A tres años del audio que destapó sobornos, boletas falsas y redes de influencia judicial, el abogado busca revertir su expulsión ética y pidió volver a declarar ante la Fiscalía Oriente.
A tres años de la grabación del audio que explosionó ventilando sobornos, documentación tributaria falsa y un sistema de nombramiento de jueces absolutamente corrupto, Luis Hermosilla, el abogado que lo protagonizó, decidió apelar a su expulsión, que determinó el Tribunal Ético del Colegio de abogados.
Y no solo eso, después de que el empresario Álvaro Jalaff, reconoció haberlo sobornado con 410 millones de pesos para destrabar las autorizaciones del proyecto inmobiliario Parque Capital, el exinfluyente abogado puede estar arriesgando solo en la arista conocida como Audios más de 20 años de cárcel.
Hermosilla ha solicitado volver a declarar a la Fiscalía Oriente. Se está jugando sus últimos cartuchos.
Si quieres conocer en qué están las investigaciones sobre Luis Hermosilla en las tres fiscalías que lo investigan, revisa este Punto por Punto de El Mostrador.
La desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast llegó al 60%, su peor registro desde el 11 de marzo, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem.
Según el sondeo, un 37% aprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su gobierno, lo que representa una caída de un punto respecto de la medición anterior. En contraste, quienes desaprueban su gestión aumentaron dos puntos y alcanzaron el 60%.
Los resultados también muestran un retroceso generalizado en la evaluación de los atributos personales del jefe de Estado.
Los aspectos mejor valorados son que es “responsable”, con un 45% y una baja de dos puntos; que tiene “autoridad y liderazgo”, con 41% y una caída de cuatro puntos; y que es “valiente”, atributo que retrocedió seis puntos hasta el 40%.
En el otro extremo, los atributos peor evaluados son que es “dialogante”, con 33% y una caída de cinco puntos; “cercano”, con 31% y dos puntos menos; y “empático”, con un 30%, también dos puntos por debajo de la medición anterior.
Por otra parte, y respecto a sus atributos de gestión, solo un 20% considera que el mandatario “puede mantener ordenada a su coalición política”, cifra que representa un desplome de 11 puntos.
El resultado se conoce en medio de las tensiones que han marcado al oficialismo durante los últimos días, especialmente tras las diferencias surgidas entre Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
En tanto, un 33% estima que el presidente “cuenta con un buen equipo de gobierno”, dos puntos más que en la medición anterior, mientras solo un 18% cree que “tiene una buena relación con la oposición”.
Preferencias de los chilenos en el Mundial
La encuesta también consultó por el desarrollo del Mundial. Un 19% de los encuestados manifestó que le gustaría que Portugal se coronara campeón, seguido por Brasil, con 16%, y Francia, con 14%.
Sin embargo, al preguntar qué selección creen que ganará efectivamente el torneo, Francia lidera ampliamente las menciones con un 35%, seguida por Argentina con un 13%.
Para un 39%, Alemania ha sido la gran decepción del campeonato, mientras que Cabo Verde es considerada la principal sorpresa por un 38%.
Respecto del goleador del torneo, un 37% apuesta por Kylian Mbappé, mientras un 25% cree que será Lionel Messi.
En cuanto a los cambios tecnológicos y de formato en el fútbol, un 72% se mostró de acuerdo con el uso del VAR, mientras un 68% respalda que el balón incorpore un chip para entregar información a los árbitros.
Finalmente, ante la pregunta sobre quién debería ser el próximo entrenador de la selección chilena, un 31% se inclinó por Manuel Pellegrini, mientras un 27% prefirió a Marcelo Bielsa. Un 25% no sabe o no responde.
La #ANEF presentó un reclamo formal ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES) por el incumplimiento del plazo legal para la publicación de los resultados del proceso especial de postulación al Incentivo al Retiro 2026, establecido en la Ley N.º 20.948. La demora mantiene en la incertidumbre a cerca de 4.000 funcionarias y funcionarios públicos que esperan conocer la adjudicación de sus cupos.
Nuestra vicepresidenta de Previsión Social, Ana María Gutiérrez Ramírez, señaló que esta situación es inaceptable, ya que afecta a trabajadores y trabajadoras que han dedicado una vida al servicio público y que hoy requieren certezas sobre un derecho legítimamente conquistado por la ANEF.
Como Confederación exigimos una respuesta formal y urgente de las autoridades, con información clara sobre las causas del retraso y la fecha en que serán publicados los resultados. Seguiremos vigilantes para que este proceso se desarrolle con transparencia, oportunidad y pleno respeto a los derechos de las y los funcionarios públicos.
La municipalidad de Río Bueno enfrentaun plazo clavepara pagar más de500 millones de pesospor el caso denominado “Casa Machmar“.
Según se expuso en el Concejo Municipal, de no concretarse el pago, el proceso podría derivar en el arresto del alcalde y en el embargo de fondos municipales.
El tema fue abordado en una sesión extraordinaria convocada por los propios concejales, para conocer el estado de la causa iniciada por la sucesión de Osvaldo Machmar Rosales contra la entidad edilicia.
Según se informó en la reunión, el conflicto se originó por un contrato de arriendo suscrito en 2009 por la casona ubicada en calle Comercio con Balmaceda, utilizada inicialmente para el funcionamiento de la Escuela Río Bueno.
La demanda incluyó el cobro de rentas adeudadas desde 2016, la restitución del inmueble y una indemnización por daños en la propiedad.
La abogada municipal, Vanessa Luna, explicó que como municipio presentaron un recurso, con fecha 25 de junio. Además, detalló que si no se pagan los $502.358.785 debe ser pagado “el jueves 09, bajo el apercibimiento de arresto (contra el alcalde) por el término de 3 días”.
En el proceso, el municipio fue condenado al pago de más de 213 millones de pesos por rentas impagas y más de 174 millones por perjuicios, lo que da el monto detallado por la abogada.
El caso quedó a la espera de la resolución de los recursos pendientes, mientras el concejo pidió claridad sobre el origen de los recursos que podrían destinarse al pago de la deuda.
13 años y 7 meses deberá pasar en la cárcel un hombre que en 2024 llegó hasta la comuna deLos Muermos, región de Los Lagos, para intentar asesinar a su expareja, atacándola con una motosierra y un hacha.
Se trata de Alex Santana Alarcón, quien el 14 de febrero de 2024 se trasladó hasta una zona rural de Los Muermos con la idea de retomar la relación que antes había tenido con la víctima a pesar de existir una medida de protección que le impedía al sujeto acercarse.
Pese a la instrucción emanada del Tribunal de Garantía de Puerto Montt, el sujeto de igual forma llegó hasta el domicilio y tras recibir una respuesta negativa, primero atacó a la mujer estrangulándola, para luego arremeter con una motosierra que no encendió.
La víctima pudo defenderse, pero de igual forma fue agredida con un hacha. Tras aquello, la afectada pudo escapar del lugar.
Mientras que Santana, no conforme con lo sucedido, provocó daños en una camioneta estacionada en la casa de la afectada, domicilio que tras el incidente fue destruido por un incendio.
13 años de cárcel
Pese a que la Fiscalía buscaba que Santana fuese castigado penalmente por femicidio frustrado, desacato, daños e incendio, esto último delito no pudo ser acreditado. Así lo comunicó el persecutor jefe en Los Muermos, Patricio Llancamán.
“El imputado se encuentra en este momento en el penal de Puerto Montt cumpliendo prisión preventiva, la cautelar impuesta (…) se mantendrá allí ahora, cumpliendo esta sanción que implica 13 años y 7 meses de cárcel efectiva”.
El fiscal confirmó que Alex Santana, antes de esto, no había sido condenado por otros hechos, lo que también sirvió de atenuante en favor del sentenciado.
Llancamán agregó que el intento de femicidio fue sancionado dentro de los parámetros legales vigentes en Chile.
Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, denuncia al149 de Carabineros, recibe orientación llamando alnúmero corto 1455 del Sernameg.
ElHospital San José de Osornollamó a reforzar el autocuidado y la vacunación ante el preocupante aumento de enfermedades respiratorias, situación que se refleja en la unidad de urgencia del recinto.
El director del hospital, Julio Vargas, confirmó la activación de medidas que, si bien se consideran en la campaña de invierno, derivan en la utilización de camas de otras unidades para pacientes respiratorios y el refuerzo de equipos clínicos en hospitalización y urgencias.
Casi 500 hospitalizados
Vargas afirma que este escenario se refleja tanto en la atención de adultos como de niños, aunque el mayor volumen de consultas continúa concentrándose en la población adulta, sumado un aumento en la ocupación de camas pediátricas, aunque sin una presión significativa sobre las camas críticas infantiles.
“Hemos tenido un crecimiento importante en la demanda. Hay mayor circulación viral, tenemos una cantidad importante de pacientes hospitalizados por motivos respiratorios, estamos haciendo modalidad de hospital flexible, ocupando algunas camas de otras unidades para los respiratorios, que es algo habitual que pasa en las campañas de invierno”, detalló.
“Este año la campaña de vacunación no ha sido tan elevada como las campañas anteriores, a la fecha ya llevamos casi 500 hospitalizados por razones respiratorias durante este año”, agregó.
El directivo advirtió que las esperas en los servicios de urgencia comenzaron a extenderse debido al incremento de usuarios, particularmente de pacientes con cuadros de menor complejidad que pueden ser atendidos en la red de atención primaria, donde se confirma la influenza como el virus de mayor circulación.
“Ahí es donde tenemos que estar atentos (…) se ha reforzado los equipos clínicos de las unidades de hospitalización”, contó.
Vargas sostiene que pese al escenario de alta demanda, el hospital se mantiene en estado de alerta y preparado para enfrentar las próximas semanas, especialmente tras el regreso de las vacaciones de invierno de los estudiantes, período que históricamente genera un aumento de consultas por enfermedades respiratorias.
La Corte de Apelaciones de Valdivia, en la región de Los Ríos, declaró admisible unrecurso de protección presentado por una exfuncionaria de Carabineros con el quebusca dejar sin efecto su baja de la instituciónluego que se difundiera un video en el que aparece vestida de civil, usandoun vehículo policial para comprar en un local comercial.
En el documento se expone el caso de Jennifer Marihan Bacovic Rodríguez, excabo segundo de Carabineros, que se desempeñaba en la dotación de la Tenencia Carreteras Valdivia Norte, antes de ser desvinculada mediante una resolución de la Prefectura de Carabineros de Valdivia.
Según el recurso, la exfuncionaria fue dada de baja por mala conducta luego de utilizar un radiopatrulla para trasladarse hasta Máfil a comprar artículos de higiene personal y alimentos, tras sufrir una emergencia biológica mientras cumplía con un turno de guardia en el recinto policial.
No se le encontró alcohol a excarabinera
El documento sostiene que la salida fue autorizada por el suboficial de guardia y que la decisión de la baja se adoptó sin una investigación previa, vulnerando su derecho a defensa y argumentando una supuesta compra de una botella de alcohol y una bolsa de hielo, tal como se describe en la resolución emitida por Carabineros el 20 de junio de 2026, que dispone la baja de la exfuncionaria.
Esta medida, según el recurso presentado, carecía de sustento dado que la exfuncionaria fue sometida a un allanamiento a sus pertenencias sin encontrar el alcohol, así como tampoco signos de haberlo consumido.
Además, acusa una discriminación por razones de género, al considerar que no se tomó en cuenta la contingencia biológica que enfrentó, así como tampoco se dispuso de elementos que consideraran que era la única funcionaria mujer en la unidad.
En la acción legal se solicita la orden de no innovar para suspender los efectos de la baja mientras se resuelve la causa, además de dejar sin efecto la resolución que dispuso su desvinculación y ordenar su reincorporación a la institución.
La Factoría, actualmente conocida como Demphra fue un grupo de Reggae en español. La agrupación estaba compuesta por "las voces féminas del reggaetón panameño", Demphra (Marlen Romero) y Joycee (Johanna Gisel Mendoza Romero). Inicialmente también formaban parte del grupo MC Joe (Edgardo Miranda) y DJ Pablito (Pablo Maestre), siendo la iniciativa de éste último la que llevó a la creación del grupo en un origen. Se les ha reconocido por su fusión de reggae, R&B, house y hip-hop. Han realizado giras en América del Norte y del Sur y en Europa, y canciones como Todavía o No lastimes más han estado en los primeros lugares de las listas de popularidad. Tiene éxitos como Todavía, Hombre Ajeno, No lastimes más, Déjame vivir (con Mach and Daddy), Perdóname (con Eddy Lover) y Moriré.
En mayo de 2008 anunciaron la separación del dúo para dar inicio sus carreras como solistas, pero primero realizaran una gira que las llevara a la Argentina. El nombre artístico de Joycee será JoyceeLove.
A menudo se atribuye a este grupo la autoría de la canción "Tu Gatita", sin embargo este es un error dado por las palabras al inicio de dicha canción ("Mi familia, mi Factoría"). Esta frase es el slogan de "Music Hit Factory" que es el sello disquero que la produce, pero que no está ligado a "La Factoría".
El single "Tu gatita" es interpretado por JMP, con la participación de H.O.M., ambos artistas de ese sello.
El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que los uniformados condenados por hechos del estallido social están "injustamente presos" y planteó que el Mandatario debería otorgar indultos particulares para revisar esos casos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se refirió la mañana de este lunes a la posibilidad de otorgar indultos caso a caso, específicamente a uniformados que cumplen condena por hechos relacionados con el estallido social.
En conversación con Radio Duna, el diputado sostuvo que “todos los que estamos en el oficialismo, en nuestras campañas y en las ideas que promovimos, pensamos que los carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas que hoy cumplen condena por hechos relacionados con el estallido social están injustamente presos. Nosotros prometimos revisar esta situación”, dijo.
Alessandri también aseguró estar de acuerdo con el diputado Enrique Basaletti, quien el fin de semana planteó, en conversación con La Tercera, revisar caso a caso la situación de los uniformados condenados, en lugar de impulsar una ley general de indultos.
“Esta es una necesidad de la que tiene que hacerse cargo el Estado chileno respecto de una asimetría tremenda de lo que fueron los acontecimientos de esa época. Porque no fueron en un contexto normal“, puntualizó Basaletti en el citado medio.
En esa línea Alessandri aseguró que el “Presidente tiene la facultad para hacerlo y yo tiendo a coincidir con Basaletti en que es mejor que ejerza esa atribución antes que llevar el tema al Senado, que está dividido, o a una Cámara de Diputados que permanentemente está muy dividida. Por lo tanto, creo que sería menos riesgoso recurrir al indulto particular, es decir, a la facultad presidencial”, sostuvo.
Finalmente, Alessandri agregó que “la idea de fondo es que existen dos injusticias: primero, las pensiones de gracia otorgadas a personas vinculadas a hechos de violencia; y segundo, el encarcelamiento de funcionarios de las fuerzas policiales que defendieron la República. En ese diagnóstico general, estoy de acuerdo”, finalizó.
En abril de 2024, BancoEstado recibió una alerta que, en ese momento, parecía difícil de explicar: en menos de 48 horas ingresaron 2.191 reclamos prácticamente idénticos. Todos seguían el mismo libreto: un depósito de cerca de un millón de pesos, un retiro inmediato y, después, la misma frase repetida una y otra vez: "Esa operación no la hice yo, me estafaron". Dos años después, la causa acumula cerca de 7.000 querellados, $6.386 millones retenidos por orden judicial y una mesa de trabajo con la Fiscalía Nacional. Esta es la historia de cómo los consejos de tiktokers bastaron para convertir a miles de chilenos comunes en una de las causas penales más masivas que ha enfrentado la banca chilena.
El 2 de abril de 2024, el primer llamado entró al call center de BancoEstado sin llamar la atención de los ejecutivos de atención telefónica. Una clienta decía no reconocer un giro que se había realizado con su tarjeta de débito.
Al día siguiente entraron nueve llamados más al call center. Ninguno de los analistas que los recibió tenía forma de saber que estaban presenciando el inicio de un fenómeno que, en cuestión de semanas, se convertiría en una de las causas penales con más querellados de la historia reciente del sistema bancario chileno.
Durante tres semanas, los reclamos se acumularon de a poco: ya había mil casos hacia el 21 de abril. Un número alto, pero manejable para un banco del tamaño de BancoEstado.
Entonces llegó el 25 de abril. Ese día, el BancoEstado recibió 1.155 reclamos. Al día siguiente entraron 1.036 más. En 48 horas, 2.191 personas –casi una por minuto– llamaron para decir exactamente lo mismo: no reconocían un retiro hecho con su propia tarjeta, con su propia clave, en un cajero automático o una caja vecina.
Para fin de mes, la cifra semanal había trepado a 3.288 casos. Casi la mitad de todo lo que hoy investiga la Fiscalía ocurrió en apenas siete días.
El tutorial que llevaba el logo del BancoEstado
También en abril de 2024, mientras BancoEstado comenzaba a detectar una seguidilla de reclamos idénticos, en TikTok empezaron a circular videos que prometían enseñar cómo aprovechar el mecanismo. Sobre el logo del banco aparecía un mensaje simple: “Háblenme los que quieran saber cómo llenar el formulario”. Debajo, los hashtags #viralvideo y #paratodoelmundo.
La cuenta que lo difundió se hacía llamar, sin ninguna relación con la institución, “banco estado”. No era un perfil oficial ni estaba verificado. Sin embargo, el video comenzó a circular con rapidez. En pocos días acumuló más de un centenar de comentarios y terminó funcionando como una especie de foro abierto donde desconocidos intercambiaban dudas, instrucciones y advertencias para no ser detectados por las autoridades.
Meses después, BancoEstado incorporaría capturas de esa publicación como parte de la segunda ampliación de su querella por los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de abril de 2024.
El hilo comenzaba con preguntas elementales. “¿Cómo??”, escribió una usuaria identificada como Isma. “Ayúdeme porfavor, necesito la plata”, respondió Alejandra. Felipe dejó apenas una palabra —”yo”—, como quien levanta la mano para sumarse. Otro usuario, “moreno”, preguntó si el método funcionaba “para todos” o si tenía algún requisito.
Con el paso de los comentarios, el tono cambiaba. Ya no eran solo consultas. Había personas que hablaban como si ya hubieran probado el mecanismo y empezaban a compartir recomendaciones entre ellos.
“Los que la hacen la 2da no la hagan, se van directo a PDI con la primera”, escribió una usuaria llamada Morín. Otro, identificado como Juanín, agregaba un dato todavía más específico: “Ahora están pagando con vale vista, te mandan a juzgado primero, si no vas no liberan la plata”.
BancoEstado efectivamente comenzó a reemplazar los pagos por vale vista y, en octubre de ese año, solicitó al tribunal retener 7.033 documentos antes de que el dinero llegara a los reclamantes.
Mientras esas conversaciones se multiplicaban en TikTok, el fenómeno seguía creciendo fuera de la pantalla. Entre el 15 y el 20 de abril, BancoEstado detectó otros 566 clientes replicando exactamente el mismo patrón observado en los primeros casos: recibían un depósito, retiraban el dinero y luego denunciaban una transferencia no reconocida.
De los 7.000 querellados, esta reconstrucción periodística tuvo acceso a la identidad completa de cada uno de ellos: nombre, monto reclamado y número de vale vista, a través del consolidado que el propio BancoEstado adjuntó como anexo al expediente judicial para fundamentar la retención de fondos.
Entre las ampliaciones de la querella, hay un caso que ilustra mejor que ningún otro la delgada línea entre la torpeza y la premeditación. A comienzos de 2026, una clienta creó su clave BEPASS desde la aplicación del banco, a las 17:25 horas. Solo minutos después se registró el primer giro en un cajero automático con esa misma clave recién creada. El dinero terminó en una cuenta de su propia titularidad.
No hizo falta un cómplice, ni un hacker, solo una clave nueva.
La ocasión hizo al ladrón.
El truco no estaba en el sistema, estaba en la ley
BancoEstado no tardó en notar el patrón. En su querella, presentada el 9 de abril de 2024 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el banco fue categórico: sus tarjetas usan tecnología chip EMV y Contactless, que hacen imposible la clonación y requieren, para cualquier operación, la presencia física de la tarjeta y la clave secreta del titular.
Si el sistema decía que la transacción estaba autorizada, entonces solo podía significar una cosa: la había autorizado el dueño de la cuenta.
El mecanismo, una vez destapado, resultó devastadoramente simple. No hacía falta ser programador, ni hacker, ni tener contactos en el crimen organizado. Bastaba con seguir cuatro pasos:
Primero, recibir un abono en efectivo –por transferencia, depósito en sucursal, cajero o Caja Vecina– por un monto que nunca superara las 35 UF, unos $1.301.980. Segundo, retirar el dinero de inmediato, muchas veces el mismo día. Tercero, llamar al banco y desconocer la operación. Cuarto, esperar. La Ley N° 20.009 –la misma que existe para proteger a las víctimas reales de clonación de tarjetas– obligaba al banco a devolver el dinero en menos de doce días hábiles, sin exigir mayor prueba. En este expediente, el promedio de espera fue de apenas 6,3 días.
No había que romper nada. Solo conocer el plazo, y conocer el tope.
En la primera revisión que hizo el banco, sobre los primeros 61 clientes que habrían hecho una autoestafa, se les pidió a todos que explicaran de dónde había salido el dinero que habían recibido antes del retiro. Solo 22 respondieron.
Un documento judicial al que accedió esta redacción –el consolidado de los 7.033 vales vista que el tribunal ordenó retener en octubre de 2024, antes de que el dinero llegara a manos de los reclamantes– permite reconstruir, caso por caso, la dimensión del fenómeno. Ahí aparecen los nombres, las fechas y los montos que BancoEstado decidió congelar mientras avanzaba la investigación. En total, la justicia retuvo $6.386.845.316.
Pero el listado dice bastante más que eso. Permite observar cuánto dinero estaba dispuesto a reclamar cada persona y, en conjunto, dibuja el comportamiento de miles de chilenos comunes que optaron por intentar quedarse con recursos que el banco sostiene que nunca les pertenecieron. El monto promedio asciende a $908.125 por reclamante.
Hay un dato que llama especialmente la atención. Casi la mitad de los 7.033 montos retenidos –el 46,9%– corresponde a cifras perfectamente redondas: $800.000, $1.000.000 o $1.200.000. En un fraude bancario convencional eso resulta inusual. Las transferencias reales suelen responder al precio de un producto, incluyen comisiones, descuentos o saldos, y rara vez terminan en una fila de ceros.
Por otra parte, solo el 2,1% de los casos se acercó al tope máximo legal, como si supieran que no convenía llenar tanto el saco: demasiado cerca del límite, y el saco se rompe.
Para BancoEstado, esa uniformidad –miles de personas ejecutando la misma secuencia, con los mismos montos, en la misma ventana de días– no era coincidencia.
Por eso, desde el primer escrito, la querella no solo invoca el delito de uso fraudulento de tarjetas: también invoca asociación ilícita, el mismo tipo penal reservado para bandas criminales, alegando “concertación de voluntades, planificación, finalidades criminales, jerarquías, funciones diferenciadas de liderazgo y testaferros”.
Agencia Uno
La respuesta que llegó dos años tarde
El 4 de junio de 2026, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para crear una Mesa Intersectorial contra el Fraude Transaccional. En el comunicado conjunto, Farren dijo que la colaboración entregaría “nuevas herramientas para la desarticulación de estas redes criminales”. Valencia habló de “seguir la ruta del dinero” junto al sector privado.
Fue, en cierto modo, una respuesta institucional a un fenómeno que ya llevaba más de dos años de vida propia.
Para entonces, la Ley N° 21.673 –que en mayo de 2024 le dio a los bancos la facultad de suspender restituciones ante suspicacias de dolo– ya había empezado a cerrar el hueco que en abril de ese año miles de personas encontraron abierto.
El cambio fortaleció la posición de los bancos frente a este tipo de maniobras, pero también abrió un nuevo dilema. Si antes la restitución era prácticamente automática, ahora quienes sí fueron víctimas de un fraude pueden enfrentar un proceso más largo y exigente para recuperar su dinero.
Según pudo confirmar esta redacción con fuentes con conocimiento directo del proceso legislativo, el fenómeno documentado en TikTok llegó a oídos del propio Ministerio de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric mientras se tramitaba la Ley N° 21.673. Las fuentes aseguran que el entonces ministro Mario Marcel tomó conocimiento directo del contenido viral, y que ese antecedente contribuyó al proceso de la discusión legislativa.
En tanto el expediente seguía creciendo: nuevas ampliaciones en 2025, nuevos casos en 2026. En una de ellas, entre el 28 de octubre y el 15 de diciembre de 2025, el banco detectó 18 reclamos vinculados a 119 giros en cajeros automáticos, casi todos concentrados en un radio de apenas 2 kilómetros. Las cámaras de seguridad registraron que todas esas operaciones, en distintos cajeros y distintos días, fueron hechas por la misma persona, cubierta con gorro, jockey y mascarilla.
The Clinic solicitó información a la Fiscalía Centro Norte –a cargo de la investigación que se tramita en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago–. Sin embargo optaron por no participar de este reportaje argumentando que se trata de un proceso en investigación.
Investigación Especial BancoEstado
LA ESTAFAVIRALQUE DETECTÓ
EL ALGORITMO
Cómo un truco masivo coordinado en TikTok explotó la Ley de Fraudes, empujando al banco y a la fiscalía a un rastreo forense sin precedentes.
La Magnitud del Fraude en Cifras
La auditoría interna expuso la velocidad con la que se propagó el brote transaccional.
Querellados
~7.000
Personas identificadas penalmente por defraudar sistemáticamente los fondos del banco.
Monto Retenido
$6.386 M
Exactamente $6.386.845.316 distribuidos en un total de 7.033 vales vista congelados judicialmente.
Monto Promedio
$908.125
La media de cada solicitud de reembolso ilegal para mantenerse bajo alertas de riesgo mayor.
Contrarreloj
2.191 Reclamos
Registrados en apenas 48 horas (25 y 26 de abril de 2024). Casi un reclamo fraudulento por minuto.
HERRAMIENTA FORENSE
Calculadora de Patrón de Autoestafa
Ingresa los datos para simular cómo los sistemas de seguridad del banco evalúan el riesgo de la transacción.
$1.100.000
4 Horas
Análisis de Alerta Forense
100%
Nivel de Sospecha
CRÍTICO: COMPORTAMIENTO FRAUDULENTO
Monto sospechosamente optimizado bajo las 35 UF con retiro inmediato en efectivo y cifra exacta redonda.
Anatomía del Fraude: El Paso a Paso
Haz clic en cada paso para ver cómo operaban los usuarios instruidos por TikTok.
Banco AppPaso 01
📥
Abono Recibido
$1.200.000
Operación validada correctamente. Saldo actual disponible en cuenta RUT.
Conexión Encriptada
Patrones Estadísticos Sospechosos
La evidencia matemática que demostró que no se trataba de delitos aleatorios, sino coordinados.
La Frecuencia Inusual
El violento repunte de reclamos en el clímax de la viralización de TikTok.
Anomalía de Cifras Redondas
La baja variación de montos comparada con transacciones orgánicas.
Tope Estratégico (35 UF)
Porcentaje de reclamos agrupados de manera segura bajo el límite de alerta.
Evolución Judicial de las Querellas
Detalle cronológico de las querellas y ampliaciones presentadas por el banco ante los tribunales.
1
9 de Abril de 2024
Querella Original
Fue presentada el 9 de abril de 2024 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En esta instancia inicial, el banco denunció el uso fraudulento de tarjetas y el delito de asociación ilícita.
2
Mediados de 2024
Segunda Ampliación
Se presentó meses después de la querella original. Esta ampliación incorporó antecedentes sobre videos de TikTok y se centró en fraudes detectados entre el 15 y el 20 de abril de 2024.
3
Durante 2025
Ampliaciones en 2025
Durante este año se sumaron nuevos expedientes. Uno de los casos más destacados en estas ampliaciones corresponde a hechos ocurridos entre el 28 de octubre y el 15 de diciembre de 2025, donde se detectaron 18 reclamos vinculados a giros realizados por una misma persona en un radio de 2 kilómetros.
4
Comienzos de 2026
Ampliaciones en 2026
El proceso continuó sumando casos a comienzos de 2026. Uno de los ejemplos citados en estas fechas describe a una clienta que realizó un giro fraudulento minutos después de haber creado su clave de seguridad.
