Tanto el Ejecutivo como distintas empresas estatales -entre ellas Codelco, BancoEstado y Metro- no quedaron al margen del escándalo develado por la Contraloría General de la República acerca de funcionarios públicos que salieron del país mientras tenían licencias médicas.
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) actualizó esta mañana el número de trabajadores despedidos por licencias médicas irregulares, a propósito del escándalo develado por la Contraloría General de la República acerca de funcionarios públicos que salieron del país mientras tenían dicho permiso.
La cuprífera informó ayer que se habían ejecutado 21 desvinculaciones bajo la figura de faltas a la probidad en el desempeño de sus labores, que están bajo el alero del artículo 160 del Código del Trabajo, pero esta mañana la cifra subió a 37.
Así lo expresó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien indicó en conversación con Tele13 Radio que “a última hora de la noche de ayer ya sumamos 37 personas que ya no están trabajando más en la empresa porque se han procedido a desvincularlas”.
Pacheco remarcó que la estatal se rige por el Código del Trabajo y reveló que cuando tuvieron acceso al informe de Contraloría comenzaron “inmediatamente” las investigaciones correspondientes. “Abrimos un periodo para que las personas pudieran presentar sus descargos. Ese periodo vence hoy, a la una de la tarde”, apuntó.
Pacheco también comentó que el total de casos de mal uso de licencias médicas ascienden a 118 y que todos los trabajadores despedidos se fueron sin el derecho a la indemnización “porque es un incumplimiento grave de contrato y porque además hay razones de probidad”.
Otra empresa pública que se ha visto afectada por el escándalo es BancoEstado -que aparece en el puesto número 15 en la nómina de Contraloría, con 317 licencias cuestionadas- apuntaron que están investigando los casos asociados a empleados de la institución financiera.
“BancoEstado ha iniciado un proceso interno de revisión, con el objetivo de evaluar casos que involucren a trabajadores del banco. En este marco, se llevará a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos, y las responsabilidades individuales que correspondan, y se aplicarán las medidas administrativas y legales conforme a la normativa vigente”, señalaron en un comunicado el viernes pasado.
El informe de Contraloría también caló hondo en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), compañía que constato que los casos referidos corresponden a 70 personas, algunas de las cuales ya no forman parte de la organización.
Por otro lado, Metro cobró su primera baja, luego de que el ahora ex gerente corporativo Patricio Baronti presentara su renuncia tras admitir que había viajado fuera del país durante una licencia médica.
En una carta dirigida a los trabajadores, Baronti sostuvo que su salida respondió a su voluntad de facilitar las investigaciones, además se excusó señalando que “como parte de mi tratamiento, los especialistas me recomendaron evitar quedarme en casa, fomentando desplazamientos y contacto con personas relevantes para mí”.
Sin embargo, reconoció que “viajar durante la licencia fue un error por desconocimiento de la regulación existente. Nunca tuve la intención de abusar, defraudar o faltar a la ética”.
Escándalo por licencias médicas también salpica al Gobierno
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comunicó recientemente que en el gobierno central hay alrededor de 8.000 funcionarios que fueron identificados como parte del listado que realizó viajes al extranjero durante periodos de licencias médicas.
En concreto, el jefe de la billetera fiscal precisó que se trata de 12.503 casos en la administración central, cifra que equivale a 8.000 empleados públicos que emitieron más de una licencia. “De 35 mil casos se pasa a 25 mil funcionarios por el hecho de que puede haber más de un caso por funcionario. De esos 25 mil, más o menos 8 mil corresponden al gobierno central, el resto fundamentalmente a las municipalidades”, explicó Marcel.
En cuanto a las sanciones, el jefe de la billetera fiscal indicó que hay 131 instituciones que ya iniciaron el respectivo proceso administrativo.
Cabe recordar también que, luego de verse involucrado en esta polémica, Marcos Barraza renunció a su cargo de asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No estoy disponible a que esta operación política intente afectar con mi nombre, ni al gobierno del Presidente Gabriel Boric, ni al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del cargo de asesor ministerial que ejercí lealmente hasta este día”, declaró a través de un comunicado compartido en Instagram.
Junto con él dimitió Mauricio Tapia, ahora exjefe de gabinete de Danilo Mimica, seremi de Desarrollo Social en Magallanes. Según pudo constatar The Clinic, el empleado público desarrolló una cercanía con el Presidente Gabriel Boric tras su labor como asesor parlamentario cuando el Mandatario se desempeñaba como diputado por dicha región.
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