29 abril 2026

Crisis en Salud: despidos, recortes y licencias falsas.

 


“Es insólito”: Cómo fue el vuelco en el Hospital de San Antonio que terminó con la ratificación de Jeanette Vega y la renuncia de nueve especialistas


En un nuevo capítulo especial del podcast Radar CIPER, la periodista Mónica González entrevista a Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, sobre la petición de renuncia de la directora del Hospital de San Antonio, los recortes de presupuesto en salud y el caso licencias médicas.

La exministra fue confirmada como subdirectora médica pese a los cuestionamientos de sectores del oficialismo, en una jornada marcada por la salida de la directora y la renuncia de médicos clave del hospital, como el único urólogo de la provincia.

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio ha estado en medio de la polémica luego de que la semana pasada la exministra de Desarrollo Social de Boric, Jeanette Vega, fuera nombrada como subdirectora médica del recinto médico.

En sectores republicanos del oficialismo salieron a pedir la renuncia de la exministra -que además fue directora de Fonasa y Subsecretaria de Salud Pública- al igual que la de la directora del recinto, sin embargo finalmente hubo un vuelco en el caso.

Si bien el jueves el Ministerio de Salud tenía toda una estrategia definida para remover a Vega de su cargo, la cual consistía en solicitar la renuncia de la directora del hospital, Loreto Maturana, y que luego quien quedara como subrogante fuera quien la despidiera, aquello no ocurrió.

La presión de los médicos en el lugar fue más fuerte. Y es que una veintena de profesionales redactaron una carta informando de su eventual renuncia en caso de que se concretara aquello, y a quienes se les pidió asumir la subrogancia del hospital se negaron, mostrando su apoyo a Maturana y la decisión que se había tomado.

Sin embargo, la renuncia a Maturana no se pudo revertir, puesto que ya se había pedido el jueves, por lo que hoy su salida del hospital se concretó, y el Servicio de Salud debió traer a un nuevo director subrogante, el doctor Christian Smith Gaete.

Pero contra todo pronóstico la doctora Vega fue ratificada en su cargo como subdirectora médica del hospital.

Uno de los factores que habría influido en que el nivel central no lograra destituir a Vega, comentan desde el Minsal, es que como el hospital es autogestionado, su cargo no depende de ellos y finalmente su estadía dependerá de quien asumió la subrogancia, cargo que fue complejo de encontrar considerando la presión del personal médico.

Nueve renuncias: el remezón que generó la polémica en el hospital de San Antonio

Así, al menos hasta ahora, Vega seguiría en sus funciones. Aunque la polémica no queda ahí.

De la veintena de médicos que firmaron una carta inicialmente asegurando que renunciarían, al menos nueve se han concretado, y ya ingresaron la documentación oficial a la oficina de partes del hospital, aunque desde el recinto esperan que con las horas podrían sumarse más.

Además, todos son especialistas en el hospital, lo que le genera un problema a la administración y a las personas que se atienden en el recinto, sobre todo considerando que en total los especialistas apenas son 89. Es decir, el 10% de los médicos especialistas renunciaron a raíz de la polémica.

Aquello no solo es complejo considerando que la falta de especialistas es una realidad que complica a gran parte del país, sino que también San Antonio es una ciudad donde no abundan.

Por ejemplo, entre las renuncias se encontraba el único urólogo de la provincia, comentan en el hospital. Así también renunció la jefa de pediatría, un intensivista y cirujanos infantiles y adultos.

“Es insólito”: La reunión en que se ratificó a Vega en su cargo

Christian Smith arribó este lunes al hospital junto al director del Servicio de Salud, Juan Patricio Castro, donde se reunió junto a la -hasta hoy- directora Maturana y un grupo de médicos en el directorio, cita en la cual notificó a la doctora de su salida de la dirección.

Pero en aquella reunión si bien no se revirtió la decisión sobre la salida de Maturana, que era lo que muchos anhelaban, sí hubo un vuelco.

Y es que en un minuto de la reunión el director del servicio solicitó que la doctora Vega integrara la reunión, donde le consulta por el estado del hospital y el balance de lo que está sucediendo, tras lo cual la exministra le informa que había varios médicos renunciando, pero que se sigue funcionando con cierta normalidad.

Tras ello, contra todo pronóstico y pese a las decenas de críticas que generó su nombramiento, Castro le informó a Vega que la ratificaría en su cargo de subdirectora médica.

La reacción de sorpresa de la exministra fue inmediata. “Es insólito”, le dijo Vega a Castro, según mencionaron los presentes en la reunión a The Clinic.

La exministra, en esa línea, habría criticado la falta de transparencia con la que sucedió la polémica y la salida de la doctora Maturana de su cargo, que finalmente sería la única que pagó los costos de la polémica pese a haber sido electa por Alta Dirección Pública y haber tenido una alta evaluación de su desempeño.

“No se entiende lo que hizo (Castro)”, comenta un médico del recinto.

Hacienda recomendó recortar al menos 15% de la Pensión Garantizada Universal, Gratuidad, Bono Invierno y Asignación Familiar

 

El Ministerio de Hacienda no sólo recomendó descontinuar 142 programas sociales como el de Alimentación Escolar o el plan Contra el Crimen Organizado. También propuso reducir en al menos un 15% el presupuesto de otros 260 planes sociales, incluyendo iniciativas como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el gasto en el transporte público metropolitano, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles y el Bono Invierno; entre otros. En campaña, el Presidente José Antonio Kast afirmó: “Nosotros no vamos a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. Los recortes presupuestarios recomendados por Hacienda, algunos de los cuales requerirán leyes, suponen una reducción de $2,8 billones.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.


En el oficio difundido el viernes 24 de abril pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sugirió a diversos ministerios sectoriales que para el presupuesto de 2027 reduzcan al menos un 15% del dinero que se aplica a 260 planes sociales. En estos se incluyen programas como la Pensión Garantizada Universal, el gasto en el transporte público metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, la inversiones en Jardines Infantiles, el Bono Invierno y el Subsidio Habitacional DS1, entre otros.  

Estas rebajas presupuestarias se suman a la propuesta de “descontinuar” otros 142 programas, como el de Alimentación Escolar, lo que generó una amplia reacción de rechazo, incluso de dirigentes de partidos de gobierno. Tras la controversia que provocó esta sugerencia, desde la Dirección de Presupuesto corrigieron el término ocupado -“descontinuar”- para señalar que solo se trataba de una reformulación. 

Al revisar la lista completa de las propuestas de Hacienda, se constata que además hay otros 260 programas que, si bien no se sugiere eliminar, se plantea rebajar. Uno de esos es el de las pensiones o PGU, cuyo presupuesto a reducir es el más oneroso de todo el listado. La iniciativa de Hacienda de proponer un recorte surge a pesar de que el Presidente José Antonio Kast afirmó en octubre pasado, durante su campaña presidencial, que, de ser electo, su gobierno no iba “a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. En la red social X, el mandatario agregó que los US$ 6 mil millones que anunció se iban a rebajar en su gobierno, no afectarían “beneficios sociales como la PGU”, escribió. Arturo Squella, en tanto, presidente del Partido Republicano, aseguró en esa discusión que la PGU no se iba tocar: “No se va a tocar y solo van a crecer los beneficios económicos, particularmente para las personas más pobres”, fue lo que dijo el dirigente Republicano. 

En los documentos revisados por CIPER, Hacienda recomendó al Ministerio del Trabajo reducir en más de $1,7 billones un total de 17 beneficios que administra el Instituto de Previsión Social (IPS), algunos de ellos establecidos por ley y que favorecen a más de tres millones de personas. En detalle, este listado de reducciones propuesto al IPS, incluye lo siguiente (vea el documento)

  • Pensión Garantizada Universal. 
  • Pensiones del Sistema de Reparto. 
  • Subsidio Familiar (SUF). 
  • Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
  • Aporte Previsional Solidario de Vejez. 
  • Bono Invierno. 
  • Aporte Previsional Solidario de Invalidez. 
  • Leyes Reparatorias de Derechos Humanos. 
  • Aporte Familiar Permanente. 
  • Bono por Hijo. 
  • Bono de Reconocimiento. 
  • Subsidio de Discapacidad (ex Subsidio de Discapacidad Mental). 
  • Asignación por Muerte. 
  • Asignación Familiar y Maternal. 
  • Desahucio e Indemnizaciones. 
  • Bono Bodas de Oro. 
  • Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes.

Estas rebajas no sólo afectan al Ministerio del Trabajo. De hecho, los recortes planteados ascienden a $2,8 billones, si se consideran todos los programas que Hacienda aconsejó reducir a los 22 ministerios del país.

En términos de gasto público, los principales programas cuyo financiamiento el gobierno busca disminuir son la ya mencionada PGU, al que le siguen las Pensiones del Sistema de Reparto, la inversión en Transporte Público Metropolitano y el Crédito con Aval del Estado. 

A ellos, se suman los montos asignados a Leyes Reparatorias de Derechos Humanos, Aporte Familiar Permanente, Bono por Hijo, Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Refuerzo Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria, Bono de Reconocimiento, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio de Discapacidad (ex Subsidio de Discapacidad Mental).

Quiroz envió estas instrucciones en un documento remitido la semana pasada a todas las secretarías de Estado, en el que subrayó que las rebajas recomendadas que finalmente se ejecuten serán permanentes y hasta 2031, como parte de un nuevo “paradigma” de la gestión pública. “Proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual”, ordenó el jefe de las finanzas públicas en el oficio 16, cuya fecha de despacho a las distintas reparticiones fue el 21 de abril.

CIERRES Y REFORMULACIONES

Según cifras oficiales, el impacto de toda la propuesta del oficio difundido por Hacienda, afectará a más de 15 millones de chilenos que perderán o verán reducidos sus beneficios sociales en una o más de las siguientes áreas: Educación, Salud, Cultura, pensiones y Vivienda, desde 2027. Esto, si el gobierno aplica estas medidas, tal como se señala en el oficio y se ha dicho en las distintas explicaciones al respecto.

El oficio alude en total a 402 programas sociales, de los cuales 142 son los que inicialmente la cartera de Quiroz planteó descontinuar, pero que luego el gobierno precisó que se iban a reformular, sin descartar su cierre. 

Aparte del programa de Alimentación Escolar, algunos de los programas más importantes que la autoridad busca cerrar o reformular son el Transporte Público Regional, las Becas de Postgrado en Chile, el Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria, la Atención Odontológica Integral, la Atención en salud para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos y los Cuidados Paliativos Universales, entre otros.

La propuesta también planteó cerrar o reformular el Programa DIR APS Alcohol, Tabaco y otras Drogas, el que busca resolver el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y drogas en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, dando cobertura a 2,5 millones de personas, según registros oficiales.

Todos estos programas suman $5,4 billones, cifra que equivale a US$6.000 millones, monto que es el mismo que el Presidente Kast prometió en su campaña que recortaría del gasto público, negando que esa disminución afecte el gasto social. Los sectores más tocados por estos cierres y reformulaciones del presupuesto son personas jóvenes o con problemas de salud, además de quienes viven en regiones y usan transporte público. 

Marta Lagos: Kast no está gobernando para la gente y puede abrir la puerta al populismo

 


Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro y Mori Chile, analiza la crisis política que abrió el oficio de Hacienda sobre programas que podrían ser recortados o reformulados, y plantea que el problema de fondo no es solo comunicacional, sino político e ideológico. A su juicio, el gobierno de José Antonio Kast está mostrando con mayor nitidez una agenda orientada a achicar el Estado y a revertir avances en seguridad social y nivelación de oportunidades.


En conversación con Al Pan Pan, Lagos sostiene que el Ejecutivo llegó con una imagen más moderada de la que hoy refleja en el ejercicio del poder, y advierte que el goteo de anuncios, rectificaciones y recortes proyecta una ofensiva que afecta directamente a sectores sensibles de la ciudadanía. También cuestiona la narrativa del gobierno, el protagonismo del ministro Jorge Quirós, la falta de vocería efectiva y el rol del segundo piso, especialmente de Cristián Valenzuela, en una estrategia que a su juicio instala percepciones y “verdades falsas”.
00:00 Inicio
00:14 Presentación de Marta Lagos
00:27 El efecto político del oficio de Hacienda y los recortes
00:56 “Animal feroz con piel de oveja”: la definición de Lagos sobre Kast
03:01 Achicar el Estado y atacar la seguridad social
05:52 ¿Es solo un error de lenguaje o algo más profundo?
09:46 Seguridad, economía y lectura equivocada de la opinión pública
13:33 El gobierno, la aprobación y el costo de gobernar sin respaldo social
16:43 Por qué la seguridad puede dejar de ser el tema dominante
19:35 Parlamento, opinión pública y límites para sacar reformas
22:15 El rol de Quirós, Valenzuela y la falta de conducción política
28:56 ¿Puede Kast recuperar apoyo o ya entró en una pendiente difícil?
32:44 Populismo, democracia y frustración social
36:40 Cierre


Condenan a exintendente de Atacama, Francisco Sánchez, por estafa reiterada contra minera Atacama Kozan

 



Sánchez se desempeñó como intendente de la Región de Atacama entre el 11 de julio de 2018 y el 20 de febrero de 2019, durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.

El Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó condenó al exintendente de Atacama, Francisco Sánchez, por el delito de estafa reiterada en perjuicio de la empresa minera Atacama Kozan.

El fallo se produce luego de siete años de investigación y un juicio oral que se extendió por cerca de dos meses, en uno de los casos judiciales más prolongados vinculados al sector minero en la región.

Si bien el tribunal ya emitió el veredicto condenatorio, la lectura de sentencia quedó fijada para el viernes 15 de mayo, instancia en la que se determinarán las penas aplicables.

Origen del caso: querella por desvío de fondos

Los hechos se remontan a 2019, cuando Atacama Kozan presentó una querella por estafa reiterada, apuntando a presuntos desvíos de fondos ocurridos mientras Sánchez se desempeñaba como subgerente de la compañía hasta 2018.

La causa tuvo un avance irregular, con etapas de archivo y reapertura, hasta finalmente llegar a juicio oral gracias a la insistencia de la parte querellante.

Según el abogado de la empresa, Mauricio Daza, el perjuicio económico ascendería a $218 millones, cifra que posiciona el caso como uno de alto impacto en el ámbito de delitos económicos en la industria minera regional.

Reacciones: defensa insiste en inocencia y querellantes valoran fallo

Tras conocerse el veredicto, el abogado Daza valoró la decisión judicial, señalando que se trata de un caso que involucra la confianza pública y la protección de la inversión extranjera, particularmente considerando que la minera cuenta con capitales japoneses.

Por su parte, Francisco Sánchez sostuvo su inocencia, indicando que continuará analizando el fallo junto a su defensa, en un proceso que calificó como complejo tras años de investigación.

Cuestionamientos al Ministerio Público

Uno de los puntos más sensibles del caso ha sido el rol inicial del Ministerio Público. Según el querellante, la Fiscalía decidió en un comienzo no perseverar en la causa por falta de antecedentes, lo que posteriormente fue revertido tras nuevas diligencias impulsadas por la parte acusadora.

En ese contexto, también surgieron cuestionamientos hacia el entonces fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, por su participación en decisiones iniciales del caso y eventuales vínculos con el entorno del condenado, lo que ha generado debate en torno a la transparencia y consistencia de los procesos investigativos.

Un proceso que aún no concluye

Aunque el veredicto ya establece responsabilidad penal, el caso no está cerrado. La sentencia definitiva podría abrir la puerta a eventuales recursos o revisiones, en un proceso que seguirá siendo observado tanto por el sector judicial como por la industria minera.

Lo que sí queda establecido, al menos por ahora, es una señal clara: la responsabilidad penal trasciende los cargos públicos, aunque su determinación pueda tardar años en concretarse.

Quiroz propone recorte a 260 programas incluyendo la PGU pese a promesa de Kast

 

La hoja de ruta de austeridad que impulsa el Ministerio de Hacienda comienza a tomar forma, generando fuertes fricciones tanto con la oposición como también con el oficialismo. Según antecedentes conocidos esta semana, el ministro Jorge Quiroz propuso recortes que alcanzan a cerca de 260 programas de gobierno, distribuidos en todos los ministerios, con ajustes que podrían bordear el 15% en varios casos.


El diseño no solo apunta a iniciativas de menor visibilidad. Por el contrario, el listado incluye políticas emblemáticas y sensibles, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), pese a las promesas del propio José Antonio Kast durante su campaña presidencial, cuando aseguró que este beneficio no sería objeto de recortes.


Desarrollo Social: la primera señal concreta

El debate dejó de ser hipotético el martes, cuando se conocieron los primeros recortes efectivos en el Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con información a la que accedió BioBioChile, el programa de ajuar para recién nacidos encabeza la lista de reducciones, tras la firma de una circular por parte del propio Quiroz que instruye la contención del gasto.

Pero no sería el único. También se verían afectados otros programas de apoyo directo a hogares vulnerables, así como líneas administradas por el Instituto de Previsión Social (IPS), lo que abre un nuevo flanco de críticas al Gobierno por el impacto hacia beneficios y prestaciones que operan como soporte del sistema de protección social.

Educación, becas y áreas estratégicas bajo presión

El ajuste también alcanza al ámbito educacional. Según lo informado por La Tercera, las becas estudiantiles figuran dentro del conjunto de programas susceptibles de recorte, como Vocación Profesor, Juan Gómez Millas y la beca para hijos de profesionales de la educación.

A esto se suman iniciativas como los Liceos Bicentenario, además del financiamiento del Museo Interactivo Mirador (MIM), ícono de la divulgación científica. En paralelo, organismos vinculados al fomento productivo como Corfo también entrarían en la lógica de ajuste, así como Crédito MiPyme.

La PGU en el centro de la tensión

El punto más delicado sigue siendo la eventual afectación de la PGU. Más allá del alcance específico del ajuste que propone Quiroz —que aún no ha sido precisado en detalle—, el solo hecho de que el beneficio esté bajo evaluación tensiona la narrativa oficial.

Recordemos que durante la campaña, José Antonio Kast fue categórico en defender la continuidad de este beneficio creado por el fallecido expresidente Sebastián Piñera, en un contexto donde criticaba duramente la gestión del entonces presidente Gabriel Boric.

Seguridad, Deportes, Mujer y Transportes: recorte transversal

No obstante, las sugerencias como parte del ambicioso plan fiscal de recortes salpican a otras áreas como Seguridad Pública, Deportes, políticas de género y Transportes, según detalla La Tercera.

Programas dependientes del Ministerio del Deporte, iniciativas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así como planes asociados a movilidad y conectividad, formarían parte del paquete de revisión presupuestaria.

En Seguridad, en tanto, el foco estaría en optimizar recursos en medio de una agenda ya tensionada por la demanda ciudadana en materia de control del delito.

Entre la responsabilidad fiscal y el costo social

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el ajuste responde a una necesidad de ordenar las cuentas públicas, insistiendo en una retórica de un sostenido malgasto de recursos por parte del Gobierno anterior. No obstante, el desafío para el Gobierno radica en equilibrar esa urgencia con el impacto inmediato en programas sociales y su credibilidad política.

En ese sentido, el desafío para Kast y su Gobierno será convencer a la ciudadanía de que cada peso que se recorta mejora el balance fiscal, en algo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para La Moneda y que tiene a la vocera Mara Sedini como la peor evaluada del Gabinete: la comunicación.

Por ahora, el plan de Jorge Quiroz avanza entre cifras, circulares y filtraciones, mientras en paralelo crece el ruido político de una decisión que no solo se mide en porcentajes, sino también en la evaluación ciudadana de un Gobierno que apenas tuvo un par de días de luna de miel.

Tras tirón de orejas de Paulina Núñez ministro Poduje se disculpa por dichos sobre senador PS

 


El titular del Minvu tildó de “mal hecha” la Ley de Humedales y la responsabilizó —junto al senador De Urresti (PS)— por retrasos en proyectos habitacionales. El legislador lo acusó de usar “datos engañosos”. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), intervino y le exigió cuidar las formas.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió a poner paños fríos tras el ruido que dejó su arremetida contra la Ley de Humedales y el senador Alfonso de Urresti (PS). Lo que partió como una crítica dura en Valdivia —en medio de la discusión por el proyecto Guacamayo 3— terminó con el secretario de Estado afinando el tono, pidiendo disculpas y tratando de reencuadrar el conflicto: “no era contra el senador”, sino contra una norma que, dice, hoy está trabando soluciones habitacionales.

El giro no fue casual. Desde el Congreso le pegaron el tirón de orejas, incluida la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien le pidió “altura de miras” y le recordó que ese tipo de salidas puede pasarle la cuenta al Gobierno justo cuando necesita votos para empujar su agenda. Con ese telón de fondo, Poduje optó por retroceder.

“Yo soy de un gran respeto por el Senado. Si el senador se molestó con la forma, le pido mi excusa”, dijo desde Rancagua, bajando varios cambios respecto de su tono inicial. Y reforzó la idea que ahora intenta instalar: “No fue un dicho contra el senador, fue una crítica a la ley de Humedales”.

Ahí está el corazón de su defensa. El ministro insiste en que la norma “está bien inspirada”, pero que tiene “aspectos que hay que mejorar”. ¿El argumento? Que hoy existen terrenos fiscales en ciudades como Valdivia, Osorno o Puerto Montt que no se pueden usar por trabas regulatorias. “Tenemos familias que están esperando hace ocho años los estudios ambientales para el humedal”, afirmó, poniendo el foco en el costo social del retraso.

“Quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas”

Poduje incluso reconoció que la forma le jugó en contra: “Quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas”. Pero, al mismo tiempo, no soltó el fondo de su crítica. Habló de terrenos “que casi no podemos ocupar porque los humedales están mal delimitados” y planteó la necesidad de “compatibilizar el derecho a la vivienda con la protección de humedales”.

Ayer, en medio de una actividad en Valdivia, el titular del Minvu encendió la polémica al apuntar directamente al senador de Urresti por la Ley de Humedales Urbanos, responsabilizándolo por los retrasos en proyectos habitacionales: “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?” y remató que “esa ley quedó mal hecha”.

Sus dichos activaron una ola de críticas desde el PS, que acusó un tono confrontacional y “conducta impropia”. De Urresti lo acusó de usar “datos engañosos” y de evadir su responsabilidad, insistiendo en que la ley no impide construir, sino que regula para evitar riesgos, profundizando así un choque que tensionó al oficialismo y volvió a instalar el debate entre vivienda y protección ambiental.

El ministro baja el tono, ofrece disculpas y se abre a conversar con De Urresti, pero mantiene la presión sobre la ley. “Espero hablar con el senador para pedirle las excusas del caso”, dijo, aunque no evitó un último dardo: “Me extraña que la senadora Núñez esté tan molesta ella. Pero, bueno, así está la política hoy día”.

Choque por sueldo mínimo: CUT descarta propuesta de Hacienda y lleva la pelea al Congreso

 


La negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio de Hacienda por el sueldo mínimo terminó sin acuerdo, luego de que la multisindical rechazara la oferta del Gobierno —un reajuste al IPC, cercano a $23 mil— por considerarla insuficiente frente al alza del costo de vida.


Se acabó la mesa y empezó el gallito político. La negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio de Hacienda por el sueldo mínimo terminó en punto muerto, con portazo sindical incluido y el conflicto saltando directo al Congreso.

El tono lo puso el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, apenas salió de la quinta ronda: no hay acuerdo y lo que ofreció el Gobierno —un reajuste amarrado al IPC, equivalente a unos $23 mil— no alcanza. “La posición es recuperar poder adquisitivo”, lanzó, marcando la línea roja del mundo sindical frente a una propuesta que, a su juicio, se queda corta frente al costo de la vida.

En simple: dos diagnósticos que no calzan. Desde Hacienda miran el empleo y advierten que subir demasiado el piso salarial puede pegarle a la contratación. En la CUT, en cambio, retrucan que ese argumento pone el foco en las empresas y no en el bolsillo de los trabajadores. Para ellos, medidas como la reducción de la jornada o nuevas regulaciones laborales no son un lastre, sino avances básicos.

Dirigentes de la CUT Eric Campos y Jose Manuel Diaz llegando al Ministerio de Hacienda.

La distancia no es menor. La multisindical llegó con una cifra sobre la mesa —$647 mil— vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, que estiman por sobre el 20% en el último tiempo. El Ejecutivo, en cambio, optó por una fórmula conservadora, acotada a la inflación. Resultado: negociación quebrada.

Con el diálogo agotado, el Gobierno tomará su propio camino y enviará el proyecto al Parlamento. Y ahí se abre otro capítulo. La CUT ya avisó que jugará en esa cancha: buscará respaldos tanto en el oficialismo como en la oposición para empujar un reajuste más ambicioso.

El sueldo mínimo, así, deja de ser una discusión técnica en una mesa cerrada y pasa a convertirse en una pulseada política abierta, donde los números ya no solo se negocian: se votan.

Ultraderecha húngara, acusada de corrupción, desembarca en la Academia Diplomática

 


Una delegación del think tank húngaro Mathias Corvinus Collegium visitó la Academia Diplomática de Chile, en medio de cuestionamientos internacionales por financiamiento del Gobierno de Viktor Orbán a redes conservadoras como la CPAC y la Political Network for Values, ligada a José Antonio Kast.

Una comitiva proveniente de Hungría visitó la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello la tarde del lunes, el mismo día en que El Mostrador publicó una investigación sobre el anuncio del nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, de investigar los fondos que el Gobierno de ese país entregó a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y a otros grupos de la extrema derecha global, entre ellos, la Political Network for Values (PNfV), organización que presidió José Antonio Kast durante dos años.

La visita generó ruido en círculos diplomáticos, debido a que la delegación estaba compuesta por el director de un poderoso think thank Húngaro –el Mathias Corvinus Collegium (MCC)–, una fundación que se ha transformado en la principal cantera de ideas nacional-conservadoras financiadas por el Gobierno de Viktor Orbán.

La pregunta que todo el mundo se hizo fue la pertinencia de vincular a los futuros diplomáticos chilenos, que se forman con prescindencia política, con un centro de estudios de ultraderecha acusado de corrupción, financiamiento político irregular y eventual uso indebido de dineros públicos.

La comitiva estuvo encabezada por el director del Centro de Estudios Europeos de la MCC, Rodrigo Ballester, quien ha asegurado públicamente que “el conservadurismo es el nuevo punk y que Hungría se había transformado en el epicentro de una guerra cultural. “El verdadero Occidente está aquí. Es conservador. La Unión Europea ha traicionado a Occidente. Occidente se está suicidando y Orbán tiene el proyecto de salvarlo”, ha comentado Ballester sobre el proyecto político del ahora ex primer ministro de Hungría.

La visita de la delegación al país coincide con los cuestionamientos internacionales sobre el vínculo entre dirigentes del Mathias Corvinus Collegium y la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), organización estadounidense que agrupa a partidos, fundaciones y think tanks de extrema derecha que habría sido financiada con recursos provenientes de la administración de Orbán, entre ellos, la corporación sin fines de lucro que presidió José Antonio Kast entre los años 2022 y 2024.

Un posteo en el Instagram de la Academia Diplomática Andrés Bello, publicado el lunes en la tarde, expresa que agradece a la “Embajada de Hungría el compartir esta iniciativa académica de gran valor, para la cooperación y vinculación de nuestros estudiantes”. “En la oportunidad, dirigidos por el Director del Centro de Estudios Europeos, Sr Rodrigo Ballester, tuvieron un espacio para debatir sobre temas relevantes de las relaciones internacionales”, publicó la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, ACADE, en sus redes sociales.

Consultados sobre el encuentro por El Mostrador, el director de la ACADE, Hernán Bascuñán, aseguró que la comitiva no fue invitada por la institución. “La embajada de Hungría nos pidió si podían hacer una actividad acá, que era conversar con nuestros alumnos y así lo hicimos. Nada más que eso. Siempre que vienen estudiantes de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, nosotros los recibimos”, explicó sin ahondar en otros requerimientos.

La Unidad de Investigación de este medio se comunicó con la embajadora de Hungría en Chile, Edit Bucsi-Szabó, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta de la jefa diplomática.

Los hermanos Kaiser y la relación del MCC con Chile

La visita al edificio de la Academia Diplomática, ubicada en calle Moneda 1096, no fue el único encuentro que tuvo la delegación encabezada por el español Rodrigo Ballester. Durante la misma jornada, los estudiantes estuvieron en la sede del ex Congreso Nacional con la senadora Vanessa Kaiser, quien también públicó una foto del encuentro en su Instagram.

Hoy recibimos a una delegación del Mathias Corvinus Collegium, la principal entidad de educación complementaria de Europa Central, una institución puntera (sic) con más de 8.000 alumnos y 31 centros en Hungría y otros países de la región”, escribió la parlamentaria del Partido Nacional Libertario en la red social.

Cinco días antes del encuentro en la sede del ex Congreso en Santiago, el hermano de la actual senadora, Axel Kaiser, se reunió con Rodrigo Ballester del MCC y el filósofo argentino Leonardo Orlando en la sede de la Fundación El Faro en Argentinathink tank libertario que, entre 2025 y 2026, gastó 1.079 millones de pesos argentinos –alrededor de US$ 821 mil– en publicaciones de Facebook e Instagram, sin presentar un registro de balance ante la Inspección General de Justicia, según una investigación del medio trasandino Chequeado.

El vínculo de los hermanos Kaiser con este tipo de organizaciones de extrema derecha radical no es nuevo. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, fue uno de los invitados a la CPAC de Brasil, el año 2023, donde concurrió con la diputada Chiara Barchiesi. Además de ellos, el propio José Antonio Kast, en su primera gira a Europa como Presidente electo, junto a su asesor comunicacional, Cristián Valenzuela, el diputado José Carlos Meza y el general en retiro Enrique Bassaletti, participaron en la VII Cumbre Trasatlántica realizada en febrero de este año.

Este último viaje a Europa ha sido cuestionado duramente por el diputado (PS) Daniel Manouchehri, quien ha planteado que el actual Mandatario nunca ha transparentado de dónde obtuvo los recursos para acudir a la cumbre organizada por Political Network for Values (PNfV), la agrupación acusada de recibir dinero del Gobierno húngaro y que estaría en la mira del nuevo primer ministro de Hungría.

La organización ultraconservadora liderada por el propio José Antonio Kast entre 2022 y 2024, ha sido sindicada por diversas investigaciones como receptora de dinero proveniente de la administración de Viktor Orbán, quien en 2020 le habría asignado 38 millones de florines, traspaso que incluso quedó registrado en la Gaceta Húngara, equivalente a nuestro Diario Oficial.

Un año después, en 2021, el Gobierno húngaro volvió a subvencionar a la PNfV con 140 mil euros, para financiar la IV Cumbre Trasatlántica. El dinero otorgado a la corporación encabezada por Kast se estima que también ha sido traspasado a través de otras organizaciones, como el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría, encargado de financiar varios encuentros de la CPAC en Europa, entre ellos, uno del año 2022 donde la Political Network for Values fue anfitriona y Kast oficiaba como su presidente en ejercicio.

Otra de las organizaciones que habría actuado como “correa distribuidora” de los recursos proporcionados por el Gobierno de Orbán es el Mathias Corvinus Collegium, cuyos miembros han tenido una cordial recepción esta semana por al menos dos instituciones representantes del Estado chileno.

Durante el año 2022, el think tank ultraconservador de visita en nuestro país fue financiado por el Gobierno húngaro con 1.700 millones de dólares –según consignó una investigación del New York Times–, un monto equivalente casi al presupuesto total de la educación superior del país europeo.

El centro de pensamiento ha tenido un estrecha relación con el MBH Bank, entidad financiera cercana al derrotado primer ministro Viktor Orbán, que ha sido cuestionada por prestar más de 8,2 millones de euros al partido ultraderechista Vox de España, recursos utilizados en las elecciones del año 2023, que han generado una fuerte controversia sobre un eventual financiamiento extranjero de campañas políticas en la península ibérica.

Uno de los principales accionistas del MBH Bank –según consigna una investigación del diario El País– es el Cornivus International Investment, fondo húngaro de inversión pública, propiedad del Banco Húngaro de Desarrollo, cuyo dueño es el Estado de Hungría. El organismo financiero también es considerado uno de los financistas de la campaña de Marine Le Pen, en el año 2022, y ha firmado varios acuerdos de cooperación estratégica con el MCC.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando aclarar cómo se gestó la visita de la comitiva del Mathias Corvinus Collegium a nuestro país, quién financió al grupo y si hubo alguna autoridad política que decidió invitar al país a miembros de una organización acusada de corrupción en Hungría.

Desde Cancillería comunicaron a este medio que fue la embajada de Hungría la que se contactó con la Academia Diplomática “para solicitarle un encuentro entre un grupo de estudiantes del centro de estudios europeo de la Fundación Mathias Corvinus Collegium y estudiantes de la Academia para intercambiar experiencias. Como es tradicional con todos los grupos que lo solicitan, se realizó una reunión en la que los estudiantes tuvieron la oportunidad de debatir e intercambiar opiniones”, señalaron.