Ante las cifras de desempleo, el diputado Héctor Ulloa propone que los nuevos incentivos a la contratación se enfoquen de forma exclusiva en impulsar el empleo joven y femenino.
Frente a la alarmante cifra de desempleo nacional de 9,4% y la caída económica reflejada en un Imacec de -0,9%, el diputado por el Distrito 26, Héctor Ulloa, cuestionó la actual agenda laboral del Gobierno.
En entrevista con Radio Sago, el parlamentario advirtió sobre la contradicción del Ejecutivo al declarar una emergencia económica nacional, mientras simultáneamente impulsa reformas que impactan la recaudación.
Uno de los puntos más críticos para Ulloa es la propuesta de financiar la sala cuna universal y los cambios a las indemnizaciones utilizando los fondos del seguro de cesantía.
El diputado argumenta que estos fondos deben proteger exclusivamente a quienes pierden su fuente laboral, advirtiendo que utilizarlos en otras políticas precariza el empleo formal en el país.
Ante las cifras de desempleo, el diputado Ulloa propone que los nuevos incentivos a la contratación se enfoquen de forma exclusiva en impulsar el empleo joven y femenino.
Finalmente, el diputado destacó que la inversión en obras públicas es clave, exigiendo además mantener y modernizar las franquicias de capacitación del Sence frente a la automatización.
Título del autor,Corresponsal de Música de BBC News
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Tiempo de lectura: 7 min
Victor Willis, líder del grupo de música disco de los años 70 Village People, murió a los 74 años, según anunció la página oficial de la banda en redes sociales.
El músico, nacido en Texas, fue el vocalista principal y coautor de los mayores éxitos del grupo, entre ellos "YMCA", "Go West" e "In the Navy".
La banda alcanzó el estrellato internacional en los años 70, interpretando sus temas con músicos que representaban los arquetipos de la masculinidad; Willis representaba alternativamente los papeles de policía y el marinero.
Abandonó el grupo en 1980 y pasó años librando una batalla legal por los derechos de autor de las canciones que había compuesto. Sin embargo, se reincorporó en 2017 e interpretó "YMCA" en el acto político previo a la investidura del presidente estadounidense Donald Trump en enero de 2025.
Trump le rindió homenaje escribiendo en su red Truth Social: "Los queríamos a ellos y a su gran y edificante canción".
"Pensaremos en Victor cada vez que suene 'YMCA', como hoy, y a lo largo de toda esta semana de celebraciones del 4 de julio. Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo", añadió.
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Pie de foto,Willis regresó a la banda después de años de desencuentro y litigios legales.
La muerte del intérprete se anunció en la página oficial de Facebook de la banda.
"Anunciamos con profunda tristeza la muerte de Victor Willis, vocalista principal de Village People", indicó el breve comunicado.
"Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 a causa de una enfermedad breve pero agresiva. Se solicita privacidad".
Su esposa, Karen Huff-Willis, publicó un comunicado similar en la propia página de Facebook del músico.
Willis creció en San Francisco cantando música góspel en la iglesia de su padre, un pastor bautista, antes de orientarse hacia el jazz y el soul.
La banda de su escuela, The Ballads, actuó como telonera de The Temptations, y Willis participó en sesiones musicales junto a Dizzy Gillespie, entre otros.
Tras finalizar sus estudios, consiguió un papel en la producción de Las Vegas del musical Hair, lo que posteriormente le abrió las puertas a participar en las producciones de Broadway de Two Gentlemen of Verona y The Wiz.
Fue durante esta última obra cuando conoció a su primera esposa, Phylicia Rashad, quien más tarde alcanzaría la fama en The Cosby Show. Willis colaboró después con ella en la composición y grabación del álbum de música disco Josephine Disco.
En 1977 conoció al productor francés Jacques Morali, quien lo contrató para grabar los coros de una nueva serie de canciones disco que había compuesto.
La maqueta de cuatro temas, titulada The Village People, permitió al grupo conseguir un contrato discográfico, y Morali propuso a Willis convertirse en el vocalista principal.
"Tuve un sueño en el que tú eras la voz principal de mi álbum y este se convertía en un éxito enorme", le dijo.
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Pie de foto,
Trump en una interpretación en vivo de Village People.
El grupo lanzó posteriormente los álbumes Cruisin' (1978), que incluía "YMCA", y Macho Man (también de 1978), que contenía el tema homónimo y "Key West".
Tras publicar un álbum en vivo, Live and Sleazy, lanzaron Go West (1979); la canción que daba título al disco se convirtió en un himno gay y fue versionada más tarde por los Pet Shop Boys. El álbum también incluía temas como "In the Navy" y "I Wanna Shake Your Hand".
La revista Billboard describió la música de la banda como poseedora de "algunos de los ritmos más irresistibles del género pop-disco actual". Por su parte, The New York Times destacó a Willis por su voz "áspera y sudorosa".
Sin embargo, abandonó el grupo en 1979 durante la preproducción de la película de Village People Can't Stop the Music. Resultó ser una decisión acertada: el filme fue un desastroso fracaso financiero que acabó provocando la disolución de la banda.
A pesar de ello, a Willis le resultó difícil desvincularse de la imagen exagerada y teatral del grupo, y lograr que se le tomara en serio como solista. Su álbum en solitario de 1979, Solo Man, permaneció en las sombras durante tres décadas antes de ver finalmente la luz en 2015.
Aquella situación llevó al músico a tocar fondo.
Problemas con las drogas y recuperación
"Me deprimí mucho con el paso de los años y decidí desaparecer del mapa. Así que me metí en las drogas", declaró al San Diego Union-Tribune en 2015.
"Pasé los años 80 y 90... bueno, consumiendo drogas, porque estaba decepcionado con cómo iban las cosas y frustrado; me rendí por un tiempo y decidí que no quería formar parte de nada".
"Me habían arrebatado tanto que simplemente recurrí a las drogas".
Tras recibir un tratamiento obligatorio por abuso de sustancias y completar tres años de libertad condicional, comenzó a enderezar su vida en 2006.
Por esa misma época conoció a su segunda esposa, una abogada que le ayudó a luchar en el caso de derechos de autor contra las empresas que controlaban los éxitos de Village People: Can't Stop Productions y Scorpio Music.
En 2015, un jurado federal dictaminó que le correspondía el 50% de la propiedad de 13 canciones del grupo en Estados Unidos, incluida "YMCA".
Esta resolución le abrió el camino para regresar al grupo en 2017.
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Pie de foto,
Village People se convirtió en un emblema de la música disco.
Para entonces, el presidente Trump había adoptado "YMCA" como canción insignia en sus mitines políticos, pero a Willis no le hacía gracia y afirmó que el grupo le había pedido que no la utilizara.
"No apoyo a Trump, nunca he apoyado a Trump, ni tampoco lo ha hecho Village People", declaró a la BBC en 2020. "Incluso le hemos pedido, básicamente, que deje de poner nuestra música en sus actos.
"Pero debido a las leyes de derechos de autor en Estados Unidos... él puede reproducir nuestra música cuando quiera y donde quiera, ya que no la está utilizando de manera indebida; así que no nos oponemos a ello".
El año pasado, Willis sorprendió a muchos seguidores al aceptar participar en la segunda investidura del político.
"Sabemos que esto no será del agrado de algunos de ustedes; sin embargo, creemos que la música debe interpretarse al margen de la política", escribió en Facebook.
"Nuestra canción "YMCA' es un himno mundial que, esperamos, ayude a unir al país tras una campaña tumultuosa y divisiva en la que perdió nuestro candidato preferido".
En su homenaje del miércoles, el presidente describió a Willis como "un tipo estupendo y alegre", afirmando que "estuvo ahí para nosotros desde el principio" y que "le encantaba que usara la canción de su grupo, 'YMCA', en mis mitines".
Trump añadió: "Se echará mucho de menos a Victor Willis. ¡¡¡Que Dios lo bendiga!!!".
En los últimos años, Willis también amenazó con demandar a medios de comunicación que describían el tema como un himno gay.
"Como he dicho muchas veces en el pasado, se trata de una suposición falsa basada en el hecho de que mi compañero compositor era gay, que algunos (no todos) los miembros de Village People eran gays y que el primer álbum de Village People trataba totalmente sobre la vida gay", declaró.
Por el contrario, Willis sostenía que la letra de la canción se inspiraba en lo que observaba en las sedes de YMCA (Young Men's Christian Association, o Asociación Cristiana de Jóvenes) en "zonas urbanas de San Francisco", donde los jóvenes participaban en actividades como "natación, baloncesto y atletismo", además de encontrar "comida y alojamiento baratos".
"Esa fue mi interpretación", dijo a la BBC en 2019. "Yo no sabía nada sobre el estilo de vida de otras personas que acudían allí".
"Para mí, 'YMCA' trataba sobre lo que dice la última frase: 'Pueden ayudarte a retomar el rumbo'. Uno podría alojarse en el Ritz-Carlton, en el Hilton o en hoteles caros, pero si no se dispone de ese dinero, tal vez haya que recurrir a la YMCA".
Más allá de sus orígenes, "YMCA" sigue siendo el mayor éxito de Willis: alcanzó el número uno en 17 países tras su lanzamiento en octubre de 1978 y dio lugar a una coreografía que se ha convertido en un clásico de las fiestas de boda en todo el mundo.
En 2020, la canción fue preservada para la posteridad por el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. por su importancia cultural, histórica o estética, e ingresó en el Salón de la Fama de los Grammy.
El debate por la exención de contribuciones a los adultos mayores entró en su fase decisiva. Este jueves, en una reunión de dos horas y media realizada en La Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rechazó la propuesta de los alcaldes de focalizar el beneficio, mientras los jefes comunales buscaban un mecanismo de compensación para los cerca de US$ 70 millones que dejarán de recibir los municipios producto de la exención del impuesto territorial contemplada en la megarreforma del Gobierno, que inicia su discusión en particular en su segundo trámite en el Senado.
La propuesta municipal, acordada de manera transversal por alcaldes de distintos sectores políticos, planteaba que la exención no fuera universal. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, explicó el criterio: «A nosotros nos parece razonable que personas que tengan viviendas que cuestan más de $250.000.000 y que tienen ingresos mensuales promedios de más de $3.000.000 puedan contribuir con el pago de contribuciones. Y ante esa propuesta, que fue la que acordamos como alcaldes y presentamos al Ejecutivo, la clausura del Ejecutivo fue total».
Alcaldes advierten riesgo para los servicios municipales.
Detrás de la discusión técnica hay una advertencia reiterada por los jefes comunales: recortar contribuciones sin compensación completa significa debilitar los servicios que las municipalidades entregan a diario. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, ha sostenido que «una nueva exención sin compensación total al Fondo Común Municipal significa menos recursos para seguridad, limpieza, servicios básicos y equipamiento en general». En la misma línea, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, advirtió que «detrás de una medida que suena justa, como eliminar las contribuciones, hay un efecto que no se está diciendo con claridad: esos recursos financian directamente a los municipios a través del FCM y permiten sostener servicios básicos en nuestras comunas».
El malestar cruza también al oficialismo. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, emplazó directamente al ministro Quiroz: «No rasque donde no pica. No sobra plata en el gasto social. Los municipios somos el pariente pobre del sistema, siempre nos tratan de recortar lo que nosotros ejecutamos». El argumento de fondo, compartido por alcaldes de gobierno y oposición, es que una rebaja tributaria concebida para beneficiar a los adultos mayores podría terminar debilitando precisamente los servicios públicos que esos mismos adultos mayores utilizan todos los días.
Como respuesta, Hacienda ofreció tres alternativas de compensación: ayudar a los municipios a cobrar patentes comerciales impagas, exigir el pago de derechos de aseo para acceder a trámites como el permiso de circulación, y destinar el 30% de una prima de 1% sobre la invariabilidad tributaria a compensar a las comunas. Sin embargo, según los alcaldes Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic, no quedó claro cuánto del total será efectivamente compensado con esas medidas.
Exención de contribuciones: la pelea sigue en el Senado
Tras el portazo del Ejecutivo, la estrategia municipal se traslada al Congreso. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, señaló que «con respecto a la focalización no nos fue bien, vamos a seguir intentándolo con la Comisión de Hacienda». El lunes comienza el período de ingreso de indicaciones al proyecto, y Vodanovic ya puso presión sobre los senadores oficialistas de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI) y María José Gatica (RN), pidiendo que ayuden a alcanzar un acuerdo.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), comprometió el respaldo de la Cámara Alta: «Si los alcaldes logran un acuerdo con el gobierno, nosotros vamos a respetar ese acuerdo y nuestros votos van a estar para ese acuerdo. Y si los alcaldes no logran un acuerdo, obviamente que se abre la conversación con la Comisión de Hacienda».
Para las comunas de Los Lagos y Los Ríos, el desenlace de esta pulseada no es indiferente. A diferencia de las comunas metropolitanas de altos ingresos, buena parte de los municipios del sur depende fuertemente del Fondo Común Municipal para financiar recolección de residuos, alumbrado, seguridad y salud primaria, por lo que cualquier merma no compensada golpea con más fuerza a los territorios con menor capacidad de recaudación propia. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, ya había emplazado al ministro Quiroz a visitar el sur para entender la realidad de la atención primaria, en un contexto en que la exención sin compensación clara se suma a los ajustes presupuestarios en salud que ya presionan las arcas municipales de la región. La discusión que ahora se instala en el Senado definirá si el alivio tributario a los adultos mayores se financia con cargo al Estado central o, en los hechos, con cargo a los servicios que prestan las comunas más vulnerables del país.
La integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara afirma que el informe de la Contraloría abre nuevas interrogantes sobre el rol del Presidente José Antonio Kast y la salida de la exjefa de Inteligencia de la PDI. Además, cuestiona la agenda del actual ministro Martín Arrau y el proyecto del Registro Nacional de Vándalos.
Durante esta tarde, la diputada frenteamplista Tatiana Urrutia y el diputado socialista César Valenzuela se reunieron con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, para abordar un proyecto de ley que busca aumentar las penas para los adultos que incentiven a menores de edad a cometer delitos. La reunión fue positiva, comenta la parlamentaria a The Clinic en esta entrevista.
Al salir del encuentro, la diputada, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, se enteró de que la Contraloría había respondido al oficio que ingresó junto a los diputados Patricio Pinilla (DC) y Raúl Leiva (PS), en el que el ente fiscalizador determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar un informe reservado a la PDI apenas dos días después de haber asumido el cargo.
Para la diputada, el informe confirmó lo que la oposición venía advirtiendo: que el Gobierno nombró a una ministra que “no distinguió los límites entre su antiguo rol como fiscal y la conducción política del Ministerio de Seguridad”.
—La Contraloría hoy día confirmó algo que veníamos advirtiendo desde el inicio. El Gobierno llegó a improvisar en materia de seguridad con el país. Nombró a una ministra que no distinguió los límites entre su antiguo rol de fiscal y la conducción política del Ministerio de Seguridad. Nosotros, durante dos meses, le advertimos al Gobierno sobre la gravedad de la situación, pero el Presidente prefirió hacer oídos sordos y blindar a una autoridad que hoy día terminó siendo confirmada por la Contraloría como una ministra que sobrepasó los límites que la ley le había impuesto.
—¿Qué pasa ahora con esta información disponible?
—Se abren preguntas que el Gobierno se negó a responder en su momento. Por ejemplo: ¿desde cuándo el Presidente conocía estos antecedentes? ¿Qué relación tiene la solicitud de las nóminas del personal con la salida de Consuelo Peña, la exsubdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado? Cuando se le hizo la despedida a la ministra Steinert, ¿el Presidente sabía o no de esto? ¿Por qué la felicitó por su gestión? Siempre fue evidente que estábamos frente a un problema jurídico y de conducción política.
—Diputados de oposición han deslizado la idea de que se podría avanzar con una acusación constitucional en contra de la exministra. ¿Usted sería partidaria de apoyala?
—Hemos criticado mucho la manera en que el Gobierno reacciona de forma improvisada, arrebatada, anunciando querellas y acusaciones que después no pueden llevar a cabo. Nosotros vamos a analizar detalladamente esto, vamos a coordinarnos con diputados de las distintas bancadas. Hoy día no descartamos nada, pero sí vemos con mejores ojos partir con una comisión especial investigadora, donde van a tener que dar cuenta, bajo juramento, de respuestas que no han querido entregar.
—¿Cree que la salida anticipada de la ministra Steinert fue una forma de evitar esta polémica?
—La Contraloría confirma las dudas que teníamos: el Gobierno se ocupó de no responder y, de la boca para afuera, dice que quiere fortalecer a las policías, pero al final terminó exponiéndolas por conflictos personales, incluso involucrando a funcionarios que participaban en una investigación penal vigente contra el crimen organizado.
—Es conocido que usted no tenía una buena evaluación de la ministra Steinert. Ahora está el ministro Arrau. ¿Cómo ha visto su gestión y qué espera de él a propósito de este informe?
—El ministro Arrau cumple un rol político, sin duda, mucho mejor que la ministra Steinert. Pero hoy día lo que vemos es que este Gobierno no tiene una agenda de seguridad, sino más bien una agenda de orden, y sigue peleando con los fantasmas de 2019 mientras el crimen organizado se instala en los territorios y permea las instituciones a través de la corrupción.
Cuando hablamos de orden público, hablamos de controlar la calle, las marchas, las barricadas y las incivilidades. Ahí ya hay bastante legislación. Pero la seguridad pública es proteger la vida de las personas frente a los homicidios, la extorsión, los secuestros y el crimen organizado.
—Entonces usted no apoya el Registro Nacional de Actos Vandálicos…
—No veo a ningún narco preocupado por el ese registro, porque este proyecto, tal como está, no sirve para nada. Este es el proyecto estrella del Gobierno, pero parece que lo abandonó, porque todavía no va ningún ministro a defenderlo, a pesar de que ya vamos en la tercera semana de discusión.
Además, después del fallo del Tribunal Constitucional, que dice que restringir la PGU, la gratuidad y los subsidios —que es una de las propuestas de este proyecto— no corresponde porque los derechos sociales no son premios por buena conducta ni una herramienta de castigo, sino derechos. Eso, sumado a que esta iniciativa no tiene ninguna propuesta para abordar los problemas reales de la gente, demuestra una vez más que el Gobierno no sabe de seguridad y está improvisando o peleando con el 2019.
“Cada vez que el Gobierno se ve en un problema, acude al eslogan de que ‘es culpa del gobierno anterior'”
—Otro evento que marcó la agenda de seguridad fue el caso de los niños haitianos que ingresaron al país y que finalmente no estaban desaparecidos como se pensó. Luis Thayer, exdirector de Migraciones, dijo que había que bajarle el perfil al caso. ¿Cómo vio usted ese episodio?
—Hoy día hay una comisión investigadora que probablemente responda la gran pregunta que el Gobierno no ha sido capaz de responder: ¿qué fue lo que hicieron durante las nueve semanas en que conocieron estos antecedentes? Es muy lamentable haber escuchado al ministro del Interior exculpándose de su responsabilidad como Gobierno, diciendo que esto era una decisión del Servicio Nacional de Migraciones, un servicio que depende del mismo ministerio. Finalmente, una semana nos dicen a todo Chile que están preocupados por la integridad de estos niños y, a la semana siguiente, sostienen que era más importante proteger la reserva de este informe que preocuparse realmente por ellos.
Entonces, hoy vemos, en distintas materias, más una puesta en escena que una verdadera preocupación y ninguna política que demuestre con hechos esa preocupación.
—¿Y cree que hubo un aprovechamiento político del caso por parte del Gobierno?
—Como en todas las materias, cada vez que el Gobierno se ve en un problema, acude al eslogan de que “es culpa del gobierno anterior”. Se les está agotando la fórmula porque cada día les duran menos las polémicas inventadas para pelear con el gobierno anterior y se está sabiendo que el problema lo tiene el Gobierno.
—Pero el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal detectó más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin una rendición adecuada. ¿Eso también forma parte de una estrategia contra el gobierno anterior? ¿Le parece positivo que se revisen esas cifras?
—No es contradictorio. Veinticuatro horas después de que se desarmó el tongo de la acusación constitucional, se da a conocer esta supuesta investigación hecha por el mismo Gobierno, que después sale diciendo que en verdad no puede afirmar nada, pero que las declaraciones apuntan a delitos. Yo esperaría que el Gobierno, más allá de los puntos comunicacionales, investigue todo lo que tenga que investigar, curse todos los sumarios y, si hay delitos, los envíe a la Fiscalía, que es su deber y lo mínimo que tiene que hacer.
Pero hoy día pareciera más bien que este Gobierno se alimenta de polémicas ante la falta de propuestas. Están acostumbrados a vivir de la polémica o están tratando de desviar el foco para no ponerlo donde hoy está lo relevante: la megarreforma y, además, una economía que se enfría y los supuestos empleos que iban a aparecer mágicamente cuando llegaran al Gobierno y que no han llegado.
La diputada Tatiana Urrutia junto a los diputados Patricio Pinilla, Bernardo Salinas, Raul Leiva y Jaime Araya. Foto: Agencia Uno.
Urrutia y la elección interna del Frente Amplio: “Todo puede pasar de aquí a las dos semanas que quedan para la inscripción”
—¿Cómo concluyó el Congreso Ideológico del Frente Amplio? ¿Qué ideas se rescatan principalmente?
—Para quienes esperaban que se acentuaran las diferencias, lo que confirmó es que somos un partido vivo, que tiene clara su dirección hacia el futuro: crecer en los territorios, crecer electoralmente, crecer en el ámbito municipal y responder con nuevas propuestas a las preguntas que hoy tiene el mundo. En eso hay unidad total. Por supuesto que en las próximas elecciones se verán los liderazgos que puedan conducir este partido, pero yo estoy muy tranquila porque tenemos una hoja de ruta hacia adelante, con mirada de futuro, responsable y compartida por la militancia.
—Se vienen elecciones internas. La diputada Gael Yeomans había dicho que era preferible tener un proceso electoral en el que compitieran distintas listas. ¿Coincide o prefiere una lista unitaria?
—Yo no veo diferencias sobre el proyecto que tenemos que construir, sobre con quiénes tenemos que construir ni hacia dónde debemos crecer. Puede haber diferencias de estilo, pero yo prefiero siempre apostar por la unidad. Y, sea cual sea el escenario, si hay competencia, creo que habla de un partido que está vivo.
Si no hay competencia, también habla de un partido que está vivo y que tiene claridad sobre cómo posicionarse hoy. Pero no tengo ninguna duda de que, exista competencia o no, el Frente Amplio va a actuar unido durante los próximos años.
Yo no sé qué va a pasar. Queda tiempo. Todo puede pasar de aquí a las dos semanas que quedan para la inscripción. Pero, sea cual sea la directiva electa, vamos a estar todos detrás, actuando y hablando de manera coral.
—¿Tiene una candidata o un candidato para liderar el Frente Amplio?
—Todo puede pasar. Feliz de responder esa pregunta una vez que ya se inscriban las listas, pero veo en nuestros liderazgos mucho aprendizaje, mucha madurez. Nos hacemos cargo de haber sido gobierno y hoy también estamos mirando cómo responder frente a un gobierno que nos ofrece retrocesos.
Con su usuario y contraseña de Carabineros, buscó el domicilio de un hombre y se lo envió por WhatsApp a su primo, quien le había advertido por chat que le iba a "partir el pecho". El tribunal de Chillán lo condenó a 541 días de presidio por acceso ilícito a sistema informático.
El 22 de noviembre de 2022, un hombre identificado en su teléfono como “Yiyo” le escribió a su pariente Rodrigo: necesitaba saber dónde vivía un desconocido.
No era una pregunta cualquiera. Del otro lado de la pantalla estaba Rodrigo Ignacio Valenzuela Parra, entonces carabinero del Retén Bonilla, en Chillán, con acceso a una plataforma policial capaz de entregar nombre, RUN, fecha de nacimiento, fotografía y domicilio de cualquier ciudadano.
Casi cuatro años después, ese intercambio de mensajes le costó una condena. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán lo declaró autor del delito de acceso ilícito a sistema informático con divulgación de información, y lo sentenció a 541 días de presidio, sustituidos por remisión condicional, además de la suspensión de cargo público mientras dure la pena.
El origen del caso, sin embargo, no partió por ese delito. Dos mujeres habían llegado al Retén Bonilla a denunciar a Valenzuela por hechos completamente distintos: presuntas irregularidades vinculadas a la Ley de Drogas, apropiación de dinero y especies en procedimientos policiales, y hasta cohecho. Ambas eran, según se estableció en juicio, parejas paralelas del carabinero.
A partir de esas denuncias, Asuntos Internos de Carabineros tomó contacto con la Fiscalía de Chillán, que impartió una orden verbal de investigar.
En ese contexto, Valenzuela entregó “voluntariamente” su teléfono personal, un Samsung Galaxy S21 Ultra, a los investigadores. El aparato fue enviado a LABOCAR Concepción para una extracción forense completa. Ahí, revisando la totalidad de la información recuperada, el equipo de Asuntos Internos se topó con algo que no estaban buscando: nueve capturas de una conversación de WhatsApp con su primo Christopher Nicolás Muñoz Ortiz, apodado “El Yiyo”.
La charla, leída íntegramente durante el juicio por el sargento Héctor Fuentes Gutiérrez, es el corazón de la causa. Empieza casi en broma: Yiyo saluda, Rodrigo no lo reconoce, intercambian emoticones de risa por el numero nuevo. Pero enseguida el tono cambia. Yiyo pregunta por la dirección de un sujeto y manda una foto. Rodrigo responde, medio en chiste: “Manda una foto con lo que pides para creerte”. Después pide más antecedentes: “¿Y de qué sector es ese loco?”. Yiyo contesta que no sabe, que eso es justamente lo que necesita averiguar.
Minutos más tarde llegó el dato. “Vive en Las Lomas”, escribe Rodrigo. Yiyo responde con una frase que terminaría siendo clave para la fiscalía: “Le voy a partir el pechi a ese hueón”. Lejos de frenar, el carabinero redobla: “Ya, espera. Voy a sacar la dirección que tiene en el Registro Civil”. Minutos después confirma: “Me sale esa misma dirección”.
La imagen que faltaba para cerrar el círculo apareció en otra de las fotos enviadas por WhatsApp: una captura de pantalla del “Sistema de Información Operativa” (SIO), la aplicación institucional que Carabineros instala en los celulares fiscales de quienes hacen patrullaje en la población. En ella se veía el rostro, el RUN, el nombre completo, el género, la fecha de nacimiento y la edad de Matías Enrique Solís Vera, la persona que Yiyo quería ubicar.
Un perito de LABOCAR confirmó la cadena de custodia y la integridad de la extracción del teléfono del carabinero. Y una diligencia paralela —un árbol genealógico armado con certificados del Registro Civil— estableció que Rodrigo y “El Yiyo” eran primos en segundo grado, unidos por una bisabuela común. El vínculo familiar, aparentemente un detalle menor, terminó siendo la prueba que explicaba por qué un carabinero accedería a hacerle ese favor a un desconocido para el sistema, pero no para él.
El debate de fondo, sin embargo, no fue si Rodrigo tenía o no clave para entrar al SIO. La tenía, y de forma completamente legítima, como cualquier funcionario que hace servicio de población. La discusión giró en torno a una frase de la Ley 21.459, la ley de delitos informáticos: el artículo 2 castiga a quien accede a un sistema “sin autorización o excediendo la autorización que posea“. La fiscalía sostuvo que usar credenciales válidas para un fin absolutamente ajeno al institucional —ubicar a alguien para que lo agredieran— es precisamente exceder esa autorización.
La defensa, representada por la Defensoría Penal Pública, apostó todas sus fichas a una lectura distinta: para que exista “acceso ilícito”, argumentó, hace falta que alguien vulnere una barrera técnica desde afuera, como un hacker. Un funcionario que ya tiene usuario y clave, sostuvo, simplemente usa lo que le dieron; si le da un mal uso, eso es a lo sumo una falta administrativa, no un delito. También intentó voltear toda la prueba alegando que la entrega del celular había sido para investigar otra cosa –drogas y coima– y que revisar las conversaciones de WhatsApp violaba garantías de privacidad.
Hoy Valenzuela ya no puede ejercer cargo público mientras dure la condena. El destino de “El Yiyo” y de la agresión que anunciaba en el chat no aparece resuelto en esta sentencia: la causa se centró exclusivamente en el acceso y la filtración de los datos, no en lo que haya ocurrido después con esa dirección entregada “excediendo la autorización” de una clave que, en teoría, era solo para el servicio.
Tras un juicio abreviado, el tribunal acreditó que el oficial presentaba antecedentes falsos para obtener autorización judicial e interceptar llamadas telefónicas de periodistas y militares. El juez, a sabiendas, daba la autorización necesaria.
Luego seis años de investigación judicial, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó un veredicto condenatorio contra los dos principales imputados del caso Operación Topógrafo: el exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó Juan Antonio Poblete y el general (r) del Ejército Schafik Nazal.
Según se estableció en la sentencia, ambos deberán permanecer bajo el régimen de libertad vigilada intensiva durante cinco años por interceptar telefónicamente de manera ilegal a periodistas y ex funcionarios del Ejército que habían denunciado irregularidades en la institución. Previamente, como imputados, recayó sobre ellos la medida cautelar de prisión preventiva por dos años y luego arresto domiciliario total.
Desde la Fiscalía Centro Norte informaron que se trata de la primera condena de este tipo en el país. Tras un juicio abreviado, el tribunal acreditó que el Nazal, como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), presentaba antecedentes falsos para obtener autorización judicial y así interceptar comunicaciones privadas. Estas interceptaciones, a su vez, eran autorizadas por el entonces juez Poblete, a sabiendas de la falsedad de los datos. Al menos en 15 ocasiones se hicieron escuchas telefónicas al margen de la ley.
El caso fue bautizado como Operación Topógrafo, debido a que funcionarios del Ejército denominaron así la supuesta operación de inteligencia que derivó en espionaje. Este nombre, a su vez, tuvo su origen en una de las acepciones de la palabra topo, que se usa para denominar a una persona que se infiltra dentro de una organización y actúa al servicio de otros.
Weibel valora fallo
A modo de ejemplo, desde la defensa de una de las víctimas, el periodista Mauricio Weibel —quien en ese entonces investigaba el caso de corrupción al interior del Ejército conocido como Milicogate— sostuvieron que la orden de escucha fraudulenta que contenía el número telefónico de Weibel estaba caratulada con el nombre de una inmigrante irregular, a quien acusaron falsamente de ser una agente extranjera.
“Este fallo inédito en la historia judicial del mundo marca un precedente de máxima importancia para la defensa de la libertad de expresión, pues constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, en especial a aquellos que investigamos casos de corrupción e interés público”, valoró Weibel.
¿Qué es la “Operación Topógrafo”? Corte Suprema dejó en libertad a juez formalizado.
Espionaje y denuncias de corrupción en el Ejército son parte de esta trama que terminó con la prisión preventiva de Juan Antonio Poblete.
La Corte Suprema acogió este lunes el recurso de protección presentado por el ex juez Juan Antonio Poblete de la Corte de Apelaciones de Santiago. El ex ministro se encontraba en prisión preventiva en Copiapó desde el 3 de mayo cuando fue formalizado en el marco del desarrollo de la denominada “Operación Topógrafo”.
El máximo tribunal del país resolvió dejarlo en libertad después de que la Fiscalía de Alta Complejidad lo acusó de cometer 19 delitos de los cuales siete eran por falsificación de instrumento público y 12 por interceptación de llamadas telefónicas.
“En fallo de mayoría (causa rol 119.554-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el abogado (i) Diego Munita– estableció actuar arbitrario al decretar la cautelar de prisión preventiva, sin haberse declarado admisible la querella de capítulos correspondiente, debido a que el amparado habría cometido los delitos cuando ejercía como juez de la República”, informó el Poder Judicial.
“Que la necesidad de la declaración de admisibilidad de la querella de capítulos respecto de un juez se funda, como ya se expresó, en la necesidad de mantener a salvo la independencia judicial y no en la protección de la persona que desempeña dicha función, por lo que es necesario mantener tal exigencia, aunque el magistrado haya cesado en su función, desde que lo que importa es salvaguardar una de las bases de la organización del Poder Judicial, que garantiza la imparcialidad del juzgador, la que se vería mermada si, una vez terminado su ministerio por cualquier causa, pudiera ser perseguido, sin la necesidad de verificar la plausibilidad de la atribución de responsabilidad penal efectuada por la Corte de Apelaciones respectiva”, agregó la resolución de la Corte Suprema.
¿Qué es la “Operación Topógrafo?
La decisión de la Corte Suprema sobre la prisión preventiva en la que se encontraba el juez Juan Antonio Poblete se enmarca en la investigación denominada “Operación Topógrafo”. Esta causa nace por la investigación que realizó el periodista Mauricio Weibel al interior del Ejército luego de la denuncia de algunos funcionarios que desclasificaron hechos de corrupción.
En este proceso, el profesional fue espiado al igual que los denunciantes. “La Corte Suprema decidió dejar en libertad al ex juez Juan Poblete, quien falsificó documentos públicos para autorizar un espionaje militar en mi contra, cuando yo investigaba los casos masivos de corrupción militar”, expresó.
“Los jueces sostuvieron que Poblete, aunque ya no es juez, debía ser sometido a un antejuicio (querella de capítulos). El magistrado Leopoldo Llanos votó en contra de esta tesis, sosteniendo que la solicitud era “improcedente”. Por cierto, la decisión de la Corte es contraria a la jurisprudencia y constituye un retroceso en la defensa de la libertad de expresión”, complementó Weibel.
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