31 agosto 2026

¿Kast culpa al Tribunal Constitucional de la delincuencia?

 


Por Ana María Gazmuri, diputada

Chile enfrenta un problema de seguridad real y grave. Precisamente por eso necesitamos soluciones eficaces y no excusas para debilitar las instituciones que sostienen nuestra democracia.

La reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast no es una modificación puntual para perseguir mejor al crimen organizado. Propone ocho cambios constitucionales, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y nuevas facultades para el Ejecutivo. Pero hay algo que resulta especialmente preocupante: el propio Gobierno presenta al Tribunal Constitucional como parte del problema de seguridad del país.

El mensaje presidencial cuestiona una jurisprudencia que, a su juicio, habría interpretado de manera excesivamente garantista los derechos fundamentales y reducido el espacio del legislador para adoptar políticas de seguridad. Y la respuesta es modificar la Constitución: el propio proyecto señala que busca cambiar “el parámetro sobre el cual dicho control ha de operar”.

Durante la campaña, Kast construyó buena parte de su relato responsabilizando al gobierno de Boric por la crisis de seguridad. Hoy, ya instalado en La Moneda, aparece un nuevo responsable: el Tribunal Constitucional. Si antes el problema era el gobierno anterior, ahora parecen ser las instituciones que ponen límites al poder. Y eso merece una pregunta: ¿cuánto de este diagnóstico responde realmente a las dificultades para enfrentar el crimen organizado y cuánto a la necesidad de encontrar un responsable externo cuando las promesas de seguridad chocan con la realidad?

El borrador filtrado era todavía más explícito y contenía disposiciones destinadas a cerrar determinados flancos de impugnación constitucional. Esas normas fueron retiradas del proyecto final, y es correcto reconocerlo. Pero el enfoque permanece: cuando los límites constitucionales incomodan determinadas políticas de seguridad, la respuesta del Gobierno es modificar esos límites. Eso debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestra posición política.

Porque aquí aparece un segundo problema: lo que se está construyendo se parece peligrosamente a una concepción iliberal del poder. Un gobierno puede ser elegido democráticamente y, aun así, intentar debilitar progresivamente los contrapesos que limitan su poder. La democracia no consiste solamente en ganar elecciones. También consiste en aceptar que existen derechos, tribunales, Congreso y reglas que incluso una mayoría debe respetar.

Y el nuevo estado de excepción, que impulsa el gobierno de Kast, lleva esta discusión todavía más lejos. Se trata de un régimen que ampliaría de manera significativa las facultades del Ejecutivo durante su vigencia, que puede llegar a ocho meses sin requerir autorización del Congreso Nacional, permitiendo restringir derechos y libertades fundamentales bajo un estándar excepcional y otorgando al Estado herramientas de control especialmente intrusivas. El proyecto permitiría, durante su vigencia, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Detengámonos un segundo en eso.

Todas las personas tenemos conversaciones privadas. Todos tenemos secretos. Todos tenemos cosas que no queremos compartir con nadie: Una conversación con nuestra pareja, un mensaje a alguna amistad, una conversación familiar, información laboral, una preocupación íntima. ¿Queremos realmente entregarle a un gobierno la posibilidad de entrar a ese nivel de nuestra vida privada sin que exista siquiera una sospecha individual de delito?

Para combatir al crimen organizado, ¿estamos disponibles para construir un Estado con capacidad de entrar en la intimidad de personas completamente inocentes? Porque existe una ilusión peligrosa: creer que las restricciones siempre recaerán sobre otros, sobre quienes “lo merecen”, sobre quienes consideramos lejanos a nuestra propia vida. Pero una vez que entregamos ese poder al Estado, no podemos escoger sobre quién se utilizará mañana. La historia está llena de personas que apoyaron medidas pensando que nunca las afectarían y terminaron descubriendo, demasiado tarde, que las reglas también eran para ellas.

La seguridad no se construye otorgándole al poder la capacidad de verlo y escucharlo todo. Se construye con inteligencia policial, siguiendo la ruta del dinero (algo a lo que, sospechosamente, el oficialismo se ha opuesto permanentemente), coordinación institucional, cárceles capaces de impedir que las organizaciones criminales sigan operando y policías con herramientas eficaces.

Un Estado fuerte no es un Estado que puede hacer cualquier cosa. Es un Estado que tiene capacidad para combatir al crimen y, al mismo tiempo, límites que ni siquiera el propio Gobierno puede saltarse.

El Tribunal Constitucional no es el enemigo. Puede ser criticado y su diseño puede reformarse. Pero los contrapesos no existen para favorecer a la izquierda ni a la derecha. Existen porque ninguna mayoría circunstancial debería tener la posibilidad de decidir por sí sola cuáles son los límites de su propio poder.

Kast tiene derecho a gobernar. Tiene derecho a impulsar políticas de seguridad. A lo que no tiene derecho es a decidir unilateralmente cuánto poder puede ejercer sobre cada persona en Chile.

El crimen organizado amenaza al Estado de Derecho. Pero un Estado que, para combatirlo, comienza a debilitar sus propios controles también puede terminar amenazandolo. Necesitamos seguridad, sí. Pero también necesitamos democracia. Y ambas cosas son inseparables.

Kast: "¿Conozco a Cerimedo? Sí, porque nos hemos cruzado"

 


En El Diario de Cooperativa, el Mandatario descartó cualquier contratación directa del "rey de los bots" durante sus campañas electorales o dentro del actual equipo de Gobierno.

Reafirmó la legitimidad de su contundente victoria en las urnas e instó a los detractores a presentar sus denuncias en "las instancias pertinentes".


El Presidente José Antonio Kast descartó este lunes, en El Diario de Cooperativa, haber contratado o mantenido relación laboral con el estratega digital argentino Fernando Cerimedo -preso en Bolivia por presunto intento de femicidio y supuesto enriquecimiento ilícito-, luego de que desde la oposición se solicitara investigar eventuales nexos a raíz de las indagatorias sobre "granjas de bots" e injerencia digital en la región.

Frente a los cuestionamientos, el Mandatario defendió la legitimidad de su triunfo en las urnas y emplazó a los sectores críticos a recurrir a los organismos institucionales correspondientes.

"Ganamos una elección con 7,2 millones de votos y la persona que pasó a segunda vuelta, que es Jeannette Jara, sacó 5,2 millones de votos. Ese es un triunfo contundente y la mayor votación que haya tenido un Presidente en la historia de Chile. Eso (es) para que nadie trate de decir: 'oiga, mire, aquí se dieron circunstancias especiales que generaron esto'. No, hubo un triunfo contundente", dijo el Jefe de Estado.

"Si alguien tiene algún reclamo, tendrá que recurrir a las instancias pertinentes, que serán el Servel, la Contraloría o la Fiscalía. Nosotros no tenemos ningún problema de que alguien que después de ocho meses (aún) no se sobreponga de la derrota pueda ocupar todas las vías legales que corresponda", aseveró Kast, luego de que Jara acusara que tanto ella como Evelyn Matthei (UDI) fueron víctimas de un "uso articulado de cuentas" de redes sociales en la campaña.

Respecto a la relación con Cerimedo, el Presidente desmarcó tanto a su Administración como al Partido Republicano de cualquier prestación de servicios.

"Respecto de este señor que hoy día salta a la fama: yo en ninguna de mis campañas he trabajado con él. El Gobierno no tiene asesorías con este señor. ¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado", puntualizó el Mandatario.

Asimismo, al ser consultado por la eventual participación del estratega en las franjas del Rechazo y el En Contra durante los plebiscitos constitucionales, Kast precisó que dichas campañas no formaron parte del trabajo directo del Partido Republicano.

"En el año 2020, hace seis años atrás, él habría -también será tema de investigación, ahí la gente dirá- participado o habría asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano (...) Después, en el segundo proceso (2023), hice una campaña separada de lo que era el conglomerado que estaba en contra del texto refundacional de la Constitución", concluyó el Mandatario.

Kast defendió su participación en el Foro Madrid: "Júzguenme por lo que diga en ese acto"

Kast defendió su participación en la cumbre internacional del Foro Madrid —iniciativa impulsada por la fundación española Disenso—, evento que se reunirá este jueves en Santiago y que ha generado debate dentro del propio bloque oficialista.

Frente a los cuestionamientos en el sector sobre una eventual división interna, el Mandatario descartó cualquier quiebre y argumentó su derecho a participar en la cita global. 

"Dos almas no hay; estamos trabajando muy bien con los distintos partidos políticos, más allá de las acciones que uno pueda realizar, en este caso, en un evento del cual soy uno de los fundadores", aseveró en El Diario de Cooperativa.

El Jefe de Estado enfatizó que "la carta del Foro de Madrid cuenta con la firma de Giorgia Meloni, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Javier Milei y Santiago Abascal".

"Es como que alguien le dijera a los integrantes del Foro de São Paulo o del Grupo de Puebla que no se pueden reunir", ejemplificó, mencionando como antecedente el encuentro "Democracia Siempre", organizado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) en La Moneda en julio de 2025.

"Uno puede criticarlo, pero de ahí a censurar a alguien y decir 'usted no puede ir'... ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo expresar una opinión?", señaló.

Finalmente, el Presidente instó a evaluar su gestión por los hechos concretos y no por aprensiones previas: "Júzguenme por lo que ocurra en ese acto, por lo que yo diga en ese acto, pero tener un juicio anterior a lo que vaya a ocurrir ahí creo que es equivocado".

Hasta 21 años de cárcel para médicos que emitieron miles de licencias fraudulentas: perjuicio a Fonasa superó los $31 mil millones

Nueve de los condenados son médicos extranjeros y, según la Fiscalía, participaron en la creación de centros médicos de fachada para emitir las licencias. La ministra de Salud celebró la sentencia, pero aseguró que existe preocupación porque médicos han disminuido la emisión de licencias por temor.

Después de más de un año de juicio oral, este lunes comenzó la lectura de sentencia contra los 17 integrantes de la organización que durante años operó como una industria de licencias médicas fraudulentas.

Entre los condenados se encuentran nueve médicos extranjeros, quienes, según logró acreditar la Fiscalía, participaron en la creación y funcionamiento de centros médicos utilizados como fachada para emitir licencias médicas

La investigación estableció que la red emitió más de 71 mil licencias médicas fraudulentas entre 2020 y 2022. Solo en el caso de Fonasa, el perjuicio acreditado asciende a $31.571.798.643.

Los involucrados fueron todos condenados por delitos como emisión de licencias médicas falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.

El tribunal dio por acreditado que no se trataba de casos aislados, sino de una estructura organizada que tenía distintos roles para captar clientes, emitir los documentos y posteriormente mover los recursos obtenidos.

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, dijo que “el médico al cual fue condenado las penas mayores son 21 años. Otros médicos, 16, 15, 13 años. No solamente fueron condenados estos médicos, también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores”.

“También fueron condenados algunos compradores de licencias médicas que, en su oportunidad, por diversas razones, no estuvieron disponibles para algunas salidas alternativas, quisieron ir a juicio y también fueron condenados”, dijo el fiscalia.

“Quiero darles la tranquilidad a los profesionales, porque sabemos que hay médicos asustados de emitir licencias médicas”

Por su parte, consultada la ministra de Salud, May Chomali, dijo que se alegraba de la noticia, dado que “esas son cosas que nos hacen muy mal a todos”.

Menciona a las personas pero también al gremio: “Porque existen profesionales que hacen bien su trabajo y se tiñe por estos delincuentes, porque esto es un delito. Por lo tanto recibimos con mucha esperanza que esto es un ‘no’ al fraude en las licencias médicas”.

Además, aseguró que como ministerio “estamos buscando múltiples alternativas en Fonasa, Suseso, Compines, nuevos sistemas para pesquisar esto precozmente”.

Sin embargo, la ministra también hizo un llamado a los propios médicos, en el sentido de que “han disminuido sostenidamente la emisión de licencias médicas, y nosotros igual tenemos una preocupación en ese sentido”.

“Quiero darles la tranquilidad a los profesionales, porque sabemos que hay médicos asustados de emitir licencias médicas y no están dando las licencias que se necesitan. Quiero decir que nosotros lo que estamos persiguiendo es el fraude”, dijo Chomali.

Reforma de seguridad sin votos: oficialismo pisa el freno y fuerza a La Moneda a abrir el proyecto

 


La resistencia dentro del propio oficialismo obligó al Gobierno a desacelerar su reforma de seguridad y abrirse a cambios para buscar los 29 votos en el Senado. La Moneda bajará la urgencia y llevará la negociación a la Comisión de Constitución.


La reforma constitucional de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast entró en una fase de negociación forzada por las diferencias dentro de sus propias filas. Sin garantías de alcanzar los 29 votos necesarios para aprobar la idea de legislar en el Senado, La Moneda resolvió dar más tiempo a la tramitación, concentrar las conversaciones en la Comisión de Constitución y abrirse a modificaciones para intentar ordenar al oficialismo y buscar respaldos en la oposición.

El nuevo giro fue abordado la noche del domingo en la casa del ministro de la Segpres, José García Ruminot. Hasta allí llegaron los presidentes de RN, Andrea Balladares; la UDI, Guillermo Ramírez; Evópoli, Luciano Cruz-Coke; y el Partido Republicano, Arturo Squella. Por el Ejecutivo participaron además los ministros Claudio Alvarado, de Interior y Segegob, y Martín Arrau, de Seguridad.

Según reportó el diario La Tercera, la cita —que incluyó una torta de merengue y frambuesa por el cumpleaños de Balladares— fue la segunda reunión de coordinación entre las mismas fuerzas en una semana y tuvo como telón de fondo las tensiones que ha provocado la reforma dentro del propio sector.

El diagnóstico que los timoneles llevaron hasta la reunión fue complejo para el Ejecutivo: las diferencias persisten y, bajo las actuales condiciones, no existe ninguna garantía de reunir los 29 votos que se requieren para aprobar la idea de legislar.

Los partidos plantearon además que la agenda contra el crimen organizado no podía quedar atrapada exclusivamente en la polémica por la reforma constitucional. Por ello, pidieron acelerar los otros proyectos incluidos en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso.

La respuesta del Ejecutivo fue comprometer urgencias para distintas iniciativas de la agenda y dar más espacio a la negociación de la reforma constitucional, ampliando el margen para su discusión en el Senado.

El ministro Claudio Alvarado explicó que el objetivo es “encausar el tratamiento y el trabajo respecto al perfeccionamiento de la reforma en la Comisión de Constitución del Senado”.

La instancia deberá trabajar a partir de la propuesta original del Ejecutivo, pero con espacio para “recibir propuestas y opciones alternativas de cómo modificar y cómo construir un acuerdo entre todos los sectores políticos”, señaló el ministro.

El principal obstáculo continúa siendo el nuevo estado de excepción por seguridad pública. El proyecto original permite que llegue hasta 240 días sin autorización del Congreso y contempla restricciones a libertades individuales, como tránsito y reunión, además de la posibilidad de interceptar comunicaciones.

El ministro Arrau ya se abrió a reducir considerablemente ese plazo, incluso hasta 30 días. Pero dentro del oficialismo existen sectores que consideran insuficiente modificar su duración y piden directamente eliminar la figura. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, por ejemplo, ha planteado como alternativa fortalecer el actual estado de excepción de emergencia.

Ahí aparece el principal límite que ha fijado el Presidente Kast a la negociación.

“El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable”, afirmó este lunes en Radio Cooperativa.

El Mandatario, sin embargo, dejó margen para alterar su diseño: “Entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”.

Esa fórmula mantiene abierta una tensión dentro del oficialismo: La Moneda está dispuesta a negociar prácticamente toda la arquitectura del nuevo régimen, pero el Presidente no acepta que desaparezca de la reforma.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, valoró precisamente que se entregue más espacio a la discusión. “Hay que mejorarlo, hay que arreglarlo”, sostuvo, destacando que el debate quede radicado en la Comisión de Constitución mientras avanzan otras iniciativas de seguridad.

La comisión aparece ahora como el escenario central para intentar destrabar la reforma. En el oficialismo esperan abrir conversaciones con la oposición y aparecen como actores relevantes su presidente, Pedro Araya, y la senadora socialista Paulina Vodanovic. Desde el PS incluso se prevé la presentación de indicaciones que podrían ampliar el margen de respaldo a la idea de legislar.

Por ahora, el proyecto ni siquiera está puesto en tabla y se prevé que tampoco sea discutido esta semana, precisamente para entregar espacio a las negociaciones.

La apertura del Ejecutivo fue reafirmada este lunes durante el comité político ampliado en La Moneda. Según quienes participaron, se planteó que todos los componentes de la reforma pueden ser sometidos a cambios en la búsqueda de un consenso.

En conversación con The Clinic, la jefa del comité de senadores de RN, María José Gatica, resumió el nuevo escenario: “Nada está escrito sobre piedra”.

“Una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa son los puntos de consenso”, sostuvo, agregando que ve una “plena disposición del Ejecutivo” para introducir los cambios que sean necesarios.

29 agosto 2026

Nadia Beller sobre el Rey de los trolls: “Él era cercano, tenía proximidad con Kast”


La abogada acusa a Fernando Cerimedo de haber organizado un atentado para silenciarla. En entrevista con El Mostrador reconstruyó el rol del operador en varias países del continente, incluido Chile, donde dice que el argentino operaba con bots y con “generadores de opinión”.

Nadia Beller bien podría encarnar el viejo refrán de la experiencia al límite: “vivir para contarlo”. Esto, porque luego de resistir un ataque a balazos, afuera de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, ha relatado una trama digna de cine negro: su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, más conocido como “el Rey de los trolls”, contrató a un par de sicarios para matarla, estando embarazada de él, para que no revelara una red de corrupción asociada a la venta de gasolina y oro, según ella ha relatado públicamente.

De ese modo, los comentarios que ha realizado desde la cama de la clínica donde permaneció tras los hechos, han permitido abrir tres investigaciones paralelas que indaga la fiscalía boliviana: intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y presunto tráfico de drogas en contra de Fernando Cerimedo, el cerebro de varias campañas digitales de la derecha en distintos países de América Latina.

Beller tampoco se ha guardado demasiado hasta ahora: ha comentado a la prensa que el operador argentino es un agente de la CIA, que participa en negocios con personas al interior del Gobierno de Rodrigo Paz, que es parte de una red de protección de vuelos irregulares vinculados al tráfico de drogas y que ha prestado asesoría en campañas de desinformación en varios partes del continente, entre ellos Chile.

Tal como reveló El Mostrador hace unos días, en Santiago se recuerda el paso de Cerimedo por el proceso constituyente del año 2020, participando en la denominada “Casa del Rechazo”, donde trabajó elaborando encuestas de dudosa metodología, encargadas por un grupo empresarios en el que participaron dos actuales miembros del Gobierno: Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso, y el director de la Secom, Felipe Costabal.

En medio de su proceso de convalecencia, Nadia Beller accedió a conversar con El Mostrador. La mujer, que sobrevivió a tres disparos, asegura que el trabajo que realizó su expareja en Chile fue a gran escala, al igual que en otros países, con granjas de bots, generadores de opinión, inteligencia artificial, consultorías y vínculos con altas autoridades políticas. Las operaciones se habrían realizado a través de Grupo Numen, la compañía de Cerimedo que tiene una filial en Chile, Numen SpA.

¿Qué sabe de la empresa Numen?
Le pregunté muchas veces porque quería entender, más o menos, cómo funcionaba su estrategia de campaña y me comentó que trabajaban con un equipo encargado de segmentación. Me dijo que ellos vendían un paquete informático o de inteligencia artificial, trabajando con miles de cuentas, segmentando intereses de la población y comentando en contra de un candidato. O sea, se dedicaban a difundir fakes, a hacer guerra sucia, básicamente.

¿Le habló de clientes políticos en Chile o de algún partido en especial?
Él era cercano, tenía proximidad y había participado de alguna manera con Kast, porque incluso discutimos bastante sobre si iba a ir o no a la posesión (de mando), porque nosotros teníamos otros planes.

¿Recuerda otros vínculos?
Al no ser personas de mi entorno no me acuerdo de los nombres, pero obviamente que cuando ganó Kast se alegró, lo festejó como un triunfo y me dijo de que iba a ir a la posesión (de mando). Entonces, sé que trabajó ahí y sé que también trabajó en la Constituyente con algunos diputados y senadores, no recuerdo sus nombres, pero me los dijo en su momento.

¿Le comentó qué es lo que hacía Numen en Chile?
El trabajo de Numen era generalmente el mismo en todos lados. Son miles de cuentas que parecen personas reales, pero todo es por medio de inteligencia artificial, eso era lo innovador, a diferencia de otros que utilizan bots. Me dijo que ellos eran los únicos que podían hacer eso y que hacían bastante guerra sucia. Otra parte de su trabajo también era el control electoral y que eso lo hacía con equipos más grandes.

¿Qué otras cosas le transmitió sobre el proceso constituyente?
Me dijo que trabajó con varios diputados, con corrientes de opinión, granjas de bots, pero, en términos generales, no entró en detalles sobre algo que ya había pasado. Como le digo, él me lo contaba como fanfarroneando que lo hizo, lo ganó y lo logró.

Influencia en el continente

¿Cuál era la relación de Cerimedo con el gobierno Rodrigo Paz?
Fernando Cerimedo, como dicen sus tarjetas, era su asesor principal; él comienza como su mano derecha, como su asesor principal, es el encargado de la relación entre los ministerios, el que maneja la comunicación, el que pone y saca gente a pedido de Rodrigo Paz, es el que atiende a los diputados, a los senadores, es el filtro del Presidente. Nadie llegaba a Rodrigo Paz si no era por Fernando.

Ha comentado que tiene pruebas. ¿De qué tipo son? ¿mensajes, audios, documentos, registros bancarios, fotografías?
Respecto a las dos denuncias que estamos hablando, la de tentativa de feminicidio y la de violencia, tengo audios, chats, fotos. Respecto a la legitimización (de ganancias ilícitas) , tengo algunos audios, algunos papeles, tengo chats también. Este caso surge a raíz de los allanamientos, donde encuentran múltiples propiedades y bastante dinero, además de una granja de bots.

También mencionó un vínculo de Cerimedo con negocios vinculados a los combustibles y el oro en Bolivia.
Son cosas que tiene que valorar el Ministerio Público en función de lo que les voy a aportar, le voy a dar alguna prueba documental, chats, audios, pero ellos tienen que desarrollar esa investigación.

Estos últimos días han aparecido datos sobre la billetera digital de Fernando. ¿Cree que existan dispositivos que permitan seguir esa ruta del dinero que incluye una cuenta en Chile?
Yo no tenía ningún conocimiento de esa billetera virtual, es más, yo siempre vi que a sus empleados que les pagaba de sus cuentas bancarias. Nunca había visto que manejara una billetera virtual que descubren a raíz del desdoblamiento de su celular, pero yo no tenía ningún conocimiento de eso, para mí es nuevo.

Y respecto a la estructura de la industria que manejaba, ¿sabía cómo funcionaban sus negocios?
Conozco superficialmente cuáles son sus empresas, sé muchas de ellas a qué se dedican, no sé el nombre de todas, pero sé que tiene un número importante de empleados, porque él mismo me dijo, por ejemplo, que sus obligaciones laborales ascendían más o menos, en promedio, a 25.000 dólares mensuales en pago de sueldos.

¿Y conoció a trabajadores o funcionarios ligados a él en Bolivia?
Que yo sepa no tiene ninguna empresa en Bolivia, todas sus empresas estarían en Argentina, así que no conozco a ninguno de sus trabajadores.

Y a propósito de Argentina, ¿qué sabe de ese círculo laboral?
Sé que la mayoría de las empresas estaba a cargo de la madre de sus hijos, sé que uno de sus socios se llama Vicente Quintanal (a quien ella ha sindicado en otras entrevistas como el encargado de lavar el dinero de Cerimedo en Bolivia).

En Argentina se ha hablado mucho de la relación de Cerimedo con el entorno de Javier Millei, ¿qué nivel de acceso al poder tenía realmente?
Fue muy cercano durante la campaña, es más, desde que él era senador fue muy cercano. Sin embargo, tuvieron desavenencias y el punto de quiebre final fue por denuncias de hechos de corrupción con la madre de sus hijos (Natalia Basil), a pesar de que ella seguía vinculada a La Libertad Avanza (LLA).

“Generadores de opinión en Chile”

¿Cómo operaba la industria de fake news en Argentina?
Me comentó que trabajaba con muchos generadores de opinión y que estaba próximo a firmar un contrato con algunas personas que manejaban medios. Fernando hace poco vendió La Derecha Diario, pero estaba comprando otros medios igual, a través de algunas amistades, porque él siempre utiliza palos blancos. En Chile hicieron el mismo trabajo, no operaron solo con granjas de bots, sino también con generadores de opinión. Era todo un equipo de trabajo que en Honduras hizo lo propio, me dijo que también iba a participar de la segunda vuelta con Keiko Fujimori, incluso viajó a Perú y me mandó foto con alguien de su equipo. Tenía intenciones de participar en Brasil, también.

“Quería que desaparezca mi cuerpo”

Nadia Beller aseguró a El Mostrador que Fernando Cerimedo no sólo estaba al tanto de las gestiones que ella realizaba para reunirse con una supuesta fuente para recibir información sobre Evo Morales, sino que su propia expareja fue la encargada de monitorear y supervisar el encuentro con el par de sicarios que intentó asesinarla.


—El tema, entonces, se viene fraguando de mucho antes.

—En realidad esto no data del día en el que mandó los sicarios, desde el 7 de agosto, más o menos, ellos hacen todo el acto preparatorio, al menos contactándome a mí para ir ganando confianza, me hacen dos citas previas, luego pretenden una tercera cita, que era llevarme a otro lugar a lo que yo me rehúso.


—Fernando estaba al tanto de esto, entonces, según usted ha contado. 

—Todas las veces que ellos me citan y me dejan plantada, Fernando siempre lo justificó. El 7 ellos me escriben y me dicen que Evo Morales había tenido relaciones con una niña de 10 años, que habría fallecido, y que me iban a proporcionar esa información. Fernando valida esa información, porque yo antes de contestarle le mando a él una captura de pantalla y me dice sí, que él había escuchado de eso.


—¿Qué sucede después?

—Me citan una primera vez, yo voy y ellos no llegan. O sea, llegan supuestamente, pero vieron a los escoltas que me mandó Fernando y por eso no se presentan. Y me dicen que les traté de tender una trampa. Al día siguiente, Fernando me dice que el hijo del hombre que me escribía le escribió a mi policía y le preguntó qué estaba haciendo ahí en el hotel y este le dijo que estaba acompañando a un compañero. En la tarde, me escribe la persona que me contactaba, el sicario, y me dice que mi hijo le preguntó al policía, y le dijo lo mismo que me dijo Fernando. Luego me pide disculpa por la duda, la susceptibilidad, y me pide volver a juntarnos.


—Usted acepta. 

—Vuelvo a ir, me vuelven a dejar plantada, y me dice que se le fregó la movilidad (transporte), y yo le digo a Fernando, “lo voy a bloquear” y Fernando me dice, no, no lo bloquees, algo ha debido pasar. Una tercera vez la persona me dice que ya no quiere que sea en el mismo lugar, que quieren recogerme para llevarme a una casa. Yo ante eso me niego, le digo discúlpeme, ustedes tienen susceptibilidad y yo tampoco los conozco a ustedes, no voy a ir. Y Fernando me dice, pero anda, mándame la ubicación en tiempo real y yo hago te me sigan. Ahora, yo supongo que lo que quería era que desaparezca mi cuerpo, no solamente matarme, sino que desaparezca mi cuerpo.


—La tercera es la vencida, decimos acá en Chile.

—Al día siguiente Fernando se despide con un beso a las 5 de la mañana de mí, porque supuestamente a las 6 y media iba a viajar para reunirse a las 11 con el Presidente de La Paz. Estuvimos hablando todo el día y él me garantizó que guardias de seguridad llegaron una hora antes que yo. Me puse a cenar, los esperé, Fernando me preguntaba si ya llegaron, les dije que no. Cuando me avisa que él que me iba a entregar estaba afuera, me dice que me acerque a una movilidad, yo le digo no, que él se acerque a la puerta. Por eso es que yo salgo a la puerta y le aviso a Fernando que ya llegó y me dice: anda tranquila, amor.


—Ahí fue cuando le dispararon.

—En ese momento me tiran los tres disparos y me sacan el celular. Eso es más o menos a las 8 y media. A las 8.50, un jefe de seguridad le informa no que me dispararon, le dice: ¡ya le dispararon! Esos son los chats que están circulando del desdoblamiento de su propio celular. Hasta las 9.20, él intenta comunicarse con los sicarios por medio de mi celular, les llama y luego pide que respondan si alguien me lee. Ese mensaje no está dirigido a mí, él claramente intentaba comunicarse con los sicarios.


—Ahí comenzó, me imagino, el proceso de fuga.

—Fernando dijo que estaba en La Paz y, cuando la policía lo empieza a buscar, le hace seguimiento desde Cotoca, zona cercana Santa Cruz, de donde son los sicarios. Entonces, en vez de irme a buscar al hospital, siendo que soy la madre de su hijo y estábamos en pareja, condujo desde Cotoca hasta el aeropuerto de Viru Viru para fugarse a la Argentina. No sé si le llegaron a entregar mi celular o no, pero ya tenía pasaje a Buenos Aires.

—¿Cómo era su relación con Fernando hasta ese momento?

—Tuvimos varias idas y vueltas, yo varias veces le dije que ya no quería seguir con él. Inclusive, dado un hecho de violencia anterior, le dije que le iba a poner una (vigilancia) perimetral, porque no quería que se acerque más a mí y que iba a denunciar no solamente el hecho de violencia, sino otros hechos, y él me dice, ni se te ocurra, amenazando incluso con suicidarse.

¿Modernización del Estado o reducción del empleo público?

 


Disfrazar procesos de reducción del empleo público (o despidos masivos) con el halo de la modernización del Estado es un despropósito más en la larga cadena de desaciertos provenientes del sistema político, y que nos tienen donde nos tienen.

A comienzos de agosto de este año, el ministro de Hacienda anunció la convocatoria de una comisión “transversal dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema del estatuto administrativo del gobierno”.

Como fundamento de la convocatoria, el ministro explicó que la instancia tendrá como foco específico el estatuto administrativo y planteó que su revisión resulta necesaria para consolidar los reordenamientos fiscales que impulsa el Ejecutivo.

Posteriormente, el Presidente de la República presentó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, dirigida por un economista de Dipres e integrada por expertos.

Un elemento clave del proceso, entonces, es que para el actual gobierno el foco de la reforma tiene relación con su esfuerzo de “consolidación fiscal”; es decir, la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública.

El origen de la iniciativa, por tanto, no es la modernización del Estado ni la mejora de procesos. Es entregar mayor flexibilidad a la autoridad para disminuir la cantidad de personal que, por distintas vías, cuenta con financiamiento fiscal para su desempeño (más de un millón de personas en Chile). Probablemente Hacienda ya cuenta con cálculos sobre el óptimo de funcionarios a financiar y lo que habría que sacar del Estado.

Resulta obvio pensar que impulsar una reforma que apunte única y directamente a la reducción del empleo público generaría problemas directos con trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones. Por tanto, el gobierno optó por la convocatoria a una comisión de expertos que revise la situación estatutaria del empleo público, manteniendo su objetivo central: flexibilizar las normas para poder reducir el empleo público.

No es dable esperar, entonces, una reforma que resuelva los problemas centrales del empleo público como producto del proceso que ha comenzado el gobierno. De hecho, ya resulta metodológicamente cuestionable que no se esté mirando lo que ocurre con el Estado en su conjunto y la evidente necesidad de impulsar un nuevo proceso de modernización.

El impulso modernizador generado en la década de los 90, con la perspectiva de la Nueva Gestión Pública, permitió introducir planificación estratégica en los servicios y, sobre todo, presupuesto orientado a objetivos estratégicos, lo que se acompañó de mayor desarrollo tecnológico y de accountability.

Sin embargo, perdió fuerza e incluso ha experimentado retrocesos. Lo anterior requería que buena parte del sector público central comenzara a levantar sus procedimientos y estandarizarlos, para permitir entender adecuadamente lo que cada interviniente en los procesos hacía, cuáles eran sus responsabilidades, cómo eran los flujos, sus requisitos, etc.

Hoy, buena parte de eso se ha perdido y, sin duda, se hace imprescindible un nuevo impulso modernizador, ahora mediado decisivamente por la inteligencia artificial.

Por lo mismo, no se entiende la desidia del sistema político —mediado por este gobierno o los anteriores— para enfrentar la situación, ya que sus discursos apuntan a conducir a Chile hacia un estadio de desarrollo mucho mejor, sin embargo esto no pasa de ser un discurso.

Tal vez en la misma mediocridad de nuestro actual sistema político, lleno de fraccionamientos, negocios particulares o populismo, encontremos la explicación de nuestro marasmo político-cultural, que nos hace pensar más en la ganancia de corto plazo que en cimentar condiciones para que nuestra comunidad alcance mayores niveles de desarrollo.

Sin duda, plantear la conversación sobre modernización requiere hoy iluminarla con referencias valóricas más específicas, sobre todo cuando el mundo cambia aceleradamente hacia lugares más oscuros.

Hablar hoy de modernización no puede despegarse de la conversación sobre soberanía. Para ello es importante mirar hacia otros lugares, como Francia, por ejemplo, donde, bajo una decisión de la Dirección Interministerial de lo Digital, se elimina progresivamente a Microsoft de los equipos y redes de la administración pública, migrando a Linux y a sistemas de código abierto.

Ello significa eliminar Windows y Teams, reemplazándolos por otras alternativas. La decisión se basa, entre otras cosas, en la soberanía de datos, debido al acceso del gobierno norteamericano a los datos de Microsoft.

Resumiendo, Chile sí requiere con urgencia modernizar el Estado, y el empleo público puede ser un colaborador de esa modernización, reformulándose de acuerdo con los requerimientos de un nuevo impulso.

Pero disfrazar procesos de reducción del empleo público (o despidos masivos) con el halo de la modernización del Estado es un despropósito más en la larga cadena de desaciertos provenientes del sistema político, y que nos tienen donde nos tienen.

Doble derrota de Kast en encuesta: mayoría de ciudadanos y políticos desaprueba su gestión

 


El sondeo expuso las brechas entre ciudadanía y mundo político en la evaluación del Gobierno, las prioridades del país y las preferencias presidenciales —donde asoman Kaiser y Orrego—. Aunque con porcentajes distintos, ambos grupos coinciden en desaprobar la gestión de José Antonio Kast.


Una nueva encuesta Qualiz-U. Central puso cifras a una de las tensiones habituales del debate político: la distancia entre las preocupaciones de la ciudadanía y las prioridades de quienes participan directamente en la política. El estudio, realizado entre el 17 y el 23 de agosto a nivel nacional, aplicó el mismo cuestionario a una muestra ciudadana y a un panel compuesto por parlamentarios, exministros, exsubsecretarios, dirigentes políticos y asesores, con el objetivo de contrastar ambas percepciones.

La primera diferencia aparece en la evaluación del Gobierno de José Antonio Kast. Entre los ciudadanos consultados, un 36,5% aprueba la gestión del Presidente, mientras un 50,5% la desaprueba y un 13% se mantiene neutral.

Pero la evaluación es aún más negativa entre los integrantes del panel político. Allí, 60,5% desaprueba la gestión de Kast, frente a un 23,3% que la aprueba y un 16,3% que no aprueba ni desaprueba.

Crecimiento y seguridad, prioridades compartidas

Pese a las diferencias, ciudadanía y mundo político coinciden en buena parte de las prioridades que debería abordar el país. El crecimiento económico y el empleo aparecen como la principal preocupación para ambos grupos: es mencionado por el 76,7% del panel político y el 65,6% de la ciudadanía.

En segundo lugar aparece el combate al narcotráfico y al crimen organizado, con 58,1% entre los actores políticos y 55,7% entre los ciudadanos.

Las diferencias se hacen más visibles al abordar problemas que tienen una expresión más cotidiana. La salud pública y la gestión de las listas de espera es priorizada por el 45,8% de la ciudadanía, pero solo por el 34,9% del panel político.

En materia de delincuencia, en cambio, ocurre lo contrario: constituye una prioridad para el 39,5% de los integrantes del panel, frente al 25% de los ciudadanos.

La brecha es todavía más marcada cuando se consulta por el costo de la vida. Un 23,5% de la ciudadanía lo identifica entre sus prioridades, mientras que solo un 7% del panel político lo hace.

Para el director ejecutivo de Qualiz, Carlos Correa, estos resultados muestran una desconexión relevante entre ambos mundos.

“Uno de los principales hallazgos de esta encuesta es que existe una brecha evidente entre la forma en que la ciudadanía y el mundo político están leyendo las prioridades del país”, sostiene.

Correa destaca que, aunque existe coincidencia en crecimiento económico y crimen organizado, las diferencias en salud, delincuencia y, particularmente, costo de la vida evidencian que “las preocupaciones cotidianas de las personas no siempre tienen el mismo peso en la agenda de quienes participan directamente en la política”.

A su juicio, se trata de una señal relevante para el sistema político, porque la representación también depende de comprender cuáles son los problemas que impactan directamente en la vida diaria de las personas.

Kaiser lidera entre ciudadanos; Orrego, entre políticos

La distancia también aparece al mirar las preferencias presidenciales. Entre la ciudadanía, el primer lugar lo ocupa Johannes Kaiser, con un 16,9%. Le siguen Gabriel Boric, con 15,1%; Tomás Vodanovic, con 9,6%, e Iván Poduje, con 8,9%.

El escenario cambia radicalmente entre los integrantes del panel político. Allí quien encabeza las preferencias es Claudio Orrego, con 14,3%, pese a que solo alcanza un 1,5% entre los ciudadanos consultados.

Kaiser presenta el fenómeno inverso: mientras lidera entre la ciudadanía, obtiene apenas un 2,4% entre los actores políticos.

Para el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, las diferencias expresan dos lógicas distintas frente al escenario presidencial.

“Mientras la ciudadanía se inclina por figuras que expresan posiciones políticas más definidas, el panel político parece privilegiar a una figura como Claudio Orrego, asociada a una mayor capacidad de diálogo, transversalidad y construcción de acuerdos”, plantea.

Moreno sostiene que el resultado muestra que el mundo político está mirando hacia liderazgos capaces de articular mayorías y generar consensos en un escenario marcado por la fragmentación.

El desafío, agrega, será determinar si esa búsqueda de acuerdos consigue también conectar con una ciudadanía que se mantiene distante de la política tradicional.

La percepción sobre las empresas también marca distancia

La encuesta detectó otra diferencia cuando se consultó por la valoración del sector empresarial. Ante la pregunta sobre qué empresa hace un mayor bien para el país y su gente, un 19,1% de los ciudadanos respondió que ninguna empresa representa un aporte significativo.

Esa respuesta, en cambio, no aparece entre los integrantes del panel político.

El contraste se suma a las diferencias detectadas en prioridades y preferencias electorales, configurando una fotografía de percepciones que no siempre convergen entre quienes viven directamente los efectos de las políticas públicas y quienes participan en su definición.

El estudio utilizó una encuesta online autoadministrada. La muestra ciudadana ponderada contempló 524 casos distribuidos en las 16 regiones del país, con un margen de error de ±4,3% y un nivel de confianza de 95%.

El Panel Político, en tanto, tiene carácter no probabilístico. Por ello, sus resultados deben entenderse como una radiografía cualificada de actores relevantes del mundo político, y no como una estimación representativa del conjunto de quienes integran ese universo.

Revisa aquí el estudio completo: Brecha Pública | UCEN–Qualiz.