15 junio 2026

Investigan irregularidades en proyecto de agua potable en Purranque: $267 millones invertidos y vecinos siguen sin suministro


Durante la última sesión plenaria del Consejo Regional de Los Lagos, el consejero por la provincia de Osorno, Bernardo Barría, solicitó formalmente al gobernador regional, Alejandro Santana, intervenir ante posibles anomalías en un proyecto hídrico de la comuna de Purranque.

La solicitud busca que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Municipalidad de Purranque entreguen respuestas claras sobre una inversión que supera los 267 millones de pesos. Estos recursos estaban destinados a la construcción de 12 pozos de agua potable que, a la fecha, no cumplen su función.

Inversión millonaria sin resultados operativos

La situación afecta directamente a las familias de los sectores rurales de Río La Plata, Pampa Bonita y Camarones. Pese a que las obras civiles fueron ejecutadas, los habitantes continúan abasteciéndose mediante camiones aljibe para cubrir sus necesidades básicas.

Barría calificó la situación como «inaceptable» y señaló que la obra, gestionada con fondos públicos de la Subdere y administrada por el municipio, representa una falta de respeto para la comunidad. El consejero enfatizó que muchos de los beneficiarios son adultos mayores que ven con frustración estructuras inoperantes.

“Lo que hoy existe no es desarrollo, es una burla. Vecinos siguen dependiendo de camiones aljibe mientras observan cómo una obra millonaria es hoy un conjunto de estructuras vacías”, manifestó la autoridad regional durante su intervención.

Dudas sobre la recepción y fiscalización de las obras

Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta a las presuntas irregularidades en el proceso de recepción de los trabajos. El consejero cuestionó los criterios técnicos y administrativos que permitieron dar por finalizada la obra sin que esta entregara agua.

Barría planteó interrogantes fundamentales sobre quién autorizó los pagos y quién certificó la obra como conforme. «Necesitamos saber si estos pozos funcionarán y por qué el Estado abandonó a estos vecinos tras entregar los fondos», sostuvo el representante de la provincia de Osorno.

La fiscalización busca determinar si existieron fallas en la cadena de mando y supervisión, tanto por parte de la Subdere como del organismo ejecutor municipal. Para el consejero, el acceso al agua es un derecho básico que no permite márgenes de error ni negligencias.

Próximos pasos en la investigación

La petición de oficio fue acogida de forma unánime durante la sesión plenaria del Consejo Regional. Esto obliga a los organismos involucrados a evacuar informes técnicos sobre el estado actual de la infraestructura y las condiciones de funcionamiento de cada pozo.

Se espera que en las próximas semanas las instituciones entreguen los antecedentes requeridos y propongan medidas correctivas inmediatas. El objetivo final es garantizar que las familias rurales de Purranque cuenten con una solución definitiva de acceso al agua potable, tal como estipulaba el proyecto original.

Este proceso de fiscalización será clave para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes y establecer un cronograma real de operatividad para el sistema hídrico de la zona.

Acusación contra exministro Grau enfrenta semana clave en medio de intenso debate político


En medio de un intenso debate político, esta tarde comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. La iniciativa ha generado reacciones contrapuestas en el Congreso: mientras sectores de la actual oposición calificaron el libelo como una acción “irresponsable”, desde el oficialismo llamaron a analizar el documento con objetividad y aseguraron contar con los respaldos necesarios para su avance.

Una semana clave enfrenta quien fuera el jefe de la cartera de Hacienda durante la parte final del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Esto, luego de que la semana pasada se ingresara formalmente el anunciado libelo acusatorio en contra del economista por parte del Partido Nacional Libertario, con el respaldo del Partido Republicano. El texto contó con las firmas de diez diputados oficialistas de las bancadas libertaria, republicana, de Renovación Nacional, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Cristiano de Chile.

Al exsecretario de Estado se le acusa de presuntas inconsistencias y graves errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026.

Desde las filas del oficialismo ya han asegurado que existen los votos suficientes para que la acusación avance durante su tramitación en la Cámara Baja. En tanto, la defensa de Grau —encabezada por el abogado Patricio Zapata (DC)— ya afina la estrategia jurídica y política para enfrentar el proceso ante una eventual revisión del caso en el Senado.

El factor Bianchi en la comisión

Respecto a la composición de la instancia revisora, el grupo quedó conformado con una mayoría de parlamentarios de derecha e independientes. En la testera se encuentran los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Marcela Hernando (PR), Alejandro Bernales (PL), Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) y Joanna Pérez (IND-Demócratas).

Pese a la ventaja numérica de los sectores opositores al Ejecutivo, el diputado Bianchi asoma como una pieza clave, ya que manifestó que se encuentra analizando el documento y que su decisión no obedecerá a presiones ni llamados de bloques políticos.

“Haré valer mi independencia, pero también haré valer mi juicio. Mi juicio técnico y mi juicio político con respecto a esta acusación”, afirmó el parlamentario en declaraciones a T13.

Cruce de declaraciones en la oposición y defensas técnicas

Las críticas de la actual oposición arreciaron durante los últimos días. En el marco de un encuentro de la Fundación Socialdemócrata titulado “¿Por qué perdimos?”, la exministra del Interior, Carolina Tohá, fue enfática en cuestionar lo que denominó una “normalización” de las acusaciones constitucionales, acusando su uso como una herramienta de “revancha política” por parte del nuevo oficialismo.

“En este caso, la acusación contra el exministro Grau ha ido incluso más allá, porque se centra en proyecciones que hizo el ministerio. O sea, en datos que anticipan lo que va a pasar; todavía no se sabe si va a pasar o no, y ya lo están acusando”, fustigó Tohá.

A los cuestionamientos de la centroizquierda se sumó el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien calificó la ofensiva como “una mala señal para la democracia”, argumentando que las discrepancias en proyecciones económicas no deben resolverse en sede política. “Es una acusación frívola. Hace mucho tiempo ya que en Chile se han puesto de moda las acusaciones constitucionales frívolas. Eso le hace mal al país”, apuntó.

Desde el ámbito legal, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, advirtió sobre las debilidades técnicas del libelo de 40 páginas, señalando que en el texto “predominan los sentimientos por sobre los argumentos jurídicos” al invocar principios constitucionales que operan como orientaciones y no como deberes legales sancionables.

Asimismo, Peña cuestionó que la Cámara de Diputados no haya actuado de manera preventiva en el periodo correspondiente. “Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso, provenientes del Consejo Fiscal Autónomo o del Fondo Monetario Internacional, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización ordinarios”, cuestionó.

Incertidumbre en el centro y las posturas del PDG frente a acusación contra Grau

Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, tildó la acusación de “tremenda irresponsabilidad” y apuntó a la gestión fiscal del actual Gobierno de Kast. El parlamentario advirtió que “los mismos argumentos falaces que hoy se esgrimen para acusar a Grau podrían perfectamente servir ahora o después para acusar constitucionalmente al ministro Quiroz, con todos los errores económicos y de política fiscal que está cometiendo”.

En tanto, la incertidumbre ronda el comportamiento de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. En la falange, la postura se definirá esta semana. El diputado DC Héctor Barría aseguró que continúa revisando los antecedentes, aunque aprovechó la instancia para criticar duramente la falta de autocrítica de sus actuales socios de oposición del Frente Amplio.

“Existe una capacidad de no asumir ninguna responsabilidad. Su mal comportamiento nos llevó a perder municipios (…) y entregar el gobierno a una ultraderecha, algo que era impensado hace 10 o 15 años”, fustigó.

En la otra vereda, el diputado del PDG Javier Olivares —firmante del libelo— se mostró confiado en que la acción verá luz verde tanto en la Cámara como en el Senado. “Durante los cuatro años pasados, las cosas se hicieron muy mal. Este señor calculó mal y faltó a una serie de elementos básicos que obligan a cualquier empleado público a hacer la pega como corresponde”, apuntó.

Sin embargo, su par de bancada, Patricio Briones, adoptó una postura más cauta, señalando que primero evaluará si se cumplen los requisitos estrictamente constitucionales.

El puntapié inicial del proceso de acusación contra Grau está fijado para hoy lunes a las 17:30 horas, instancia donde la comisión revisora acordará el calendario de invitados. De momento, ya se encuentra confirmada la asistencia de quien fuera su colega de gabinete, el también exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien acudirá este miércoles a exponer antecedentes en defensa de la gestión de Grau.


MOP adjudica nueva concesión de la Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt que permitirá modernizar 129 kilómetros

 


Este fin de semana fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo que adjudica el proyecto “Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt” a la empresa Intervial Chile S.A. La iniciativa de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, contempla una inversión de aproximadamente 821 millones de dólares, permitirá modernizar 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur a través de obras como la ampliación a terceras pistas en aproximadamente 79 kilómetros. Además, se proyectan nuevos enlaces y atraviesos, 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, entre otras obras, beneficiando a más de 530 mil personas.

El trazado del proyecto, la segunda concesión de este tramo de la Ruta 5, abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, en la provincia de Osorno; y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue, todas comunas de la región de Los Lagos.

El 1 de abril de 2026 se realizó la apertura de las ofertas económicas y luego de un proceso de revisión de propuestas, hoy 13 de junio se publicó la adjudicación del proyecto. Al respeto, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, manifestó que esta es una muy buena noticia ya que “la publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de este proyecto a poco más de dos meses desde que se realizara la apertura de ofertas económicas, contrasta con la amplitud de plazos que estábamos acostumbrados en los últimos años, con hasta ocho meses de espera en su tramitación. Esto demuestra la celeridad que queremos dar como Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Concesiones en acortar los tiempos para el desarrollo de este tipo de proyectos, que son muy esperados por la ciudadanía”.

La autoridad de gobierno agregó que “la celeridad en los procesos permite en este caso asegurar la continuidad operacional de una de las principales vías estructurantes del sur de Chile, antes del término de la concesión vigente”.

El proyecto contempla, además, el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura preexistente, la construcción de nuevas estructuras desniveladas, nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales, el mejoramiento del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta, una actualización integral de la seguridad vial, cámaras de CCTV interconectadas con las policías, nuevas áreas de servicios y áreas de emergencias, áreas de venta de productos típicos, y la implementación del sistema de cobro final electrónico en modalidad “Multi Lane Free Flow” o telepeaje, entre otras mejoras viales.

El seremi de Obras Públicas en la región de Los Lagos, Jairo Quinteros Mayne, enfatizó que este es un proyecto muy anhelado por las comunidades, por cuanto contempla el mejoramiento integral de la Ruta 5 Sur desde el río Pilmaiquén en la comuna de San Pablo hasta el enlace Cardonal, en la comuna de Puerto Montt. “Es importante mencionar que con la nueva concesión, aproximadamente 79 kilómetros de la actual Ruta 5 se ampliarán a terceras pistas en ambas calzadas, con la finalidad de permitir mayor fluidez al tránsito vehicular”, señaló.

Finalmente, Jairo Quinteros destacó que el nuevo sistema de cobro electrónico representará un importante avance en estándares de infraestructura y servicio para el sur del país, aportando además a la reducción de emisiones de CO2 por parte de los vehículos.

Revisa un video que muestra cómo se verá el proyecto cuando esté finalizado


Tohá fustiga AC contra Grau y lamenta que libelos se ocupen como “herramienta de contienda política”


La exministra del Interior aseguró que la acusación constitucional es una herramienta desvirtuada de su propósito original, que es un fenómeno que se arrastra desde hace décadas, y que independiente del resultado de la AC contra Grau su gran resultado sería alejar a las personas de la política.

La exministra del Interior Carolina Tohá fustigó la acusación constitucional contra el también exministro Nicolás Grau al afirmar que carece de fundamento, que las acusaciones llevan tiempo sin ser utilizadas para su fin original y que, independiente de su resolución en el Congreso, su mayor legado sería “alejar de nuevo la política de las personas”.

En el marco del conversatorio “¿Por qué perdimos?” de la Fundación Socialdemócrata y la Fundación por la Democracia (y de la que participó la exministra junto la senadora Yasna Provoste, el extitular de Hacienda Nicolás Grau y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino), Tohá planteó que la AC contra Grau no solo se estaría ocupando “como herramienta de la contienda política”, sino que sus fundamentos no están contemplados en la Constitución.

“En esta acusación contra el exministro Grau ha ido incluso más allá, porque la acusación se centra en proyecciones que hizo el ministerio, o sea, en datos que anticipan lo que va a pasar. Todavía no se sabe si va a pasar o no, y lo están acusando (…) Los ministerios de Hacienda hacen permanentemente proyecciones y no siempre se cumplen, porque las metodologías económicas para anticipar la realidad van mejorando, pero perfectas no son”, señaló.

Citando el caso de la senadora Provoste (también acusada el 2008 cuando era ministra de Educación), Tohá afirmó que la tendencia con las AC es su mal uso. “Yo me atrevería a mirar esta acusación como parte de una espiral que lleva mucho tiempo (…) Hoy día yo creo que no hay nadie que pueda defender que esa acusación [contra Provoste] fue bien fundada”, apuntó.

“Lo que se está haciendo con esta acusación es ahondar un problema que tenemos hace mucho rato, que es una política que se dedica a pelear entre sí, en lugar de pelear por resolver los problemas que el país tiene y buscar soluciones que sean efectivas, que lleguen a las vidas de las personas en tiempos breves”, indicó.

Finalmente, Tohá anotó que el efecto más  grave de la acusación no será lo que salga de su tramitación en el Congreso, sino que es el “alejar de nuevo la política de las personas, que es un grave problema que tenemos en Chile”.

Sus declaraciones encontraron respaldo en Andrés Velasco (uno de los 50 economistas que firmaron una carta en respaldo a Grau), quien en la misma instancia calificó a la acusación como “frívola”: “No es un problema del legado de un ministro o de un ministerio. Los países andan bien cuando tienen instituciones que son respetadas, y aquí la institución [de la acusación constitucional] está siendo manoseada“.

12 junio 2026

Tren de Aragua creó su propia plataforma de criptomonedas en Chile


El Tren de Aragua no solo lavó millones de dólares a través de movimientos en la banca nacional, sino que también creó su propia empresa de tecnología financiera (fintech), con sede en Santiago, para realizar transacciones en criptomonedas. La plataforma contaba con autorización de la CMF.

Estimados, lamentamos los inconvenientes, estamos con algunos inconvenientes técnicos, trataremos de solucionarlo a la brevedad”, reza un banner rojo que aparece por estos días en la parte superior de la web de la empresa de criptomonedas chilena Plusspay, la que ofrece transacciones en distintas criptomonedas “estables” o stablecoins: Ethereum es la más famosa de ellas, pero también Polygon, Arbitrum y Optimism

Como se indica en el propio sitio web, cualquier persona podía transferir dinero en pesos chilenos a Plusspay, que posteriormente los convertía en dólares digitales (USDT) o USD Coin (USDC), para luego enviarlos a sus destinatarios finales, ya fueran billeteras virtuales o cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, los problemas de la fintech –una de las 179 autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operar en el país exceden lo técnico. 

La plataforma de criptomonedas, que se jactaba de que “operamos bajo el marco regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)” y prometía “Registro y supervisión activa” forma parte de otro aspecto del entramado de lavado de activos del Tren de Aragua, con el objetivo de incorporar dinero depositado en bancos chilenos al mundo de las criptomonedas, en forma paralela al uso de aplicaciones como Binance y a la captación de ejecutivos bancarios, entre otras técnicas.

Días atrás sus dependencias, ubicadas en Providencia, fueron allanadas por detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), quienes no solo buscaban documentación y evidencia, sino también al dueño de la compañía, el ingeniero mecánico venezolano José Manuel Ríos Guaidó, a quien esperaban interrogar.

Ello no fue posible, dado que Ríos Guaidó, de 38 años y originario del estado Zulia, no estaba allí ni en ninguno de sus domicilios, incluyendo el que registraba en la calle Toro Mazote, en la llamada “Pequeña Caracas”. De hecho, se estima que es muy probable que se encuentre en Venezuela o Colombia, aseguran fuentes con conocimiento reservado del caso.

La trama societaria

Tal como se ha informado, en el contexto de la “Operación Tokio” –dirigida por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur–, la PDI comprobó movimientos bancarios por más de 84 millones de dólares, que fueron a parar a cuentas de criptoactivos en el extranjero y que, en su mayoría, pasaron por cuentas bancarias chilenas pertenecientes a dos personas jurídicas: BexGroup SpA y BexDigital Services SpA. La primera fue creada en agosto de 2022 por el venezolano Marco Reyes Acosta y la segunda en septiembre de 2022 por su compatriota Óscar Delgado Guerrero.  

Hay una tercera empresa que lleva el mismo prefijo (“Bex”), que fue creada en noviembre de 2022: Bexpay Business enterprises SpA, domiciliada en Toro Mazote 76, Estación Central, cuyo giro era asesoramiento en servicios digitales, software y hardware. Por cierto, dicha dirección corresponde a una torre de 28 pisos, pero en ninguna parte se especifica el departamento.

Esta empresa, a su vez, ya existía en Estados Unidos, pues el 6 de abril de ese mismo año Ríos Guaidó –por intermedio de una de tantas compañías que prestan servicio de apertura de giros comerciales en EE.UU.– creó Bexpay Business enterprises LLC en Miami, con domicilio postal muy cerca de Miami Beach. Dicha compañía –como pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador sigue activa en Estados Unidos, aunque no registra movimientos en las declaraciones anuales que debe entregar, incluyendo la de este año, fechada en abril pasado. Cabe hacer notar que la dirección consignada en la constitución de esa sociedad en Florida fue la misma que en Chile: Toro Mazote 76, Santiago.

Una investigación de The Clinic señala que Óscar Delgado, actualmente en prisión preventiva, llegó a Chile en 2017 y posteriormente encontró trabajo en Madesa, lo que le permitió construir una vida aparentemente normal en el país. Sin embargo, en 2020 conoció a quien hoy se encuentra prófugo, ya que según el medio “la pareja de Ríos Guaidó había vivido con la familia de Delgado Guerrero en un departamento en Estación Central”.

Ríos Guaidó agrega la publicación “también aparece vinculado a otras dos empresas que habrían recibido miles de millones provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua”.

Bexpay no era la primera sociedad que creaba Ríos. En octubre de 2021 formó Inversiones Plusservice SpA, junto a su coterráneo Jesús Alberto Morillo Medina, la cual sufrió varias modificaciones y registra domicilio en una oficina de calle Guardia Vieja, en Providencia.

El 17 de mayo de 2023 este compró el dominio www.plusspay.com y el 4 de septiembre de ese año pidió al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) la inscripción de la marca “Plusspay”, lo que siguió la tramitación normal y terminó siendo aceptada.

El 11 de diciembre de 2023, en tanto, modificó los estatutos de Inversiones Plusservice SpA. El registro respectivo indica que el nuevo giro de esta será “la prestación de uno o más de los siguientes servicios y sus actividades complementarias que autorice la Comisión para el Mercado Financiero”, y enumera como actividades “asesoría crediticia”, “sistemas alternativos de transacción”, “asesoría crediticia y de inversión”, “custodia de instrumentos financieros” y “enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros”.

En la CMF y el mundo fintech

Gracias a ello, y como lo indica el propio sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF Chile), el 2 de enero de 2024 Ríos Guaidó inscribió su empresa ante el órgano regulador, como institución financiera no bancaria. La página de identificación de Plusspay indica que hasta el momento la compañía no registra sanciones, pero tampoco aparece mucha información acerca de ella. De hecho, ni siquiera figura la dirección o el fono de la fintech, y como correo de contacto aparece el gmail de Ríos Guaidó. 

En la web de la CMF tampoco están los datos relativos a la constitución legal de la empresa. En el LinkedIn de Guaidó, no obstante, aparece más información, incluyendo una bienvenida que le dio la asociación de fintechs chilena, hace dos años.

En la misma red social, Ríos dice que estudió ingeniería mecánica en la Universidad del Zulia, entre 2004 y 2009, que entre 2010 y 2018 fue ingeniero de operaciones en la PDVSA (la compañía estatal de petróleos venezolana), y luego aparece en Chile con varios trabajos: planificador y programador de mantenimiento en CMPC, entre 2019 y 2020; jefe de operaciones en Agrosuper, entre 2020 y 2021; y luego, pese a que los años no cuadran con lo que evidencia la documentación, “Fundador y CEO” de Plusspay, desde agosto de 2021. 

En los registros a los que accedió El Mostrador, Ríos Guaidó figura como propietario de una oficina, un estacionamiento y una bodega ubicados en un edificio de calle Antonio Varas, en Providencia, avaluados en 54 millones de pesos en total, así como propietario de una Toyota RAV 4 de color azul, año 2025, comprada al contado.

El Mostrador preguntó a la CMF si habían iniciado una investigación contra Ríos Guaidó, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de parte del organismo.

La megaestructura

Cabe indicar que al menos en una de las investigaciones anteriores sobre el Tren de Aragua, relativas a la estructura de lavado de activos de la organización, ya aparecieron antecedentes relativos a la plataforma Plusspay, que fue utilizada por uno de los miembros del TDA, perteneciente a la facción “Los Loyalty”, que operaba en Temuco y los cuales –como explicó en su oportunidad El Mostrador– registraban intercambio de dinero con miembros de la célula de “Los Piratas”, implicados en el secuestro y homicidio del teniente venezolano, la misma que está en el centro de la “Operación Tokio” junto a otro grupo, “Los Shelby”. 

Asimismo, en dicha indagatoria aparecieron vínculos con miembros de “Los hermanos Cartier”, que operaban en Puerto Montt, los que estaban conectados a su vez con las células de Iquique (“La compañía”) y de Valparaíso (“El Tren del Mar”). 

En otras palabras, como lo explican varios investigadores, aunque a nivel de comisión de delitos todos los brazos operan en forma independiente, se entrecruzan a nivel del entramado financiero, donde aparece en un lugar muy relevante la figura de Cheison Guerrero Palma, el medio hermano del líder máximo del TDA, Héctor “Niño” Guerrero.

Como ha informado este medio, la presencia de este en Chile hasta inicios de 2024, cuando huyó rumbo a México o Estados Unidos, fue detectada por el grupo especial de detectives que investigaba al TDA en Talca, los que determinaron que, pese a que este dirigía vía telemática (desde Santiago) los delitos que se cometían en la capital del Maule, fue enviado a Chile precisamente a supervisar las operaciones económicas del grupo. 

Por ello no fue casualidad que el Departamento del Tesoro de EE.UU. hubiera emitido sanciones, en diciembre de 2025, en contra de Cheison Guerrero, quien ahora aparece vinculado a sujetos que fueron detenidos en medio de la “Operación Tokio”

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur ya emitió una orden de detención en contra de Ríos Guaidó.

08 junio 2026

Registro de Vándalos: premiar el privilegio, castigar la vulnerabilidad


El autor de esta columna escribe sobre el eventual retorno de la selección académica y la creación de un Registro Nacional de Vándalos. Los une y concluye que “quizás la pregunta decisiva no sea cómo premiar a quienes han tenido éxito ni cómo castigar a quienes han fracasado en ajustarse a las normas sociales. La pregunta verdaderamente importante es cómo construir instituciones capaces de ofrecer a todos condiciones suficientemente justas para desarrollar sus capacidades y ejercer una libertad real”.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno
Dos debates ocupan actualmente la discusión pública chilena. El primero se refiere al eventual retorno de la selección académica por mérito en determinados establecimientos educacionales, el segundo propone la creación de un Registro Nacional de Vándalos que podría restringir el acceso a beneficios sociales para quienes participen en actos de violencia. A primera vista, ambos asuntos parecen no tener nada en común. Uno pertenece al ámbito de la educación, el otro al de la seguridad pública. Uno busca premiar, el otro, castigar. Sin embargo, ambos descansan sobre una misma intuición moral, a saber,  la idea de que las personas deben recibir oportunidades o sanciones en función de sus méritos y de sus decisiones. La fuerza de esta intuición es fácil de comprender. Quien se esfuerza merece avanzar, quien daña a otros merece asumir las consecuencias de sus actos. Buena parte de nuestras instituciones se construyen sobre estas convicciones. Sin ellas, parecería imposible hablar de responsabilidad individual o de justicia. Pero existe una pregunta previa que rara vez formulamos con suficiente seriedad: ¿hasta qué punto somos realmente responsables de las condiciones que hacen posibles nuestros éxitos y nuestros fracasos?
John Rawls observó hace décadas que nuestras vidas están atravesadas por dos formas de azar moral. La primera es la lotería natural: la distribución desigual de talentos, capacidades intelectuales, rasgos de personalidad y disposiciones temperamentales. La segunda es la lotería social: el conjunto de circunstancias familiares, económicas y culturales en las que nacemos. Ninguna de ellas es merecida. Nadie elige sus talentos iniciales ni el entorno en que desarrollará esos talentos. Sin embargo, ambas influyen profundamente sobre aquello que llegaremos a ser.
Esta observación parece evidente, sin embargo, sus consecuencias son profundamente incómodas ya que nos obligan a preguntarnos cuánto de aquello que llamamos mérito es realmente atribuible al individuo y cuánto es el resultado de ventajas que simplemente tuvo la fortuna de recibir.
El problema no es que el esfuerzo carezca de importancia. El esfuerzo importa, y mucho. El problema es que incluso la capacidad de esforzarse depende en gran medida de circunstancias que no hemos escogido. La confianza necesaria para perseverar, la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, el apoyo emocional de la familia, la valoración social de la educación o la existencia de un entorno mínimamente estable son condiciones previas para que el esfuerzo pueda desplegarse. Y esas condiciones están distribuidas de manera profundamente desigual.
Cuando observamos el rendimiento académico de un estudiante solemos creer que estamos observando únicamente sus capacidades y su dedicación. Pero también estamos observando años de apoyo familiar, acceso diferencial a recursos culturales, calidad de la educación recibida, estabilidad emocional y oportunidades acumuladas desde la infancia. Lo que aparece como mérito individual es, en buena medida, el resultado de una historia social.
Por supuesto, nadie sostiene que los individuos sean simples productos de sus circunstancias. Los seres humanos deliberan, eligen y pueden ser considerados responsables de sus acciones. Reconocer la influencia de los contextos sociales no equivale a negar la existencia de la libertad, pero tampoco debería llevarnos a ignorar el peso que tienen las condiciones de partida sobre nuestras trayectorias. Esta cuestión adquiere una relevancia especial cuando hablamos de pobreza. Con frecuencia la pobreza es entendida únicamente como la ausencia de recursos económicos, sin embargo, sus efectos son mucho más profundos. La pobreza restringe oportunidades educativas, deteriora la salud física y mental, incrementa la exposición a situaciones de estrés, debilita las redes de apoyo y reduce la capacidad de las personas para proyectar su vida más allá de las urgencias inmediatas. Limita no sólo lo que las personas tienen, sino también aquello que pueden llegar a ser. Por esta razón algunos autores han descrito la pobreza como una forma de violencia estructural. No porque toda desigualdad constituya una agresión deliberada, sino porque millones de personas ven limitadas sus capacidades fundamentales debido a circunstancias que jamás eligieron. La pobreza impone restricciones reales sobre la vida de quienes la padecen y lo hace de una manera que resulta, desde el punto de vista moral, profundamente arbitraria.
La pobreza constituye así una de las expresiones más visibles de la lotería social. Quienes nacen en contextos de privación no han hecho nada para merecer esa situación, del mismo modo que quienes nacen en hogares privilegiados no pueden atribuirse mérito por las ventajas que reciben desde el comienzo de sus vidas. La cuestión relevante no es si los individuos son responsables de sus actos. Lo son. La cuestión es si una sociedad justa puede ignorar el peso que estas circunstancias inmerecidas tienen sobre las trayectorias vitales de las personas.
La evidencia acumulada durante décadas muestra una relación consistente entre exclusión social y diversas formas de violencia. Esto no significa que la pobreza produzca inevitablemente conductas violentas. Sería absurdo sostener algo semejante. La inmensa mayoría de las personas que viven en condiciones difíciles jamás participa en actos de violencia. Pero también sería ingenuo negar que los contextos de exclusión modifican las probabilidades de ciertas conductas.
Los entornos sociales influyen sobre las expectativas, las aspiraciones y las alternativas que los individuos perciben como disponibles. Del mismo modo que las oportunidades favorecen determinados proyectos de vida, la privación favorece determinadas formas de frustración, desesperanza o conflicto. Los contextos violentos no producen necesariamente personas violentas, pero sí hacen más probable la aparición de respuestas violentas.
Es precisamente aquí donde los dos debates mencionados al comienzo vuelven a encontrarse.
Por una parte, la selección académica premia desempeños que están fuertemente condicionados por circunstancias que los individuos no eligieron. Por otra, el Registro Nacional de Vándalos busca sancionar conductas que también se encuentran influidas, aunque no determinadas, por condiciones sociales inmerecidas. En ambos casos opera una misma lógica, a saber, convertir circunstancias moralmente arbitrarias en criterios legítimos de distribución. En el primer caso, ventajas de origen se transforman en mérito. En el segundo, desventajas de origen se transforman en culpa.
Lo más paradójico es que los beneficios sociales cuya restricción se propone suelen ser precisamente los instrumentos destinados a corregir esas desigualdades iniciales. La educación, la salud, la vivienda o los programas sociales no son recompensas por buena conducta. Son mecanismos mediante los cuales una sociedad intenta compensar, al menos parcialmente, los efectos de la lotería social y natural. Retirarlos como forma de castigo implica debilitar las herramientas que podrían permitir a las personas modificar las condiciones que contribuyeron a producir el problema que se busca combatir.
Una sociedad democrática necesita responsabilizar a los individuos por sus actos, pero también necesita reconocer que ninguna biografía comienza desde el mismo punto de partida. Cuando olvidamos esta segunda verdad, corremos el riesgo de transformar el privilegio en mérito y la vulnerabilidad en culpa. Quizás la pregunta decisiva no sea cómo premiar a quienes han tenido éxito ni cómo castigar a quienes han fracasado en ajustarse a las normas sociales. La pregunta verdaderamente importante es cómo construir instituciones capaces de ofrecer a todos condiciones suficientemente justas para desarrollar sus capacidades y ejercer una libertad.
Mientras esa pregunta permanezca ausente, seguiremos confundiendo los efectos de la desigualdad con defectos del carácter y seguiremos llamando justicia a lo que muchas veces no es más que la reproducción, bajo nuevas formas, de ventajas y desventajas que nadie escogió.

Oficialismo expresa preocupación a La Moneda por cobro a deudores CAE: exige mayor prolijidad y pide ser flexibles con sueldos inferiores a $1,5 millones

 


Durante el comité político ampliado de esta jornada, dirigentes del oficialismo transmitieron al Gobierno su inquietud con los recientes embargos a morosos del CAE que los han dejado sin dinero en sus cuentas y que incluso habría afectado a personas con bajos ingresos. En ese marco, desde los partidos pidieron mayor sensibilidad en esta área, en una reunión en la que participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. "Desde RN pedimos al Gobierno que la cobranza judicial tenga criterio y sea menos estricta con quienes hoy ganan menos de $1,5 millones", dijo el diputado Eduardo Durán.

Con preocupación observaron desde el oficialismo las denuncias que se divulgaron durante el fin de semana de morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) que aseguraron que la Tesorería General de la República (TGR) les embargó el cien por ciento de su dinero, ante la instrucción del Gobierno de José Antonio Kast de hacer cumplir la ley y terminar con las señales de una condonación.

El organismo, de hecho, inició un proceso de cobro que permite a los bancos embargar dinero, propiedades e incluso vehículos a quienes no hayan regularizado su situación. Con esto, algunos deudores denunciaron en sus redes sociales que se quedaron sin nada de dinero en sus cuentas.

La situación provocó que durante el fin de semana desde la oposición anunciaran que oficiarían a la TGR para que dé cuenta de los criterios utilizados a la hora de la cobranza.

El mensaje al comité político

La preocupación, sin embargo, también se instaló en sectores del oficialismo, lo cual se transmitió directamente a La Moneda este mediodía durante el comité político ampliado que reúne a los principales dirigentes de partido con el Gobierno.

En la cita, según manifestaron presentes, los parlamentarios plantearon su inquietud por los casos conocidos durante los últimos días y consultaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -presente en la reunión-, sobre los criterios utilizados, en particular por las denuncias de embargo a personas con sueldos inferiores a los $3 millones.

Con ello, el jefe de la billetera fiscal destacó en primer lugar que la instrucción de cobrar la deuda ha dado positivos resultados, en el sentido de que más de 30 mil personas han regularizado su situación, lo que atribuyó al empeño que ha puesto el Gobierno de Kast en esta materia.

Además, según presentes, aseguró que no era la intención perseguir a personas con bajos sueldos y que el foco siempre se ha puesto en las remuneraciones más elevadas. “Lo que nos ha informado el ministro es que no ha ocurrido en los casos que son igual o inferiores a 1,5 millones, sino que desde 3 millones hacia arriba”, sostuvo la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse.

De todos modos, en los partidos subrayaron la necesidad de una mayor meticulosidad en esta materia, pues subrayaron que si bien están de acuerdo con el proceso de cobranza, también se debe tener sensibilidad con los casos de personas de menores recursos.

Piden mayor criterio y flexibilidad en la cobranza

“(Al Gobierno) se le pidió atención y prolijidad, porque ha habido algunos casos que se escapan a lo anunciado por el Gobierno. Y evidentemente que si el Gobierno hace un anuncio de a quiénes les va a cobrar, la intención es cobrarle a esas personas y no a otras. Por lo mismo, se pidió mayor prolijidad”, dijo tras la reunión el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Por su parte, el diputado RN Eduardo Durán comentó: “Es un deber ético devolver los recursos públicos en los que el Estado actuó como aval, porque el CAE no es gratuidad. Sin embargo, desde RN pedimos al Gobierno que la cobranza judicial tenga criterio y sea menos estricta con quienes hoy ganan menos de $1,5 millones, adaptándose a la difícil situación económica actual”.

“Hemos planteado que haya una mirada en ese sentido, que haya cierta flexibilidad para que se adecuen sus ingresos”, sumó Weisse.

Más tarde, en todo caso, fue el propio ministro Hacienda el que fue consultado por las recientes cobranzas. A la salida del Ministerio, Quiroz recalcó que el llamado que han hecho a que los deudores regularicen la deuda ha sido “exitoso”.

“Prácticamente 30 mil personas se han puesto al día. De ese total, se compara con menos de 1.500 que han sido embargados“, explicó.

Sobre los casos de cobros a personas que perciben un ingreso inferior a los $3,5 millones, precisó: “Voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta”.



Incendio en Río Negro arrasa cinco casas y deja tres lesionados

 

Un incendio estructural de gran magnitud destruyó cinco viviendas la tarde de este sábado 6 de junio en la población Alejandrino González, en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno. La emergencia, que obligó a declarar tres alarmas consecutivas por el riesgo de propagación a inmuebles colindantes, dejó además a tres personas lesionadas, entre ellas un voluntario de Bomberos.

El siniestro se concentró en el sector de calles Mario Sandoval con Alfredo Villarroel, donde las llamas avanzaron con rapidez y demandaron un amplio despliegue de unidades. Según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Negro, Gustavo Díaz, las cinco casas afectadas registraron daños superiores al 80% de su estructura.

Durante los primeros minutos, los voluntarios enfrentaron dificultades para sostener el combate por la baja presión de los grifos en el sector, lo que obligó a reforzar el suministro mediante apoyo externo. Para contener el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas, se sumaron camiones aljibe y unidades de abastecimiento del Cuerpo de Bomberos de Purranque y del Cuerpo de Bomberos de Osorno.

Con ese refuerzo, las compañías desplegadas pudieron realizar maniobras de ataque simultáneo desde el frontis y desde la parte posterior de los inmuebles comprometidos, trabajando para contener los focos activos y enfriar las estructuras aledañas.

Lesionados y dificultades de acceso en el sector

El comandante Gustavo Díaz informó que el balance de salud dejó tres personas lesionadas: dos adultos mayores civiles y un voluntario de Bomberos. Todos fueron derivados al servicio de urgencia del hospital local para su evaluación médica.

En el lugar también se registraron complicaciones operativas por el acceso a las calles. Bomberos reportó que la alta densidad de vehículos particulares estacionados a ambos lados de la calzada dificultó el libre desplazamiento de los carros de emergencia, retrasando el posicionamiento de las unidades de material mayor en puntos clave para el combate.

Pese a esas condiciones, el trabajo coordinado entre las compañías y el apoyo logístico permitió controlar el avance del fuego y reducir el peligro de propagación hacia viviendas vecinas, en un sector de alta concentración habitacional.

Albergue, FIBE y apoyo municipal a damnificados

A la emergencia concurrió el encargado de la oficina de emergencias municipal, Pedro Aguilar, quien se constituyó en el sector junto al alcalde y concejales. De acuerdo con lo informado, el municipio activó de inmediato la sede social de la población Alejandro González para habilitarla como albergue temporal para las familias damnificadas.

El plan de respuesta municipal contempla que este lunes se inicie el catastro definitivo mediante la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite levantar información sobre los daños y necesidades de los afectados para canalizar ayudas.

Además, se coordinará el retiro de escombros mediante la Dirección de Aseo y Ornato, junto con gestiones orientadas a soluciones habitacionales transitorias. Entre las medidas señaladas se consideran subsidios de arriendo o la asignación de viviendas de emergencia estatales, según la evaluación social y técnica que se realice tras el levantamiento de antecedentes.

En paralelo, la causa y el origen del incendio en Río Negro quedaron bajo investigación del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, que realizará las pericias correspondientes para establecer cómo se inició el fuego.

Tras la emergencia, las autoridades reiteraron el llamado a la mantención mensual de los ductos de evacuación de gases, en un periodo marcado por el aumento del uso de calefacción domiciliaria. Mientras avanzan las indagatorias, el balance en terreno se mantiene en cinco viviendas con daños superiores al 80% y tres personas lesionadas derivadas a evaluación médica, con apoyo municipal activado para atender a los damnificados.


02 junio 2026

Terremoto en Seguridad: ministro Arrau pide la renuncia de subsecretarios Jouannet y Quintana


A semanas de asumir la cartera, Martín Arrau removió a los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito. La decisión se produce en la antesala de la presentación del nuevo plan de seguridad del Gobierno ante el Congreso. Amarillos pierde a su representante en el Gobierno.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, concretó este martes uno de los cambios más relevantes desde su llegada al gabinete al solicitar la renuncia de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes encabezaban las áreas de Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

La decisión fue comunicada durante la mañana por el propio secretario de Estado, en el marco de un proceso de revisión interna que comenzó tras el cambio de gabinete que significó la salida de Trinidad Steinert de la cartera.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, Arrau sostuvo reuniones con ambas autoridades cerca de las 08:00 horas para informarles personalmente su salida. La medida responde a la intención del ministro de reorganizar el funcionamiento de la cartera y comenzar a imprimir un sello propio a la gestión de seguridad del Gobierno.

Aunque la designación de subsecretarios corresponde formalmente al Presidente de la República, desde el Ejecutivo señalan que José Antonio Kast otorgó amplio margen de acción a Arrau para conformar su equipo y desarrollar la agenda de seguridad que pretende impulsar durante los próximos meses.

La remoción de Jouannet, el único representante del partido Amarillos que estaba en el Gobierno, marca además el fin de una de las apuestas políticas más relevantes que realizó José Antonio Kast al conformar el Ministerio de Seguridad. El exdiputado y presidente de Amarillos por Chile había sido defendido públicamente por el entonces Mandatario electo cuando enfrentó cuestionamientos por antiguos vínculos societarios con empresarios posteriormente involucrados en el caso “Tragamonedas”, que es investigado judicialmente.

En febrero, Kast fue enfático al respaldarlo. “Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”, afirmó entonces, agregando que los antecedentes eran conocidos con anterioridad a su nombramiento y que no existían cuestionamientos a su desempeño. El hoy Presidente también destacó la experiencia del exparlamentario como diputado, exdelegado provincial e intendente, señalando que conocía en profundidad materias vinculadas a seguridad y crimen organizado.

Desde el entorno presidencial se consideraba que Jouannet cumplía un rol relevante en el diseño político de la cartera debido a su experiencia legislativa y a las redes que mantenía en el Congreso, particularmente en materias de seguridad pública y Macrozona Sur. Incluso, pese a los cuestionamientos surgidos antes de asumir el cargo, el Ejecutivo ratificó en su momento que los antecedentes habían sido revisados y que no constituían un impedimento para su nombramiento.

El vínculo político entre ambos también se fortaleció tras la elección presidencial. Luego del triunfo de Kast, Jouannet sostuvo que “nadie se puede restar a este gran desafío que es sacar este país adelante” y manifestó su disposición a colaborar con la nueva administración. Incluso, al ser consultado sobre una eventual incorporación al gobierno, señaló que prefería mantenerse ligado al mundo académico, aunque advirtió que “a los presidentes es muy difícil decirles que no”.

Por eso, su salida, junto con la de Quintana, ocurre en una semana especialmente sensible para el Gobierno. La seguridad fue uno de los ejes principales de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast y durante las próximas horas el ministro deberá presentar ante el Congreso los lineamientos de la nueva estrategia de seguridad pública.

Está previsto que Arrau exponga este martes ante el Senado y que el miércoles haga lo propio ante la Cámara de Diputados, en una serie de encuentros donde se detallarán las principales medidas que el Ejecutivo busca implementar en la materia.

Durante sus primeras semanas en el cargo, el ministro ha desarrollado una intensa agenda de trabajo, que ha incluido visitas a unidades policiales, recintos penitenciarios y reuniones con autoridades vinculadas al combate del delito y el crimen organizado.

Asimismo, ha sostenido encuentros con exautoridades del sector, entre ellos el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario Felipe Harboe. Ambos figuran entre los nombres que Arrau pretende incorporar a un futuro consejo consultivo que apoye el diseño y seguimiento de las políticas públicas en seguridad.

La salida de los subsecretarios también se interpreta como un intento por cerrar el ciclo marcado por la gestión de Trinidad Steinert y las tensiones que derivaron en su salida del gabinete, especialmente tras los cuestionamientos por la ausencia de un plan formal de seguridad presentado ante el Congreso.

Respecto de los reemplazos, desde el Ejecutivo indicaron que los nombres están siendo evaluados y que serán informados próximamente. Mientras tanto, el ministerio continuará trabajando en la implementación de la agenda que el Gobierno considera prioritaria en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado.