Nunca antes Chile había enfrentado un alza de esta magnitud en los combustibles: hasta un 30% en las bencinas y un 60% en el diésel. En este análisis de Punto por Punto, revisamos las principales críticas de economistas al manejo del Gobierno de José Antonio Kast.
Los expertos advierten que el problema no es solo económico, sino también político: decisiones de este tipo pueden erosionar la confianza, tensionar el clima social y afectar el capital político del Gobierno en sus primeras semanas. Nunca antes habíamos sufrido un alza de un 30% en el valor de la bencina y de un 60% en el diésel.
Eso significa que, si el lunes 23 de marzo pagábamos $1.114 pesos por litro de bencina, hoy viernes 27 pagamos $1.464. O sea, el costo de la vida nos va a aumentar. Los especialistas cuestionan que se hiciera el alza de una vez, si se pudo haber hecho gradualmente y así disminuir el efecto en la inflación.
Que las medidas de mitigación a la clase media y más vulnerable no parecen suficientes, dicen. Aseguran, además, que con esa decisión del Gobierno se arriesgó el capital político del Mandatario por un tema que no era –necesariamente– un problema.
Lo anterior podría disminuir su popularidad y afectar, en consecuencia, las transformaciones procrecimiento que esperan los empresarios y el sector privado.
Si quieres conocer los distintos elementos que están tras el alza de los combustibles y así poder formarte tú propia opinión, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.
Pedro Marileo, designado el 13 de marzo como Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco, participó en una toma de terrenos, declaró en 2016 que apoyaba la «reivindicación de lucha» de Héctor Llaitul por el atentado al fiscal Elgueta, y gestionó ante el gobierno de Boric condiciones penitenciarias para dos condenados cuya libertad exige la Resistencia Mapuche Lafkenche.
En enero de 2015, Carabineros detuvo a cuatro comuneros mapuche en el fundo La Campana de Tirúa, en la Provincia de Arauco. Entre los dos detenidos figuraban Martín Marileo y Gastón Antileo, quienes resultaron heridos durante el procedimiento policial. Entonces, quien alzó la voz por ellos fue Pedro Marileo, recientemente designado Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco. Marileo se presentó como familiar de ambos al diario El Sur de Concepción, y declaró: «Estábamos en una recuperación de tierra de la Comunidad Antonio Paillao, que son 28 mil hectáreas (…). Existen documentos que avalan que las tierras son nuestras y que fueron usurpadas por forestales y particulares». En la práctica, las “recuperaciones de tierras”, son usurpaciones o tomas.
Tres años más tarde, Marileo volvió a estar vinculado a una ocupación. El 28 de diciembre de 2018, la Comunidad Antonio Paillao se tomó los fundos Canihual, La Campana, El Cardal y Paillaco. La acción fue parte de las movilizaciones acordadas en el cuarto trawün (reunión) de Temucuicui, realizado tras la muerte de Camilo Catrillanca. Durante esa jornada hubo acciones en Angol, Quidico, Ercilla, Lumaco, Teodoro Schmidt, Lonquimay, Loncoche, entre otros sectores de La Araucanía y la Provincia de Arauco (en Biobío). Entonces, nuevamente quien dio declaraciones por la comunidad Antonio Paillao fue Pedro Marileo.
De acuerdo con la reseña de Radio Cooperativa, en la ocasión, la comunidad también exigía “justicia” por Martín Marileo y Gastón Antileo, y quien actuó como werkén (vocero) de la comunidad fue Pedro Marileo, quien dijo a la radio que esperaban “justicia para los peñi”, y solicitaban que el Gobierno se hiciera parte como querellante en la causa.
Un documento fechado el 13 de marzo —a menos de 48 horas de asumir— muestra que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá. Días después, la subdirectora de Inteligencia de la PDI fue removida tras una solicitud directa de la secretaría de Estado. La secuencia instala dudas sobre una eventual “pasada de cuenta” de carácter personal de la ministra con la ahora exfuncionaria de la policía civil.
El 13 de marzo de 2026, a solo horas de haber asumido como ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert firmó un oficio reservado dirigido al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna. El documento no estuvo exento de errores formales: en él se alude a Cerna como “general director”, denominación propia de Carabineros y no de la PDI.
Más allá de esa imprecisión, el contenido era claro y específico. La ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en la investigación del denominado “Clan Chen”.
La solicitud incluía un nivel de detalle inusual. No solo requería la identificación de los funcionarios, sino también los fundamentos de sus traslados, sus nuevas destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas asociadas a su desempeño en dicha causa.
En los hechos, se trataba de una revisión completa de los equipos que participaron en una investigación que la propia Trinidad Steinert lideró en su etapa como fiscal regional en Tarapacá.
Mira el oficio:
Pero el oficio no quedó aislado. De acuerdo con antecedentes recabados por Radio Bío Bío, en los días posteriores, y dentro de la misma semana, la ministra solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña.
Fuentes conocedoras de la decisión sostienen que la petición fue directa y sin una explicación detallada. Tampoco se explicitó si esta respondía a una instrucción del Presidente de la República, considerando que la ley que creó el Ministerio de Seguridad radica en el jefe de Estado la decisión sobre la permanencia del alto mando policial.
La solicitud se realizó el viernes 20 de marzo y buscaba ejecutarse de forma inmediata. Sin embargo, ello no ocurrió ese mismo día, ya que la entonces subdirectora se encontraba en Arica liderando operativos en el sector de Cerro Chuño, zona crítica donde se han desarrollado procedimientos para desarticular organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y redes transnacionales.
No fue sino hasta el sábado cuando se concretó la comunicación formal de su salida, a través del director general de la PDI, conforme a los procedimientos internos. Como ocurre con todos los oficiales generales, su renuncia estaba previamente firmada, lo que permitió materializar su salida sin mayores explicaciones públicas sobre el fondo de la decisión.
La conexión con el caso Clan Chen
El punto de unión entre ambos hechos es evidente. El denominado “Clan Chen” corresponde a una de las investigaciones más complejas desarrolladas en el norte del país en los últimos años. Se trata de una estructura criminal de origen chino vinculada a delitos de lavado de activos, estafas internacionales y operaciones financieras irregulares, con ramificaciones fuera de Chile.
La causa implicó un despliegue relevante de unidades especializadas de la PDI, particularmente de la BRIANCO de Tarapacá, y derivó en allanamientos en la Zona Franca de Iquique (Zofri). En ese entonces, la investigación era liderada por la propia Trinidad Steinert en su calidad de fiscal regional.
Sin embargo, al interior de la institución, esa causa también habría generado movimientos de personal, cambios de equipos y decisiones operativas que hoy vuelven a ser objeto de revisión.
Y es precisamente sobre esos funcionarios —los que participaron en esa investigación— que la ministra pidió información detallada apenas asumió el cargo.
Según fuentes policiales, los cambios realizados en su momento respondieron a criterios operativos internos destinados a resguardar el éxito de la investigación y evitar conflictos. No obstante, dichos ajustes habrían generado molestia en Steinert, particularmente por el alejamiento de un funcionario que era muy cercano a ella, lo que explicaría el foco de su requerimiento.
Otros antecedentes en la mira
Radio Bío Bío intentó obtener una versión de la ministra Steinert y su equipo desde el sábado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Desde su equipo de comunicaciones señalaron que canalizarían las consultas, lo que finalmente no ocurrió al no tener una declaración.
En paralelo, al interior de la PDI —donde se desempeñan más de 13 mil detectives— ya circulaban versiones sobre una eventual “pasada de cuenta” vinculada a decisiones adoptadas en Tarapacá.
Pero no es el único elemento. Según antecedentes recabados por este medio, la ministra también habría intentado acceder a información de una causa que involucra a un familiar directo de la exsubdirectora.
El caso se remonta a diciembre de 2025, cuando el hijo de Consuelo Peña quedó en calidad de testigo en una investigación por tráfico de drogas en Valdivia, luego del hallazgo de sustancias ilícitas en su domicilio, situación que fue denunciada por la propia funcionaria.
Con el avance de la indagatoria, el Ministerio Público mantuvo al involucrado en calidad de testigo, bajo la hipótesis de consumo, y derivó las diligencias al OS-7 de Carabineros para evitar conflictos de interés.
De acuerdo con las mismas fuentes, Steinert habría intentado obtener antecedentes de esa causa, pese a que la legislación vigente, en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad, establece expresamente límites para acceder a investigaciones penales en curso, precisamente por su carácter reservado.
Este último punto también se le pidió conocer detalles a comunicaciones del Ministerio de Seguridad, pero no hubo respuesta a esas consultas.
La exministra del Interior Carolina Tohá criticó el tono del Ejecutivo tras la polémica por la gráfica del “Estado quebrado” y advirtió que el estilo de campaña del Partido Republicano no puede trasladarse al Gobierno. “No es lo mismo la campaña republicana que el gobierno de Chile”, afirmó.
En entrevista con el programa Turno en Vivo, la exautoridad cuestionó el estilo comunicacional del Ejecutivo y advirtió que el lenguaje utilizado puede tener efectos en la confianza internacional en Chile.
Tohá sostuvo que el país enfrenta dificultades fiscales, pero descartó que la situación sea crítica o inmanejable. “Los gobiernos se tratan de administrar dificultades. No se trata de decir, mire, aquí no debería haber dificultades. Hay dificultades y con eso hay que lidiar todos los días”, señaló.
En esa línea, afirmó que el actual escenario fiscal no es excepcional en comparación con otros periodos recientes. “Cuando el gobierno anterior asumió, el recorte que hubo que hacer en ese momento no fue de 3%, fue de 23%. (…) Entonces no es verdad que hoy día el Estado está en una situación inmanejable”, indicó.
La exministra también cuestionó el uso del concepto de “Estado quebrado”, señalando que ese tipo de mensajes puede afectar la percepción internacional del país.
“Cuando le ponen ‘la caja está vacía’, en las bolsas del mundo no confían. O sea, que el gobierno de Chile diga ‘el Estado está en quiebra’, el planeta mira y dice: pero si ellos mismos lo están diciendo”, afirmó.
En ese contexto, Tohá planteó que el estilo de comunicación utilizado por el Ejecutivo se asemeja al tono que tuvo la campaña presidencial republicana. “Conocemos el estilo que tuvo la campaña anterior (…) es el estilo republicano en gráfica”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que ese enfoque no puede trasladarse a la conducción del país. “Pero no es lo mismo la campaña del Partido Republicano que el gobierno de Chile. Cuando tú dices algo a nombre del gobierno de Chile, eso tiene impactos para Chile, no para el Partido Republicano”, señaló.
La exautoridad también expresó preocupación por lo que calificó como un estilo de conducción más confrontacional en el actual escenario político. “Me preocupa que Chile entre en una deriva de descontrol, de brutalidad, de desacuerdos que después son muy difíciles de enmendar”, afirmó.
Pese a sus críticas, Tohá sostuvo que el Gobierno aún tiene margen para corregir el rumbo. “El Presidente Kast está iniciando su gobierno y tiene espacio para enmendar. Tiene mucho espacio para enmendar”, indicó.
Finalmente, llamó al Ejecutivo a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones y sobre la forma en que comunica las medidas en un escenario económico complejo.
A casi dos semanas de dejar el Ministerio de Seguridad, el abogado fue contratado por la institución para dictar la cátedra de Derecho Administrativo.
Fue el jefe director de ambas policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) hace poco más de dos semanas, pero ahora cumplirá otro rol. Al menos en la policía uniformada. Sorpresa causó entre los alumnos de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros -donde los oficiales se perfeccionan para optar a grados de jefe- la llegada del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
El abogado llegó la semana pasada a dictar su primera clase, en específico de Derecho Administrativo. Se trata de un trabajo remunerado acordado entre la institución que antes mandataba y el propio exministro.
Cordero es un especialista en la materia, pues también es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, según se consigna en la página web de la propia universidad, es investigador sénior del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) desde su creación. Es Doctor en Derecho de la Universidad de Lleida, España y Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía".
Carabineros ficha al exministro Luis Cordero como profesor
Luis Cordero llegó al Gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2023, cuando fue designado como Ministro de Justicia y Derechos Humanos tras la salida de Marcela Ríos.
Carabineros ficha al exministro Luis Cordero como profesor - Agencia Uno
Luego de la denuncia por delitos sexuales contra el otrora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Cordero pasó a ocupar su cargo hasta abril de 2025.
Sin embargo, con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el abogado pasó a encabezar una de las carteras más exigentes del Gobierno, cuyo cargo ocupó hasta el 11 de marzo de 2026 cuando la exfiscal Trinidad Steinert llegó de la mano del Presidente José Antonio Kast.
El exministro Luis Cordero cuenta con un Doctorado en Derecho en la Universidad de Lleida en España y un Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Desde la Universidad de Chile destacan que durante su trayectoria participó en la discusión legislativa de diferentes proyectos de ley, entre ellos el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el que reforma la institucionalidad ambiental, el que crea los Tribunales Ambientales, el que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, entre otros.
Continúa la controversia tras el aumento al precio de los combustibles, que rige desde este jueves 26 de marzo. A la preocupación ciudadana, se suman las reacciones de las autoridades, muchos de los cuales, critican la medida.
En esa línea, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno indicando que afecta a toda la cadena productiva encareciendo productos y servicios afectando la economía familiar.
Sobre si esta alza puede afectar la realización de obras que fueron financiadas y proyectadas con los valores actuales, Bertin se mostró confiado a que no deberían existir contratiempos o abandonos, aunque evidenció su preocupación con los nuevos proyectos y las alzas que estos experimentarán.
Donde existe una leve incertidumbre es respecto a contratos firmados, o que están en proceso de firma, que dicen relación con el transporte o la entrega de combustibles para calefacción lo cual deberá ser analizado caso a caso, indicaron desde la casa edilicia, para asegurar los servicios, sobre todo, en recintos educacionales y de salud.
La expresidenta Michelle Bachelet anunció que mantendrá su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de que el gobierno de José Antonio Kast decidiera retirar el patrocinio de Chile a su candidatura, la cual había sido presentada en conjunto con Brasil y México.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó: “Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.
No obstante, la autoridad diplomática precisó que “en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.
Frente a esta decisión, Bachelet emitió una declaración en la que agradeció el respaldo inicial del Estado de Chile y sostuvo que su candidatura se mantiene con el apoyo de los gobiernos de Brasil y México. “Agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero”, señaló.
Presidente Gabriel Boric anuncia la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas junto a representantes de Brasil y México. Diego Martin/Aton Chile.
“Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de ex Jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”, declaró.
En su declaración, Bachelet enmarcó su postulación en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional. “En un mundo convulso, marcado por conflictos, desigualdades y profundas incertidumbres, necesitamos una ONU más eficaz, más eficiente y más relevante en el cumplimiento de sus tareas esenciales en materia de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. Reformar y fortalecer el sistema multilateral no es una consigna; es una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas”, añadió.
De esa manera, la exmandataria expuso que su “disposición a contribuir en este desafío permanece intacta”. “Por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, subrayó.
“Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción”, concluyó, señalando que seguirá trabajando “convencida de que los desafíos del siglo XXI requieren de una cooperación generosa que trascienda las legítimas diferencias políticas internas”.
