Un documento fechado el 13 de marzo —a menos de 48 horas de asumir— muestra que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá. Días después, la subdirectora de Inteligencia de la PDI fue removida tras una solicitud directa de la secretaría de Estado. La secuencia instala dudas sobre una eventual “pasada de cuenta” de carácter personal de la ministra con la ahora exfuncionaria de la policía civil.
El 13 de marzo de 2026, a solo horas de haber asumido como ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert firmó un oficio reservado dirigido al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna. El documento no estuvo exento de errores formales: en él se alude a Cerna como “general director”, denominación propia de Carabineros y no de la PDI.
Más allá de esa imprecisión, el contenido era claro y específico. La ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en la investigación del denominado “Clan Chen”.
La solicitud incluía un nivel de detalle inusual. No solo requería la identificación de los funcionarios, sino también los fundamentos de sus traslados, sus nuevas destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas asociadas a su desempeño en dicha causa.
En los hechos, se trataba de una revisión completa de los equipos que participaron en una investigación que la propia Trinidad Steinert lideró en su etapa como fiscal regional en Tarapacá.
Mira el oficio:
Pero el oficio no quedó aislado. De acuerdo con antecedentes recabados por Radio Bío Bío, en los días posteriores, y dentro de la misma semana, la ministra solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña.
Fuentes conocedoras de la decisión sostienen que la petición fue directa y sin una explicación detallada. Tampoco se explicitó si esta respondía a una instrucción del Presidente de la República, considerando que la ley que creó el Ministerio de Seguridad radica en el jefe de Estado la decisión sobre la permanencia del alto mando policial.
La solicitud se realizó el viernes 20 de marzo y buscaba ejecutarse de forma inmediata. Sin embargo, ello no ocurrió ese mismo día, ya que la entonces subdirectora se encontraba en Arica liderando operativos en el sector de Cerro Chuño, zona crítica donde se han desarrollado procedimientos para desarticular organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y redes transnacionales.
No fue sino hasta el sábado cuando se concretó la comunicación formal de su salida, a través del director general de la PDI, conforme a los procedimientos internos. Como ocurre con todos los oficiales generales, su renuncia estaba previamente firmada, lo que permitió materializar su salida sin mayores explicaciones públicas sobre el fondo de la decisión.
La conexión con el caso Clan Chen
El punto de unión entre ambos hechos es evidente. El denominado “Clan Chen” corresponde a una de las investigaciones más complejas desarrolladas en el norte del país en los últimos años. Se trata de una estructura criminal de origen chino vinculada a delitos de lavado de activos, estafas internacionales y operaciones financieras irregulares, con ramificaciones fuera de Chile.
La causa implicó un despliegue relevante de unidades especializadas de la PDI, particularmente de la BRIANCO de Tarapacá, y derivó en allanamientos en la Zona Franca de Iquique (Zofri). En ese entonces, la investigación era liderada por la propia Trinidad Steinert en su calidad de fiscal regional.
Sin embargo, al interior de la institución, esa causa también habría generado movimientos de personal, cambios de equipos y decisiones operativas que hoy vuelven a ser objeto de revisión.
Y es precisamente sobre esos funcionarios —los que participaron en esa investigación— que la ministra pidió información detallada apenas asumió el cargo.
Según fuentes policiales, los cambios realizados en su momento respondieron a criterios operativos internos destinados a resguardar el éxito de la investigación y evitar conflictos. No obstante, dichos ajustes habrían generado molestia en Steinert, particularmente por el alejamiento de un funcionario que era muy cercano a ella, lo que explicaría el foco de su requerimiento.
Otros antecedentes en la mira
Radio Bío Bío intentó obtener una versión de la ministra Steinert y su equipo desde el sábado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Desde su equipo de comunicaciones señalaron que canalizarían las consultas, lo que finalmente no ocurrió al no tener una declaración.
En paralelo, al interior de la PDI —donde se desempeñan más de 13 mil detectives— ya circulaban versiones sobre una eventual “pasada de cuenta” vinculada a decisiones adoptadas en Tarapacá.
Pero no es el único elemento. Según antecedentes recabados por este medio, la ministra también habría intentado acceder a información de una causa que involucra a un familiar directo de la exsubdirectora.
El caso se remonta a diciembre de 2025, cuando el hijo de Consuelo Peña quedó en calidad de testigo en una investigación por tráfico de drogas en Valdivia, luego del hallazgo de sustancias ilícitas en su domicilio, situación que fue denunciada por la propia funcionaria.
Con el avance de la indagatoria, el Ministerio Público mantuvo al involucrado en calidad de testigo, bajo la hipótesis de consumo, y derivó las diligencias al OS-7 de Carabineros para evitar conflictos de interés.
De acuerdo con las mismas fuentes, Steinert habría intentado obtener antecedentes de esa causa, pese a que la legislación vigente, en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad, establece expresamente límites para acceder a investigaciones penales en curso, precisamente por su carácter reservado.
Este último punto también se le pidió conocer detalles a comunicaciones del Ministerio de Seguridad, pero no hubo respuesta a esas consultas.
