Jorge Bermúdez entregó cifras ante la Cámara de Diputados afirmando que desde 2015 a 2019 el organismo ha impulsado más auditorías a municipios de la ex Nueva Mayoría que del oficialismo.
Con una presentación de Power Point de 30 láminas, llegó hoy hasta la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el contralor Jorge Bermúdez.
La autoridad había sido invitada por el presidente de la instancia, Matías Walker (DC), para que explicase en detalle la información dada a conocer el domingo por Reportajes de La Tercera sobre la aplicación de distintas modalidades para calcular el déficit financiero en diversas municipalidades del país, incluidas las de Viña de Mar y La Florida.
Fue en ese contexto -y luego de que, precisamente, a propósito de dichos antecedentes la UDI pidiera su renuncia y anunciara que evalúa una eventual acusación constitucional en su contra, acusando un sesgo de parte de la autoridad- que Bermúdez defendió la autonomía política del organismo que lidera. En esa línea, entregó cifras que revelan que desde 2015 a 2019 el ente fiscalizador ha impulsado más auditorías en municipios ligados a la ex Nueva Mayoría que al oficialismo.
“Otra cosa que se ha intentado instalar, y que es lo peor que le puede pasar a un organismo como la Contraloría, es que no solo se ha tratado de desautorizarla técnicamente sino que, además, adscribirla a un color político. La Contraloría se define constitucional y legalmente como un órgano autónomo e independiente y esa autonomía es política en primerísimo lugar”, advirtió el contralor ante los diputados.
“Si alguien pudiese reprocharle algo a la Contraloría es que ha auditado más a la ex Nueva Mayoría que a la actual coalición de gobierno”, agregó mientras explicaba un gráfico en el que durante el citado periodo el organismo realizó un total de 37 auditorías a municipios ligados al bloque opositor y solo 32 de Chile Vamos.
Más allá de las consideraciones políticas, el contralor ocupó buena parte del tiempo de su intervención para explicar por qué la Contraloría ha calculado con distintas modalidades contables el déficit municipal. Así, insistió en que la forma en que el organismo audita está totalmente apegada a la ley y que cualquier “ajuste” responde al principio de confiabilidad de la información con la que se encuentra el fiscalizador en cada una de las municipalidades.
Así, el contralor destacó que las fórmulas estandarizadas de cálculo que exigen la inclusión de los gastos devengados y el saldo inicial de caja en un mundo “ideal” podrían dar un resultado de alta razonabilidad, pero que “esa no es la realidad”, dijo.
“Esta fórmula (ideal) sólo puede ser aplicada en la fiscalización en la medida que la información sea confiable”, se lee en una de las láminas expuestas por la autoridad.
El borrador de la DAC
Esos mismos criterios los recoge el borrador del documento que realizó la División de Análisis Contable de Contraloría, al que accedió este medio, el que “imparte instrucciones a las municipalidades sobre el cálculo de déficit y superávit”.
En el texto de 11 páginas, que Bermúdez entregó a los parlamentarios, el organismo detalla fórmulas para su cálculo y las consideraciones a tener en cuenta previo a su aplicación, además, de explicar, por ejemplo, los casos en que podría no contabilizarse el saldo inicial de caja. “Si bien es cierto, los indicadores definidos para las instancias del examen trimestral de la Unidad de Control y para el examen anual con responsabilidad solidaria de Alcaldes y Concejales contienen el Saldo Inicial de Caja dado que corresponden a definiciones rigurosas del concepto déficit y superávit, también es posible emplearlos sin el mencionado componente para transformarlos en indicadores de alerta financiera preventiva. En este último caso, por cierto, no se trataría de indicadores rigurosos atendiendo a que la definición conceptual exige” su inclusión, se lee en el documento.
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