La oposición ha presentado ocho acusaciones constitucionales contra autoridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Algunas han significado tensiones entre partidos, otras han presentado falta de sustento jurídico o problemas de redacción, pero todas han sido rechazadas.
Dos meses antes de asumir como Presidente, en enero de 2022, Gabriel Boric sostuvo una reunión con miembros de la futura oposición para “discutir el futuro de la gobernabilidad”. Tras el encuentro, el entonces presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, declaró que pretendían ser “una oposición constructiva”, buscando diferenciarse del trabajo de la izquierda durante el segundo mandato de Sebastián Piñera que presentó diez acusaciones constitucionales contra autoridades de gobierno, dos contra el propio Presidente Piñera.
Sin embargo, a meses de que finalice la administración del Frente Amplio, la oposición ha igualado el número de acusaciones constitucionales contra ministros (siete), además de una contra un delegado presidencial. A pesar de que las razones varían en cada caso, lo cierto es que ninguna de ellas ha podido concluir con la destitución de una autoridad de gobierno.
Izkia Siches (Interior)
El 28 de junio de 2022 se presentó la primera acusación constitucional contra el gobierno de Boric. Fue en contra de Izkia Siches, por entonces ministra del Interior y Seguridad Pública: la primera mujer en la historia de Chile en ocupar el cargo.
En todo caso, la acusación era conocida desde hace tiempo. El 17 de mayo, cuando Siches llevaba sólo dos meses en el cargo, diputados del Partido Republicano dieron un punto de prensa donde declararon su intención de acusar constitucionalmente a la ministra. Esto significó un quiebre entre Republicanos y Chile Vamos, quienes pretendían ser una “oposición constructiva” y diferenciarse de la izquierda, que presentó varias acusaciones constitucionales durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.
En los pasillos del Congreso se escuchó a Juan Antonio Coloma (UDI) decirle a su compañera Sofía Cid (RN) que el libelo “es un error”, mientras los republicanos daban el punto de prensa. La diputada Cid renunció a su partido a inicios de 2024, y en agosto se integró a la bancada del Partido Republicano.
La acusación constó de 159 páginas y siete capítulos donde se argumentó que la jefa de gabinete “infringió la Constitución y las leyes y dejó estas sin efecto”. Los hechos puntuales por los que se la acusaba, cada uno constitutivo de un capítulo, abordaron el retiro de querellas en contra de personas acusadas de diversos delitos en marco del estallido social y la falta a su obligación de presentar cargos por el ataque sufrido en su viaje a Temucuicui.
Luego vino el “haber comprometido el honor de la nación” y desatar un impasse político y diplomático con Argentina al usar el término “Wallmapu”; junto con la reacción tardía ante los hechos de violencia en la Macrozona sur, y no presentar denuncia contra Héctor Llaitul por su llamado a mantener la resistencia armada contra el Estado de Chile.
El 12 de julio la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el texto del libelo después de que Siches se acogiera a la cuestión previa, un recurso procesal presentado por la persona afectada cuando la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala. De ser aprobada como fue en este caso por 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la acusación queda como “no interpuesta”.
Giorgio Jackson (Desarrollo Social)
Meses después, el 3 de enero de 2023, llegó la segunda acusación, esta vez contra Giorgio Jackson, entonces titular de Desarrollo Social, uno de los ministros más cercanos al Presidente Boric.
En el prólogo redactado nuevamente por la bancada republicana se podía leer como argumento principal “abuso de autoridad y poder”. Se le acusó en un primer capítulo de ejercer presiones contra Patricia Hidalgo, exseremi de la Región Metropolitana, para que votara “en contra de sus convicciones en diversos proyectos”. En el segundo punto se le acusó de subejecutar el presupuesto de tierras y aguas indígenas. Finalmente, en una tercera parte Jackson fue acusado de dejar sin ejecución la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, presuntamente dejando a niños y niñas sin la protección del organismo.
El 19 de enero la Cámara rechazó la acusación. Sin embargo, a comienzos de agosto el Partido Republicano anunció una nueva acusación contra Jackson, esto después de que él mismo reconociera irregularidades en el traspaso de fondos de su Ministerio a las regiones de Atacama y Antofagasta, lo que gatilló el Caso Convenios. A pesar de que esta vez contaban con el apoyo de Chile Vamos, del centro e incluso se rumoraba apoyo de diputados oficialistas para la acusación, republicanos bajó el libelo luego de la renuncia de Jackson el 11 de agosto.
Marcela Ríos (Justicia)
El 9 de enero de 2023, sólo seis días después de presentar el libelo contra Jackson, la oposición anunció una nueva acusación constitucional. Sin embargo, esta tercera vendría de Chile Vamos, en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. La acusación fue presentada dos días después de que Ríos renunciara al cargo.
En dos capítulos conformados por casi 200 páginas se le acusó por sus presuntas responsabilidades en los errores administrativos que terminaron con el indulto de 12 personas que cumplían condena carcelaria por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, el 31 de diciembre de 2022. Se le responsabilizó también de conceder beneficios carcelarios a detenidos de la Macrozona sur.
El 25 de enero, la misma semana que se rechazó la acusación presentada contra Jackson, fue también rechazado el libelo contra Ríos por 82 votos en contra, 49 a favor, y 3 abstenciones. Dos de los diputados firmantes de la acusación, Francisco Undurraga (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI) no estuvieron presentes por una visita oficial a España, lo que se interpretó como un “afloje” en las intenciones de Chile Vamos.
Marco Antonio Ávila (Educación)
El 19 de junio de 2023 se ingresó la acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación Marco Antonio Ávila, la cual constó de siete capítulos, la más extensa presentada en ese momento en contra de un ministro de la cartera.
De las siete denuncias por presuntas infracciones a la Constitución y las leyes, dos eran por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo que se habría visto infringido por la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista” y la actualización de las guías con “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.
Los demás puntos incluían acusaciones como dejar a estudiantes con discapacidad excluídos de la “Política de educación inclusiva, infracción al rol de autoridad y conducción del servicio educativo”, a propósito de la demora en la entrega de los resultados del Simce, el incumplimiento en su rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por la información de “educación no sexista” impresa en los cuadernos entregados al sistema público y presuntas irregularidades en los programas de alimentación escolar y parvularia. El 17 de junio se agregó el capítulo VII por problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación (SLEP).
El libelo fue presentado por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano y fue apoyado por Chile Vamos, excepto por Evópoli. El propio jefe de bancada Francisco Undurraga declaró que junto a su compañero de partido, Jorge Guzmán, votarían en contra de la acusación por ser “débil, difusa y que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Constitución”. La tensión dentro de Chile Vamos se hizo notar con las declaraciones de Diego Schalper (RN), quien catalogó la decisión de los parlamentarios de Evópoli como “incomprensibles e inaceptables (…) una puñalada al corazón de Chile Vamos”, indicó en ese momento.
Aunque esta se convirtió en la cuarta acusación constitucional contra un ministro del Presidente Boric en ser rechazada, fue un proceso mediáticamente marcado por el ejecutivo denunciando homofobia en contra de Ávila.
Carlos Montes (Vivienda)
El 19 de diciembre de 2023 fue el turno del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Fue la acusación con la oposición más unida hasta ese momento: contó con las firmas de los partidos Social Cristiano, Republicano, de la Gente, Renovación Nacional, la UDI, e incluso la diputada independiente Yovana Ahumada.
En el libelo compuesto de cinco capítulos y menos de cien páginas se acusó a Montes de no ejercer control jerárquico de los organismos bajo su mando, a raíz de investigaciones por el caso Democracia Viva que daban cuenta de irregularidades en el traspaso de recursos desde el ministerio a fundaciones destinadas a mejorar las condiciones en campamentos.
La defensa del ministro fue encabezada por el abogado Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho en la Universidad de Chile, quien pidió un permiso sin goce de sueldo para representar a Montes. El 26 de diciembre, una semana después de presentada la acusación constitucional, Ruiz-Tagle presentó un escrito de 175 páginas como contestación a la acusación e invocando la “cuestión previa”.
Según el texto, la acusación tenía varias fallas “de forma y fondo”, pues carecía de un mínimo estándar de fundamentación; invocó erróneamente la causal de infracción de leyes, no se imputó una responsabilidad por hechos propios del ministro y se ignoró el carácter de último arratio (último recurso) que debería tener una acusación constitucional.
La cuestión previa fue admitida el 4 de enero de 2024 con 79 votos a favor, 21 en contra y una abstención, convirtiéndose en la segunda acusación constitucional presentada por la oposición que quedó con carácter de no presentada.
Carolina Tohá (Interior)
El 30 de septiembre de 2024 la bancada republicana volvió a tomar la iniciativa al presentar otra acusación constitucional, nuevamente contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, cargo ocupado esta vez por Carolina Tohá.
Tres días antes, los legisladores republicanos le dieron 72 horas al Presidente Boric para pedir la renuncia de Tohá, además de la de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y Prevención del Delito, Eduardo Vergara, esto ante “la crisis de seguridad que enfrenta Chile”. Como esto no ocurrió, el lunes convocaron un punto de prensa donde anunciaron el libelo contra la titular de Interior.
Ante las acusaciones de no tomar las medidas necesarias para “resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado” y “la vulneración de las fronteras en medio de la crisis de inmigración ilegal”, la defensa de Tohá decidió no invocar la cuestión previa. En su lugar, presentó una contestación en la que se defendió argumentando que “los acusadores no efectúan una exposición clara, precisa y comprensible de los hechos que se me imputan”. A esto agregó que “pretender que porque esta ministra no ha resuelto todos los problemas de seguridad en el país debe ser destituida es simplemente un estándar que la Constitución no establece”.
A pesar de que el diputado Luis Fernando Sánchez (Republicano) criticó que la comisión revisora del libelo estuviera compuesta principalmente por oficialistas, la acusación fue rechazada el 10 de octubre por 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones.
Maya Fernández (Defensa)
La fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende se convirtió en una sombra que eclipsará para siempre el recuerdo histórico de su hija, Isabel Allende, y su nieta, la exministra de Defensa, Maya Fernández. A esta última no sólo le costó su reputación y su salida del gobierno, sino que también la convirtió en la séptima ministra de Gabriel Boric en ser acusada constitucionalmente.
El lunes 10 de marzo se presentó el libelo, de un sólo capítulo: infringir el artículo 37 bis de la Constitución, donde se establece que los ministros no pueden celebrar contratos con el Estado mientras están en el ejercicio de sus funciones. Fue impulsada por el Partido Republicano y Chile Vamos, pero contaba además con el apoyo de los socialcristianos y libertarios.
Parecía ser la primera vez que la oposición trabajaba verdaderamente unida para destituir a un ministro, sin embargo, sólo minutos después de ser presentada la acusación, Fernández renunció al cargo. Ante esto, el partido Republicano brindó una conferencia de prensa donde informó que seguirían adelante con la acusación, aunque sin haber consultado a Chile Vamos, y avisaron una nueva acusación en caso es que estos últimos retiraran las firmas. Ximena Ossandón (jefa de bancada RN) confirmó que mantendrían su apoyo, pero acusó “falta de fair play (juego limpio)” por parte de republicanos. “Nosotros habíamos quedado en conjunto con ellos, algo que nosotros incluso en un punto de prensa que apreciamos muchísimo, que por primera vez íbamos a trabajar en conjunto”, declaró la diputada RN.
La acusación constitucional siguió adelante a pesar de que desde la oposición sabían que no contaban con los votos necesarios en la Cámara. La defensa argumentó que el contrato de compra-venta nunca llegó a concretarse, por lo que no hubo una infracción a la Constitución. Fue rechazada el 26 de marzo con 70 votos en contra y 64 a favor
Gonzalo Durán (delegado presidencial)
La más reciente acusación dirigida contra una autoridad de gobierno y la primera en no ser contra un ministro o ministra fue el pasado lunes 5 de mayo. Esta vez le tocó a Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, enfrentar el libelo presentado por la oposición. En el texto de 35 páginas se acusó al exalcalde de Independencia de haber actuado de manera negligente el 10 de abril, ante un partido entre Colo Colo y Fortaleza (Brasil) por la Copa Libertadores, donde dos jóvenes perdieron la vida por acción de un blindado de Carabineros. El diputado Henry Leal (UDI) afirmó que Durán “por acción o por omisión, incumplió el principal deber que es evitar que la persona sea lesionada o pierda la vida“.
El lunes 20 de mayo se llevó a cabo la votación de admisibilidad de la acusación constitucional, donde el abogado Francisco Cox cuestionó la falta de sustento jurídico, ya que en el texto se criticaba el actuar de Durán en el procedimiento de la emergencia, pidiendo que se saltaran ciertos requisitos legales.
“Lo que está haciendo la acusación constitucional es pedirle que obvie, y perdón, esto lo dice textualmente, esa formalidad. Formalidad, pero si es un requisito legal que tiene que contar con un informe previo, verbal o escrito, de Carabineros para poder suspender. Entonces, yo nunca había visto que autoridades le pidieran a otra autoridad que violara la ley. Y que esto se pusiera por escrito. Y que esto fundara una acusación constitucional”, declaró el abogado.
La acusación fue finalmente rechazada con 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones.
El libelo contra Durán equipara el número que ha presentado la izquierda y la derecha al momento de ser oposición: siete contra ministros y una contra una autoridad regional designada.
