Francisco Zúñiga por proyecto que tipifica como delito ingreso clandestino a Chile: “Lo que hace es criminalizar la migración"

abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile llamó a discutir la “conveniencia” de esta recalificación. “No creo que sirva de mecanismo persuasivo para evitar un ingreso clandestino”, cuestionó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, abordó el avance del proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino a Chile. En específico, la iniciativa que recientemente fue aprobada en el Senado, que modifica la ley N°21.325 de Migración y Extranjería, para tipificar como delito la entrada irregular al territorio nacional. 

Zúñiga se refirió, en primera instancia, al debate que se ha abierto en el Senado  sobre la calificación del proyecto, si se trata de una ley simple u Orgánica Constitucional. Explicó que esto es relevante en términos políticos porque modifica el quórum necesario para aprobar la iniciativa. “Alterar los quórums no tiene justificación, salvo que se trate de reformas constitucionales, porque la Constitución tiene un mecanismo de especial protección para sustraerla a la voluntad de mayorías circunstanciales, pero tratándose de la legislación, no”, cuestionó. 

“Esta discusión sobre si es ley orgánica o no es un poquito añeja, no solo técnica y que nos retrotrae a problemas más de fondo, que son delicados”, agregó. 

 

Sin embargo, el académico aseguró que este debate tiene otro trasfondo. Explicó que la legislación fue modificada recientemente, que “la materia relativa a migración y extranjería está contenida en la Ley 21.325 de 2021, es decir, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. El estatuto de refugiados en nuestro país, el estatuto legal, está contenido en la ley 20.430, bien reciente. Son cuerpos legales que fueron discutidos en el Congreso Nacional y que reflejan los aspectos más modernos de las legislaciones comparadas en materia de migración, extranjería y refugiados”. 

Por lo anterior, cuestionó por qué sería pertinente recalificar el ingreso clandestino al país desde una infracción administrativa a un delito penal. “¿Resuelve acaso esta conversión un problema de política migratoria?”, se preguntó. 

“Los migrantes, normalmente, son personas que salen de sus países por razones económicas, políticas o de crisis de orden público. De seguridad pública o crisis humanitarias, como ocurre, por ejemplo, con Venezuela. Están en una situación desesperada, buscan cobijo, abrigo, en un país distinto donde poder reiniciar su vida. Entonces la diferenciación entre una infracción administrativa y un delito no creo que sirva de mecanismo persuasivo para evitar un ingreso clandestino”, reflexionó el abogado.  

Foto referencial de migración. Foto: Alex DiazAton Chile.

Insistió que este ingreso ya está castigado en la legislación a través de la infracción administrativa “y está previsto a su respecto el ejercicio de un derecho soberano, que es el derecho de expulsión del país de estos migrantes irregulares”. 

“Yo llamo a mirar las cosas en su justa medida. Creo que uno termina de entender la lógica de este proyecto de ley cuando consulta la moción parlamentaria que está en su origen. Hay un conjunto de argumentos que asocian la migración a criminalidad, crimen organizado, crisis de orden público y seguridad pública, también saturación de servicios públicos. Hay, pendiendo sobre este proyecto de ley, un conjunto de argumentos que lo que hace es criminalizar la migración”, señaló Zúñiga. 

Respecto de la dirección que debería tomar el debate, fue enfático en señalar que debería discutirse la “conveniencia” de esta recalificación. “Es una tendencia que denominamos populismo penal, esto de transformar meras infracciones o conductas que no tienen castigo en delitos, pidiendo que con eso tú resuelvas un problema grave en las instituciones o en el país, es decir, si tú pretendes resolver una crisis de orden público, de seguridad pública, castigando y transformando una infracción administrativa en un delito, creo que estás profundamente equivocado”, indicó. 

Migrantes expulsados. Foto: Ministerio del Interior.

Como segundo punto, el abogado constitucionalista afirmó que “tanto la infracción administrativa como el delito que se propone incorporar, están protegiendo exactamente lo mismo, los principios de política migratoria y la infracción de esta norma lo que permite es el derecho de expulsión de extranjeros irregulares del país”.

“Yo creo que ahí hay un segundo problema que amerita una discusión en serio y es si está funcionando realmente el derecho de expulsión, que es un derecho soberano. Al año 2024, lo que consignamos es la existencia de 24.000 órdenes pendientes de expulsión del país, no materializadas, es decir, se han incrementado. ¿Por qué? (…) Ahí hay un problema de funcionamiento del Estado, de sostenimiento del costo que significa expulsar a extranjeros, y eso no se resuelve criminalizando una infracción administrativa”, cuestionó también el experto.

Ministerio de Seguridad borra polémico posteo en rede sociales: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos...”

 

La publicación, que aludía a la fallida visita de Izkia Siches en 2022, fue eliminada a los pocos minutos tras ser calificada como un “error” por la cartera.

Durante la madrugada de este miércoles, un operativo conjunto dirigido por Carabineros y el Ministerio Público, con apoyo del Ejército, culminó con la detención de cinco personas en la zona de Temucuicui.

La acción policial, enmarcada en infracciones a la Ley 20.000 (Ley de Drogas), fue celebrada transversalmente por autoridades gubernamentales y parlamentarios oficialistas.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue una de las primeras en destacar el éxito de la diligencia a través de sus canales oficiales, calificando el procedimiento como un “impecable operativo” y asegurando que, con estas detenciones, el Estado logra recuperar el control territorial en la zona.

El posteo eliminado: Alusión a Izkia Siches

A pesar del balance positivo en materia de seguridad, la jornada se vio marcada por una publicación en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Ministerio de Seguridad Pública a las 15:29 horas. El mensaje generó controversia inmediata al realizar una comparación política directa con la administración anterior:

“Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”.

Esta frase hacía alusión al incidente ocurrido en marzo de 2022, cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, se vio imposibilitada de ingresar a la zona tras ser recibida con disparos al aire y barricadas en el camino. La publicación oficial fue eliminada apenas 18 minutos después, a las 15:47 horas.

Versión oficial del ministerio

Al ser consultados por el origen y posterior retiro de la publicación, desde el Ministerio de Seguridad Pública explicaron que el mensaje no representaba una comunicación oficial planificada, informa La Tercera. La cartera atribuyó el hecho a una equivocación de la persona a cargo de las redes sociales, asegurando que por ese motivo el contenido se eliminó de forma inmediata.

Heller desclasifica ante fiscalía venta de la U: "No era interés mío saber para qué la quería Clark"

 

Carlos Heller Solari declaró ante el Ministerio Público que no conocía a Michael Clark ni al grupo Sartor antes de venderles su paquete accionario en Azul Azul. En ocho oportunidades negó cualquier vínculo con los actuales controladores del club. El empresario aseguró que vendió su 63% de acciones —a un precio de $380,7 por acción— por amenazas de muerte que afectaron a su familia, perdiendo entre 4 y 5 millones de dólares en la operación. La transacción, concretada en 2021, es investigada por la fiscalía, que sospecha que fondos de origen ilícito financiaron la compra a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport.

Carlos Heller Solari negó en nueve oportunidades conocer a Michael Clark, Sartor o sus directores antes de venderles su paquete accionario que los dejó como dueños mayoritarios de la U. Lo hizo el pasado 19 de noviembre, durante la declaración que prestó ante el Ministerio Público y la PDI en medio de la trama que hoy salpica a Azul Azul.

En su intervención —que quedó plasmada en ocho carillas y la que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, Heller contó su versión de cómo el “Romántico Viajero” terminó en manos de la cuestionada entidad financiera. Dijo, por ejemplo, que decidió salirse del club de sus amores porque su familia se lo pidió tras haber recibido amenazas y que la operación le significó la pérdida de unos 5 millones de dólares.

—Yo había escuchado del grupo Sartor, pero nunca me relacioné con ellos. No los conocía y, la verdad, me importaba muy poco —atestiguó.

SU SALIDA DE AZUL AZUL

Heller es un acaudalado empresario chileno. Es director de un puñado de las más conocidas firmas en territorio nacional: preside Megamedia, el Club Hípico de Santiago, la Agrícola Ancalí, Transportes Sotraser y Falabella. Y fue presidente de Azul Azul S.A entre 2013 y 2019, para luego vender sus acciones en abril de 2021.

Justamente esa transacción está en el centro del caso Sartor. Y es que fuentes consultadas por Bío Bío Investiga aseguran que el Ministerio Público sospecha que dineros —presumiblemente obtenidos de manera ilegal— pudieron haber sido utilizados para financiar la mentada operación. Todo a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. El mismo, más tarde, quedaría bajo control absoluto de Clark, luego de que mediante una de sus sociedades, Antumalal, adquiriera prácticamente la totalidad de sus cuotas.

Según Heller, la decisión de dejar la testera de la concesionaria fue debido a “múltiples amenazas de muerte”.

—En el contexto de estas amenazas y del hostigamiento de terceros, es decir, por un tema familiar que me afectó directamente, decidí dejar el cargo. No fue por gestión económica. No tuvo relación con temas económicos —partió contando.

En su alocución, el empresario dijo que para entonces, pese a haber pasado a un segundo plano, siguió con acciones de la sociedad anónima. Eso, hasta que le llegó una oferta para comprar la participación que él tenía de la U, algo así como el 63% de las acciones. Detrás de la propuesta estaba Michael Clark y —según Heller— estuvo mediada por uno de los directores de su holding empresarial, Gonzalo Rojas, del Grupo Bethia, entre otros asesores. Eso sí, aclaró que —al igual que todo negocio— el tira y afloja comenzó de manera informal.

—Más que ofertas directas fue el típico preguntar, un “pololeo”, siempre lo vio el señor Gonzalo Rojas, me preguntaba y yo señalaba no, ese precio no le vendo (…) Hasta que llegó la oferta —explicó.

Heller detalló que fueron sus asesores quienes trataron directamente con Clark, quien actuó en representación de Redwood Capital.

—Esa oferta llegó el 20 de julio del año 2020, oferta que se efectúa en relación a la compra a través de una OPA [Oferta Pública de Adquisición], la cual se firmó el 8 de marzo de 2021. La OPA se llevó a efecto del 26 de abril de 2021, declarándose exitosa con fecha 29 de mayo de 2021.

AFIRMÓ NO CONOCER A SARTOR

El fiscal a cargo de la diligencia y de la trama Sartor, Juan Pablo Araya, entonces le consultó si conocía a Michael Clark o sus socios. En repetidas ocasiones, Heller afirmó que no. En total, fueron ocho oportunidades.

—Yo había escuchado del grupo Sartor, pero nunca me relacioné con ellos. No los conocía y, la verdad, me importaba muy poco. (…) Hubo muchas especulaciones y presión. Se decía que yo seguía manejando los títeres aun cuando había renunciado, lo que no era así— sostuvo.

Y añadió:

—Conocí el nombre de Michael Clark cuando se firmaron los contratos.

Lo propio dijo respecto de Tactical Sport, la sociedad que concretó la compra.

—Yo no sabía quién controlaba el fondo. Escuchaba que había llegado la oferta de Michael Clark y que él era quien dirigía.

“SACARSE EL PARCHE CURITA RÁPIDO”

El precio de venta —según declaró Heller— fue de $380,7 por acción, lo que habría ascendido a un total de $11.152.481.054, equivalente en ese momento a aproximadamente 15 millones de dólares.

—Para mi hubo pérdida significativa, unos 4 o 5 millones de dólares aproximadamente (…) Por decirte, yo creo que compré a 500 pesos y algo la acción y se vendieron a 380 pesos, aproximadamente.

—¿Azul Azul era rentable? —le consultó Araya.

—La respuesta es que no, es cero rentable. Nunca se hizo para rentabilizar nada, al contrario, fue por pasión y nunca fue un negocio y no creo que llegue a serlo —retrucó Heller—. No fue por temas de negocio, perdí plata siempre. Cumplí un sueño caro y no amistoso.

Según explicó el empresario, decidió vender porque se dio cuenta de que “no había más oferentes”. Aseveró que quería salir y “sacarse el parche curita rápido”. Afirmó que detrás de la presidencia de Azul Azul hay “un tema de poder”, “de quienes se quieren vestir con el cargo”.

—En mi caso fue pasión. Otros le llaman estupidez, pero para mí fue pasión. Había mucho estrés. Lo realicé por pasión —insistió—. Yo llegué a la parte de la venta por la OPA, no sabía ni analicé los motivos de qué quería hacer con la U la gente que la compró. No era de interés mío saber para qué quería Michael Clark la U. Nunca lo conocí, ni lo conozco todavía.

Beneficios "inciertos" y costos "inmediatos": CFA advierte déficit y falta de financiamiento en Plan de Reconstrucción

presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja que la iniciativa del Gobierno generaría déficits al menos hasta 2031 y que requiere fuentes de financiamiento adicionales.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expuso esta tarde ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y puso en duda el impacto fiscal del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno. Apuntó a la falta de financiamiento y a los riesgos en las proyecciones.

“Este es un análisis preliminar del Consejo”, dijo. “Nuestro análisis se centra exclusivamente en los aspectos fiscales del proyecto de ley y que como Consejo no emitimos un juicio sobre la política pública en sí misma”.

El diagnóstico fue directo: “El proyecto de ley presenta déficit fiscales al menos hasta el 2031, incluso considerando el efecto en crecimiento”.

El principal reparo apunta al desfase entre ingresos y gastos. “Los costos fiscales y las rebajas tributarias son inmediatos y seguros, mientras que los beneficios esperados dependen de ingresos futuros asociados a un mayor crecimiento, cuya materialización es incierta”, advirtió.

El informe se apoya en un escenario fiscal debilitado. “La posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde el año 2008 (…) El país enfrenta una situación de estrés fiscal que ha sido prolongada”, señaló Benavides.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, participa de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Sobre el contexto en que llega la ley miscelánea del Ejecutivo, indicó: “El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,6 por ciento del PIB” y “no existen holguras, son nulas, con déficit estructural proyectado en todo el horizonte”.

En esa línea, el CFA también advirtió por la caída de ingresos. “Las medidas implican una reducción de los ingresos tributarios equivalente a 0,73 puntos del PIB en 2030”, expuso la presidenta del organismo.

El efecto total de la iniciativa de ley, detalló Benavides, queda sujeto a los supuestos de crecimiento. “El balance fiscal depende críticamente de que se materialice el crecimiento económico que está proyectado”, subrayó. Sin ese factor, añadió, “el proyecto genera un deterioro fiscal permanente”.

En ese contexto, el financiamiento aparece como un punto crítico del Plan de Reconstrucción Nacional. “Se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, que no están contenidas en el propio proyecto de ley”, alertó el CFA.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, participa de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile.

El Consejo Fiscal Autónomo también puso el foco en medidas específicas. Por ejemplo, sobre la rebaja del impuesto de primera categoría: “Este costo no es compensado por mayor crecimiento de la misma medida”. Asimismo, en el crédito tributario al empleo detectó “riesgos de consistencia en las estimaciones” y un “alto costo fiscal efectivo”.

Respecto de la exención de contribuciones para las viviendas, advirtió que “podría generar una subestimación del costo fiscal”. En el caso del Fondo Común Municipal, planteó una “posible presión fiscal permanente”.

El organismo también cuestionó los efectos asociados al crecimiento: “Estas medidas presentan una alta incertidumbre, tanto en la magnitud de estos efectos como en la temporalidad”. Y añadió: “Existe el riesgo de doble contabilización de los efectos en la inversión”.

“Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto ley y corregir el deterioro fiscal”, enfatizó la presidenta del CFA.

Benavides expuso que los costos de la iniciativa impulsada por el Gobierno “son más ciertos y predecibles”, mientras que los “beneficios son inciertos, graduales y condicionales”. Por ello, recomendó evaluar el enfoque de mayores ingresos asociados al crecimiento.

Dudas por la urgencia, el financiamiento y las proyecciones marcaron la reacción de diputados 

El diputado independiente Carlos Bianchi cuestionó la urgencia de la iniciativa tras la exposición del CFA. “¿Aún quiere usted seguir con la urgencia con este proyecto de ley luego de haber escuchado la presentación del Consejo Fiscal Autónomo?”, planteó, dirigiéndose al presidente de la instancia, Agustín Romero (Rep). “Lo que acaba de hacer el Consejo Fiscal Autónomo profesionalmente es tirar la cadena de este proyecto”.

Bianchi también puso en duda el impacto de la reintegración tributaria. “¿En qué puede contribuir a mayor recaudación la reintegración? ¿Qué garantiza que Chile va a crecer más por tener una rebaja tributaria al 2% más rico de Chile?”, afirmó. Y advirtió: “Si no se logra una mayor recaudación, hay dos cosas que pueden hacerse: mayor endeudamiento o seguir rebajando beneficios sociales”.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, participa de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó el financiamiento de la iniciativa. “El Gobierno nos ha enviado un proyecto que no está financiado. Un proyecto que no tiene plata para financiarse”, afirmó. “Ni siquiera en el escenario de crecimiento que proyecta el Gobierno se alcanza a cubrir el proyecto”.

Desde otra vereda, el diputado Pierre Carlesi (PLN) defendió el enfoque del proyecto. “Está demostrado que se crecía más y que se recaudaba más cuando este país tenía una tasa impositiva bastante menor, había reintegración, había estabilidad tributaria y se recaudaba y se crecía bastante más”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Jaime Coloma (UDI) valoró el foco en crecimiento. “Sin crecimiento no hay empleo, no hay mejores sueldos, no hay más inversión y tampoco hay recursos permanentes para financiar las demandas sociales”, dijo.

La discusión en la Comisión de Hacienda continuará este miércoles y se espera que el proyecto sea votado en general este jueves.

los $7.546 que según el gobierno ayudarán a “mantener el poder adquisitivo de las familias chilenas”

 

¿Qué se puede comprar con $252?

El lunes 4 de mayo el Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley de reajuste del sueldo mínimo enviado el 26 de abril pasado a la Cámara de Diputados y que fija el sueldo mínimo en $546 mil. El aumento se traduce en $7.546 y equivale a una variación del IPC de un 1.4 %, cifra acumulada entre enero y marzo.

“Mantener el poder adquisitivo de las familias” es uno de los argumentos planteados por el Ejecutivo para justificar el incremento de $7.546. Si este guión no es una burla explícita del ministro Quiroz se asemeja bastante a una nueva tomadura de pelo a la clase trabajadora. Más si nos acabamos de enterar de que el jefe de asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval, firmó a principios de abril un contrato por una remuneración total bruta de $85, 1 millones por los servicios que prestará entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

El amigo de Kast cobrará $9.5 millones mensuales mientras que quienes perciben el sueldo mínimo recibirán $546 mil al mes en el mismo periodo. Si comparamos ingresos diarios, el asesor en jefe del Presidente ganará diariamente $316.667 versus los $18.200 que recibirá quien cobre el sueldo mínimo. Estas diferencias confirman las desigualdades estructurales que perduran en Chile y que el gobierno de Kast, con sus medidas restrictivas comandadas desde Hacienda, se esfuerza en profundizar.

Veamos ahora una cifra más dramática que se desprende del reajuste porcentual del sueldo mínimo. Un monto que revela la magnitud de la desigualdad económica, madre de todas las desigualdades: los $7.546 que según el gobierno ayudarán a “mantener el poder adquisitivo de las familias chilenas” se traduce en $252 diarios. ¿Qué se puede comprar con ese dinero? Poco o casi nada porque no alcanza para ni un huevo ya que la unidad se está vendiendo entre $300 y $400 en los almacenes de barrio.

Por $200 se pueden adquirir 6 dulces de una marca “alternativa” en un kiosco y sobran $52 que es como quedar en 0. Tal vez alcance para una marraqueta solo si el kilo cuesta $2.500 o para un plátano o una manzana en una feria libre porque en un supermercado mejor ni intentarlo. Un día un pan, al día siguiente un plátano pequeño, y al tercer día 6 dulces de mala calidad, tan mala como la política económica de Kast.

Con más de mil vecinos, Presidente Kast encabeza nuevo "Presidente Presente" en Puerto Montt

 

La actividad se desarrolló en la capital de la Región de Los Lagos, donde participaron casi 1.100 vecinos.

S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este martes 5 de mayo en una nueva versión del encuentro ciudadano “Presidente Presente”, instancia realizada en dependencias de la Empresa Portuaria de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, con el objetivo de dialogar directamente con vecinos y recoger sus principales inquietudes.

La actividad comenzó pasadas las 19:00 horas y contó con la participación de 1.095 vecinos, quienes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y compartir sus preocupaciones en un espacio abierto de conversación con el Mandatario. En la instancia también estuvieron presentes la ministra de Educación, María Paz Arzola; el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia; el subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende; el delegado presidencial de Los Lagos, Cristián Palma; y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

Durante el encuentro, el Presidente Kast destacó la importancia de fortalecer el vínculo directo con la ciudadanía, escuchando en terreno las necesidades de las comunidades y promoviendo soluciones concretas a los desafíos locales. La jornada permitió abordar diversas temáticas de interés regional, en un formato participativo que busca acercar la gestión del Gobierno a las personas.

En materia económica y de empleo, el Mandatario sostuvo que “tenemos que ir sentando las bases para que Chile vuelva a crecer” y advirtió que “Chile lleva diez años sin inversión”. Asimismo, enfatizó que el desafío del Ejecutivo es “recuperar la inversión en Chile” y generar condiciones para la creación de empleo en las regiones.

En esa línea, el Presidente relevó el rol estratégico de la industria salmonera para el sur del país, señalando que “la industria salmonera vino a rescatar la Región de Magallanes, vino a rescatar la Región de Aysén” y que “le dio un nivel de empleabilidad a la Región de Los Lagos importantísima”. Además, afirmó que “nosotros queremos hacer crecer la industria porque ahí hay trabajo, trabajo digno”.

El Jefe de Estado también abordó la necesidad de impulsar obras e infraestructura para fortalecer sectores productivos y turísticos de la zona. “Cómo avanzamos en el turismo. Claro, si no mejoramos la infraestructura aeroportuaria, si no mejoramos los pasos fronterizos, cómo mejoramos el turismo y la calidad de la atención para los turistas”, señaló.

La versión de Puerto Montt fue el cuarto “Presidente Presente”, iniciativa que anteriormente se desarrolló en Coltauco, Región de O’Higgins; Concepción, Región del Biobío; y Coyhaique, Región de Aysén. Con esta actividad en Puerto Montt, el Gobierno continúa promoviendo instancias de cercanía y participación ciudadana en todas las regiones de Chile.

Municipio proyecta presupuesto de $3.500 millones de pesos para remodelar el terminal de buses de Osorno

 

Desde hace años, un tema central en la discusión de proyectos prioritarios en la comuna es el terminal de buses de Osorno. Un lugar que es la primera “imagen ciudad” para los turistas que llegan hasta la capital provincial, y su actual estado no convence a muchos, quienes piden que este espacio sea renovado con urgencia.

Ante esto, la casa edilicia local trabaja en un proyecto de remodelación, en la actual ubicación, que se concretaría por etapas, requiriendo una inversión inicial cercana a los dos mil quinientos millones de pesos, indicó el alcalde Jaime Bertin, explicando que el proyecto incluye el recambio del cielo, suelos, servicios higiénicos y ventanales, entre otros.

El jefe comunal agregó que, en una segunda etapa, el proyecto involucra la habilitación del nuevo frontis y la reubicación de los locales comerciales, con una inversión extra de mil millones de pesos.

Se proyecta que los trabajos de mantenimiento y reposición anunciados en la primera etapa de la iniciativa inicien durante el segundo semestre de este 2026, concretando de esta forma, un mejoramiento integral al principal terminal terrestre de pasajeros de la provincia de Osorno.

El contrato del "gerente general" de Kast: jefe de asesores ganará $9,5 millones mensuales

Alejandro Irarrázaval Alfonso, amigo personal del presidente José Antonio Kast y jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, percibirá hasta $9,5 millones mensuales en virtud de un contrato firmado a comienzos de abril. El documento estipula una remuneración total bruta de $85,1 millones por servicios prestados entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de 2026, convirtiéndolo en el contrato más oneroso para un asesor presidencial en, al menos, los últimos ocho años. Su remuneración hasta ahora no ha sido publicada en el Portal de Transparencia.

Hasta 9,5 millones de pesos mensuales percibirá Alejandro Irarrázaval Alfonso. Se trata del amigo personal y jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, encargado de coordinar todas las acciones del denominado Segundo Piso de La Moneda.

Según consta en el contrato —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, el ingeniero comercial selló su aterrizaje al gabinete presidencial a través de una resolución firmada a comienzos de abril por el administrador del palacio de gobierno, Julio Feres Rebolledo.

El documento estipula una remuneración total bruta por $85,1 millones a cambio de sus servicios desde el 11 de marzo recién pasado hasta el 31 de diciembre de 2026.

El “gerente general”

Irarrázaval y Kast son dos viejos amigos. Aunque estudiaron carreras distintas, sus caminos los unió el gremialismo cuando ambos asistían a la Pontificia Universidad Católica. Desde entonces, el ingeniero ha acompañado al actual Jefe de Estado en prácticamente todas sus incursiones políticas: renunciaron juntos a la UDI en la rebelión frente a los “coroneles”, para luego fundar Acción Republicana. Más tarde, hicieron lo propio con el Partido Republicano.

Su talante ejecutivo y bajo el mote de “gerente general de Kast”, Irarrázaval se ha granjeado fama de un asesor técnico y diligente. Eso sí, su figura no ha quedado exenta de cuestionamientos internos. Y es que una vez que Kast resultó electo, le encargó personalmente la conformación del gabinete ministerial durante la instalación de la OPE. Él analizó y elaboró los perfiles de los posibles ministros e incluso hay voces que lo sindican como el responsable del descalabro que ha sufrido casi una veintena de seremis de todo Chile con la renuncia de sus titulares.

Hay otros, sin embargo, que apuntan a que esos cuestionamientos provienen justamente de resquemores entre funcionarios de Palacio por la cercanía con el Presidente. Irarrázaval —afirman inquilinos de La Moneda— cuenta con el respaldo irrestricto del Mandatario.

El sueldo

Cuestionamientos aparte, el contrato de Irarrázaval considera el pago de remuneraciones parceladas en 10 cuotas mensuales. A saber: una por $4,6 millones, dos por casi $7 millones y siete por $9,5 millones.

Su cargo, según el mismo documento, es el de “coordinador de asesores del gabinete presidencial”.

Y sus labores, valga la redundancia, consisten en “asesorar en materia de seguimiento de compromisos de los distintos ministerios y reparticiones públicas”, “prestar apoyo para el reporte de estados de avance de compromisos presidenciales a nivel nacional e internacional” y “participar de reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales”, entre otras.

El sueldo de Irarrázaval está por debajo del tope legal de $10 millones mensuales para asesores, fijado por la denominada Comisión para la Fijación de Remuneraciones, creada en el artículo 38 bis de la Constitución, tras una reforma constitucional tramitada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

El más oneroso

Hasta ahora, la remuneración del “gerente general” no ha sido publicada en el Portal de Transparencia. A contar de la cuarta cuota percibirá un sueldo superior al del asesor comunicacional del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, quien —tal como reveló esta Unidad de Investigación— recibirá hasta $8,9 millones mensuales. A partir de entonces, ambos también se convertirán en dos de los asesores del Segundo Piso mejor pagados de, a lo menos, los últimos ocho años. Todo ello, eso sí, sin el reajuste del IPC.

De acuerdo a un análisis de Bío Bío Investiga a los sueldos del Segundo Piso, los contratos más onerosos bajo la administración de Gabriel Boric correspondían al del sociólogo Carlos Durán Migliardi, jefe de gabinete del Presidente, y Aisén Etcheverry, jefa de asesores, quienes percibían mensualmente alrededor de $6 millones cada uno. En tanto, Cristian Larroulet, principal estratega del gobierno de Sebastián Piñera, llegó a percibir unos $7,8 millones mensuales (unos $9,7 millones si se aplica la variación).

La megarreforma de Kast recibe una dura crítica del Consejo Fiscal Autónomo por “diversos riesgos” para las finanzas públicas

 

El organismo independiente valora que el plan promueva el crecimiento, pero recomienda al Gobierno considerar nuevas medidas para evitar un mayor debilitamiento de las arcas fiscales de Chile.

La megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast enfrentó este martes un baño de realidad, luego de que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un organismo independiente de carácter público y consultivo, advirtiera sobre los riesgos que su implementación implicaría para la sostenibilidad de las finanzas públicas de Chile, en medio de su actual discusión en el Congreso.

Un grupo de representantes de la institución, encabezado por su presidenta Paula Benavides, expuso en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las repercusiones directas e indirectas que traería a las arcas fiscales el proyecto de ley, llamado por la Administración de derechas Plan Nacional de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social. En su exposición, la presidenta del CFA valoró que sea un plan que promueva el crecimiento, pero enseguida advirtió que la estrechez fiscal podría empeorar si no se incorporan nuevas medidas para mitigar los efectos de los menores ingresos. “El balance fiscal depende críticamente de que se materialice el crecimiento económico que está proyectado”, explicó.

La economista subrayó que, sin considerar el posible efecto de expansión, el proyecto generaría un deterioro en las cuentas públicas persistente en todo el horizonte de evaluación, con un déficit máximo del 0,71 puntos del Producto Interno Bruto en 2030, y del 0,43% del PIB en 2050. Los déficits fiscales se presentan, al menos hasta 2031, “incluso considerando el efecto de crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos”, agregó un informe expuesto por Benavides.

Para el Consejo, las compensaciones dependerán de los recursos futuros, asociados al crecimiento, que serían inciertos y en caso de no llegar en la magnitud estimada por el ministerio de Hacienda, presidido por Jorge Quiroz, la propuesta gubernamental podría traducirse en un mayor deterioro de las arcas públicas. El riesgo resulta una contradicción respecto a los objetivos del Gobierno de Kast, que antes de instalarse en La Moneda, el 11 de marzo, se comprometió a aliviar el estado de las finanzas públicas mediante un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

Pero su megarreforma, que pretende sacar a la economía chilena del estancamiento y es el corazón del Gobierno, parece ser un riesgo para el gasto fiscal en el corto plazo, según se desprende del análisis del CFA y de distintos economistas que ven como una complejidad la reducción de la recaudación tributaria. La institución autónoma apuntó a que el proyecto aumentaría el riesgo de sobrepasar el nivel prudente de deuda pública que ya alcanza el 42,6% del PIB (cerca del umbral prudencial del 45% recomendado).

Las reparos a la megarreforma se conocen en el inicio de su periplo por el Congreso, donde ya liderazgos de la oposición se muestran renuentes a la propuesta, particularmente por impulsar una rebaja del 27 al 23% de impuesto corporativo. Respecto a esta medida, el Consejo alertó que de no alcanzarse los ingresos proyectados por crecimiento, existe el riesgo de que la menor recaudación asociada a esta iniciativa amplíe el déficit fiscal. Cuestionó, además, la efectividad de otras iniciativas, como el crédito tributario al empleo y la exención transitoria del impuesto al valor agregado a las viviendas nuevas.

El ministro Quiroz dijo que, como Gobierno, supieron del informe de la CFA “y, por lo tanto, lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”. El presidente Kast agregó que desde Hacienda irán “dándole respuesta a cada una de las inquietudes que nos vayan planteando las distintas instituciones que velan por el buen uso de los recursos y el buen estado de las finanzas públicas”.

El mandatario dijo que en “Gobiernos anteriores no tuvieron el mismo respecto por la institucionalidad”, haciendo alusión a la Administración del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) que, el año pasado, refutó el tono de un informe de la CFA que se refería al “estrés fiscal permanente” y cuestionaba las proyecciones de ingresos en el Presupuesto de 2026 por plantear escenarios “poco realistas”.

El martes, el organismo autónomo pidió en su intervención en el Congreso al Ejecutivo y al Legislativo que aplicaran medidas para mejorar la situación de las arcas públicas: “Dada la envergadura del proyecto y sus impactos, es recomendable que, desde el punto de vista fiscal, se aborden los espacios de mejora y se analice en conjunto las proyecciones fiscales en el próximo Informe de Finanzas Públicas (IFP), la definición de las nuevas metas fiscales y el plan de acciones correctivas por el desvío de la meta de 2025″.

Consejo Fiscal Autónomo lapidó la megarreforma: "Genera impacto fiscal neto negativo"

La presidenta del órgano, Paula Benavides, afirmó que "un riesgo transversal que vemos en el proyecto de ley es un descalce entre costos y beneficios fiscales".

Recomendó que se deberán buscar vías alternativas de financiamiento relevantes para "lograr la neutralidad fiscal en este periodo".

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sus recomendaciones sobre la sostenibilidad y proyecciones financieras del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast.

La esperada presentación de la presidenta del CFA, Paula Benavides, fue crítica con el proyecto estrella del Ejecutivo y afirmó que "genera impacto fiscal neto negativo".

Benavides entregó un informe, elaborado de manera unánime, en el que se realizó un análisis de cada una de las medidas que contiene la propuesta, apuntando que en general tiene un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB al año 2030, como efecto directo.

Asimismo, como efecto indirecto, por el posible crecimiento económico que las medidas pudieran generar, se traduciría en una mejora de 0,41% del PIB en 2030. Es decir, es deficitario.

El organismo aseveró que cumplir con las proyecciones depende críticamente de que materialice el crecimiento económico planeado. En concreto, sostuvo que el plan recaudará menos y no se sabe con certeza que pueda rendir lo que dice que va a producir en materia de crecimiento económico.

"Un riesgo transversal que vemos en el proyecto de ley es un descalce entre costos y beneficios fiscales. Vemos que esta incertidumbre es asimétrica: los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales. No es lo mismo equivocarse hacia un lado que hacia el otro lado respecto de la sostenibilidad", sostuvo Benavides.

En ese sentido, la presidenta del CFA sostuvo que "en el periodo de la planificación financiera 2026-2030, e incluso hasta el 2031, el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. En consecuencia, para lograr la neutralidad fiscal en este periodo, señalamos que se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante que no están contenidas en el propio proyecto de ley".

Si bien el Gobierno ha reconocido que el proyecto es deficitario, el organismo autónomo relevó que el paquete mantiene un déficit permanente hasta el 2030 y podría evitar que se llegue al esperado equilibrio fiscal.

En esa línea, el CFA recomendó que se busquen vías alternativas de financiamiento relevante.

Oposición: El CFA tiró la cadena de este proyecto

La exposición del CFA generó un impacto confirmatorio en los parlamentarios de oposición, quienes se resisten a aprobar la idea de legislar, porque señalan que todavía no están respondidas las inquietudes técnicas que se han planteado al informe financiero de la Dirección de Presupuesto, que se ha revelado contiene correcciones durante la marcha.

"¿Hay colegas que aún piensan que este proyecto se puede votar con la urgencia que nos ha impuesto este Gobierno?. Lo pregunto porque lo que acaba de hacer el CFA, profesionalmente, es tirar la cadena de este proyecto", planteó el diputado Carlos Bianchi (bancada PPD).

Su par comunista Irací Hassler complementó que "las alarmantes advertencias del CFA se suman a las 23 inconsistencias que identificamos como oposición en este proyecto. Así no se puede votar".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no abordó en profundidad las conclusiones del CFA: "Hemos conocido este informe hace unas pocas horas, y por lo tanto, lo tenemos que analizar detenidamente, en su mérito, y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente".

Oficialismo busca votar la reforma esta semana

No obstante estos cuestionamientos, el presidente de la Comisión, Agustín Romero (Republicanos), ya definió el itinerario inmediato para la tramitación, que consiste en seguir con las audiencias y votar el jueves la idea de legislar en una sesión celebrada al mediodía en Santiago.

Se prevé que la idea sea aprobada, porque la derecha tiene mayoría, y desde ese momento se abrirá un plazo de indicaciones, que serán analizadas y votadas entre el martes y miércoles de la próxima semana.

En cuanto a los comentarios del CFA, el diputado UDI Jaime Coloma planteó: "El propio Consejo valora que en este proyecto ponga el énfasis en el crecimiento económico y la eficiencia del gasto como pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Y eso para mí es central, a la vez que se promueven esfuerzos de eficiencia del gasto".

Igualmente, reparó en que "la reforma tributaria de Bachelet-Arenas fue presentada como una gran solución recaudatoria en su momento, pero terminó generando incertidumbre, golpeando la inversión, afectando el crecimiento y recaudando mucho menos de lo esperado".

Por su parte, el RN Diego Schalper ironizó que "algunos son asiduos a la grandilocuencia", aludiendo a los dichos de la oposición, antes de destacar que todavía está pendiente "hacer lo que el Congreso está llamado a hacer como colegislador: durante la tramitación del proyecto, haremos aquellas correcciones que permitan mejorarlo en el marco acordado".

La megarreforma aún debe ser revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, con la proyección de que llegue a la Sala la semana del 21 de mayo.