El modelo replica la fórmula de la administración anterior con la creación de un Fondo de Sala Cuna, pero con ajustes relativos a una nueva cotización del 0,35% de cargo del empleador, la que será compensada de manera total con una reducción equivalente al aporte destinado al seguro de cesantía.
En una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, este lunes el Gobierno concretó la firma de la indicación sustitutiva al proyecto de ley de Sala Cuna Universal –tal como fue anunciado en la Cuenta Pública–, la que propone cambios al proyecto con foco en la gradualidad y un modelo de financiamiento sin cargo adicional a los empleadores.
El modelo replica la fórmula planteada por la administración anterior con la creación de un Fondo de Sala Cuna, pero hace ajustes relativos a una nueva cotización del 0,35% de cargo del empleador, la que será compensada de manera total con una reducción equivalente al aporte destinado al seguro de cesantía.
De acuerdo con lo indicado por el Ejecutivo, la compensación se distribuirá entre una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales del seguro de cesantía y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario.
“Esto significa que el empleador no incurrirá en un nuevo costo para financiar sala cuna. Se debe tener presente que esta compensación, de acuerdo a proyecciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones, no pone en riesgo la sustentabilidad a largo plazo de los fondos de cesantía”, afirmaron desde el Gobierno.
Adicionalmente, existirá un aporte fiscal de 11.631 UTM en los dos primeros años siguientes a la publicación de la ley. Y en caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes, la diferencia será de cargo fiscal.
El aporte con cargo al Fondo será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el que será responsable de la recaudación de las cotizaciones, la recepción de los antecedentes para efectos de otorgar el financiamiento, y el pago del aporte, entre otras materias. Asimismo, la inversión de los recursos acumulados en el Fondo estará a cargo del Servicio de Tesorerías.
Por otro lado, el nuevo diseño apuesta por una implementación gradual en un plazo de cuatro años, con el fin de alcanzar la universalidad, principio que mantiene del proyecto que actualmente está en el Senado.
De acuerdo con el detalle entregado desde el Ministerio del Trabajo, el primer año ingresarán los hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo; en el segundo, los hijos de mujeres trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular; durante el tercer año, los hijos de padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo e independientes, cuyas madres se encuentren estudiando o buscando activamente empleo; y el cuarto año se incorporarán hijos de padres trabajadores Código del Trabajo e independientes, cuando las madres de los hijos no estudian ni buscan trabajo.
Respecto a las razones para modificar el modelo de financiamiento y acudir a los fondos del seguro de cesantía, el ministro Rau explicó que –a juicio del Gobierno– “financiar una política con fondos públicos hoy en día es muy difícil. De hecho, nos estamos endeudando como país para poder solventar este déficit el año que viene. Entonces, las alternativas tampoco eran tantas”.
“El tema de una compensación con la contribución que paga el empleador al seguro de cesantía ya se había conversado antes, pero en el proyecto anterior había un impuesto al trabajo de un 0,2 que tenía que pagarlo el empleador. Hoy día, con el desempleo en 9,1, desempleo femenino en 10,5, con los costos laborales aumentando por distintas razones y reformas, vimos que esa posibilidad de incorporar un impuesto al trabajo era muy complicada. Por eso se optó por una compensación total”, enfatizó Rau, quien este miércoles asistirá a la Comisión de Educación del Senado para dar cuenta del proyecto.
El nudo del seguro de cesantía
Una vez conocidas las indicaciones, parlamentarios y líderes de oposición advirtieron que una de las principales alertas radica en los cambios en el modelo de financiamiento y el impacto de la disminución de fondos en el seguro de cesantía.
La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró que el proyecto mantenga el pilar de corresponsabilidad, pero apuntó a que “si todo se carga el seguro de cesantía, deja de ser una obligación del empleador, lo que plantea distintas preguntas”.
“Una es cómo eso se va a conciliar con la obligación que tiene nuestro país de que el derecho laboral sea progresivo. Es decir, no se pueden tocar los pisos antes conseguidos, y acá estamos hablando de algo que es un piso desde 1917. Segundo, yo creo que mucho más concreto: el seguro de cesantía es un colchón para las trabajadoras y los trabajadores para tiempos en que no hay trabajo”, señaló.
En ese sentido, Orellana recordó que “por ley, cada vez que se presenta una modificación al seguro de cesantía, tiene que venir con un informe de sustentabilidad de la Superintendencia de Pensiones. Lo dice la Ley 19.728, que crea este seguro de desempleo en el Gobierno del Presidente Lagos. Y, por lo tanto, va a ser tarea del Ejecutivo mostrar ese informe de la superintendencia”.
“Lo digo porque no se puede abrigar el proyecto de sala cuna desvistiendo el seguro de cesantía, y menos en un contexto como el actual de mucha volatilidad internacional”, enfatizó en conversación con 24 Horas.
A juicio del senador PS e integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, es reprochable seguir dilatando el proyecto, por lo que hizo un llamado a “avanzar y mantener todo lo que ya se había aprobado, tanto en la Comisión de Trabajo como en Educación”.
“La discrepancia siempre fue cuánto debían poner los empresarios. (…) A mi parecer, debiera existir solidaridad y, por qué no, las grandes empresas podrían hacer un aporte, a lo menos del 50% de lo que se está proponiendo como cotización para poder sostener el Fondo y, con ello, dar curso al derecho universal a sala cuna”, dijo a El Mostrador.
Desde la vereda contraria, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), valoró la fórmula propuesta por el Gobierno y señaló que corresponde ahora al Congreso “acelerar esta tramitación para que prontamente podamos tener un proyecto despachado y que dé tranquilidad a todas las personas trabajadoras con niños que quieran acceder a una sala cuna”.
“Hay una cuestión que quiero destacar respecto al financiamiento, porque si hubo un motivo para que el proyecto anterior quedara en la puerta del horno, fue que no contaba con este financiamiento o con una decisión respecto a cómo se iba a financiar. Lo digo por el informe financiero propiamente tal, que evidentemente este proyecto tiene”, indicó.
En esa línea, también destacó que el modelo permite que las pymes no reciban una carga adicional. “Esto se va a sacar directamente, a modo de compensación, en un 0,35 del seguro de cesantía que el empleador le paga a un trabajador o trabajadora. De algún lado esto hay que pagarlo y me parece que es una buena fórmula para financiar este proyecto, como también me parece que es correcto que sea con gradualidad”, dijo.
“El proyecto de ley debe ser objeto de mejoras”
La presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, calificó como una “decisión riesgosa” por parte del Ejecutivo el financiamiento vía cotización del seguro de cesantía. Sin embargo, apuntó a que el Gobierno aseguró la sostenibilidad del modelo en el tiempo.
“Estamos tranquilas porque desvincula completamente el costo de sala cuna a la contratación de mujeres, porque extiende el derecho a todas las madres trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular, y porque suma el principio de corresponsabilidad parental, entregando este derecho al padre. Y además se mantiene el fondo de sala cuna y una cotización por parte de los empleadores para que se pueda ejercer este derecho”, dijo este lunes en Radio Infinita.
Consultada por El Mostrador, Jünemann afirmó que comparten los principios del proyecto y mantienen las expectativas de que avance con discusión inmediata, ya que “frente al dramático desempleo femenino necesitamos avanzar con la mayor celeridad”. El calendario de tramitación se conocerá en detalle una vez que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, asista a la Comisión de Educación del Senado, donde está alojada la iniciativa.
“El proyecto de ley debe ser objeto de mejoras y, en este caso, creemos que hay que mantener la indicación en que a Junji e Integra se les transfiera anualmente para extensión horaria y funcionamiento continuo, como se acordó transversalmente en el Gobierno anterior”, agregó.
Por su parte, la directora del Departamento de Economía UDP, Marcela Perticará, recalcó que “el nudo más importante, y probablemente el que va a tomar más tiempo de discusión, es el mecanismo de compensación”.
“El Gobierno propone financiar la sala cuna con una nueva cotización de 0,35%, pero compensando con una rebaja equivalente en el seguro de cesantía: baja la parte que va a las cuentas individuales y también el aporte al Fondo de Cesantía Solidario. El argumento oficial es que así no se encarecen los costos laborales, que no hay impuesto al trabajo. Pero ahí hay un punto de fondo: se está financiando un beneficio permanente debilitando un seguro que es contracíclico, justamente el que protege a los trabajadores cuando viene el desempleo”, indicó en conversación con El Mostrador.
En esa línea, la académica advirtió que “la pregunta que va a surgir, y que es legítima, es si esa holgura del seguro de cesantía es real y se sostiene en el tiempo, o si en un escenario de alto desempleo el sistema queda corto”.
Asimismo, Perticará afirmó que “la gradualidad en sí es razonable, porque hay que construir oferta de cupos. Lo discutible es el orden en que se va incorporando a la gente: primero entran los hijos de mujeres trabajadoras dependientes, después las independientes y de casa particular, y los últimos grupos recién en el cuarto año. Eso significa que la universalidad, que es la promesa central del proyecto, tarda cuatro años en hacerse efectiva”.
