Aunque las listas de espera concentran gran parte del debate público, existen otros problemas que comprometen la calidad y sostenibilidad del sistema de salud. Esta edición de Voces del CEP analiza las brechas en la atención del cáncer y el alto gasto de bolsillo que enfrentan las familias chilenas, proponiendo medidas para mejorar la oportunidad de la atención y fortalecer la protección financiera de los pacientes.
El acceso oportuno a la salud se ha consolidado como una de las principales fuentes de angustia de las familias chilenas. Aun cuando en los últimos años la discusión política se ha concentrado en otras áreas de interés público –como la seguridad y el crecimiento económico–, en la reciente Encuesta CEP N°96 la salud se sitúa como la segunda prioridad ciudadana, muy por encima de educación, pensiones o empleo. Y lo cierto es que no se trata solo del miedo a enfermar o de llegar tarde a un diagnóstico, sino también de cuestiones económicas: el 84% de las personas teme no poder pagar los costos que no están cubiertos por el sistema, lo que da cuenta de que, independiente de otras variables sociodemográficas, se trata de una preocupación transversal en la población.
La administración del presidente José Antonio Kast asumió en un clima de frustración y altas expectativas, y definió la situación sanitaria como una “emergencia social”: ningún ciudadano debería perder la vida esperando atención. El ejemplo más claro del drama que hoy se vive en salud dice relación con la espera. En Chile hay cientos de miles de personas que aguardan una hora con un especialista o una cirugía no cubierta por el GES, en plazos que con frecuencia superan el año. Al 31 de diciembre de 2025, las listas de espera No GES alcanzaron 2.889.833 registros, de los cuales el 85,3% corresponde a la primera atención de especialidad realizada por el profesional correspondiente según la necesidad sanitaria u otro requerimiento clínico, también denominado “consulta nueva especialidad” (CNE).
Ahora bien, existen otros problemas menos conocidos, pero igualmente relevantes de enfrentar. El propósito de este Voces del CEP es, precisamente, mirar más allá de lo contingente. El análisis se concentra en dos nudos críticos que condicionan la sostenibilidad del sistema: i) la falta de suministros para enfrentar el cáncer, que hoy es la segunda causa de muerte en Chile, en camino a convertirse en la primera; y ii) el persistente y elevado gasto de bolsillo de los hogares en salud.
La atención inoportuna
En diez regiones de Chile, el cáncer encabeza la mortalidad y se estima que pronto lo hará a nivel nacional[6]. En 2025 se diagnosticaron 63.274 nuevos casos y se estima que para 2035 serán cerca de 80.000.
Frente a esta realidad, el Estado asumió un compromiso explícito: a través del GES se garantiza a cada paciente oncológico un tratamiento oportuno en más de 20 tipos de cánceres. Cumplir ese compromiso es una cuestión de vida o muerte[7]: una revisión sistemática publicada en BMJ (Hanna et al., 2020)[8], con más de 1,2 millones de pacientes, mostró que cada cuatro semanas de retraso en iniciar el tratamiento del cáncer la mortalidad aumenta entre 6 y 13%, y que ese efecto es particularmente significativo en el caso de la radioterapia.
Sin embargo, el Estado no solo no ha logrado llegar siempre a tiempo, sino que además la cantidad de retrasos GES por cáncer se ha ido acumulando en estos años. El año pasado se alcanzó el punto más alto de la última década. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025, los retrasos aumentaron 300%, pasando de 4.758 a 19.046. Estos casos representan el 24% de las prestaciones atrasadas para 78.594 personas que conforman la lista de espera GES en el país.
Al analizar los retrasos en cáncer y desagregarlos por tipo, el 28% corresponde al cervicouterino, ocupando el primer lugar con 5.391 prestaciones atrasadas, en su mayoría en diagnóstico (46%) y tamizaje (40%). Si bien esta variante siempre estuvo entre los tres tipos con más prestaciones atrasadas, durante 2025 tuvo un alza importante porque pasó de 2.842 retrasos en diciembre de 2024 a más de 5.000 en 2025, lo que significa un aumento del 90%[9].
Los retrasos se explican por múltiples factores: falta de gestión, datos de pacientes poco actualizados, ausencia de profesionales en regiones e infraestructura. La radioterapia es uno de los principales tratamientos para los diferentes cánceres del GES y hay un vacío enorme que no hemos sido capaces de subsanar. Al cierre de 2025 se registraron 863 prestaciones GES de radioterapia con retraso, cifra inferior a las 1.278 observadas en 2024. No obstante, al analizar los datos por territorio, la realidad muestra marcadas diferencias entre regiones.
El Maule presentó la tasa más alta de retrasos del país, con 20,6 prestaciones atrasadas por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces el promedio nacional (4,7). Le siguieron Valparaíso con una tasa de 10,3; Ñuble con 5,5; Biobío con 5,0; y Antofagasta con 4,9 retrasos por cada 100 mil habitantes. Los principales problemas de salud de esas regiones correspondieron a cáncer de mama, que representó el 49% de los retrasos (422 prestaciones), seguido por cáncer de próstata con un 31% (266) y cáncer colorrectal con un 8% (73)[10].
Para atender esta demanda, Chile requiere una mayor adquisición de tecnología adecuada. La comparación internacional revela un problema estructural de fondo. Según datos de la OCDE y la IAEA, Chile dispone de cerca de 2,3 aceleradores lineales por millón de habitantes: en torno a la mitad de la mediana de la OCDE (cercana a 5), aunque por sobre el promedio latinoamericano (alrededor de 1,3)[11]. A esa brecha de equipamiento se suma la escasez y concentración de los recursos humanos: de los 137 especialistas en radioterapia oncológica registrados, un tercio ejerce en la Región Metropolitana, mientras Ñuble, Coquimbo, Arica y Aysén no cuentan con ninguno, y ocho de las dieciséis regiones carecen de un centro público de radioterapia[12]. La oportunidad del tratamiento termina dependiendo del lugar donde vive el paciente.
Así, la pregunta de fondo es cómo honrar esa garantía con eficiencia sin que el domicilio defina el pronóstico. Proponemos tres posibles soluciones:
1. En primer lugar, hacer efectiva la garantía. Cuando la red pública no puede cumplir el plazo, el paciente debe poder resolver su atención en otro prestador –público o privado– con financiamiento asegurado. La capacidad instalada del país debe usarse de forma complementaria y oportuna. Esto no ocurre actualmente. En 2025, de 78.594 personas con garantías de oportunidad GES incumplidas, solo 30.826 fueron vistas en un segundo prestador (ver Gráfico 1[13]). En consecuencia, urge identificar los factores que dificultan que los pacientes elegibles para ser atendidos en un segundo prestador hagan valer la garantía.

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2. Se debe descentralizar los recursos humanos y el equipamiento, con incentivos concretos para atraer a especialistas a regiones. Esto es especialmente relevante para los tratamientos de radioterapia.
3. Por último, es indispensable fortalecer la transparencia mediante la publicación de un panel público –desagregado por región y prestador y con los tiempos de espera efectivos– para orientar la asignación de recursos y exigir resultados.
Gastos de los hogares en salud
En proporción al tamaño de su economía, Chile gasta en salud más que las economías desarrolladas. Mientras en nuestro país el desembolso en salud es de 10,5% del PIB (2024), el promedio de la OCDE es de 9,3%[14]. Sin embargo, la historia es otra si comparamos este gasto per cápita: mientras en Chile se destinan USD 3.749 per cápita, el promedio OCDE es de USD 5.967 (ver Gráfico 2[15]). A esta realidad se suma un problema de fondo: el aporte privado a salud en Chile es excesivamente alto. Según datos OCDE, el 35% del gasto en salud en Chile proviene del gasto de bolsillo[16].

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El gasto directo que realizan los hogares en salud ha crecido sostenidamente en la última década. Si en 2018 el desembolso total en salud por parte de las familias chilenas era de $7.815.796 millones reales, en 2024 la cifra se elevó hasta los $12.847.397 millones[17].
Este gasto privado no sería un problema si es que fuera el síntoma de una ciudadanía que, preocupada por su salud, destina parte importante de sus recursos en su cuidado. Sin embargo, este costo obedece a otros factores. En términos generales, el gasto de bolsillo en salud se ha concentrado en copagos por exámenes, imágenes y hospitalizaciones –los llamados gastos compartidos–, incluso por sobre el gasto en medicamentos. En efecto, en 2024 el gasto en fármacos alcanzó el 14%, mientras que los gastos compartidos pasaron a ser el 86% del total[18] (ver Gráfico 3[19]).

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Esta importante proporción de gastos compartidos con respecto al gasto de bolsillo se explica, en buena medida, porque los seguros de salud, tanto Fonasa como las Isapres, cubren montos que muchas veces están por debajo del valor real que cobran los prestadores. Por ejemplo, una resonancia magnética puede tener una cobertura cercana a los 80 mil pesos, pero su precio de mercado suele rondar los 150 mil. Esa diferencia debe ser pagada directamente por el paciente en el momento de la atención.
En consecuencia, se trata de un costo que deteriora la capacidad adquisitiva de las familias, así como también la salud pública. Según la Encuesta CIPS UDD, debido al aumento de los costos en salud la mitad de las familias tuvo que dejar de consumir otros bienes; el 30% se vio en la obligación de endeudarse; y el 19% debió dejar de consumir bienes o servicios esenciales. El elevado gasto personal en salud no impacta solo en la dimensión económica de las familias, ya que también conlleva riesgos para la salud pública: el 30% de los encuestados reconoció haber comprado medicamentos en ferias libres[20].
En definitiva, el sistema de salud chileno no ofrece protección financiera adecuada a los pacientes. Las orientaciones de política pública deberían atender de manera simultánea objetivos que a menudo se presentan como excluyentes:
- Avanzar hacia un modelo en que las aseguradoras no solo financien la atención cuando la enfermedad ya esté presente, sino que también tengan incentivos para promover la prevención, el diagnóstico precoz y el manejo oportuno de enfermedades crónicas. El gasto en prevención representa una inversión para el sistema en su conjunto y para el paciente, ya que posibilita un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de enfermedades futuras.
- Fortalecer la protección financiera, asegurando que, cuando una persona enfrente un problema de salud, exista un mecanismo de financiamiento capaz de responder oportunamente y de sostener los costos de la atención, evitando que la enfermedad se transforme también en una crisis económica para las familias.
- Facilitar el acceso a medicamentos de pacientes crónicos mediante receta electrónica renovable, despacho a domicilio, convenios con farmacias de barrio y dispensadores automáticos.
Conclusión
La salud se ha transformado en una de las principales fuentes de inseguridad para los chilenos. No solo por el temor a enfermar, sino porque un diagnóstico negativo puede significar meses de espera, gastos difíciles de asumir y, en demasiados casos, una atención poco oportuna y eficiente. Frente a la desprotección financiera del sistema de salud, los chilenos sienten que enfermarse es también empobrecerse. Las cifras muestran que el problema no responde a una única causa. Conviven listas de espera persistentes, brechas de infraestructura y personal, altos gastos de bolsillo y dificultades para garantizar tratamientos en patologías tan sensibles como el cáncer.
Los esfuerzos recientes por enfrentar las urgencias más críticas son valiosos y deben ser reconocidos. Sin embargo, la magnitud de los desafíos obliga a mirar más allá de las respuestas de corto plazo. La evidencia presentada en estas páginas sugiere que el problema central no es únicamente cuánto gasta Chile en salud, sino cómo se organizan esos recursos para ofrecer protección efectiva a las personas.
En ese contexto, fortalecer la protección financiera de los hogares, mejorar la oportunidad de la atención y aprovechar de manera más eficiente las capacidades existentes en los sectores público y privado no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Un sistema de salud moderno debe ser capaz de avanzar simultáneamente en esas tres dimensiones, poniendo al paciente en el centro de las decisiones y no a las instituciones que lo componen.
Notas al pie
[1] Centro de Estudios Públicos.
[2] Centro de Estudios Públicos.
[3] Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
[4] Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
[5] Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
[6] Ministerio de Salud de Chile. Plan Nacional del Cáncer 2018–2028 y Plan Nacional del Cáncer 2022–2027 (el cáncer es la segunda causa de muerte y la primera carga de enfermedad del país, y ya la primera causa de muerte en varias regiones). Complementado con IARC – Global Cancer Observatory, GLOBOCAN 2022 (estimación para Chile: 59.876 casos nuevos y 31.440 muertes). Disponibles en: https://www.minsal.cl y https://gco.iarc.fr [24 de junio de 2026].
[7] Ley N°19.966, que establece el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), y Ley N°21.258, Ley Nacional del Cáncer. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile [24 de junio de 2026].
[8] Timothy P. Hanna, Will D. King, Stephane Thibodeau et al. “Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis”. BMJ 371 (2020), m4087. https://doi.org/10.1136/bmj.m4087.
[9] CIPS UDD. Lista de espera 2025, cuarto trimestre. Universidad del Desarrollo, 2026. Disponible en: https://goo.su/VUXvw1T [24 de junio de 2026].
[10] CIPS UDD. Retrasos en prestaciones GES vinculadas a la radioterapia. Universidad del Desarrollo, 2026. Disponible en: https://gobierno.udd.cl/cips/files/2026/06/retrasos-prestaciones-ges-radioterapia.pdf [24 de junio de 2026]
[11] OCDE. Health at a Glance 2025, indicador «Radiotherapy equipment». OCDE Health Statistics, 2025; y Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA). Directory of Radiotherapy Centres (DIRAC). Disponible en: https://dirac.iaea.org [24 de junio de 2026]. La estimación de ~2,3 equipos por millón para Chile se derivan del cruce de estas bases.
[12] CIPS UDD. Retrasos en prestaciones GES vinculadas a la radioterapia. Universidad del Desarrollo, 2026. Disponible en: https://gobierno.udd.cl/cips/files/2026/06/retrasos-prestaciones-ges-radioterapia.pdf [24 de junio de 2026]
[13] Dirección de Presupuestos de Chile (Dipres). “Reporte de Evaluación y Monitoreo del programa Segundo Prestador del Fondo Nacional de Salud – Ministerio de Salud”. Ministerio de Hacienda, 2026. Disponible en: https://evaluacionymonitoreosesdipres.gob.cl/Reportes/EvaluacionMonitoreo2026?_id=8fiAuI6V%2BxxesWZzWV81ig%3D%3D [24 de junio de 2026].
[14] OCDE. Panorama general de la salud en 2025. OCDE, 2025. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/2025/11/health-at-a-glance-2025_a894f72e/full-report/health-expenditure-in-relation-to-gdp_6e4c2773.html#indicator-d1e31734-ee3b5d101d [24 de junio de 2026]
[15] Organización Mundial de la Salud (OMS). “Global Health Expenditure Database”. Última modificación el 12 de diciembre de 2025. Disponible en: https://apps.who.int/nha/database [24 de junio de 2026].
[16] OECD, Data Explorer: Health expenediture and financing. Disponible en: https://stat.link/ksa3d6
[17] Información Económica de Salud. Gasto de Bolsillo en Salud. Ministerio de Salud, 2025. Disponible en: https://ies.minsal.gob.cl/reports/266 [26 de junio de 2026].
[18] Daniela Sugg. “Financiamiento y Evaluación para la Toma de Decisiones”. FEN Universidad de Chile, 2026
[19] Información Económica de Salud. Gasto de Bolsillo en Salud. Ministerio de Salud, 2025. Disponible en: https://ies.minsal.gob.cl/reports/266 [26 de junio de 2026].
[20] CIPS UDD y Panel Ciudadano. Gastos en medicamentos. Universidad del Desarrollo, 2022. Disponible en: https://goo.su/agz6eSF [24 de junio de 2026].
Sobre los autores
Juan Luis Ossa es licenciado en Historia por la Universidad Católica y doctor en Historia Moderna por St Antony’s College, Universidad de Oxford. Ha publicado en diferentes revistas especializadas y dos libros. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política (UAI). Actualmente es investigador del CEP.
Alfonso España es cientista político y magíster en Historia de América Latina por la Universidad Diego Portales. Investigador con más de siete años de trayectoria en el análisis de políticas públicas y modernización del Estado. Actualmente es investigador del CEP.
Paula Daza es médico de la Universidad de Chile, especialista en Pediatría y magíster en Administración en Salud por la Universidad de los Andes. Ha desarrollado una trayectoria en políticas públicas en salud, gestión sanitaria y academia. Como subsecretaria de Salud Pública, lideró iniciativas estratégicas a nivel nacional durante la pandemia. Actualmente dirige el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo.
Elvira Tagle es kinesióloga de la Universidad Mayor y Magíster en Gestión en Salud de la Universidad del Desarrollo. Tiene experiencia en el rubro de la Salud Pública desempeñándose en diferentes cargos en el Ministerio de Salud, especialmente durante la pandemia del coronavirus. Actualmente es investigadora de CIPS UDD.
Noelia Zunino es periodista de la Universidad Diego Portales y Magíster en Edición de Libros de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como periodista en diversos medios de comunicación, ha publicado libros y trabajado en el Estado como asesora comunicacional. Actualmente es Directora de Comunicaciones de la Facultad de Gobierno y Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo.