El anuncio del titular de Hacienda gatilló la reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes calificaron la señal como “contradictoria”, debido a que el pasado 20 de mayo ya había sido conformada una mesa de trabajo formal entre la ANEF y el gobierno.
El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de convocar esta semana a una comisión transversal para revisar el estatuto administrativo reabrió uno de los debates pendientes sobre la modernización del Estado: cómo se regulan las relaciones laborales de quienes trabajan en la administración pública y si las actuales normas son compatibles con las necesidades de un aparato estatal más flexible y eficiente.
Tras el despacho de la Ley Miscelánea, el secretario de Estado instaló una nueva ofensiva para reordenar el aparato público, frente a la cual la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ya exigió claridad respecto a quién será su contraparte en la conversaciones.
“Ha cambiado el mundo, las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno. (…) La comisión tendrá que determinar las cosas que hay que cambiar, pero efectivamente hay muchos temas de rigideces. Queremos que el Estado sirva mejor a la ciudadanía”, sostuvo, evitando adelantar modificaciones concretas.
Los cambios que están en la mira
El Estatuto Administrativo corresponde a la Ley N°18.834, promulgada el 15 de septiembre de 1989. Entre sus materias se encuentran el ingreso a la administración, las plantas y empleos a contrata, la carrera funcionaria, las remuneraciones y evaluaciones de desempeño, la responsabilidad administrativa, las causales de cesación de funciones, entre otros temas.
La discusión sobre la necesidad de modernizar el estatuto no es nueva, durante las dos administraciones anteriores se iniciaron procesos que finalmente no prosperaron. Por lo mismo, entre los expertos existe una alta expectativa respecto al trabajo que iniciará la comisión revisora anunciada por Hacienda.
Los principales nudos de una eventual modernización apuntan a poner fin a la dualidad entre planta y contrata, y establecer un régimen único de contratación; la urgencia de un mecanismo de evaluación de desempeño exigente; o eliminar la rigidez en los procesos de remoción y contratación del Estado. Además de una carrera funcionaria basada en el mérito, reduciendo espacios para decisiones discrecionales.
A juicio del director de la Escuela de Administración Pública UDP, Rodrigo Espinoza, como la mirada de la comisión técnica “va a estar puesta más bien en la salud fiscal de los recursos del Estado, uno de los principales tópicos que se va a tocar es la situación del empleo a contrata y la situación del personal de planta. En términos del personal de planta, probablemente lo que se quiere explorar es el mecanismo de las evaluaciones de desempeño”.
“También es importante pensar sobre lo expedito que pueden llegar a ser los sumarios administrativos, principalmente por falta a la probidad, sobre todo a raíz del escándalo de las licencias médicas que mostró que la tasa de cierre de sumarios ha sido bastante baja. Por otro lado, la visión del gobierno me parece que apunta particularmente a lo que tiene que ver con buscar mejores salidas para el despido de funcionarios”, agregó Espinoza.
En el caso de los funcionarios a contrata, el académico además destacó la necesidad de poner límites claros con el propósito de cerrar el asunto vinculado a la confianza legítima. “Probablemente van a ser los aspectos más importantes, pero habrá que ver quiénes componen la comisión y cuáles van a ser las prioridades desde el Ejecutivo”, añadió.
Para el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Enrique Rajevic, el punto central del debate es reestablecer la coherencia del modelo, destruido -a su juicio- especialmente por el crecimiento de la contrata y el uso de falsos honorarios, al punto de que el personal de carrera se acerca al 23% del empleo total en el gobierno central, y la contrata al 55%.
“Esta última categoría, que en teoría no superaría el 20% de las plantas y sería transitoria, se ha transformado en el componente central del empleo público. Como no se ha modernizado la normativa, la jurisprudencia ha empezado a modelar el sistema de desvinculación de la contrata con varios giros que provocan incertidumbre, tanto en los plazos como en las razones que la permiten”, explicó.
Consultado por El Mostrador, el abogado enfatizó en que “es urgente una clarificación legislativa para saber a qué atenerse y para resguardar la profesionalización del empleo público, reconociendo un conjunto acotado de cargos de exclusiva confianza”.
Asimismo, Rajevic agregó que “debieran revisarse los sistemas de calificaciones, que actualmente no aportan valor a la gestión pública, los procedimientos disciplinarios, lentos e ineficaces. Además del reconocimiento y regulación de los derechos colectivos de los funcionarios públicos, de una manera acorde a las mejores prácticas comparadas y que evite el divorcio entre la legislación que los niega y la realidad que evidencia su existencia”.
“Es central asumir al empleo público como un tema de Estado. Para eso es esencial construir consensos amplios, y una comisión asesora de carácter técnico puede contribuir a generarlos y construir opciones que luego deberán testearse políticamente. Por supuesto, con la participación de las asociaciones que representan a funcionarios públicos, para considerar sus propuestas en un proceso de diálogo social. No hacerlo empobrecería los diagnósticos y comprometería el éxito de cualquier reforma”, advirtió Rajevic.
ANEF advierte contradicciones en el gobierno
El anuncio del ministro Quiroz gatilló la reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes calificaron la señal como “contradictoria”, debido a que el pasado 20 de mayo ya había sido conformada una mesa de trabajo formal entre la ANEF y representantes del gobierno. Entre ellos el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá.
“No basta solamente un equipo de técnicos eruditos, que uno los pueda respetar, sino es importante la voz de quienes ejecutamos la función pública, que sigue siendo estratégico para la ciudadanía. Queremos que se respete ese diálogo permanente con los gobiernos de turno, en particular con este gobierno porque ya tenemos una mesa de trabajo formal e institucional en áreas tan sensibles como es modernizar nuestro Estatuto Público”, señaló el presidente de la ANEF, José Pérez.
En esa línea, Pérez agregó que desde la agrupación esperan conocer a quienes conformarán la comisión mandatada por Hacienda, así como su amplitud y grado de resolución.
“Nosotros hemos dicho que tenemos toda la disposición cuando se aborde esta materia u otras que tenemos también acordadas en la mesa sectorial entre la ANEF y el gobierno, que fue mandada por el Presidente José Antonio Kast. Entonces, sería bueno que el ministro recogiera el mandato de su jefe, que es el Presidente de la República”, añadió.
Asimismo, el líder gremial reiteró que todo cambio tiene que realizarse con la participación de las organizaciones sindicales y señaló que en la reunión de la mesa sectorial del pasado 6 de julio también abordaron otras coyunturas y prioridades que atraviesan al sector público como los “sistemas de turno en los servicios de reinserción social y mejor niñez, el tema del incentivo al retiro. (…) También lo que significa la aplicación de la Ley Karin”, entre otros temas.
