14 agosto 2026

Francia encara su quinta ola de calor en el peor verano desde que hay registros

 


El país vive ya 17 días consecutivos con temperaturas extremadamente altas y un total de 83 departamentos del país están en alerta.

Francia sufre desde hace 17 días una nueva ola de calor, la tercera desde que empezó oficialmente el verano y la quinta desde el mes de mayo, cuando arrancó el primero de estos episodios sofocantes. Estamos aún a mediados de agosto y este es ya el verano de todos los récords en Francia: el más caluroso desde que hay registros y el peor en materia de incendios de la historia. También el más seco. La canícula de finales de junio, que dejó 6.000 muertos en poco más de una semana, es la más mortífera que se ha vivido, peor incluso que la del verano de 2003, cuando hubo 15.000 muertes vinculadas a las altas temperaturas en poco más de 15 días. Aquel año, sin embargo, no se vivieron cinco episodios seguidos con apenas unas semanas de tregua.

La actual canícula arrancó el pasado 28 de julio y desde entonces el país vive temperaturas excepcionalmente altas. Son 17 días sin tregua con el pico de intensidad este jueves y viernes, lo que convierte esta ola en la tercera más larga desde que hay registros. Este viernes algunas zonas del oeste del país superarán los 40 grados y el termómetro también superará esta barrera en ciudades como París, Lyon o Toulouse, con temperaturas 10 grados por encima de la media.

Hay 83 departamentos del centenar que tiene el país en alerta naranja por calor, con 46 millones de personas expuestas a temperaturas superiores a los 35 grados. Está previsto que el actual episodio de calor empiece a remitir este fin de semana en Bretaña y Normandía, en el norte del país, antes de dar tregua al resto del territorio.

Según Météo France, la agencia francesa de meteorología, el mes de julio ha sido el más caluroso desde que hay registros, con una temperatura en el país de 25 grados de media, y también ha sido el tercero con menos lluvias, lo que crea los factores propicios para que “haya un riesgo importante de incendios”, advierten en Météo France. Unas 115.000 hectáreas han sido arrasadas por los fuegos en lo que va de verano, según el último balance del ministerio del Interior, de finales de julio. Sólo el del departamento de Gironda de hace dos semanas arrasó 42.000 y ya es el más grave que ha sufrido Francia en tiempos de paz.

Como consecuencia de estas repetidas y precoces canículas, el país vive una sequía también histórica, lo que ha llevado al Gobierno a convocar un gabinete de crisis esta misma semana para estudiar medidas y ayudas a los agricultores y también para las zonas afectadas por los incendios. La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, anunció este miércoles que las olas de calor de este verano y los fuegos le van a costar al país entre 10.000 y 15.000 millones de euros, lo que representa entre 0,3 y 0,5 puntos del PIB. Las sucesivas catástrofes climáticas podrían arañarle así medio punto al modesto 1% de crecimiento previsto para este año.

El 70% del territorio está sometido a algún tipo de restricción de agua y unas 400.000 personas de 80 municipios sufren directamente cortes en el agua corriente y se abastecen gracias a cisternas o agua embotellada, según datos facilitados por la titular de Transición Ecológica. Además, 48 departamentos (la mitad del país) están en nivel de crisis, que implica la prohibición de lavar vehículos, regar campos deportivos o llenar las piscinas. Todo el territorio nacional está en nivel de vigilancia y las centrales nucleares han tenido que reducir su actividad un 20%.

Este verano puede ser además el más mortífero, después del de 2003, que dejó 15.000 fallecidos en dos semanas. A finales de julio, el Ministerio de Sanidad actualizó las cifras de muertes vinculadas a la ola de calor que se vivió a finales de junio, la más dura por la intensidad y la duración. Se cobró la vida de 6.000 víctimas, la mayoría gente de avanzada edad. En esa semana hubo más fallecidos vinculados a las altas temperaturas en un solo día que durante el pico de la pandemia del covid.

Esta ola de calor es la número 54 en Francia desde 1947, aunque Météo France recuerda que la mitad se ellas se han producido después de 2010 en un contexto de evidencia de cambio climático. Este verano ha sido excepcional por la continuidad de las canículas en un periodo de apenas dos meses.

"No somos el patio trasero": La frase del ministro de Defensa por EEUU que tensiona a La Moneda



El ministro de Defensa, Fernando Barros, manifestó reparos frente a un discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y a lo señalado por autoridades de dicho país respecto a “revivir” la Doctrina Monroe. En ese contexto, recalcó que “desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Sus dichos causaron molestia en sectores del Gobierno, en medio de las negociaciones por el arancel impuesto por Estados Unidos a nuestro país.



En diálogo con 24 Horas, el secretario de Estado abordó el discurso de la autoridad estadounidense ante ministros de Defensa de América Latina, ocasión en la que llamó a los países de la región a aumentar su inversión en defensa, participar en operaciones contra el narcotráfico y abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.

Barros indicó que la cita tuvo un carácter técnico, y que no trató de “aspectos geopolíticos, ni el financiamiento o la inversión en defensa; es un plan de trabajo y de cooperación y de intercambio de esfuerzos entre los países para trabajar en esto”. Además, según el citado medio, señaló que Chile evaluará su participación y que en noviembre se tomaría una decisión al respecto.

Barros recalcó que “aquí hay una oferta de colaboración y uno puede participar en todo o en aquellas cosas que realmente necesita”, planteando que se participará “en la medida que nos dé aquellas cosas que necesitamos y que nosotros podamos colaborar”.

Ahora, sobre el llamado de EE.UU. a incrementar el gasto en Defensa, el ministro planteó que “ese es un tema que cada país tiene que ver en función de su realidad, de sus necesidades y de sus capacidades y prioridades”.

Además, se refirió al tono utilizado por el secretario de Guerra estadounidense, destacando que la administración Trump ve el combate al narcotráfico intensamente debido al impacto que tiene en su país. No obstante, respecto de la situación de Chile, planteó: “Primero se respeta la soberanía, la legislación, tanto la Constitución como las leyes de cada país”.

En esa línea, indicó que en nuestro país la lucha contra el narcotráfico corresponde a las policías, Fiscalía y las instituciones nacionales correspondientes. En tanto, sobre el llamado a salirse de la CPI, Barros sostuvo que esa decisión no corresponde a su cartera.

Finalmente, la parte más llamativa de lo dicho por Barros fue cuando fue consultado por la mención de Estados Unidos a la Doctrina Monroe y sus efectos en Latinoamérica, a lo que subrayó: “Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad”.

Molestia del canciller por dichos de Barros

Los dichos del jefe de Defensa repercutieron fuertemente en el Gobierno. Incluso, según fuentes de La Moneda, este jueves fueron tema en el Segundo Piso del palacio.

En concreto, el canciller Francisco Pérez Mackenna habría manifestado su molestia, dado que tanto él como la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se encuentran en negociaciones con autoridades estadounidenses por los aranceles impuestos por ese país. Lo anterior se lo habría expresado al biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

Cabe destacar que el acuerdo con Estados Unidos por los aranceles ha demorado y causaría división al interior del gabinete. Lo que predominaría sería ceder para llegar a un acuerdo, pero también habría quienes optan por no ceder a presiones de la administración Trump.

Además, la discusión por la relación con Estados Unidos también estaría presente en las Fuerzas Armadas, donde habría resistencia respecto de la postura de las autoridades de dicho país, lo que pudo generar los dichos de Barros.

Recordemos que el ministro de Defensa ya había estado involucrado en una polémica por sus dichos respecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que fue duramente criticado por el embajador Brandon Judd.

Mónica González reveló en la Cámara antecedentes sobre informes de inteligencia sin sustento entregados a Piñera al inicio del estallido social

 



“En momentos de crisis las decisiones se tienen que tomar sobre información fidedigna, que asegure la soberanía nacional y el cuidado de los ciudadanos”, dijo la periodista Mónica González ante la comisión de diputados que investiga el estallido social. En esa instancia, la Premio Nacional de Periodismo y presidenta de la Fundación CIPER, indicó que al inicio de las protestas el entonces Presidente Piñera fue informado por fuentes de inteligencia que lo alertaron sobre venezolanos y cubanos que supuestamente habían ingresado desde Bolivia para desestabilizar su gobierno. La periodista señaló que tanto Piñera como su entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le confirmaron que pidieron el respaldo documental de esos informes, pero que nunca lo recibieron. Y agregó que una alta fuente del Ejército le manifestó, con preocupación por la soberanía, que la información era falsa.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas (…). Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia con libertad y en paz”. Estas palabras del entonces Presidente Sebastián Piñera, pronunciadas el 20 de octubre de 2019, se han convertido en uno de los episodios icónicos del estallido social. El país llevaba dos días de protestas intensas, con miles de personas en las calles exigiendo mejoras en la calidad de vida, pero también con numerosos actos de violencia, incluida la quema de estaciones de Metro, el saqueo de locales comerciales y violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Ahora, la Premio Nacional de Periodismo 2019 y presidenta de la Fundación CIPER, Mónica González, reveló que horas antes de que el entonces Presidente Piñera hiciera estas declaraciones, el mandatario fue informado por fuentes de inteligencia que lo alertaron sobre supuestos agentes cubanos y venezolanos que habían ingresado a Chile cruzando la frontera con Bolivia, para desestabilizar y derrocar su gobierno. Pero, aunque el gobernante pidió el respaldo documental de esos datos, nunca los recibió. La periodista hizo esta revelación este martes 11 en una sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

Ante los parlamentarios, la periodista señaló que el propio Presidente Piñera y su entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le confirmaron que nunca recibieron datos que acreditaran la veracidad de lo indicado en estos informes, a pesar de que los solicitaron. Y agregó que el episodio también le fue confirmado por una alta fuente del Ejército –cuyo nombre mantuvo bajo reserva–, quien le indicó que los datos sobre los agentes extranjeros eran falsos y le manifestó su preocupación por la vulneración de la soberanía que implicaba haber entregado a las máximas autoridades del país estos informes sin sustento.  

Ante la comisión parlamentaria, la periodista reveló que hizo estos hallazgos después de preguntarse por qué el Presidente Piñera afirmó, aquel 20 de octubre de 2019, que el país estaba en guerra contra un “enemigo poderoso”. Un hito importante dentro de su indagatoria fue una entrevista que le realizó el 13 de marzo de 2021 a Mario Desbordes, entonces candidato presidencial y quien también ocupó el Ministerio de Defensa durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, después de la renuncia de Espina. Allí, Desbordes, consultado por el “enemigo poderoso” al que se refirió Piñera durante su discurso, aseguró que cubanos y venezolanos ingresaron a Chile de manera clandestina. La entrevista fue emitida en el canal de televisión La Redy replicada en múltiples medios.

Última sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno).

La periodista contó que, poco después de la difusión de la entrevista a Desbordes, se reunió con un alto oficial del Ejército, cuyo nombre mantuvo bajo reserva. Según relató a la comisión parlamentaria, este militar le aseguró que el supuesto ingreso de agentes extranjeros a Chile era completamente falso y que, en virtud de esa información inexacta, inicialmente se tomaron decisiones erróneas. 

“Yo decido consultar con el mismo Presidente Piñera, con el que he mantenido hasta el final una relación fluida de mucho respeto desde los años 80”, relató Mónica González a los diputados. Y reveló: “Quiero decir aquí que el ex Presidente Piñera me confirmó que había recibido esa información: que se la habían entregado oficiales [de Inteligencia] y también el ministro Espina. Me dijo: ‘Yo pedí reiteradamente que el ministro Espina me trajera el informe, y él lo pidió. Nunca nos entregaron un informe por escrito’”.

Ante la comisión, la periodista entregó sus conclusiones después de investigar el asunto: la presencia de supuestos agentes cubanos y venezolanos durante el estallido social es falsa y la entrega de esta información al entonces Presidente Piñera no solo afectó la soberanía nacional, sino que hizo perder tiempo a funcionarios de Carabineros, quienes debieron investigar a extranjeros en el país sin una justificación real.

Además, Mónica González destacó que entregar información errada como ésta a las policías y fuerzas armadas afecta su funcionamiento, ya que los funcionarios podrían haber salido a la calle a enfrentar lo que se asegura son agentes extranjeros que buscan desestabilizar al país, y no otros compatriotas. En esa línea y en relación también a los casos de violaciones a los derechos humanos en Chile, González afirmó: “No hay que olvidar algo de lo que nunca se habla: la tortura, el asesinato de inocentes, de civiles, no solamente daña a las víctimas, daña también a los victimarios. Todavía tengo en la piel los testimonios de gente que hasta el día de hoy tienen grabado el grito de una mujer violada”.

Para la periodista, esta información errónea generó respuestas inadecuadas a las protestas, en un momento de fuerte debilidad para los efectivos de Carabineros –institución que ya venía golpeada por casos de corrupción y de montajes como la Operación Huracán y el asesinato de Catrillanca–, lo que a su vez favoreció un contexto en que el crimen organizado se fortaleció. “En momentos de crisis las decisiones se tienen que tomar sobre información fidedigna, que asegure la soberanía nacional y el cuidado de los ciudadanos”, reflexionó ante la comisión de diputados. 

ORIGEN DE LOS DATOS Y CONEXIÓN CON BOLIVIA

Respecto al origen de la información que llegó al Presidente Piñera sobre agentes extranjeros en el estallido social, Mónica González indicó a la comisión de diputados que maneja dos versiones. Una es que fue el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Guillermo Paiva, quien informó durante una reunión de la mañana del 20 de octubre de 2019 que “inteligencia venezolana y cubana había gestado una ofensiva insurreccional en Chile”, afirmando que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela había infiltrado 600 agentes en territorio chileno.

“La otra versión no difiere en contenido ni propósito”, explicó González a la comisión. El dato habría llegado desde un sector de la inteligencia militar boliviana, la cual, durante esos días, según cuenta la periodista, “organizaba un golpe de Estado que llevaría a Jeanine Áñez al poder” en ese país. Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que el Presidente Evo Morales renunciara a su cargo ante múltiples protestas y una petición de renuncia emitida por el Ejército. En junio de 2022, Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, sentencia que fue finalmente anulada en 2025. 

De acuerdo con esta segunda versión, era la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dirigida por el abogado Luis Masferrer (RN), la que manejaba los detalles entregados por la inteligencia boliviana. “El ministro Espina me dice a mí que le dijo a su director, Luis Masferrer, que le pasara el documento al Presidente. No lo hizo”, relató Mónica González.

La periodista explicó a la comisión que la primera de estas dos versiones, donde se apunta al Ejército como el lugar desde donde proviene la información de agentes extranjeros en suelo chileno, le hace ruido. Y explicó por qué: “El 21 de octubre, después de que el Presidente Piñera dijera lo que dijo, el general [de Ejército] Javier Iturriaga –y de eso no nos olvidaremos nunca– se desmarcó sutilmente del tono bélico del mandatario, y dijo: ‘Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie’. Y a todos nos pareció rarísimo”. 

“La información que yo tengo es que el Ejército sabía que esta información del destacamento de 600 cubanos y venezolanos era falsa. Como se probó, no hubo cubanos ni venezolanos desplegados a lo largo del territorio chileno”, concluyó Mónica González.

El Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Defensa, Alberto Espina y el general Javier Iturriaga, 20 de octubre de 2019 (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno).

MINISTROS ALVARADO Y PÉREZ MACKENNA

En la misma sesión de la comisión también expusieron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. 

Alvarado explicó que no podía dar detalles de los informes de inteligencia, debido a que, por ley, son reservados, pero sí entregó una mirada de carácter general respecto a lo sucedido a fines de 2019. En ese contexto reconoció el mal funcionamiento del sistema de inteligencia chileno en ese periodo. Y entregó tres conclusiones que, a su juicio, “permiten construir y mirar hacia adelante”: que hubo una falla de anticipación estratégica; que no existió coordinación interinstitucional para tomar decisiones; y que hubo una insuficiencia en la protección de infraestructura crítica. Todos estos elementos, a su parecer, han sido solucionados o mejorados a través de modificaciones a los sistemas de inteligencia y de coordinación interinstitucional, en especial con la nueva Ley de Inteligencia.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez-Mackenna expuso sobre los desafíos para las relaciones exteriores que significó la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la COP25, la cumbre climática de la ONU. El ministro no se refirió a temas de inteligencia en su exposición, pero, después de la intervención de Mónica González, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) le consultó si su cartera recibió información sobre la participación de agentes extranjeros en las protestas de 2019. Pérez-Mackenna aseguró que no llegó ningún informe o comunicación al respecto a la cancillería chilena. 

Los flancos abiertos del Gobierno de Kast: Lagos Weber y Monckeberg en Segundo Piso

 


En Segundo Piso, los exministros Ricardo Lagos Weber y Cristián Monckeberg profundizaron en los flancos abiertos que actualmente tiene el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Se refirieron a la salida de la ministra de Deporte, Natalia Duco, los roces en el oficialismo y el fallo del Tribunal Constitucional sobre la megarreforma.



TC acoge parcialmente requerimientos de la izquierda a la megarreforma y propina nuevo revés al Gobierno

 


El tribunal determinó acoger las impugnaciones que la oposición hizo sobre la invariabilidad tributaria en algunos aspectos, mientras que recogió casi en su totalidad la impugnación del sector a la indemnización del fisco ante la anulación judicial de las resoluciones de calificación ambiental (RCA). El cálculo al interior del sector fue positivo.

A las 22:01 horas fue cuando el Tribunal Constitucional (TC) comunicó la decisión que adoptó su pleno, liderado por María Pía Silva, sobre los requerimientos realizados por la oposición al proyecto de ley Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —junto al gabinete político de La Moneda, con el biministro Claudio Alvarado y el ministro Segpres, José García—, y que sorteó su último trámite en el Congreso hace una semana, fue objetada por abogados de izquierda en materias de invariabilidad tributaria (que se proponía que tuviera un tope de 20 años según el tamaño de la inversión realizada) y en temas medioambientales, como la indemnización del fisco a una empresa que viera su proyecto objetado por organismos medioambientales, una vez que esa determinación fuese contrariada por los tribunales de justicia.

La oposición acudió a una fórmula en la que presentó tres requerimientos, pese a que uno de ellos trataba sobre la misma materia, con el fin de repetir la fórmula que implementó el sector con el proyecto de Escuelas Protegidas, en el que resultaron victoriosos.

Así, el TC le volvió a “dar el favor” a la izquierda, como señalaron en el sector, aunque no completamente.

En el comunicado de prensa difundido por el tribunal se sostiene que “el tribunal acordó acoger parcialmente los requerimientos respecto de las siguientes disposiciones:

  1. En la impugnación al artículo 29, que establece el estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas, tanto extranjeros como locales, declarar la inconstitucionalidad de:
    a. La expresión ‘entre otros‘ contenida en el párrafo primero del numeral 1, denominado ‘De la inversión extranjera y del contrato de inversión’.
    b. La frase ‘Con todo, en circunstancias calificadas, el Ministerio de Hacienda podrá extender dicho plazo previo informe de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera’, contenida en el párrafo séptimo del numeral 1, denominado ‘De la inversión extranjera y del contrato de inversión“.
    c. La frase ‘o por la ejecución de proyectos conexos‘, contenida en el párrafo tercero del literal A del numeral 2, en que se establecen los ‘derechos y obligaciones de la inversión extranjera’.
    d. El numeral 4 de forma íntegra, en que se regulan los denominados ‘proyectos conexos'”.

Eso en cuanto a invariabilidad tributaria, requerimientos que fueron presentados a nombre de la Cámara de Diputados y el Senado, con representación de abogados como Jorge Correa Sutil y el exministro Jaime Gajardo (PC).

En cuanto a las cuestiones medioambientales, el TC sostuvo que impugnaba de igual forma los artículos 12 y 13, en los que se establecía “el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental”.

Lo propio ocurrió “en el cuestionamiento a la frase ‘que no hayan sido evaluados y’, contenida en el artículo 11 N° 4, que establece un nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, respecto de quienes no formularon observaciones durante la participación ciudadana a efectos de que funden su reclamación en aspectos ‘que no hayan sido evaluados’ y que les generen afectación directa”.

Y, por último, en el artículo 5, ” que modifica la Ley N° 20.434, sobre relocalización de concesiones de acuicultura, eximiendo del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a las denominadas ‘micro-relocalizaciones’, declararon inconstitucionalidad en la frase “micro-relocalización” de la salmonicultura y la totalidad del numeral 3.

En el resto de normas impugnadas, los requerimientos fueron rechazados.

    “Las votaciones respectivas y fundamentos de la sentencia, disidencias y prevenciones serán dadas a conocer dentro del plazo establecido en los artículos 93 inciso quinto de la Constitución Política y 67 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional”, cerraron, por lo que se espera tener la resolución del fallo en los próximos días.

    El favorable análisis de la oposición

    En la izquierda resaltan que con los puntos acogidos por el TC, la invariabilidad queda mucho más acotada a una nueva inversión, evitando que se agreguen proyectos que podrían tener la calidad de conexos, lo que no había quedado muy detallado en la norma.

    La principal parte que se acogió, indican desde la oposición, fue que Hacienda pierde la facultad de extender el plazo mediante acto administrativo, eliminando una facultad discrecional del Ejecutivo sobre un beneficio tributario.

    En específico al eliminar la expresión “entre otros”, remite la invariabilidad a los ámbitos que estaban especificados en la ley, evitando una interpretación de Ejecutivo más amplia. O sea, que sólo quedaría acotado a proyectos de desarrollo minero, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos.

    “Deja un estatuto acotado”, comentan en la oposición. “Eso aumenta la certeza sobre quién puede acogerse, aunque reduce la flexibilidad del régimen”, añaden.

    Y también se eliminó la referencia a darle invariabilidad a los “proyectos conexos”, es decir que una empresa no podrá extender la protección de la invariabilidad a otras inversiones simplemente porque estén vinculadas o sean conexas con el proyecto protegido.

    Primeras reacciones: “El veredicto nos confirma que la mega reforma de los superricos tenía vicios”

    En el sector celebraron el resultado con rapidez.

    “Una reforma que no escuchó a la Corte Suprema, no escuchó al Consejo Fiscal Autónomo, que no escuchó a los expertos, y no escuchó a la oposición, ahora además se confirma que buscaba imponer normas inconstitucionales”, señaló el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio).

    La diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) también se sumó al comentario: “El veredicto nos confirma que la mega reforma de los superricos tenía vicios”.

    Por su parte, el diputado de RN, Diego Schalper comentó en X: “El fallo del TC se acata obviamente. La invariabilidad tributaria se mantiene en lo medular. Lo relativo a la indemnización en caso de anulación de la RCA se cae. Y las normas de microrelocalizaciones también, lo cual deberá ponderarse en su impacto en la salmonicultura. Habrá que esperar detalles del fallo para entender impugnación de cláusula abierta y ponderar cursos de acción”.

    En tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) celebró el fallo del TC en la indemnización por RCA anulada: “Ya no cabe absolutamente ninguna explicación razonable de Quiroz, asegurando al privado que contamina, a costa de los impuestos de todas y todos”.


    Natalia Duco RENUNCIÓ al Ministerio del Deporte: Duró cinco meses en el cargo

     


    El gobierno confirmó este jueves la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte. La exatleta presentó su renuncia junto al subsecretario Andrés Otero. Se trata de la tercera salida ministerial después de Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad Pública).




    TC recorta la megarreforma y Kast acepta renuncias de Duco y Otero


    El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos de la oposición y eliminó disposiciones tributarias y ambientales de la megarreforma. Además, José Antonio Kast aceptó las renuncias de Natalia Duco y Andrés Otero tras la controversia por un vehículo fiscal.


    En esta edición:

    Temporal deja 3.000 aislados y obliga a suspender clases en el norte. Operación por tráfico y lavado deja 72 detenidos. Renegociaciones personales y quiebras de empresas registran fuertes aumentos. Terremoto en Colombia deja 281 muertos. EE. UU. presiona a Chile para abandonar la Corte Penal Internacional.
    Igor Lichnovsky regresa a Universidad de Chile.

    13 agosto 2026

    Natalia Duco deja el Gobierno: Presidente Kast acepta renuncia como Ministra del Deporte



     A cinco meses de asumir el cargo, la ex integrante del Team Chile deja su lugar tras denuncia de Contraloría por uso de auto fiscal para actividad particular.

    Ya es oficial. Luego de la denuncia que realizó en su contra la Contraloría General de la República por el eventual mal uso de un vehículo fiscal, el Presidente José Antonio Kast comunicó que aceptó la renuncia de Natalia Duco como Ministra del Deporte.

    En un comunicado oficial de la Oficina de Comunicaciones gubernamental, el Mandatario informó que dio visto bueno a la salida tanto de la ex lanzadora de bala como de Andrés Otero en el cargo de Subsecretario del Deporte, a contar de este momento.

    “El Gobierno agradece la labor desempeñada por la ex Ministra y el ex Subsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”, finaliza el comunicado que confirma la salida de Duco a cinco meses de asumir.


    ¿Por qué renuncia Duco al Ministerio del Deporte?

    La Contraloría General inició una investigación contra la ex atleta por “mal uso de vehículo fiscal“, cuando el 23 de abril asistió a una actividad de celebración ajena a sus labores para el Estado. Incluso el diario La Tercera mostró imágenes del evento.

    El clip exhibe a Duco y su equipo de trabajo en una reunión que ocurrió en el sector capitalino de Lo Curro, donde compartieron funcionarios del Ministerio y la Subsecretaría del Deporte, quienes aparecen cantando karaoke y con botellas de diversa índole.

    La otrora doble finalista de Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016 deja el Gobierno como una de las tres autoridades peor evaluadas del Gobierno de Kast, según la encuesta Cadem, con apenas el 30 por ciento de aprobación a su gestión.

    12 agosto 2026

    Estatuto administrativo: la nueva batalla de Quiroz para terminar con la rigidez del empleo público

     


    El anuncio del titular de Hacienda gatilló la reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes calificaron la señal como “contradictoria”, debido a que el pasado 20 de mayo ya había sido conformada una mesa de trabajo formal entre la ANEF y el gobierno.

    El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de convocar esta semana a una comisión transversal para revisar el estatuto administrativo reabrió uno de los debates pendientes sobre la modernización del Estado: cómo se regulan las relaciones laborales de quienes trabajan en la administración pública y si las actuales normas son compatibles con las necesidades de un aparato estatal más flexible y eficiente.

    Tras el despacho de la Ley Miscelánea, el secretario de Estado instaló una nueva ofensiva para reordenar el aparato público, frente a la cual la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ya exigió claridad respecto a quién será su contraparte en la conversaciones. 

    Quiroz adelantó que la instancia será encabezada por un economista independiente y contará con técnicos de distintos sectores. Según precisó este lunes, la comisión tendrá un plazo de aproximadamente dos meses para desarrollar su trabajo, con el objetivo de entregar sus conclusiones antes de que termine el año.

    El ministro sostuvo que se trata de un “tema estructural” al que hay que entrar y vinculó la revisión con el proceso de reordenamiento fiscal que impulsa el gobierno. A su juicio, es necesario contar con un estatuto “coherente con los tiempos”.

    “Ha cambiado el mundo, las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno. (…) La comisión tendrá que determinar las cosas que hay que cambiar, pero efectivamente hay muchos temas de rigideces. Queremos que el Estado sirva mejor a la ciudadanía”, sostuvo, evitando adelantar modificaciones concretas. 

    Los cambios que están en la mira

    El Estatuto Administrativo corresponde a la Ley N°18.834, promulgada el 15 de septiembre de 1989. Entre sus materias se encuentran el ingreso a la administración, las plantas y empleos a contrata, la carrera funcionaria, las remuneraciones y evaluaciones de desempeño, la responsabilidad administrativa, las causales de cesación de funciones, entre otros temas.

    La discusión sobre la necesidad de modernizar el estatuto no es nueva, durante las dos administraciones anteriores se iniciaron procesos que finalmente no prosperaron. Por lo mismo, entre los expertos existe una alta expectativa respecto al trabajo que iniciará la comisión revisora anunciada por Hacienda.

    Los principales nudos de una eventual modernización apuntan a poner fin a la dualidad entre planta y contrata, y establecer un régimen único de contratación; la urgencia de un mecanismo de evaluación de desempeño exigente; o eliminar la rigidez en los procesos de remoción y contratación del Estado. Además de una carrera funcionaria basada en el mérito, reduciendo espacios para decisiones discrecionales. 

    A juicio del director de la Escuela de Administración Pública UDP, Rodrigo Espinoza, como la mirada de la comisión técnica “va a estar puesta más bien en la salud fiscal de los recursos del Estado, uno de los principales tópicos que se va a tocar es la situación del empleo a contrata y la situación del personal de planta. En términos del personal de planta, probablemente lo que se quiere explorar es el mecanismo de las evaluaciones de desempeño”. 

    “También es importante pensar sobre lo expedito que pueden llegar a ser los sumarios administrativos, principalmente por falta a la probidad, sobre todo a raíz del escándalo de las licencias médicas que mostró que la tasa de cierre de sumarios ha sido bastante baja. Por otro lado, la visión del gobierno me parece que apunta particularmente a lo que tiene que ver con buscar mejores salidas para el despido de funcionarios”, agregó Espinoza. 

    En el caso de los funcionarios a contrata, el académico además destacó la necesidad de poner límites claros con el propósito de cerrar el asunto vinculado a la confianza legítima. “Probablemente van a ser los aspectos más importantes, pero habrá que ver quiénes componen la comisión y cuáles van a ser las prioridades desde el Ejecutivo”, añadió. 

    Para el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Enrique Rajevic, el punto central del debate es reestablecer la coherencia del modelo, destruido -a su juicio- especialmente por el crecimiento de la contrata y el uso de falsos honorarios, al punto de que el personal de carrera se acerca al 23% del empleo total en el gobierno central, y la contrata al 55%. 

    “Esta última categoría, que en teoría no superaría el 20% de las plantas y sería transitoria, se ha transformado en el componente central del empleo público. Como no se ha modernizado la normativa, la jurisprudencia ha empezado a modelar el sistema de desvinculación de la contrata con varios giros que provocan incertidumbre, tanto en los plazos como en las razones que la permiten”, explicó.   

    Consultado por El Mostrador, el abogado enfatizó en que “es urgente una clarificación legislativa para saber a qué atenerse y para resguardar la profesionalización del empleo público, reconociendo un conjunto acotado de cargos de exclusiva confianza”. 

    Asimismo, Rajevic agregó que “debieran revisarse los sistemas de calificaciones, que actualmente no aportan valor a la gestión pública, los procedimientos disciplinarios, lentos e ineficaces. Además del reconocimiento y regulación de los derechos colectivos de los funcionarios públicos, de una manera acorde a las mejores prácticas comparadas y que evite el divorcio entre la legislación que los niega y la realidad que evidencia su existencia”. 

    “Es central asumir al empleo público como un tema de Estado. Para eso es esencial construir consensos amplios, y una comisión asesora de carácter técnico puede contribuir a generarlos y construir opciones que luego deberán testearse políticamente. Por supuesto, con la participación de las asociaciones que representan a funcionarios públicos, para considerar sus propuestas en un proceso de diálogo social. No hacerlo empobrecería los diagnósticos y comprometería el éxito de cualquier reforma”, advirtió Rajevic. 

    ANEF advierte contradicciones en el gobierno

    El anuncio del ministro Quiroz gatilló la reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes calificaron la señal como “contradictoria”, debido a que el pasado 20 de mayo ya había sido conformada una mesa de trabajo formal entre la ANEF y representantes del gobierno. Entre ellos el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá. 

    “No basta solamente un equipo de técnicos eruditos, que uno los pueda respetar, sino es importante la voz de quienes ejecutamos la función pública, que sigue siendo estratégico para la ciudadanía. Queremos que se respete ese diálogo permanente con los gobiernos de turno, en particular con este gobierno porque ya tenemos una mesa de trabajo formal e institucional en áreas tan sensibles como es modernizar nuestro Estatuto Público”, señaló el presidente de la ANEF, José Pérez. 

    En esa línea, Pérez agregó que desde la agrupación esperan conocer a quienes conformarán la comisión mandatada por Hacienda, así como su amplitud y grado de resolución. 

    “Nosotros hemos dicho que tenemos toda la disposición cuando se aborde esta materia u otras que tenemos también acordadas en la mesa sectorial entre la ANEF y el gobierno, que fue mandada por el Presidente José Antonio Kast. Entonces, sería bueno que el ministro recogiera el mandato de su jefe, que es el Presidente de la República”, añadió. 

    Asimismo, el líder gremial reiteró que todo cambio tiene que realizarse con la participación de las organizaciones sindicales y señaló que en la reunión de la mesa sectorial del pasado 6 de julio también abordaron otras coyunturas y prioridades que atraviesan al sector público como los “sistemas de turno en los servicios de reinserción social y mejor niñez, el tema del incentivo al retiro. (…) También lo que significa la aplicación de la Ley Karin”, entre otros temas.