin embargo, las declaraciones que brindó Alvarado por la mañana contrariaron la versión completa de García. “No está dentro del acuerdo (con el PDG) el mantener el 12,5%. No está lo de las pymes”, afirmó el titular del Interior, remitiendo todo el acuerdo firmado a lo relativo al IVA.
Fue eso lo que provocó una reacción inmediata de la bancada PDG, que rápidamente mostró sus colmillos al Gobierno.
La contraofensiva del PDG con advertencia al Gobierno
No pasaron muchas horas desde la declaración de Alvarado para que la bancada PDG actuara rápidamente coordinada.
Ejemplo de ello fue la diputada Pamela Jiles, quien en Turno sostuvo que “necesito que el Presidente firme el proyecto ‘Parisi 2030’. Si el ministro Quiroz, Alvarado o el Presidente Kast no cumplen los acuerdos, me obligarán a que los 13 diputados del PDG votemos en contra“. Su alusión al “proyecto Parisi 2030” guardó relación con que las medidas acordadas eran parte del programa de gobierno del excandidato presidencial.
Al interior del partido fundado por el economista afirman que, a diferencia de la legislatura pasada, cuentan con un orden transversal en el grupo. De hecho, el deseo de llegar a funcionar así fue lo que terminó por motivar la “expulsión” del diputado Cristián Contreras (Dr. File) de la bancada, tras desoír continuos llamados de Valenzuela.
Por lo mismo, en el sector consideran tener un rol efectivo de “bisagra” para avanzar propuestas del Ejecutivo en el Congreso. Para eso tienen presente que el Gobierno ha optado por prescindir del Partido Comunista (PC) o el Frente Amplio, partidos con los que aún no ha tenido reuniones para delinear el proyecto de Reconstrucción Nacional, al que los diputados de esas colectividades ya se han opuesto. En cambio, el foco de los ministros de Kast ha estado en las bancadas de la Democracia Cristiana (DC), del PPD y del propio PDG.
La bancada del PDG el día que el grupo asumió como diputados. Foto: Agencia UNO.
Dada la cantidad de respaldos que podrían asegurar estos últimos, en la bancada no pasan por alto el poder con el que podrían contar en adelante en la agenda legislativa. Por lo mismo, explican, el actuar de Parisi, líder natural de la colectividad, quien increpó directamente por la “desconocida” —como llaman— al ministro Alvarado y a su par de Hacienda, Jorge Quiroz.
“El ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo donde a las pymes se les iba a mantener el 12,5%, más allá de los sugerido en la actual ley. Es importante que se mantengan los acuerdos porque el ministro Ruminot se lo dijo a nuestra bancada y en punto de prensa en el Congreso”, salió cuestionando el excandidato presidencial desde un video grabado en Alabama, Estados Unidos.
En Chile Vamos, por su lado, no ha cayó bien la puesta en escena que involucró a García y a Valenzuela. La coalición de derecha resienten que se le asignara la autoría de las medidas a la clase media al PDG, cuando también ellos fueron promotores de levantar propuestas dirigidas hacia ese sector.
De hecho, el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), fue uno de quienes cuestionó abiertamente que el proyecto era celebrado por “Sanhattan”, mas no por los sectores medios.
“El PDG apuesta a maximizar sus intereses”
Para Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, el engorroso episodio entre el Gobierno y el PDG demuestra una cosa: la pretensión del partido fundado por Parisi de tener un rol central en el Congreso.
“El enredo por el 12,5% para pymes no es solo técnico, es político: muestra un déficit de alineamiento y conducción de la negociación, donde los acuerdos no están suficientemente amarrados antes de hacerse públicos”, sostiene Moreno, a la vez que dice que más que un problema de “diseño tributario, lo que estamos viendo es una dificultad para del Gobierno para gestionar sus mayorías en un Congreso fragmentado”.
En ese sentido, el académico reconoce en el PDG un rol de “partido bisagra” o “partido dirimente”, que busca “maximizar sus intereses como todo actor en juego”.
Ahora, sin embargo, establece que es el Gobierno “el que debe fijar los términos de la negociación y la conversación. Es ahí donde está fallando: en la capacidad para establecer los márgenes, lo razonablemente posible, y a lo que está dispuesto a ceder”.
En medio de las tensiones entre Codelco y Hacienda, el líder de la minera estatal se reunió con el exmandatario, encuentro que es leído como una muestra de respaldo por parte de Boric a Pacheco, quien esta semana tuvo un cruce con el ministro Jorge Quiroz. Desde Codelco insisten en que no están en una crisis y que las críticas a la gestión directiva responden a "narrativas de inestabilidad".
Hasta Bellavista 77 llegó este jueves el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para sostener una reunión con un conocido suyo: el expresidente Gabriel Boric.
Según pudo conocer The Clinic, el exmandatario recibió a Pacheco para sostener una reunión privada. El encuentro ocurrió luego de que Boric se estrenara como exjefe de Estado en Barcelona, lugar desde el que trajo ideas sobre temas de futuro, defensa del Estado y, en esa línea, la estrategia nacional del litio.
El tema no es ajeno a Pacheco, pues es parte del directorio de NovaAndino Litio, empresa público-privada creada tras una alianza entre Codelco y SQM.
El expresidente Boric junto a Pacheco en diciembre pasado, en la presentación del directorio de NovaAndino Litio. Foto: The Clinic.
De acuerdo con lo comentado desde la oficina del expresidente, la reunión tuvo una duración de 45 minutos. Al finalizar, Pacheco le entregó a Boric un libro con la Memoria Integrada de Codelco 2025.
Esta reunión, sin embargo, no es casual, pues se dio en medio de tensiones entre el presidente del directorio de Codelco y el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El lunes, a eso de las 16:00 horas, en dependencias del Ministerio de Economía, se realizó la junta anual de accionistas de Codelco, a la que asistió Pacheco. Esta fue la última reunión de estas características encabezada por el actual presidente del directorio, dado que el 25 de mayo concluye su período en el cargo, y para el cual se avizora que su reemplazante será el economista Bernardo Fontaine.
En esa instancia en la sede de Economía fue que ocurrió un cruce entre Pacheco y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien días antes en el Senado señaló que Codelco tenía la necesidad de “revisar profundamente sus estándares”.
En dicha reunión, Pacheco expuso durante 45 minutos, defendió la labor realizada y sostuvo que “es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad”.
Sobre eso, agregó que “Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”.
Tras la presentación de Pacheco, Quiroz retrucó: “No se menciona ningún problema… ¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada? ¿Comparte este autoelogio completamente el directorio?”.
El comentario, más que una pregunta, fue interpretado por los presentes como un emplazamiento, lo que generó tensiones en el ambiente y abrió dudas respecto de qué es lo que pretende —o no— hacer el Gobierno con la minera estatal.
Si bien han existido ideas como privatizarla, ese plan ha sido descartado por autoridades de Hacienda. Como posibilidad ha surgido que Codelco se estrene en la bolsa, lo que aún no se conversa en el Ejecutivo.
Con todo, desde el bloque opositor comentan que esta reunión entre el expresidente Boric y Pacheco es una muestra de respaldo en medio de esta tensión y ad portas de dejar el cargo.
El Presidente Boric, en tanto, prepara ya su próxima gira internacional, que se llevará a cabo desde el 16 de mayo al 3 de junio, donde visitará Alemania, Gales e Inglaterra.
En conversación con Kike Mujica en Entender es todo, podcast original de The Clinic, la exministra del Interior manifestó sus profundos cuestionamientos al Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que impulsa la administración Kast. "Es una reforma que le baja los impuestos de 20 maneras al mismo grupo, al grupo de más altos ingresos del país", fue parte de lo que planteó. Por otro lado habló de sus actuales proyectos en materias de seguridad y de las dificultades que justamente en la temática de seguridad tuvo que enfrentar el gobierno de Gabriel Boric.
Carolina Tohá (PPD), exministra del Interior y quien por estos días está abocada al estudio de diversas materias en el ámbito de la seguridad, conversó con Kike Mujica en el último capítulo de Entender es todo, podcast original de The Clinic.
Y al igual como lo han hecho figuras de la oposición en las últimas jornadas, Tohá manifestó duras críticas a la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.
“Es una reforma que le baja los impuestos de 20 maneras al mismo grupo, al grupo de más altos ingresos del país”, fue parte de lo que planteó Tohá, al dar cuenta de sus cuestionamientos al denominado Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.
Tras ello sostuvo que “en su propio informe reconoce que no va a haber compensación y que va a haber más déficit fiscal. Y todo esto con la expectativa de que esto traería un gran crecimiento que, si no se produce, no vamos a tener cómo arreglarlo porque, además, viene con invariabilidad”.
“O sea, vamos a quedar amarrados a una receta que es una apuesta”, sentenció.
Para reforzar su argumento, quien fuera la carta presidencial del Socialismo Democrático en las primarias del anterior oficialismo, declaró lo siguiente: “Todo el mundo dice que los impuestos pueden ayudar a generar crecimiento, pero lo que más genera crecimiento es tener reglas claras, es que el país es de seguridad. Y cuando una reforma tributaria tan profunda como esta genera tanto desacuerdo, tanta discordia, tanta molestia, tanto rechazo ciudadano, no se produce esa tranquilidad”.
El trabajo en seguridad y el factor Bukele que marcó a la administración Boric
Al explicar en qué se encuentra actualmente, Carolina Tohá contó: “Estoy trabajando en cosas de consultoría. Estamos armando equipo con varias personas, tengo algunos proyectos porque me gustaría ser parte de una red que sea como un observatorio para Latinoamérica en los temas de seguridad, para que podamos tener más evidencia para hablar de seguridad”.
“Y también que eso ayude, y me interesa mucho, a fortalecer una mirada desde el progresismo en los temas de seguridad para que se incorporen así ya como plenamente en la agenda”, añadió.
Y justamente sobre el tema seguridad, la exmininstra del Interior comentó cómo el factor Bukele, a su juicio, marcó a la administración Boric.
“Hasta el día de hoy, para la gente su modelo de gobernante es Bukele. Entonces el gobierno del presidente Boric hizo un montón de cosas, y cosas efectivas que se basan en lo que dicen los expertos, pero no hizo lo que hace Bukele. Esa no fue nuestra escuela. Y las personas tienen en la mente que un gobierno comprometido con la seguridad se parece a Bukele. Y nosotros, con Bukele ni a Misa”, declaró.
Esta nueva entrega de Punto por Punto, de Paulina de Allende-Salazar, te cuenta acerca de la alerta que están levantando los alcaldes en todo el país sobre lo que significará la exención de contribuciones de los mayores de 65 años de alto patrimonio.
Se pasó la línea roja, opinan de manera transversal alcaldes de distintas regiones de Chile con quienes habló El Mostrador. La razón: temen que las condiciones de vida de la mayor parte de sus vecinos se vea dañada por el beneficio tributario total que el Gobierno quiere extender a las primeras viviendas de 209 mil adultos mayores con alto patrimonio.
Se trata de personas cuyos bienes raíces tienen un valor de mercado por sobre los 360 millones de pesos y poseen un ingreso superior a los 25 millones de pesos anuales.
En Arica, el alcalde teme que una disminución de los ingresos debilite el resguardo de la puerta de entrada al país. En La Pintana, que no puedan continuar extendiendo el horario de atención de los consultorios. Y en Cabo de Hornos, que disminuya el aporte a los únicos colegios donde pueden ir los niños.
Si quieres conocer más acerca de los pros y los contras y de las alternativas a la medida propuesta por el Gobierno, revisa este capítulo de Punto por Punto de El Mostrador.
La subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova, sostuvo que “las rebajas fiscales sustanciales deben compensarse con medidas permanentes de aumento de los ingresos o con las correspondientes medidas de gasto”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió las alertas sobre la reforma económica impulsada por el Gobierno deJosé Antonio Kast, poniendo especial atención en la propuesta de rebajar impuestos a las empresas.
Según información consignada por La Tercera, el organismo confirmó que se encuentra analizando en detalle el proyecto, en medio de su tramitación inicial y del debate que ya genera en el mundo político y económico.
La iniciativa del Ejecutivo contempla reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, como parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a reactivar la inversión y el crecimiento.
Sin embargo, desde el FMI advierten que este tipo de cambios debe evaluarse con cautela, considerando su impacto en las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país.
Advertencia clave: rebajas deben tener compensación
Desde el organismo internacional recalcaron que cualquier disminución de impuestos debe ir acompañada de medidas que equilibren las cuentas fiscales.
En ese contexto, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova, sostuvo que “las rebajas fiscales permanentes, especialmente las rebajas fiscales permanentes sustanciales, deben compensarse con medidas permanentes de aumento de los ingresos o con las correspondientes medidas de gasto”.
Además, la autoridad precisó que el análisis aún está en curso, indicando que “todavía estamos analizando los detalles del proyecto de ley”, consignó La Tercera.
El pronunciamiento del FMI se da en un escenario donde el Gobierno busca impulsar el crecimiento económico tras años de bajo dinamismo. Mientras el gobierno defiende que la rebaja tributaria incentivará la inversión y la generación de empleo, distintos expertos advierten que, sin mecanismos de compensación claros, podría aumentar el déficit fiscal o la deuda pública.
De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, este tipo de advertencias forma parte de la revisión técnica habitual que realiza el organismo, pero también marca un punto de tensión en la discusión legislativa que se avecina.
La negativa del presidente José María Balcázar a autorizar el pago inicial de USD 2.000 millones a Lockheed Martin derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz y expone a Perú a penalidades contractuales, litigios internacionales y una pérdida de confianza en su capacidad de cumplir compromisos de alto nivel.
La controversia se agudizó este miércoles 22 de abril, fecha límite para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuara el primer desembolso, por USD 2.000 millones, correspondiente al contrato inicial. Según los ministros renunciantes, el pago fue bloqueado por orden expresa del presidente Balcázar, a pesar de que el monto había sido aprobado mediante decreto supremo en diciembre pasado bajo la administración del expresidente José Jerí y estaba debidamente financiado a través de la emisión de bonos soberanos.
La adquisición formaba parte del programa “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares” del Grupo Aéreo N° 4, con base en Arequipa, y preveía la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70: 20 monoplazas y 4 biplazas, en dos etapas. El contrato inicial contemplaba la entrega de 12 aeronaves —10 F-16C y 2 F-16D— por USD 1.540 millones, mientras que los USD 460 millones restantes se destinarían a la adquisición de equipos de apoyo en tierra, repuestos, soporte logístico, capacitación, simuladores de vuelo y un lote inicial de armamento.
Lockheed Martin, la empresa estadounidense proveedora, destacó que el paquete ofrecido incluía todos los costos integrales de configuración, armamento, entrenamiento, sostenimiento e infraestructura, garantizando la “preparación operativa de largo plazo y la asequibilidad a lo largo del ciclo de vida de la aeronave”. La versión ofertada al Perú, el F-16 Block 70, es la más avanzada jamás producida, equipada con cabina digital, sistemas de misión de última generación, capacidades superiores de guerra electrónica y el radar APG-83 AESA, que proporciona mayor conciencia situacional, supervivencia y efectividad en combate.
El presidente de los camioneros del sur, Fredy Martínez, alerta sobre un alza del 65% en los costos de combustible que mantiene al 80% de la flota nacional en estado de insolvencia. Tras reunirse con el Gobierno, el gremio advierte que buscan evitar un «megaparo», aunque enfatizan que estas medidas no se avisan previamente.
Fredy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur de Chile, calificó como «crítica» la situación financiera de los pequeños y medianos transportistas del país. El dirigente advirtió que el sector enfrenta una insolvencia inminente debido a las constantes alzas de combustible.
Tras una serie de reuniones con los ministros de Hacienda, Transportes, Interior y Economía, Martínez fue enfático sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones en las rutas. Según el líder gremial, «los paros no se anuncian, los paros se hacen», marcando una postura de alerta máxima.
Impacto del alza en el diésel
El gremio reporta que, tras la «mega alza» del pasado 26 de marzo y el reciente incremento de 36,4 pesos, el costo del combustible ha subido un 65%. Esta situación impacta directamente en la operación, donde el ítem diésel ya representa el 30% de los costos directos de cada viaje.
Martínez explicó que el 80% de la flota nacional está compuesta por pequeñas y medianas empresas de corte familiar que hoy no pueden operar. «No es que no quieran trabajar, es que ya agotaron sus recursos», señaló el vocero tras su regreso de Santiago.
El dirigente también denunció que los grandes generadores de carga no han traspasado estas alzas a las tarifas de fletes. Mientras los pequeños clientes han sido más conscientes, las grandes cadenas mantienen tarifas que no cubren los costos operacionales mínimos.
Exigencias al Gobierno y acuerdos pendientes
FEDECAM Centro Sur solicitó al Ejecutivo la implementación de una línea de crédito directo para la compra de combustible con seguros asociados. El gremio rechaza las soluciones basadas en créditos bancarios tradicionales, ya que muchos transportistas presentan problemas comerciales por la misma crisis.
Asimismo, recordaron que existen compromisos firmados en 2022 con grandes gremios como la CPC y la Sofofa que aún no se cumplen. Entre estos puntos destaca el fin de las «malas prácticas» de pagos a 90 o 120 días y la mejora de tarifas mediante polinomios de ajuste.
Martínez subrayó que las últimas movilizaciones de su confederación fueron motivadas por la inseguridad y ataques a conductores como Juan Barrios y Ciro Palma. No obstante, la crisis económica actual podría forzar una nueva acción de fuerza de carácter nacional.
Futuro de las movilizaciones
El dirigente gremial espera una respuesta concreta a los oficios entregados en el Palacio de La Moneda y el Ministerio de Economía. La organización busca evitar un «megaparo», pero insiste en que la estabilidad del mercado no llegará de forma automática.
Por ahora, las bases de la FEDECAM Centro Sur, con presencia desde la Región Metropolitana hasta Magallanes, se mantienen en asamblea permanente. El gremio espera señales políticas claras para evitar que la crisis logística se profundice en el corto plazo.
“Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis”, dijo el presidente de la estatal.
Este lunes, en la sede central de Codelco, se llevó a cabo la última junta ordinaria de accionistas de la cuprífera presidida por Máximo Pacheco. En la instancia participaron el biministro de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes interrogaron al ejecutivo sobre el futuro de la estatal.
Codelco ha estado en la mira de autoridades y expertos, que han advertido que la empresa enfrenta importantes desafíos en eficiencia y productividad.
“Frente a las interpretaciones que sugieren que la Corporación genera deudas y no riqueza, los datos históricos y operativos ofrecen una realidad opuesta. Codelco es, y ha sido, el pilar fundamental del desarrollo chileno: a lo largo de su historia, ha entregado al Fisco US$ 164.000 millones en moneda actual”, recalcó Pacheco.
“Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”, aseguró Pacheco, quien expuso la performance de la compañía.
El hasta ahora presidente de la firma —y que se apuesta sería reemplazado por Bernardo Fontaine— añadió que “someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”.
La pregunta incómoda
Durante la cita, tanto Mas como Quiroz realizaron preguntas a la junta directiva. Fue este último quien lanzó uno de los cuestionamientos más directos:
“Lo que leemos acá es que la compañía se recibió en un estado en que no estaba previsto un valle productivo; esta administración detectó oportunamente el valle, reformuló los planes, hubo alza de costos —por la pandemia y situaciones internacionales—, mejoraron sus planificaciones (…) incluso respecto al accidente de El Teniente se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica: la administración no hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autoelogio completamente el directorio?”, planteó.
Ante la pregunta, Pacheco reconoció que el planteamiento era pertinente y señaló que existen varios cuellos de botella identificados en la empresa.
Entre ellos, mencionó la lentitud en la toma de decisiones y calificó como un “error” haberse embarcado en cuatro megaproyectos simultáneamente, además de la excesiva centralización de inversiones.
“Ministro, hemos aprendido algo en Codelco: no es una buena idea ser soberbio. Hemos sido una empresa demasiado exitosa y nuestro enemigo, a veces, es la soberbia. Hemos aprendido a ser humildes y estamos hoy día en ese proceso, que es duro y doloroso”, respondió.
Dudas sobre reservas y exploración
El ministro de Hacienda también planteó inquietudes respecto del futuro de las divisiones de Codelco, particularmente en relación con sus reservas.
“¿Cómo se logran 50 años de vida aumentando solo 2,4% las reservas?”, consultó.
Pacheco explicó que existe una diferencia entre recursos y reservas, y que uno de los focos de la estatal ha sido fortalecer la exploración.
“También hemos subexplorado. Piense usted que hace cuatro años nuestro gasto en exploración era de US$ 40 millones y ahora es de US$ 140 millones”, afirmó.
Gestiones por parte de integrantes de la misión chilena en la campaña de Michelle Bachelet para presidir la ONU —pese a que el Gobierno retiró su respaldo a la candidatura— activó una investigación sumaria en Cancillería. El foco está puesto en Claudio Garrido y Jimena Prada, cuyos movimientos son ahora revisados por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, abriendo un nuevo flanco diplomático en torno a la carrera de la expresidenta.
Durante tres horas se extendió la presentación que realizó ayer la expresidenta Michelle Bachelet ante los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU, en el marco de su candidatura a convertirse en la próxima secretaria general del organismo. Allí no estuvo sola, sino que fue acompañada por un grupo que ya venía manifestando su apoyo desde que anunció el inicio de su carrera para liderar la ONU en septiembre de 2025.
Tal como consignó The Clinic ayer, en un sector especial del salón —donde Bachelet respondió a las preguntas de los miembros de la Asamblea— se ubicaron la exrepresentante de Chile ante la ONU, Paula Narváez, y el exembajador de Chile en el organismo durante la administración de Bachelet, Cristián Barros; Claudio Garrido, actual representante nacional en Nueva York, previo a la llegada de Roberto Ampuero, nominado por el Presidente José Antonio Kast.
Entre ellos también se encontraba la analista de asuntos internacionales de la misión de Chile en Estados Unidos, Jimena Prada, quien ha respaldado discretamente la candidatura de la exmandataria.
Si bien este acompañamiento sería más bien discreto y, según fuentes diplomáticas, no particularmente activo, el medio Ex-Ante dio a conocer unos correos electrónicos recientes que exhiben que Prada y Garrido han ayudado a coordinar encuentros e información relacionada a la candidatura.
La información llegó hasta la Cancillería chilena y desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores se inició un sumario. Lo anterior, debido a que el Gobierno de Kast definió a fines de marzo retirar el patrocinio de Chile a la candidatura de Bachelet, lo que implica que los funcionarios del país no deben destinar sus labores ni recursos a una postulación que hoy es impulsada por Brasil y México.
Ayer por la noche, Cancillería explicó que la subsecretaría “inició una investigación sumaria para indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes. El 24 de marzo, el Gobierno retiró su apoyo a la candidatura y, por lo anterior, instruyó a las embajadas y misiones que se abstengan de realizar gestiones en la materia”.
Esto se tradujo en que La Moneda puso la mira sobre Garrido y Prada, ya que, de los cuatro asistentes, son los únicos funcionarios de la misión de Chile ante las Naciones Unidas. Según pudo conocer The Clinic, la subsecretaría maneja antecedentes que van más allá de su presencia en la sesión, incluyendo un correo electrónico del 14 de abril en el que Prada se comunica con miembros del gabinete de la Secretaría General.
“Nos gustaría confirmar la reunión. Copio al embajador Norberto Moretti, representante permanente adjunto de Brasil. Por favor, avísanos si necesitas información adicional con anticipación”, señala el correo firmado por Prada, lo que sería considerado un antecedente relevante.
El embajador Francisco Pérez Mackenna, por su parte, prefirió no revelar ningún antecedente. “No tengo información porque estamos iniciando ahora una investigación para entender qué hay detrás de esto”, dijo esta mañana.
Jimena Prada y Claudio Garrido.
Quiénes están en el ojo de La Moneda
Claudio Garrido cuenta con una amplia trayectoria diplomática. Es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile, posee un máster en Estudios Internacionales en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y fue becario en Desarme y No Proliferación del Centro de Estudios James Martin (CNS), del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterey, California.
En Chile se desempeñó como subdirector de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos y cumplió funciones en la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, además de las direcciones de América del Sur y de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.
Su proyección internacional se consolidó posteriormente, cuando fue cónsul general de Chile en Shanghái, además de desempeñarse en las embajadas de Chile en India y Japón. En 2025 ejerció como encargado de negocios de la misión de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York y, tras la salida de Paula Narváez, asumió como representante permanente alterno, a la espera de la llegada de Roberto Ampuero, designado por el Presidente José Antonio Kast.
Jimena Prada, en tanto, es de origen costarricense y se desempeña como analista de asuntos internacionales en la misión de Chile. Obtuvo su pregrado en Northeastern University, en Boston, y en 2021 —un año antes de egresar— se integró como asesora a la misión permanente de Costa Rica ante la ONU.
Posteriormente, entre 2022 y 2023 trabajó en relaciones corporativas en el Consejo de las Américas y, en febrero de ese último año, se incorporó a la misión chilena.
El canciller Francisco Pérez Mackenna optó por no entregar antecedentes de la investigación sumaria. Foto: Agencia Uno.
