Entre 2024 y 2026: Cámara pagó $2.400 millones en indemnizaciones a 489 asesores de parlamentarios y después los recontrató

 

Desde 2012 la Cámara Baja aplica una norma especial que le permite despedir e indemnizar a todos los asesores de diputados cuando termina un periodo parlamentario -cada cuatro años- y luego recontratarlos, un privilegio que no tienen los restantes chilenos que se rigen por el Código del Trabajo. En el último periodo parlamentario, que se inició en 2022 y finalizó el pasado 11 de marzo, la Cámara pagó $5.700 millones en indemnizaciones para 1.336 asesores. Según registros públicos, recontrató a 489 de ellos, en los que había gastado $2.400 millones en indemnizaciones. En el Senado, en el mismo lapso, los asesores indemnizados fueron 218 y han sido recontratados 23 de ellos.

De los 1.336 asesores de diputados que en el último periodo parlamentario (2022 a 2026) recibieron un finiquito e indemnización por años de servicios prestados a la Cámara, 489 fueron recontratados. De hecho, 309 fueron recontratados al día siguiente de ser despedidos: el 11 de marzo pasado, cuando se inició el nuevo periodo de los legisladores. La práctica es algo completamente legal que solo ocurre en el Congreso Nacional desde 2012, cuando entró en vigencia una norma laboral creada por los parlamentarios. Esa norma permite finiquitar e indemnizar a todos los asesores de diputados cuando termina un periodo parlamentario -cada cuatro años- y luego recontratarlos, una posibilidad que no tienen los otros empleados que se rigen por el Código del Trabajo.

CIPER constató que entre 2024 y marzo de 2026 un total de 1.336 trabajadores de la Cámara Baja fueron finiquitados (aunque el periodo parlamentario se inició en 2022, no hubo pagos asociados a finiquitos hasta 2024). Esto involucró un gasto total en indemnizaciones de $5.700 millones. De esa cifra, $2.400 millones se utilizaron para pagar las indemnizaciones de 489 colaboradores que posteriormente fueron recontratados. Es decir, el 42% del gasto total que hizo la Cámara en indemnizaciones fue para pagar a asesores que volvió a contratar. 

Además, según la información proporcionada por la Cámara a través de Ley de Transparencia, en este último periodo parlamentario se pagó la cifra más alta en indemnizaciones para Personal de Apoyo desde que fue instaurada la normativa especial hace 14 años. La evolución del gasto en cada periodo parlamentario, desde 2012 a este año, es así: 

• 2012 a 2014 se pagó a 12 asesores: $31 millones.
• 2014 a 2018 se pagó a 23 asesores: $148 millones.
• 2018 a 2022 se pagó a 58 asesores: $535 millones.
• 2022 a 2026 se pagó a 1.336 asesores: $5.796 millones.

Estos números arrojan que en estos 14 años, el gasto en indemnizaciones aumentó casi 187 veces. Y que el número de asesores también ha experimentado un incremento significativo. Solo en 2026, fecha en que finalizó el último período de diputados, la corporación pagó indemnizaciones por $4.280 millones repartidos en 833 asesores. Y de ellos, 309 fueron recontratados al día siguiente. 

Según ha definido el Consejo Resolutivo de Asignaciones -entidad que determina los criterios de uso de las asignaciones parlamentarias-, el Personal de Apoyo lo integran trabajadores “que colaboran directamente con el Senador o Diputado en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones”. En esta categoría se incluyen aquellos que tienen despliegue político, como los jefes de gabinete, jefes territoriales o apoyos distritales, asesores comunicacionales o jurídicos. Asimismo, quienes realizan tareas administrativas, como secretarias o secretarios de oficinas parlamentarias, choferes o asistentes.

En el Senado pasa algo distinto. La mayoría de los asesores que fueron finiquitados en el último periodo, cesaron sus funciones porque los senadores para los cuales trabajaban abandonaron el Congreso en virtud del límite de postulación. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, esa corporación pagó $2.188 millones en indemnizaciones para 218 asesores finiquitados. Y 23 de esos colaboradores fueron recontratados. Sin embargo, hay al menos cuatro trabajadores que, con el finiquito de marzo pasado, alcanzaron una sumatoria de indemnizaciones que iguala el tope legal de 11 años de servicios. Y como fueron recontratados nuevamente, si obtienen otra indemnización van a sobrepasar ese tope. 

Según publicó CIPER, en la Cámara de Diputados, ese tope legal ya fue sobrepasado en, al menos, 17 casos (vea ese artículo). 

INDEMNIZADOS Y RECONTRATADOS

Al iniciar el periodo parlamentario que comenzó el 11 de marzo pasado, 29 asesores de diputados y comités recibieron la cifra más alta pagada por indemnizaciones a Personal de Apoyo en la Cámara: más de $14 millones. Ese mes, 16 de ellos fueron recontratados por el mismo diputado o comité. 

En el paso del periodo parlamentario anterior al actual, quienes lideran la lista de recontrataciones son la diputada Emilia Nuyado (PS) y el diputado Héctor Barría (DC). La Cámara ha finiquitado y recontratado a nueve de sus asesores. Nuyado recontrató a todos en marzo de este año, mientras que dos de los asesores de Barría fueron finiquitados y recontratados en 2024 y los otros siete en marzo de 2026. 

Al ser consultados, los dos diputados señalaron a CIPER que dada la confianza en el trabajo de sus asesores, optaron por recontratarlos pese a que la Cámara los había recién indemnizado. Tanto Nuyado como Barría, señalaron que ellos no tienen injerencia en que sean finiquitados cada cuatro años.  

En los comités pasa algo parecido: dos de estos -el de la UDI y el integrado por RN, Evópoli e independientes- indemnizaron a ocho asesores que de inmediato recontrataron. Pese a que en Transparencia del Congreso no están a la vista sus recontrataciones, según los registros de indemnizaciones revisados por CIPER todos fueron finiquitados antes del inicio del nuevo periodo parlamentario el 11 de marzo último y todos figuran con sueldos en marzo, abril y mayo de 2026. Los sueldos de estos asesores fluctúan entre $1,5 millones y $10 millones. 

CIPER contactó a todos los diputados jefes de bancada de estos comité, para conocer su parecer sobre la normativa. Los dos que contestaron, Daniela Serrano (PC e IND) y Raúl Soto (PPD e IND), coinciden en señalar que los finiquitos no son competencia de ellos, sino de Secretaría General de la Cámara. 

 “Las decisiones administrativas las toma la Secretaría General de la Cámara, y desde ahí se imponen las condiciones de contratación para el personal”, dijo Soto, por lo que no les corresponde opinar. Mientras que Serrano, afirmó que “nuestras decisiones como Comité de diputadas y diputados PC e independientes se ciñen a la normativa que establece la Cámara y el Consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias” (lea sus respuestas completas aquí).

En la Cámara existe un proyecto de ley (Boletín 17301-13) donde se plantea cambios a los motivos por los cuales se despide e indemniza a estos trabajadores. Sin embargo, en ninguno de esos cambios, que deben ser votados por los parlamentarios o sobre los cuales se pueden impulsar indicaciones, se hace referencia a las indemnizaciones sucesivas y recontrataciones inmediatas. 

CASOS EN EL SENADO

Entre enero de 2024 y el 11 marzo de 2026, según información proporcionada vía Ley de Transparencia por la Cámara Alta, el Senado desembolsó más de $2.100 millones en indemnizaciones. Sin embargo, solo el 11% de esos asesores finiquitados, siguieron trabajando para esa corporación. Es decir, de los 218 asesores finiquitados e indemnizados en el lapso mencionado, 23 fueron recontratados inmediatamente o poco después. 

En 2026, año en que cesó en sus funciones la mitad del Senado, 126 asesores fueron indemnizados. De ellos, al menos cuatro continuaron trabajando en la Cámara Alta. Dos de estos últimos estaban contratados hasta el 10 de marzo pasado por el Comité DC y ahora integran el Comité Mixto DC e independientes. Ellos son:

• Mauricio Burgos (indemnizado con $35,6 millones).
• Bella Campaña ($31,3 millones).

Los otros tres que integran este grupo antes trabajaban para senadores que tuvieron que dejar el Congreso, por lo que ahora están empleados por otros parlamentarios del mismo sector: 

• Reinaldo Monardes ($39,3 millones), trabajaba para Ricardo Lagos Weber y ahora para el Comité Mixto PS, PPD, independientes y Partido Liberal.
• Jaime Álvarez ($16,1 millones), trabajaba para José García Ruminot y ahora con Rodolfo Carter.

Personas que conocen bien lo que ocurre en la bancada DC, explicaron a CIPER que la bancada se reformuló, por lo que tanto Burgos como Campaña debieron ser finiquitados, pero, aunque acumulaban más años de servicios se les aplicó el límite legal de 11 años. En todo caso, al menos uno de ellos, Burgos, ya había sido indemnizado antes, porque ingresó a esa bancada en 2007. 

Tanto Monardes como Álvarez señalaron a CIPER que ellos llevan cerca de 12 años trabajando en el Senado, pero que para su indemnización se les aplicó el tope legal de 11 años. Campaña, en tanto, no respondió las preguntas de CIPER. 

Respecto de los otros 17 asesores recontratados en el Senado, la mayoría fueron empleados ahora por otros senadores. Solo uno, colaborador de Francisco Huenchumilla (DC), fue recontratado por el mismo legislador.  

El senador explicó a CIPER que antes de recontratar a su asesor, hizo consultas a la Secretaría General sobre si se podía hacer eso, una vez que el asesor fue finiquitado. Y así lo explicó: “Cuando cumplo mi periodo de senador y soy reelecto y, además cumplo 82 años, me pregunté cómo debería encarar este último periodo, es decir, dónde poner los énfasis, atendidas ambas circunstancias (mi último periodo y mi edad). Por ello estimé que el periodista que me acompañó, iba a cumplir las funciones de hacerse cargo de las cuestiones administrativas de mi oficina de Temuco, entonces hubo un cambio de funciones o una suma de funciones. Y considerando la respuesta que me dieron de la Secretaría General, procedí entonces después de un breve periodo a sumarle otras responsabilidades”, dijo.

La mayoría de los asesores contactados por CIPER, señalaron que ellos no buscaron que se instaurara la norma que permite indemnizar y recontratar, y que se ciñen a lo que estipulan sus contratos.

¿Qué hay detrás del encuentro entre José Antonio Kast y Peter Thiel en La Moneda?

¿Qué se habló en La Moneda? ¿Existe algún memorándum, carta de intención o negociación en curso entre el Estado chileno y Palantir o sus filiales? ¿Bajo qué condiciones de transparencia, licitación y auditoría independiente el Gobierno evalúa incorporar tecnología de este tipo?

El pasado 8 de junio, el Gobierno de Kast confirmó que el Presidente se reunió con Peter Thiel en La Moneda, pero se negó a revelar de qué se habló, invocando la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Que el Ejecutivo use garantías constitucionales diseñadas para proteger a la ciudadanía frente al poder estatal para blindar la opacidad de una reunión presidencial con el dueño de la mayor empresa de vigilancia de datos del planeta, es alarmante y lesiona los principios de transparencia democrática.

La reunión con Kast no es un evento aislado. Entre abril y mayo de 2026 Thiel se reunió también con Milei en Buenos Aires, con el presidente Peña en Asunción, además de figuras como José Piñera y Johannes Kaiser en Santiago de Chile. Los gobiernos que reciben a Thiel tienen en común una afinidad ideológica que considera las instituciones democráticas, el pluralismo y los contrapesos normativos más como un obstáculo burocrático que como una garantía para las libertades individuales. El propio Thiel ha declarado públicamente, en un ensayo del año 2009, que cree que la libertad y la democracia son incompatibles.

Peter Thiel no es solo un inversionista excéntrico, sino también cofundador y parte del directorio de Palantir Technologies, una empresa que provee infraestructura de análisis de datos e inteligencia a los principales ejércitos y agencias de espionaje del mundo. Su CEO, Alex Karp, publicó en 2025 un libro convertido hace pocas semanas en manifiesto de Palantir, que reivindica el “poder duro” y el rol de Silicon Valley en construir armas informáticas de IA, reforzando el poder estadounidense. Así, reunirse con jefes de Estado se muestra como lobby geopolítico.

Esta corporación tecnológica ya tiene presencia concreta en la región. El caso más avanzado es Ecuador: en mayo de 2025, el Gobierno de Noboa firmó un contrato corporativo cuyo contenido fue declarado confidencial. Sin licitación pública, sin transparencia ciudadana y con una total dependencia tecnológica instalada, como parte del modelo de negocio cerrado que Palantir exporta activamente.

En Argentina, el último día de 2025, también se reformó vía decreto la Ley de Inteligencia, reforma estructural que creó una agencia de ciberinteligencia y habilitó el cruce masivo de bases de datos personales. No hay un contrato con Palantir confirmado aún, pero el marco normativo nacional está construido exactamente a su medida.

El riesgo para Chile no es hipotético. Palantir registró su marca en INAPI en 2022. El Gobierno de Kast ha convertido la “seguridad digital” en una prioridad, con el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros y una agenda de vigilancia que incluye un “registro de vándalos” y el uso predictivo de IA con fines de seguridad pública.

Chile está a pocos meses de que entre en plena vigencia la renovada Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (diciembre 2026). Sin embargo, el proyecto de ley de IA en tramitación excluye expresamente los sistemas de defensa nacional de su ámbito de aplicación. Esa exclusión sectorial, combinada con la opacidad de la reunión Kast-Thiel, es una puerta trasera deliberada en el momento en que más se necesita una regulación estricta y protectora.

Lo que está en juego no es si Thiel invierte en minería o en desarrollo tecnológico. Es si los Estados latinoamericanos van a construir su infraestructura digital sobre plataformas cerradas en manos de actores que desprecian la democracia y que en Estados Unidos ya facilitan la deportación masiva de migrantes. Una vez instalada esa infraestructura de control, desmantelarla es casi imposible.

Las preguntas que nos hacemos son simples: ¿qué se habló en La Moneda? ¿Existe algún memorándum, carta de intención o negociación en curso entre el Estado chileno y Palantir o sus filiales? ¿Bajo qué condiciones de transparencia, licitación y auditoría independiente el Gobierno evalúa incorporar tecnología de este tipo? La sociedad civil no puede exigir rendición de cuentas sobre acuerdos opacos que no sabe que existen.

Alza de la luz en julio: el monto exacto que subirá tu cuenta si vives en Santiago o regiones, en Osorno aumentaría 1,8% por Cliente.

Las tarifas eléctricas registrarán un incremento promedio del 4,9% desde el 1 de julio. Descubre el porcentaje en tu comuna y cuánto terminarás pagando en pesos.

Un nuevo ajuste en los presupuestos familiares chilenos comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de julio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó en su más reciente Informe Técnico Preliminar un incremento promedio nacional del 4,9% en las tarifas eléctricas, impulsado por mayores costos en los segmentos de generación y transmisión.

Sin embargo, este golpe al bolsillo no afectará a todos los hogares por igual. El impacto real dependerá exclusivamente de la empresa distribuidora de tu zona y de la comuna en la que residas. Además, este incremento coincidirá con el inicio del proceso de reliquidaciones postergado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cual sumará o abonará a las boletas cobros pendientes acumulados entre 2020 y 2024.

¿Cuánto subirá en pesos mi boleta?

Para el consumidor promedio de la Región Metropolitana (clientes de Enel), el alza estimada se situará en un 2,72%. En términos prácticos, un hogar de Santiago que actualmente registra un consumo mensual de $58.500, verá que su cuenta se incrementará a cerca de $60.100 a contar de julio.

La situación es sustancialmente más compleja para los habitantes del sur de Chile debido a retrasos en infraestructura de transmisión. En comunas como Valdivia y Puerto Montt (bajo la distribuidora Saesa), las proyecciones de alza superan el 16%. Esto significa que una boleta promedio de $60.000 en esas zonas podría dispararse por sobre los $70.000 mensuales a partir del invierno.

Revisa el alza proyectada en tu comuna

De acuerdo a las estimaciones entregadas por la CNE según las distintas distribuidoras del país, el desglose por comunas principales muestra el siguiente comportamiento tarifario:

• Santiago (ENEL): +2,72%

• Rancagua (CGE): +1,54%

• Talca (CGE): +1,54%

• La Serena (CGE): +1,51%

• Temuco (CGE): +1,42% (Sube a +3,11% en Codiner y +3,39% en Frontel)

• Antofagasta (CGE): +0,42% (Sube a +9,23% para clientes Saesa)

• Punta Arenas (Edelmag): +2,74%

• Puerto Montt (Saesa): +16,36% (+8,78% para clientes Crell)

• Valdivia (Saesa): +16,60%

• Iquique (CGE): -0,39% (Registra una leve baja)

• Arica (CGE): -0,74% (Registra una leve baja)

Cabe señalar que estas variaciones corresponden a la primera etapa del proceso semestral de actualización regulatoria y los valores definitivos serán ratificados mediante decreto ministerial durante el mes de junio.

Las cuentas de luz en la Provincia de Osorno tendrán un alza del 1,8% a partir del 1 de julio de 2026. Este incremento responde al proceso de estabilización semestral de precios y es significativamente menor al promedio nacional del 4,9% y a otras ciudades del sur como Valdivia o Puerto Montt. 

Detalles del Alza Tarifaria

• Porcentaje de Aumento: 1,8%.
• Entidad Distribuidora: Luz Osorno (Grupo Saesa).
• Contexto: El ajuste se debe principalmente a la comparación con las tarifas del primer semestre, las cuales incorporaban descuentos transitorios que ya finalizaron.

Medidas de Apoyo y Canales de Contacto

Ante el aumento de los costos, es posible acceder a beneficios estatales y gestionar tus consumos mediante canales oficiales:

• Subsidio Eléctrico: Revisa los requisitos y fechas de postulación en la Oficina Virtual de Subsidios Eléctricos.
• Consultas directas: Revisa tu boleta y el calendario de cortes programados para la Provincia de Osorno en el sitio web de Saesa.

Si te gustaría que te ayude con más información, dime:

• ¿Quieres saber cómo optimizar el consumo de tus artefactos en invierno para mitigar el alza?
• ¿Necesitas detalles sobre cómo postular al subsidio eléctrico?

Corte Suprema abre 56 cuadernos de remoción contra jueces por viajes al extranjero con licencia médica

 

El máximo tribunal resolvió en votación dividida iniciar procedimientos de remoción contra magistrados que incurrieron en mal uso de permisos médicos. La decisión busca proteger la integridad institucional y la legitimidad de la judicatura.

La Corte Suprema inició la revisión de 104 casos de jueces, ministros, relatores y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial que son investigados por haber salido del país mientras hacían uso de licencias médicas.

El análisis se desarrolló este lunes durante una sesión del pleno del máximo tribunal, instancia en la que se examinaron tanto recursos de apelación como expedientes que ya habían sido resueltos en etapas previas de las investigaciones.

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, explicó que parte de los antecedentes corresponden a sumarios administrativos ya concluidos, mientras que otros casos fueron elevados al pleno para revisar los criterios aplicados en las decisiones adoptadas.

Sin embargo, debido al volumen de antecedentes analizados, la Corte Suprema no alcanzó a emitir resoluciones durante la jornada.

“Los primeros casos, los apelados, deben ser resueltos; los segundos, eventualmente, podrían ameritar alguna decisión del pleno. Si se adopta una decisión respecto de los otros casos, serán comunicadas en su oportunidad. Hago presente también que los procedimientos de investigación sumariales corresponden a responsabilidad funcionaria y, por lo tanto, no necesariamente son de conocimiento público”, señaló Sáez.

Eventuales medidas disciplinarias

El secretario del máximo tribunal precisó que los 104 expedientes involucran a jueces, ministros, relatores y otros funcionarios pertenecientes al escalafón primario del Poder Judicial.

Consultado sobre las facultades del pleno para abordar estos casos, Sáez confirmó que, dependiendo de los antecedentes revisados, podrían adoptarse medidas de mayor gravedad, incluyendo la apertura de cuadernos de remoción para quienes eventualmente enfrenten responsabilidades más severas.

La revisión de estos casos también es observada con atención por organizaciones vinculadas al Poder Judicial.

OTJ advierte disparidad de criterios

Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) manifestaron preocupación por las diferencias observadas en algunos procesos disciplinarios y pidieron que las decisiones se adopten bajo criterios uniformes, considerando las particularidades de cada caso.

El presidente de la OTJ, Marcelo Acevedo, sostuvo que existe inquietud respecto de las sanciones aplicadas a funcionarios de otros escalafones y llamó a evitar criterios dispares en la resolución de los expedientes.

“Es una alerta roja en el sentido de que le importa más lo que pasa con los jueces que con los funcionarios, ya que los sumarios administrativos, a lo menos de los funcionarios, la mayoría ha terminado con la solicitud de cuaderno de remoción. Muchos jueces han terminado más bien con una sanción leve o un sobreseimiento. Lo que quiere decir no que un caso u otro esté bueno o malo, sino que existe una disparidad de criterios”, afirmó.

Por ahora, la Corte Suprema continuará con el análisis de los antecedentes y las resoluciones serán comunicadas una vez que el pleno concluya la revisión de los 104 expedientes.

Suprema endurece respuesta por viajes con licencias médicas y revisará casos ya cerrados

 

La Corte Suprema endureció su respuesta frente a los casos de funcionarios judiciales que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.

El pleno resolvió abrir los primeros cuadernos de remoción contra funcionarios involucrados en viajes al extranjero mientras se encontraban con reposo médico y, además, revisar sumarios que habían terminado con absoluciones, sobreseimientos o sanciones menores.

La decisión se produce luego de que el máximo tribunal revisara una primera tanda de apelaciones derivadas de los sumarios administrativos iniciados tras conocerse los antecedentes entregados por la Contraloría.

Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales manifestaron preocupación por la forma en que se han abordado los casos.

Su presidente, Marcelo Acevedo, advirtió que hasta ahora las revisiones del pleno se han concentrado principalmente en jueces y cuestionó la existencia de diferencias de criterio respecto de las sanciones aplicadas a funcionarios de otros escalafones.

“Nos ha preocupado mucho en la Tercera Sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de medir el caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar las destituciones“.

Otra de las organizaciones que sigue atentamente el proceso es la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial.

Patricio Aguilar, líder de la organización, señaló que antes de emitir una evaluación definitiva esperan conocer el criterio que adoptará la Corte Suprema respecto de la prescripción de los hechos investigados y la aplicación de las normas internas que regulan estos procedimientos disciplinarios.

Aguilar explicó que uno de los puntos centrales será determinar si el tribunal mantendrá los límites temporales establecidos en sus propias disposiciones administrativas para sancionar conductas vinculadas a faltas a la probidad. A su juicio, la definición que adopte el pleno será clave para establecer el alcance de las investigaciones y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“Nosotros para poder tomar un pronunciamiento formal sobre este tema, tenemos que esperar qué es lo que va a decir la Corte Suprema respecto de la misma disposición del Acta 108-2024, que establece que se puede sancionar actos que estuvieran reñidos con la probidad o con las investigaciones administrativas hasta dos años hacia atrás”.

Durante las próximas semanas, el Pleno revisará el caso del polémico magistrado Daniel Urrutia, quien había sido sobreseído por la Corte de Apelaciones, al haber prescrito la sanción; sin embargo, fuentes de tribunales señalan que el criterio de prescripción aumentó a 5 años, lo que complicaría al juez.

Ministra Chomali destaca transformación digital y uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión en salud en seminario de CLAPES UC

 

La autoridad señaló que el Ministerio de Salud se encuentra desarrollando una potente agenda de transformación digital para los próximos cuatro años. 

La ministra de Salud, May Chomali, participó este martes en el seminario en el “Salud Pública 2026-2030: Estrategia Digital e IA para una gestión más eficiente”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC). 

El objetivo de esta actividad era dialogar sobre la incorporación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de información, para transformar la gestión de la salud pública en Chile. 

En este contexto, la ministra Chomali, abordó la estrategia del Ministerio de Salud y los avances que se han realizado en esta materia. “Creemos que nuestros pacientes se merecen ser mejor atendidos y aprovechar los beneficios que tienen las tecnologías para contactarlos más fácilmente, para que no se pierdan horas porque los pacientes no llegaron, para que no se pierdan medicamentos porque se vencieron en los hospitales (…) Manejar las agendas con una planilla Excel ya no es posible, teniendo sistemas de agenda que permitan ir monitoreando si el paciente vino, no vino, ir viendo las características del paciente que no viene, cómo lo contactamos o cómo no los contactamos”, expresó. 

En detalle, la autoridad se refirió a los avances en materia de interoperabilidad, para que diferentes sistemas de información puedan intercambiar datos con exactitud, efectividad y consistencia. “Se implementó la interoperabilidad de los sistemas de información de atención primaria y atención secundaria, para compartir información en salud en forma oportuna, segura, disponibilizándola para pacientes y clínicos, con el objeto de contribuir a mejorar la atención en salud en la red, porque era primera vez que íbamos a tener información del trayecto del paciente desde la atención primaria hasta la atención secundaria y no separada en sistema”, dijo la ministra. 

El director de CLAPES UC, Felipe Larraín, en tanto expresó que “compartimos la idea que la inteligencia artificial no va a mejorar el sistema de salud, sino que va a rediseñarlo (…) El impacto más inmediato y menos glamoroso es en la gestión del sistema. Modelos predictivos de demanda hospitalaria, algoritmos de priorización de listas de espera según riesgo clínico real, optimización de pabellones quirúrgicos, son aplicaciones cuyo impacto en eficiencia y en vidas salvadas ya es medible en los sistemas que los han adoptado”. 

La ministra también se refirió a otros proyectos que se encuentran en desarrollo como el proceso de interoperabilidad de las bodegas de los hospitales, liderado por Cenabast. “Cuál es el objetivo de esto, poder hacer control de lo que está ocurriendo en las bodegas para disminuir la merma por vencimiento y disminuir la interrupción de tratamientos por falta de stock (…) y acá todo lo que pueda apoyar la inteligencia artificial para las reposiciones automáticas, para no perder, para no suspender terapia o que los hospitales se puedan preparar, hacer licitaciones y no compras directas, es una externalidad que no tiene parangón”, afirmó. 

La autoridad agregó que, actualmente, la IA también se encuentra implementada en la práctica clínica en las áreas de retinopatía diabética, mamografía y dermatología. 

Circulación viral y llamado a la vacunación 

Posterior al seminario, la ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la circulación de virus respiratorios. En la instancia, la autoridad explicó que la Influenza está teniendo un comportamiento muy similar a años anteriores y reiteró el llamado a la población para que se vacune oportunamente. 

“Todavía es tiempo para ir a vacunarse porque volviendo de las vacaciones de invierno, donde va a haber más frío, donde van a volver los niños de haber estado dos semanas aislados de sus compañeros, va a haber otra posibilidad de que tengamos más casos. Por lo tanto, volvemos a insistir, todavía es tiempo de vacunarse e invitamos, sobre todo a las mamás embarazadas, a las mamás con niños menores de 6 años y a los adultos mayores a que se vayan a vacunar”, enfatizó. 

OPS dona vitrinas clínicas de almacenamiento de vacunas al Programa Nacional de Inmunizaciones

 

• Los cinco equipos fortalecerán la cadena de frío en establecimientos de atención primaria de la Región Metropolitana y permitirán mantener las vacunas tanto para la actual campaña de invierno como para la aplicación del calendario nacional de inmunizaciones.
• La subsecretaria de Salud Pública reforzó el llamado a la vacunación en contra de la Influenza, en niños menores de 5 años y adultos sobre 60 años, debido al alza de los virus respiratorios.

La subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, recibió hoy, en el Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) Lourdes de Quinta Normal, la donación de cinco vitrinas clínicas de almacenamiento de productos biológicos por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los equipos representan una donación de $20 mil dólares y serán incorporados al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud.

Las vitrinas estarán instaladas provisionalmente en el DVI Lourdes —el depósito de vacunas más grande del país y nodo logístico central del PNI para la Región Metropolitana— y luego serán destinadas a establecimientos de atención primaria de las comunas de Lo Prado, Cerrillos, La Florida, Alhué y María Pinto donde permitirán reforzar la mantención de las vacunas que maneja la red de atención primaria local.

“Con esta donación estamos complementando los esfuerzos del Ministerio de Salud en contar con una buena cadena de frío donde están las vacunas que son seguras, eficaces y de calidad. Así es que llamamos a toda la población y en particular a los grupos de riesgo para que vayan a vacunarse, se protejan”, dijo el doctor Giovanni Escalante representante de la OPS en Chile.

Cada vitrina cuenta con una capacidad de 416 litros e incorpora dispositivos de termometría integrados, monitoreo continuo, trazabilidad de temperaturas y sistemas de alerta por variaciones térmicas, fallas eléctricas y apertura de puerta, condiciones esenciales para garantizar la potencia y seguridad de los productos biológicos hasta su administración.

“Estos refrigeradores serán distribuidos a las comunas que necesitan reforzar sus capacidades de almacenamiento de vacunas”, afirmó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien enfatizó que estos equipos son especialmente relevantes en medio de la Campaña de Invierno. En ese sentido, enfatizó la importancia de que todas las personas identificadas en los grupos de riesgo se vacunen contra la Influenza, especialmente los prescolares y adultos sobre 60 años, pues su ritmo de vacunación va más lento que el del 73,4% nacional, pese a que son “los que más probabilidades tienen de enfermar gravemente, hospitalizarse e incluso morir”.

Según el último reporte de circulación viral, esta semana se ha observado un aumento de la circulación viral con una positividad de un 48%, la más alta en lo que va del año. Además, el patrón de virus respiratorios ha cambiado. predominando la Influenza A, Rinovirus e Influenza B. que está teniendo un comportamiento inusual adelantándose su circulación en invierno. La vacuna sirve tanto para enfrentar la influenza A como la B.

Mayor depósito de vacunas del país

“El DVI Lourdes es el más grande del país”, explicó la seremi de salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, quien agregó que desde allí se distribuyen las vacunas a nivel nacional.

El depósito de Quinta Normal gestiona aproximadamente el 26% del total de productos biológicos del PNI a nivel nacional, equivalentes a 3,5 millones de vacunas valoradas en cerca de $44 mil millones.

La donación de las vitrinas clínicas se enmarca en la estrecha colaboración entre la OPS y el Ministerio de Salud, que se profundizó durante la Semana de la Vacunación de las Américas de abril pasado, instancia en que se llevó a cabo una misión técnica internacional de alto nivel orientada a fortalecer la cadena de suministro del PNI, identificar oportunidades de eficiencia y transferir capacidades en sistemas de información e inmunizaciones.