El proyecto que regula los contratos por una cantidad determinada de horas reactivará su discusión este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, luego de que el Ejecutivo ingresara urgencia simple para acelerar la tramitación de una iniciativa que apunta a mayor adaptabilidad laboral.
A poco más de 100 días de llegar a La Moneda, el Presidente Kast encabezó esta semana su quinto consejo de gabinete con una prioridad clara sobre la mesa: la reactivación del empleo.
La preocupación no es menor. Las últimas cifras mantienen en alerta al Ejecutivo, luego de que la tasa de desocupación llegara a 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, su nivel más alto desde mediados de 2021.
En ese contexto, el Mandatario llamó a reforzar la coordinación entre ministerios a través de la mesa interministerial por el empleo, instancia que comenzó a operar la semana pasada y que reúne a las carteras de Economía, Trabajo, Mujer y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). El objetivo es generar 50 mil nuevos puestos de trabajo antes de octubre.
A lo anterior, se suma la agenda laboral del Gobierno cuyos ejes programáticos fueron delineados durante la campaña presidencial bajo el objetivo de una “transformación profunda del sistema laboral”. El foco está puesto en aumentar la adaptabilidad del mercado del trabajo, con medidas que apuntan a instaurar un sistema de indemnización a todo evento y a flexibilizar las relaciones laborales mediante nuevas modalidades de contratación, entre otros temas.
Precisamente, la iniciativa que regula los contratos de trabajo por una cantidad determinada de horas reactivará su discusión este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, iniciativa que duerme hace ocho años en el Congreso y a la que el Ejecutivo ingresó urgencia simple para su discusión.
Contratos de trabajo por horas
De acuerdo al contenido del proyecto, este permite la celebración de un contrato para la prestación de servicios por una cantidad de horas acordadas, las que no podrán exceder de treinta horas semanales o 120 mensuales. El texto también indica que las partes podrían pactar libremente la anticipación y los medios del aviso para concurrir al trabajo, con la restricción de que no pueda ser inferior a 24 horas.
Otra de las especificaciones es que el contrato podrá ser a plazo indefinido, plazo fijo o bien en el marco de una obra o faena determinada. La propuesta también regula el pago por hora, donde las partes podrían acordar que la remuneración por cada hora trabajada sea superior al doble del valor hora correspondiente al ingreso mínimo mensual.
Además, la iniciativa incorpora resguardos para evitar un uso abusivo de la modalidad, donde si el empleador no cumple con las condiciones pactadas se presumirá que el contrato fue celebrado por jornada completa.
“Básicamente la idea es reconocer que existen actividades donde a veces la demanda fluctúa y hay relaciones laborales que a veces con las posibilidades actuales tienden a ser informales, entonces esto de alguna manera le da una institucionalidad”, dijo en el Congreso el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Para el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, la agenda del gobierno se trata de un “contrarreforma laboral”, lo que -a su juicio- es atentatorio contra los derechos de los trabajadores.
“Aquí definitivamente se sepulta la jornada de trabajo, porque va a ser un contrato por hora en donde el precio de la hora lo pone el empleador. Se atenta contra la negociación colectiva, que en muchos casos está dada. Existiría libre albedrío en el mercado del trabajo, generando distorsiones en el valor del trabajo y, al mismo tiempo, en la seguridad social, que es la que protege a los trabajadores”, señaló a El Mostrador.
Por su parte, desde el oficialismo valoran el impulso del Ejecutivo que, sostienen, permitiría mayor flexibilidad para grupos específicos como jóvenes y mujeres, además de la implementación de una legislación laboral moderna que facilitaría la creación de empleo ante la crisis en el mercado del trabajo.
En la vereda contraria, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advierte que el proyecto “vuelve a instalar una discusión que para las y los trabajadores significa más precariedad y menos protección laboral”. En esa línea, el presidente de la entidad, José Manuel Díaz, señaló que la relación laboral es “la principal garantía para el ejercicio de los derechos laborales, por eso, cuando se fragmenta la jornada y se flexibiliza la contratación, también se debilitan las protecciones asociadas al empleo formal”.
“La contratación por horas puede presentarse como una herramienta de adaptabilidad, pero en la práctica genera incertidumbre respecto de cuánto se trabajará y cuánto se recibirá a fin de mes. Esa inestabilidad no solo afecta a quien trabaja, sino también a las familias, porque dificulta proyectar el futuro. Chile necesita empleos que permitan desarrollar trayectorias laborales, que entreguen calidad de vida y que contribuyan al buen vivir de las familias trabajadoras” agregó.
Consultado por El Mostrador, Díaz sostuvo que hasta ahora gran parte de las propuestas que se han puesto sobre la mesa apuntan a flexibilizar derechos conquistados y a trasladar los riesgos del mercado a las y los trabajadores. “El desafío del país es crear más y mejores empleos, fortaleciendo el trabajo decente, la seguridad económica y la protección social. El desarrollo no puede sustentarse en la precarización del trabajo”, añadió.
Indemnización a todo evento: un debate complejo
En la reciente 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra (Suiza), el ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó los objetivos más inmediatos del gobierno en el marco de la agenda laboral.
“Estamos impulsando un crédito tributario del empleo, para ayudar a las empresas a retener y contratar nuevos trabajadores. Y medidas en favor de la adaptabilidad laboral que ofrezcan más opciones a los trabajadores y trabajadoras para conciliar vía familiar y trabajo, y más herramientas a los empleadores para compatibilizar turnos con variabilidad de la actividad económica y productiva”, dijo.
A lo anterior, se suman las indicaciones al proyecto de sala cuna universal y modificaciones para una eventual flexibilización en la aplicación de la Ley de 40 Horas, incorporando mecanismos para medir el promedio anual.
Otro de los compromisos de campaña que podría generar un complejo debate legislativo es la idea de avanzar en cambios al sistema de indemnización laboral por años de servicio. Desde el Ejecutivo confirmaron estar trabajando en los primeros lineamientos de la propuesta, que apostaría por un nuevo sistema de indemnización “a todo evento” al finalizar la relación laboral, y no solo el despido por necesidad de la empresa.
El ministro del Trabajo, explicó que entre las fórmulas estudiadas está la posibilidad de que los empleadores aporten una cotización adicional para el Seguro de Cesantía, con el fin de que al finalizar la relación laboral el trabajador cobre esos fondos vía dicho seguro. “El empleador tiene que poner una cotización, en su momento la calculas al 1,8%, que sumando a lo que contribuye actualmente el empleador al Seguro de Cesantía, hace una indemnización a todo evento”, la cual se podría cobrar incluso ante una renuncia voluntaria, explicó en conversación con Emol.
El secretario de Estado anticipó que no será una discusión fácil, pero que cualquier cambio debe mirar la alta rotación laboral en Chile y los vínculos de corta duración.
Desde la CUT observan la propuesta con cautela, considerando que la indemnización por años de servicio es un derecho adquirido y una protección frente a la pérdida del empleo, con el objeto de “entregar un resguardo económico después de años de contribución a una empresa”.
“Existe el riesgo de que, bajo el argumento de la flexibilidad, se termine debilitando una protección que hoy entrega seguridad frente a la incertidumbre laboral. En un contexto donde muchas familias ya enfrentan dificultades económicas, avanzar en mecanismos que faciliten la desvinculación puede aumentar aún más la sensación de inseguridad”, advirtió José Manuel Díaz.
En ese sentido, el presidente de la Central indicó que la discusión debe garantizar que ningún trabajador vea reducidos sus derechos, donde la indemnización es “un concepto base en el desarrollo de la sociedad, en el que hemos participado trabajadores, empresarios y gobierno desde los acuerdos”.
Para el académico de la Facultad de Derecho UDP, Jorge Arredondo, el actual sistema de terminación del contrato de trabajo solo establece un supuesto en el cual es procedente la indemnización legal por años de servicio, en el caso de despido por necesidades de la empresa o desahucio. Lo que -a su juicio- eventualmente puede generar un sentido perverso a establecer poca movilidad funcional.
“Pasar a un sistema de indemnización a todo evento en que sea financiada mes a mes, me parece también una buena idea dado que actualmente nuestro sistema de causa de terminación del contrato es un sistema rígido. Creo que se hace necesario analizar no solamente el tema de la indemnización por años de servicio, sino que las causas de terminación de nuestro contrato de trabajo para, por una parte, lograr la estabilidad, pero también la flexibilidad necesaria para poder ajustar puestos de trabajo cuando el perfil no es el real”, agregó.
El experto en derecho laboral también señaló que considerando “las altas tasas de cesantía -similares a las del fenómeno de la pandemia en junio del 2020- todas las medidas que tiendan a generar una mayor movilidad del mercado del trabajo, dar más oportunidades y reducir eventualmente la cesantía, deben ser miradas con buenos ojos”.
“Nuestro sistema laboral es un sistema rígido en cuanto a jornada. Creo que con esto no se vulneran derechos de los trabajadores, sino que más bien se intenta establecer modalidades y opciones que se adecuen a la nueva realidad del trabajo”, añadió en referencia al proyecto que busca establecer contratos por horas y al estudio de la iniciativa de indemnización a todo evento.
