El funcionario aseguró que posteriormente fue advertido de que una operación no se había procesado correctamente.
28 agosto 2026
Escuela Italia de Osorno suspende clases cinco días por brote de influenza B.
La Escuela Italia de Osorno suspenderá sus actividades presenciales desde el lunes 31 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre debido a un aumento de casos respiratorios relacionados con un brote de influenza tipo B al interior del establecimiento.
La medida fue adoptada tras constatar un incremento del ausentismo entre estudiantes y docentes, y luego de la evaluación conjunta de la dirección del colegio y el equipo de epidemiología del CESFAM correspondiente. El seremi de Salud (s) de Los Lagos, Alex Oyarzo Cuevas, confirmó que la suspensión es una acción preventiva y extraordinaria para reducir la transmisión y favorecer la recuperación.
La Seremi de Salud mantendrá el monitoreo de la situación y entregó recomendaciones al establecimiento. Además, la autoridad llamó a las familias a mantener en casa a quienes presenten síntomas respiratorios, consultar ante signos de alarma y reforzó el llamado a la vacunación contra la influenza, disponible en puntos habilitados en todas las comunas.
Fallece quien fuera Presidente de Asociación de Fútbol de Río Negro, Miguel Ángel Macaya P.
Con hondo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Macaya, dirigente que dedicó su vida al fútbol y al servicio de la comunidad. Su amor por el deporte, su entrega en la dirección y su permanente preocupación por cada integrante de la asociación marcaron profundamente el desarrollo del fútbol Río Negrino.
Miguel Ángel trabajó incansablemente por volver a encantar a la comunidad con el fútbol, impulsando diversos proyectos y fortaleciendo los lazos entre jugadores, dirigentes y vecinos. Siempre nos compartía que estar en la cancha, sentir la cercanía con los jugadores y vivir la pasión del fútbol local eran algunos de los momentos más significativos de su vida.
Su partida deja un profundo pesar en su familia, amigos, cercanos y en toda nuestra comunidad. El Concejo Municipal, junto al alcalde de la comuna Sebastián Cruzat, y el mundo deportivo en general lamentan su pérdida y reconocen su invaluable legado.
Agradecemos su dedicación, su tiempo, su amor por el fútbol y la entrega incondicional que siempre mostró. Que Dios brinde consuelo a su familia y a quienes hoy sienten su ausencia.
Gracias por todo, Miguel. Descansa en paz.
Dictadura constitucional: académicos piden retirar reforma de seguridad y Arrau los llama "opinólogos"
En conversación con Mónica Rincón, los académicos Javier Couso y Arturo Fontaine profundizaron en la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
¿Puede una reforma pensada para combatir el crimen organizado dejarle servida a un futuro presidente la posibilidad de gobernar como un autoritario?
Esa es la interrogante que plantearon los académicos Arturo Fontaine, de la Universidad de Chile, y Javier Couso, de la Universidad Diego Portales, quienes expresaron serios reparos a la reforma constitucional de seguridad del Gobierno e instaron al presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto del Congreso.
En una carta publicada en El Mercurio, calificaron la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y advirtieron que podría abrir la puerta al autoritarismo e incluso permitir que un futuro mandatario instalara una “dictadura constitucional”.
Hoy, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, rechazó las críticas, llamó “a la seriedad” y defendió que las medidas buscan enfrentar al crimen organizado con mecanismos que ya existen en otros países.
La carta de académicos contra la reforma de seguridad de Kast
Fontaine y Couso parten haciendo una precisión: no ven indicios de que Kast quiera capturar las instituciones de control o acallar a la prensa. Sin embargo, su advertencia apunta a las facultades que esta reforma dejaría disponibles para él y para cualquier presidente que llegue después.
El punto más delicado, sostienen, es el nuevo estado de excepción que el mandatario podría decretar por hasta 240 días, sin autorización previa del Congreso. Durante ese periodo sería posible suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.
El problema, según los académicos, es que la norma permitiría terminar el estado de excepción antes de completar el plazo, esperar algunas semanas y volver a decretarlo. Así, un futuro presidente podría gobernar durante gran parte de su mandato con derechos restringidos y sin necesitar una autorización previa del Congreso.
Y esa herramienta, advierten, podría terminar utilizándose no solo contra integrantes del crimen organizado o grupos terroristas, sino también contra periodistas, dirigentes sociales o líderes de oposición.
“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, sostuvieron.
La carta también cuestiona que el Ejecutivo y el Senado puedan definir un registro de organizaciones criminales y terroristas. Para Fontaine y Couso, entregar esa decisión a autoridades políticas “borronea la separación de poderes” y constituye “un paso propio de gobiernos iliberales”.
A esto sumaron el empleo de las Fuerzas Armadas en labores policiales y la posibilidad de restringir determinadas prestaciones sociales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo, incluso después de haber cumplido 15 años de cárcel.
Para los académicos, la seguridad debe enfrentarse con más policías, mejor entrenamiento, tecnología y recursos, no ampliando el poder presidencial mediante una reforma constitucional.
“Si los cambios al proyecto son cosméticos, la amenaza del autoritarismo legal sigue en pie. Si diluyen el proyecto, no tiene sentido mantenerlo. Si solo se busca dar la sensación de seguridad, ¿no sería demagogia constitucional?”, plantearon.
Por eso, pidieron directamente a Kast retirar la iniciativa del Congreso, “dar vuelta la hoja” e invertir en medidas concretas de seguridad.
La respuesta de Arrau: “Llamaría a la seriedad”
Consultado por las advertencias de Fontaine y Couso, el ministro Martín Arrau rechazó los calificativos utilizados contra el proyecto.
“En primer lugar, yo llamaría a la seriedad, y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué”, respondió.
Arrau explicó que el nuevo estado de excepción busca intervenir “barrios, puntos muy locales donde el narco, el crimen organizado se lo ha tomado”. Aseguró que las atribuciones propuestas ya se encuentran presentes en otros estados de excepción y señaló que el plazo de 240 días está abierto a cambios.
“Sobre el plazo, totalmente conversable”, sostuvo.
Sin embargo, no abordó directamente el escenario central planteado en la carta: qué impediría que un futuro gobernante terminara el estado de excepción y volviera a decretarlo poco después para prolongar la restricción de derechos.
El ministro también defendió el registro de organizaciones criminales y terroristas, señalando que existen fórmulas similares en Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países. Según explicó, en Chile el listado requeriría informes del Ministerio Público, una propuesta del Ejecutivo y la aprobación de dos tercios del Senado. “De toda la experiencia internacional que hemos revisado, es el más estricto de todos”, afirmó.
Arrau también apuntó contra quienes han cuestionado la iniciativa y los acusó de recurrir a calificativos que, a su juicio, no se desprenden del contenido del proyecto.
“Yo no veo dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en Derecho, y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que se ha instalado una ofensiva contra la reforma sin discutir seriamente su contenido. “Sale una campaña, yo no lo quiero llamar desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado”, concluyó.
La tozudez del Gobierno y sus ministros en la reforma de Seguridad | La joyita de Jorge Navarrete
En su #Joyita de #MesaCentral, el columnista Jorge 'Pirincho' Navarrete abordó las declaraciones del ministro Arrau en torno a los cambios constitucionales que pretende llevar a cabo el Gobierno.
Sin previa evaluación ambiental: Gestión de Reginato otorgó permiso de edificación a proyecto del hermano del ministro Quiroz
Luego de que CIPER revelara presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto inmobiliario Alto Santorini, liderado por Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, el Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso al Permiso de Edificación cuya legalidad actualmente se encuentra cuestionada ante la Corte Suprema. Incluso, dicho permiso fue otorgado durante la gestión de Virginia Reginato sin una evaluación ambiental previa, pese a que el proyecto está ubicado a menos de un metro del Campo Dunar de Concón.
El pasado 18 de agosto, un reportaje de Ciper reveló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habría impulsado un sistema para acelerar la aprobación de grandes proyectos de inversión que estaban trabados ambientalmente, mediante un comité integrado por Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente; viéndose directamente beneficiado el proyecto inmobiliario Alto Santorini, en el que participa el hermano del ministro, Víctor Quiroz. Es más, dicho proyecto fue aprobado pese a que Sernageomin había advertido riesgos de “remoción en masa” y solicitado un estudio específico.
Sin embargo, este caso no queda aquí, ya que, el Equipo de Contrapoder Chile tuvo acceso al Permiso de Edificación del denominado proyecto habitacional Alto Santorini, en que se detalla que se otorgó el permiso de construir dos edificios -de 28 y 10 pisos de altura- a la Inmobiliaria Lote 21 SPA, y en donde la empresa encargada del arquitecto proyectista fue “Quiroz & Puelma Arquitectos S.A” -mencionando a Víctor Quiroz como el arquitecto del proyecto-.
Es más, este permiso fue otorgado por el director de Obras Municipales Julio Ventura -el 29 de noviembre de 2017-, es decir, durante la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato.
Incluso, según los antecedentes del caso, este permiso fue emitido sin que existiera una evaluación ambiental, a pesar de que Alto Santorini está ubicado a menos de un metro del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón. Por lo anterior, desde al año 2019 el proyecto se encuentra judicializado, debido a diversos cuestionamientos sobre la legalidad de este permiso de edificación, y el inicio de obras sin poseer previamente con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Respecto a esto, tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema determinaron que las obras no podían ejecutarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por otra parte, esta causa judicial busca determinar si el Permiso de Edificación N°161/2017 -mencionado en párrafos anteriores- fue otorgado conforme a derecho o si presenta un vicio de legalidad desde su origen.
Finalmente, la Corte Suprema deberá resolver definitivamente la legalidad del Permiso de Edificación N°161/2017, otorgado por la gestión de Virginia Reginato.
En solo 6 meses: Enrique Bassaletti ha recibido más de $33 millones en pensión desde que asumió como diputado republicano.
En enero pasado, Contrapoder Chile reveló que el diputado republicano Enrique Bassaletti recibe dos pensiones de retiro: una como exgeneral de Carabineros y otra por haber sido profesor de la institución policial. Sin embargo, a siete meses de esta primera publicación, este medio volvió a tener acceso a la planilla de pago de pensiones de Bassaletti -entregada vía Transparencia por Dipreca-, pero esta vez como diputado, confirmándose que en ta solo seis meses ha percibido el monto total de $33.584.568; sin contar su dieta parlamentaria mensual.
En enero pasado, Contrapoder Chile reveló que el diputado republicano Enrique Bassaletti recibe dos pensiones de retiro: una como exgeneral de Carabineros por $4.893.337 y otra por haber sido profesor de la institución policial, por la cifra de $561.580 -desde septiembre de 2025-, recaudando $5.454.917 por ambas pensiones. Mientras que, la Pensión de Vejez promedio para quienes cotizaron entre 25 y 30 años en el sistema de AFP es de menos de $500 mil.
Sin embargo, a siete meses de esta primera publicación, este medio volvió a tener acceso a la planilla de pago de pensiones de Bassaletti -entregada vía Transparencia por Dipreca-, pero esta vez como diputado, confirmándose que en enero de este año aumentó su pensión como exgeneral a $5.016.530, en tanto como profesor retirado de la Escuela de Carabineros percibe mensualmente $580.898 -también registrándose un aumento monetario-.
Por lo tanto, al sumar las pensiones de retiro de Enrique Bassaletti entre marzo y agosto de 2026 -mientras ejerce como diputado-, es posible constatar el monto total de $33.584.568, desglosado en $30.099.180 en pensión de retiro como general de Carabineros, y $3.485.388 como profesor en retiro.
Ante esto y como se explicó en el primer párrafo de este artículo, según un estudio de la Fundación Sol, la pensión promedio pagada a las FF.AA y de Orden es de $1,5 millones, mientras, que la Pensión de Vejez promedio para quienes cotizaron entre 25 y 30 años en el sistema de AFP es de menos de $500 mil, es decir, Bassaletti recibe una pensión 10 veces mayor que la de un jubilado bajo el sistema AFP.
Además, al revisar la página oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, se logra confirmar que el monto bruto de la dieta de diputado en julio 2026 es de $8.239.091 -sin contar asignaciones u otros gastos-. Por lo que, si solo consideramos la remuneración de parlamentario más sus pensiones de retiro, Bassaletti recibe al mes $13.836.519.
Recordemos, que un reportaje de Contrapoder Chile reveló que, entre marzo y junio de este año, Bassaletti registró 0 mociones legislativas, es decir, no presentó ninguna iniciativa legislativa. Posterior a aquella publicación, el diputado ha presentado 11 mociones, siendo la primera presentada cuatro días después de lo expuesto por este medio.
Hospital de Osorno multa a su director por demora en entrega de información
El Hospital Base San José de Osorno informó que el Consejo para la Transparencia sancionó con multa al director por entrega tardía e incompleta de información; la institución anuncia medidas para reforzar sus canales de transparencia.
El Consejo para la Transparencia aplicó una multa equivalente al 30% de la remuneración bruta mensual al director del Hospital Base San José de Osorno, Julio César Vargas González, según la Resolución N° 352 del 21 de julio de 2026, informó el propio establecimiento en un comunicado.
La sanción se originó tras un sumario administrativo que determinó la entrega no oportuna y no íntegra de información solicitada mediante el portal de transparencia pública, de acuerdo con lo señalado por la Dirección del recinto.
Ante la medida, el hospital reafirmó su compromiso con la transparencia, probidad y acceso a la información, y anunció la implementación de un proceso de fortalecimiento orgánico y funcional de sus canales de transparencia, además de su disposición a colaborar con los organismos fiscalizadores y a rendir cuentas ante la comunidad.
ARCHI Los Lagos propone al Gobierno Regional fortalecer el rol estratégico de los medios locales y la creación de una red de radiodifusión para emergencias
Con el propósito de fortalecer el rol de la radiodifusión como un servicio de interés público, promover una descentralización efectiva de las comunicaciones y consolidar a las radios locales como actores estratégicos para el desarrollo regional, la directiva de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) Región de Los Lagos, encabezada por su presidente, Cristián Labra González, y su vicepresidente, César Campos, presentó dos importantes propuestas al Gobernador Regional de Los Lagos, Alejandro Santana.
En primer lugar, el presidente regional de ARCHI Los Lagos, Cristián Labra González, planteó al Gobernador la necesidad de avanzar hacia una política pública que favorezca efectivamente a los medios de comunicación de la región, resguardando que al menos el 40% de los recursos destinados a difusión y publicidad sean asignados efectivamente a medios radiales, televisivos, de prensa escrita y digitales de la región, mediante procesos abiertos, transparentes y competitivos. La propuesta busca fortalecer el pluralismo informativo, el empleo local y el desarrollo de empresas de comunicación que diariamente cumplen una función social insustituible en los territorios.
La segunda propuesta se enfoca en la creación de una Red Regional de Radiodifusión para Emergencias de Los Lagos, junto con la necesidad de contar con sistemas de respaldo energético para las radioemisoras. La iniciativa, pionera a nivel nacional, busca fortalecer la capacidad operativa de las radios frente a catástrofes naturales, eventos climáticos extremos y cortes prolongados de energía eléctrica. En este sentido, se planteó la necesidad de generar programas públicos que permitan a las radiodifusoras acceder a sistemas de respaldo energético, asegurando la continuidad de las transmisiones cuando otros sistemas de comunicación dejan de operar.
Finalmente, Labra González precisó que, recogiendo algunas indicaciones de Carabineros y Bomberos, también se está planteando implementar una credencial oficial para periodistas, reporteros y profesionales de prensa pertenecientes a las radios asociadas a ARCHI, destinada a identificar claramente a quienes desarrollan labores periodísticas en terreno durante emergencias y siniestros. El sistema contemplaría una verificación mediante código QR y se espera que pueda ejecutarse durante el próximo período.
CRISTIÁN LABRA
Tras la recepción de las propuestas, el Gobernador Regional, Alejandro Santana, manifestó su compromiso a trabajar por la descentralización y el pluralismo en la difusión de la información. “Esperamos poder trabajar estas propuestas y consensuarlas con las autoridades de Gobierno. Me parece legítimo que la difusión y los programas estén focalizados, considerando la experiencia y las características propias que tiene cada territorio y cada región. Una red para emergencias es un elemento que facilita la respuesta y, sobre todo, en regiones como la nuestra, donde efectivamente hay contingencias periódicas y permanentes. Valoro la presentación y mi disposición es poder avanzar; voy a colaborar para que eso suceda”, sentenció.
Santana llevará caso Cerimedo a Fiscalía y Kast busca bilateral con Milei
El diputado Juan Santana anunció una denuncia por posibles delitos informáticos vinculados a Fernando Cerimedo. El Gobierno gestiona una bilateral entre Kast y Milei, mientras la reforma de seguridad pierde apoyo y un carabinero muere baleado en Renca.
1. Santana llevará a Fiscalía posible red de bots vinculada a Cerimedo
El diputado socialista Juan Santana anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos informáticos relacionados con una red de bots atribuida al consultor argentino Fernando Cerimedo. El parlamentario busca esclarecer si estas herramientas influyeron en campañas políticas chilenas. También pidió transparentar los contratos de avisaje de la Secretaría de Comunicaciones, las sociedades de su director y eventuales asesorías digitales contratadas en el extranjero. Santana recordó que tres asesores de José Antonio Kast coincidieron con Cerimedo en la campaña del Rechazo.
2. Kast busca bilateral con Milei mientras Foro Madrid abre flanco interno
El Gobierno inició gestiones para coordinar una reunión bilateral entre José Antonio Kast y Javier Milei durante el Foro Madrid, previsto para el 3 y 4 de septiembre en San Carlos de Apoquindo. Fuentes de Palacio sostienen que el mandatario argentino confirmó informalmente su asistencia, aunque la organización aún no la ratifica. La participación de Kast provoca reparos en sectores de La Moneda y de Chile Vamos por el carácter partidista de la cita, organizada por la Fundación Disenso, ligada a Vox. El eventual encuentro ocurriría después del impasse diplomático por el Estrecho de Magallanes.
3. Vodanovic rechaza rescatar reforma de seguridad y exige retirarla
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, descartó fusionar sus cuatro mociones con la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno. Afirmó que el proyecto carece de viabilidad política y jurídica y pidió al Ejecutivo retirarlo. La parlamentaria propuso priorizar una iniciativa sobre régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por crimen organizado y anunció que prepara una fórmula más acotada sobre seguridad pública. Su negativa reduce las opciones de La Moneda de reunir los 29 votos necesarios para aprobar la reforma en el Senado.
4. Cabo segundo muere baleado en Renca y Fiscalía indaga posible robo
Un cabo segundo de la Subcomisaría Conchalí Norte murió baleado mientras se encontraba de franco en calle 21 de Mayo, en Renca. Información preliminar señala que al menos cuatro sujetos lo habrían abordado para robarle su camioneta y que recibió un disparo en la cabeza. El vehículo permaneció en el lugar y está siendo periciado. El OS-9 de Carabineros trabaja con la Fiscalía ECOH, revisa cámaras y busca establecer la dinámica del ataque. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, pidió no adelantar hipótesis mientras se desarrollan las primeras diligencias.
5. Caso Junaeb expone contratos por más de US$ 1.000 millones al año
Las investigaciones que rodean a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas volvieron a poner el foco sobre uno de los mayores sistemas de contratación pública del país. Junaeb administra contratos por más de mil millones de dólares al año y el Programa de Alimentación Escolar entrega cerca de 4,5 millones de raciones diarias a más de dos millones de estudiantes. La Fiscalía indaga una eventual colusión en el negocio de los vales de alimentación, mientras el caso Soser cuestiona las licitaciones del programa. El sistema también emplea a unas 35 mil manipuladoras de alimentos.
6. DT restringe negociación colectiva en entidades con financiamiento estatal
La Dirección del Trabajo cambió su interpretación sobre las empresas e instituciones que no pueden negociar colectivamente por recibir financiamiento estatal. Un dictamen emitido de oficio dejó sin efecto el criterio del 2023 y amplió el alcance del artículo 304 del Código del Trabajo. La prohibición se aplicará a entidades públicas o privadas cuyo presupuesto haya sido financiado en más de un 50 % por el Estado durante cualquiera de los dos últimos años. El cálculo incluirá aportes, subvenciones y transferencias, pero excluirá pagos estatales por bienes o servicios efectivamente prestados.
7. EE. UU. suspende citas para solicitar visas en todo el mundo
El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visas en sus embajadas y consulados de todo el mundo. El Departamento de Estado explicó que la pausa permitirá capacitar a sus funcionarios en una evaluación más estricta y uniforme de los solicitantes, especialmente para identificar a quienes podrían depender de prestaciones públicas. Algunas personas con entrevistas ya programadas recibieron avisos de reprogramación, pero Washington no informó cuánto durará la medida. La decisión profundiza el endurecimiento de la inmigración legal durante el segundo mandato de Donald Trump.
8. Rusia amenaza a Reino Unido y Francia por su apoyo militar a Ucrania
El Gobierno ruso amenazó a Reino Unido y Francia por el apoyo militar a Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, advirtió que equipos británicos en territorio ucraniano podrían convertirse en objetivos de represalias si Kiev usa armamento de Londres contra Rusia. Moscú también acusó a París y Berlín de profundizar el conflicto mediante transferencias de tecnología y ejercicios militares. La advertencia coincidió con contactos entre los jefes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia, aunque una fuente europea citada por El País no observaba señales de un ataque inminente.
El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública
La detención del consultor argentino Fernando Cerimedo reactivó las preguntas sobre sus trabajos en Chile. El recorrido llega hasta integrantes del Gobierno y la campaña de 2025, aunque no existen pruebas concluyentes de su intervención en esa elección. Un nuevo capítulo de Punto por Punto.
La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo reabrió interrogantes sobre sus actividades en Chile. Conocido por su trabajo digital para las nuevas derechas, es investigado por la Justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito.
Una investigación de Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar reconstruyó sus huellas en el país: encuestas para el Rechazo, servicios digitales ligados al plebiscito constitucional de 2022 y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas. Los antecedentes no acreditan, sin embargo, que haya intervenido en la presidencial de 2025.
Si quieres conocer las huellas de Fernando Cerimedo en nuestro país, revisa este capítulo de Punto por Punto de El Mostrador.
27 agosto 2026
Desde $71 mil a $2,3 millones: la mora promedio de los jóvenes se multiplica 33 veces entre los 22 y 29 años
En Chile, una persona morosa debe un promedio de $4,27 millones. Entre los jóvenes, el salto es abrupto: la mora promedio pasa de $71.386 a los 22 años a $2.364.122 a los 29. Así lo revela un estudio realizado por Chiledeudas y Maat.
¿Cuánto adeudan los jóvenes chilenos? Para los de 22 años, su mora promedio es de $71.386, mientras que a los 29 años la cifra llega a los $2.364.122. Así lo muestra un estudio realizado por Chiledeudas y Maat, que contempla datos al segundo trimestre de 2026, y arroja las principales cifras de endeudamiento y morosidad en Chile.
Entre los 22 y los 29 años, el monto promedio de la mora se multiplica por 33,1. Aunque la evolución presenta algunos retrocesos, a los 26 y 28 años, la tendencia general, según el informe, es clara: en este periodo los jóvenes comienzan a acceder a créditos de mayor monto, como de consumo y automotrices, además de sus primeros financiamientos comerciales, pese a que todavía cuentan con un historial crediticio limitado.
La mora alcanza su máximo entre los 55 y 64 años y retrocede un 43,7% en la tercera edad.
De acuerdo con el reporte, el 91,3% de los morosos son personas naturales y el 75,8% del monto impago corresponde a empresas. El promedio de lo que deben las personas es de $4,27 millones versus $140,9 millones para las compañías.
Los hombres registran entre 1,7 y 2,6 veces más de mora que las mujeres
En todos los rangos etarios, los hombres son quienes registran una mora mayor, entre 1,7 y 2,6 veces más que las mujeres.
La diferencia se mantiene en todas las edades, aunque no con la misma intensidad. La menor distancia se observa entre los 35 y 44 años, cuando los hombres adeudan 1,7 veces más que las mujeres, mientras que la mayor brecha aparece después de los 65, con 2,6 veces. En el caso de los hombres, el punto más alto se registra entre los 55 y 64 años. Para las mujeres, ocurre una década antes, entre los 45 y 54.
De esos hombres morosos, solo los casados concentran el 45,9%, debiendo 4,4 veces más de lo que deben las mujeres con ese mismo estado civil. Si se considera el estado civil sin distinguir el sexo, las personas casadas ocupan el 56,3%, las solteras el 28,7% y las divorciadas el 13,1%.
Sobre la nacionalidad de los morosos, el 94% de la deuda de personas naturales corresponde a chilenos. La población extranjera aporta un 5,7% del monto y las personas nacionalizadas un 0,3%.
La economía chilena pierde fuerza: el PIB cae un 0,2% anual en el segundo trimestre
La inversión se estanca pese al optimismo que el Gobierno de Kast intenta transmitir con su megarreforma, mientras la caída de la actividad minera explica buena parte del retroceso económico entre abril y junio.
La economía chilena está en terreno negativo. El Producto Interno Bruto (PIB) ha caído un 0,2% interanual entre abril y junio, y con este resultado acumula dos trimestres en contracción, según datos del Banco Central de Chile. La cifra ha sorprendido al mercado, que estimaba un crecimiento del 0,1%, luego de que el indicador mensual de actividad económica correspondiente a junio registró preliminarmente un repunte tras cinco meses de caídas consecutivas.
En su habitual informe Cuentas Nacionales, el instituto emisor señaló que el retroceso del segundo trimestre se explica por un desplome de las exportaciones –determinado por menores envíos de bienes al exterior, en particular de cobre– y también por la variación de existencias, aunque esto fue compensado por un incremento del consumo en el país. Las actividades que han tenido peor desempeño han sido la minería y la pesca.
De este modo, el primer semestre ha quedado con un registro negativo, del 0,3%. Esto ha resucitado el debate sobre si la economía chilena ha entrado en una recesión técnica debido a que, bajo la medición interanual, el país acumuló dos trimestres consecutivos en contracción. “No, no hay recesión (técnica)”, dijo Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.
El Banco Central de Chile, encabezado por Rosanna Costa, señaló, por otro lado, que en términos desestacionalizados, el PIB se mantuvo sin variación entre abril y junio respecto al trimestre anterior.
Las inversiones se estancaron en el segundo trimestre. La formación bruta de capital fijo (FBCF) no registró variación en el período, debido a la compensación entre una caída en la construcción y otras obras, y un aumento en la maquinaria y equipo. “En la primera, incidió una menor inversión en obras de ingeniería y en la segunda destacaron las mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos”, según el informe.
El estancamiento se produjo a pesar del optimismo que el Gobierno de José Antonio Kast ha pretendido transmitir a los inversionistas, particularmente a través de su megarreforma aprobada en el Congreso, a principios de agosto, que apunta a una baja gradual del 27% al 23% de los impuestos corporativos y en ofrecer invariabilidad tributaria a las grandes inversiones.
Además, la desaceleración de la economía se produce después de que Chile ha sido castigado por Estados Unidos con un arancel del 12,5% a varios de los productos exportados por el país sudamericano. Esto, aunque no incluye al cobre y al litio, se ha instalado como un motivo de preocupación para la Administración de Kast que, basado en su sintonía ideológica con Donald Trump, había apostado por Washington como uno de sus principales aliados en el comercio exterior.
El cobre, el origen de la caída
El banco central aseguró que, desde la perspectiva de origen, la contracción se explicó, en gran parte, por la actividad minera que, en concreto, experimentó una variación anual del -6,4%, el mayor descenso de los rubros que componen el PIB. Es el cuarto trimestre en el que muestra números negativos.
El retroceso en la extracción de cobre —principal producto de exportación chileno— responde a la caída en las leyes del mineral y a las labores de mantención que redujeron la producción en los principales yacimientos del país.
No obstante, el propio informe del organismo matiza que el resto de la minería sí logró crecer, apoyada en la extracción de litio, oro y plata. Según detalla el documento, en el caso del litio el resultado reflejó mayores leyes del mineral y mejoras operacionales, mientras que en el del oro incidió la puesta en marcha de una nueva faena durante el año anterior.
Daniel Mas, biministro de Economía y de Minería, dijo que los números del segundo trimestre reflejaban que han enfrentado “un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”.
La autoridad explicó que, al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero, que subió un 0,7% (impulsado por los servicios personales y el comercio), confirma que la economía chilena tiene resiliencia y capacidad para crecer. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”.
Acusaron a carabinero de llevarse $12 mil en productos sin pagar de Pronto Copec y fue dado de baja: Apeló pero Suprema rechazó
La Corte Suprema confirmó la baja inmediata de un carabinero investigado por un presunto hurto en una tienda Pronto Copec.
Un cabo primero de Carabineros fue apartado inmediatamente de la institución luego de ser denunciado por un presunto hurto ocurrido mientras estaba de servicio en una tienda Pronto Copec de Concepción. La Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso con que el funcionario buscaba dejar sin efecto la medida adoptada en su contra.
Según su versión, compró productos y pagó parte mediante una tarjeta de débito y otra parte utilizando la aplicación móvil de Copec.
Regresó al local y pagó cerca de $12.420, atribuyendo lo ocurrido a un problema de sincronización o visualización de la aplicación. Sin embargo, el hecho fue denunciado por presunto hurto falta y quedó bajo investigación.
Carabineros entregó una versión distinta. La institución afirmó que las cámaras de seguridad mostraban al funcionario retirando distintos productos y simulando escanearlos en una máquina de autoservicio, pero pagando únicamente una barra de proteína de $1.790. Después de realizada la denuncia, regresó a las 12:31 horas y canceló los $12.420 restantes.
La institución agregó que la administradora informó que dos días antes el mismo funcionario habría protagonizado un episodio similar con una bebida energética. Con estos antecedentes, la Prefectura de Carabineros de Concepción dictó una resolución exenta y dispuso su baja inmediata por conducta mala.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
El funcionario recurrió ante la Corte de Apelaciones de Concepción, alegando que su separación era prematura y que no se había determinado su responsabilidad penal ni administrativa. También sostuvo que podía perder la vivienda fiscal ocupada por su familia y que dejaría de recibir sus remuneraciones.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros Claudio Gutiérrez y Antonella Farfarello y el abogado integrante Gunther Besser, rechazó el recurso. El tribunal estableció que la baja era una medida “excepcional y transitoria, de carácter condicional”, sujeta al resultado del sumario administrativo.
La Corte precisó que, si ese procedimiento termina con una sanción distinta de la baja, el carabinero deberá ser reincorporado en su grado y podrá recibir retroactivamente las remuneraciones correspondientes. Además, consideró que la decisión no era ilegal ni arbitraria.
¿Qué decidió la Corte Suprema?
Finalmente, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó esa sentencia. La decisión fue adoptada por los ministros Jean Pierre Matus y Omar Astudillo, la ministra suplente María Carolina Catepillán y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz.
Una dictadura constitucional
¿Qué decir de un Presidente que puede, por su sola voluntad unilateral y por hasta 240 días, suspender la libertad personal de las personas e interceptar sus comunicaciones, suspender el derecho de asociación y de reunión? La palabra habitual para describir esto es “dictadura”.
El gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional de seguridad, una semana después de haberlo firmado el Presidente de la República y después de que un borrador inicial del mismo circulara informalmente. A pesar de que el proyecto presentado difiere del que circuló en algunas cuestiones especialmente objetables, lo que se ha presentado es una reforma que buscar crear una dictadura constitucional.
Antes de comentar el contenido de esa reforma propuesta, no puede dejar de notarse que sabemos positivamente que la agenda de seguridad del gobierno, en su conjunto, es una agenda improvisada. El nombramiento y la remoción de la ministra Steinert dejaron en claro que, más allá de las promesas metabólicas o hiperbólicas de la campaña, el gobierno actual asumió el poder sin un diseño pensado al respecto. Lo que ahora vemos, entonces, son las manifestaciones de un plan improvisado que busca espectáculo antes que eficacia, como lo muestra por lo demás el llamado “Plan cancerbero”.
Ahora existen señales de que el Gobierno podría echar pie atrás con este proyecto, aunque esa decisión todavía no se ha materializado. Sus partidarios han celebrado esta disposición como una demostración de su carácter democrático y de apertura al diálogo. Sin embargo, lo que realmente revela es la magnitud de los problemas que contiene la iniciativa. Por eso, pese a cualquier eventual modificación, resulta necesario revisarla, al menos para dejar registro de una pretensión inicial que apuntaba a establecer una suerte de dictadura constitucional.
La gravedad del proyecto es precisamente lo que vuelve relevante el debate sobre el “iliberalismo” del gobierno de Kast. Esta discusión permite identificar hasta qué punto algunos de quienes declaran defender la “democracia liberal” están dispuestos a aplicar ese principio de manera consistente. En efecto, quienes, después de conocer la propuesta, siguen sosteniendo que no existe “ningún atisbo de iliberalismo en el Presidente Kast”, muestran una dificultad para reconocer pulsiones autoritarias cuando estas provienen de un gobierno con el que simpatizan.
Si el proyecto busca concentrar facultades excepcionales en el Ejecutivo, surge una pregunta inevitable: ¿Estarían quienes lo impulsan dispuestos a que un Presidente políticamente distinto del actual disponga mañana de esas mismas atribuciones? La respuesta parece evidente: difícilmente aceptarían que esas herramientas quedaran en manos de un mandatario de signo contrario.
Esa contradicción obliga a plantear una última interrogante: si quienes promueven estas facultades confían en que nunca serán utilizadas por un gobierno adverso, ¿Sobre qué base construyen esa certeza? Y, sobre todo, ¿Qué razones tienen para creer que el futuro político de Chile permanecerá alineado con sus propias convicciones?
Le dejo al lector la respuesta a esta pregunta. Ahora lo que me interesa es comentar parte del contenido de la propuesta de reforma constitucional, para mostrar cómo ella buscar crear una dictadura constitucional.
Las modificaciones al artículo 1: una redundancia para tapar un gaffe
Aquí la reforma es enteramente redundante. El gobierno propone modificar el texto actual, que dispone que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”, de modo que ahora disponga “resguardar la seguridad nacional y la seguridad pública, dar protección a la población y a la familia”. Entre la seguridad nacional y la protección a la población está evidentemente ya incluida la idea de seguridad pública.
Quizás esta reforma está incluida para ocultar el evidente desconocimiento del texto constitucional que el Presidente mostró cuando anunció su agenda de seguridad, en que sostuvo que “por primera vez el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación”.
Como el inciso 5 del artículo 1 ya dispone que es deber del Estado “proteger a la población”, esta afirmación presidencial fue… enojosa. Y como eliminar toda reforma al inciso 5 sería una manera de reconocer esta gaffe, es razonable pensar que la redundancia que se sugiere tiene la sola finalidad de evitar este reconocimiento.
2. Régimen especial para condenados por crimen organizado y terrorismo
Parte del contenido del nuevo artículo 9bis propuesto es redundante y entonces enteramente innecesario. Es claro que no se necesita una reforma constitucional para que la ley, al crear un delito o modificar uno existente, le atribuya a la realización de los hechos respectivos una sanción penal. La sanción penal es por definición una afectación de derechos. Salvo casos específicos en que el texto constitucional prohíbe o limita determinadas sanciones (como la pena de muerte en el artículo 19 número 1, o la pérdida de derechos previsionales en el artículo 19 número 7h), en principio la ley puede restringir derechos como sanción penal, sujeta a un estándar común de proporcionalidad. Que el texto constitucional disponga, como quiere el gobierno, que la ley (de quórum calificado) “determinará las penas y medidas especiales” para resguardar la seguridad pública es de nuevo redundante. Lo mismo debe decirse respecto de la autorización a la ley para fijar regímenes penitenciarios diferenciados.
Lo que realmente importa en este nuevo artículo 9bis que pretende crearse es la inhabilidad de “los condenados por delitos referidos a crimen organizado y conductas terroristas” para acceder a “prestaciones financiadas con recursos públicos”, respecto de los derechos de protección de la salud (artículo 19 número 9), educación (número 10), la libertad de trabajo (número 16) y la seguridad social (número 18).
Que la ley puede restringir derechos como sanción penal, como ya está dicho, es obvio. Entonces, si esta inhabilidad que la ley puede crear es en realidad parte del contenido de la sanción penal de esos hechos, no es necesaria una regla constitucional que lo autorice. Pero la propia propuesta se refiere a una inhabilidad que dura quince años adicionales al cumplimiento de la condena que les hubiere sido impuesta a los afectados. Es decir, en la lógica del proyecto se trata de una inhabilidad adicional a la condena penal recibida. Esta inhabilidad solo puede ser entendida como una pena penal adicional a la contenida en la ley.
Ahora bien, fijar constitucionalmente penas penales es algo que repugna al constitucionalismo, y en la tradición constitucional chilena recuerda el infame artículo 8 del texto constitucional original de 1980, que hacía precisamente eso. Entonces, corresponde preguntarse por qué el gobierno cree necesario crear constitucionalmente esta pena penal adicional de suspensión de prestaciones sociales.
La respuesta es relativamente clara. El gobierno sabe que esa pena es incompatible con los derechos fundamentales, y busca fijarla en el texto constitucional con la finalidad de dejarla a salvo de impugnaciones de constitucionalidad. De hecho, la versión de esta reforma que circuló informalmente incluía precisamente una declaración constitucional de que las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en este artículo no podrían ser consideradas discriminatorias. Aunque esta declaración fue eliminada del proyecto presentado, por la grosería constitucional que significaba, ella muestra el sentido de la regla todavía propuesta.
Hay también una reflexión que hacer acerca de la intensidad con la que el gobierno ha empujado la idea de que lo que ahora llama “prestaciones financiadas con recursos públicos” han de perderse como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de otro modo objetable (“incivilidades”). Aquí lo que hay es algo que no se refiere a las incivilidades, conductas terroristas o crimen organizado (hay cierta ironía en esa enumeración), sino a los derechos sociales. Lo que el gobierno quiere fijar en la ley y en la constitución es la idea de que no hay derechos sociales, hay beneficios sociales, que imponen a quien los recibe un deber de gratitud cuya infracción sería el fundamento de estas inhabilidades.
3. El registro de organizaciones criminales
El proyecto propone crear “registros de organizaciones criminales”. Esto registros parecen ser de alguna importancia, porque se propone una cuidadosa regulación constitucional de su confección: el Presidente declara la inclusión en él de una organización, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, y esa propuesta presidencial debe ser ratificada por el Senado por dos tercios de sus miembros en ejercicio. Pero a pesar de esta aparente importancia, el proyecto no dice nada de las consecuencias del registro, salvo una frase ininteligible: que la inclusión en el registro “producirá efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes”. Afirmar que la inclusión en el registro producirá efectos en la responsabilidad penal de alguien sin especificar qué efectos y cómo los producirá parece enteramente vacío.
Es decir, lo que se pretende es autorización constitucional para la creación de un registro cuyos términos y consecuencias no están siquiera genéricamente sugeridas. Es un cheque en blanco constitucional. El hecho de que la decisión sea del presidente de la república con acuerdo del Senado, por otro lado, muestra el sentido político, no judicial de este registro.
4. Un nuevo estado de excepción
El proyecto también propone crear un nuevo estado de excepción constitucional, “de seguridad pública”. Esta es la reforma más significativa propuesta e implica la constitucionalización de la dictadura.
Este estado de excepción podría, conforme a lo propuesto, ser declarado unilateralmente por el Presidente de la República y podrá extenderse hasta por 120 días prorrogables por otros 120, solo después de lo cual, y para “sucesivas prórrogas”, será necesaria la aprobación del Congreso. Es decir, se trata de un estado de excepción que no requiere nada más que la sola voluntad del Presidente para regir por hasta 240 días.
En la regulación actualmente vigente de estados de excepción la necesidad de que un estado de excepción comience a regir antes de que el Congreso pueda pronunciarse es reconocida, pero la comparación con lo que se propone muestra la enormidad propuesta.
Conforme al artículo 40 vigente, el estado de asamblea y el estado de sitio han de ser declarados por el presidente de la república, con acuerdo del Congreso. El acuerdo del Congreso, sin embargo, puede tomar tiempo, y entonces el texto constitucional vigente dispone que el Congreso tiene un plazo de cinco días para pronunciarse, y que el Presidente puede aplicar el estado de excepción en cuestión inmediatamente, a la espera del pronunciamiento del Congreso. Sin embargo, mientras el Congreso no se ha pronunciado, el estado de excepción solo permite restringir el derecho de reunión.
En el caso del estado de emergencia, el presidente puede declararlo unilateralmente hasta por 15 días, prorrogables por igual término, y para sucesivas prórrogas requiere el acuerdo del Congreso. Sin embargo, el estado de emergencia solo justifica restringir (no “suspender”) el derecho de reunión y la libertad de locomoción.
Nótese: cuando es en virtud de la sola voluntad del presidente, el estado de sitio o de excepción solo puede regir por cinco días, y solo puede afectar la libertad de reunión; el estado de emergencia, por su parte, puede regir hasta por 30 días, afectando solo el derecho de reunión y la libertad de locomoción.
A diferencia de todo lo anterior, la propuesta pretende crear un estado de excepción que puede regir por hasta 240 días con la sola voluntad del Presidente, y durante ese estado de excepción el presidente podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, el derecho de asociación, disponer requisiciones de bienes y abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones.
El mensaje busca bajar el perfil a esta extraordinaria amplitud del estado de excepción propuesto, destacando que “solo podrán afectarse los derechos fundamentales expresamente indicados”, como si esto fuera algo digno de ser notado, y no una característica de la esencia de la regulación constitucional del estado de excepción. Y el mensaje no cree oportuno notar que esos “derechos fundamentales expresamente indicados”, que pueden ser no solo restringidos sino además suspendidos, forman un conjunto más amplio que el referido actualmente para el estado de sitio, y solo comparables al estado de asamblea, que es consecuencia de una guerra externa (y en ambos casos con aprobación del Congreso Nacional).
Por consiguiente la cuestión es: ¿Qué decir de un Presidente que puede, por su sola voluntad unilateral y por hasta 240 días, suspender la libertad personal de las personas e interceptar sus comunicaciones, suspender el derecho de asociación y de reunión? La palabra habitual para describir esto es “dictadura”. Las facultades que el gobierno busca para sí solo son comparables con las facultades que la disposición 24 transitoria del texto original de la Constitución de 1980 (probablemente la más vergonzosa de la tradición constitucional chilena) daban a Pinochet.
Abogado, profesor de Derecho de la U. de Chile, exconvencional constituyente.
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