El “Plan País” de Guaidó: mayor endeudamiento, desnacionalización de la economía y ataques contra los trabajadores y el pueblo

 

Privatización de empresas y servicios públicos, más deuda externa, liberación total de precios, despidos en el sector público, son algunas de las medidas para el “rescate” del país que propone la derecha apoyada en la agresión imperialista.

Guaidó y la Asamblea Nacional presentaron las líneas de su “plan” para gobernar el país, detrás del cual están varios de esos ideólogos que pregonan la supremacía del interés empresarial sobre cualquier cosa, y que hace décadas impulsaban la “apertura petrolera” que tanto rechazo causó en el pasado. Vienen por la revancha, y con creces.

Ya en 2016 reseñamos cómo dirigentes de la oposición se “sinceraban” y, a manera de justificación por anticipado, afirmaban que de volver a gobernar “tendrían” que tomar “medidas impopulares”. “Habrá que aplicar medidas duras”, afirmaba Ramos Allup siendo presidente de la AN, en clara alusión a los ataques contra el pueblo trabajador que implica el proyecto opositor. Lo presentado hace unos días, como base para lo que llaman “proceso de rescate, recuperación y transformación social”, lo confirma: mientras este gobierno ha pasado coleto con los derechos de los trabajadores, avanzado en una entrega vergonzosa de nuestros recursos al capital transnacional, y nos mantiene arrodillados a las necesidades de los acreedores de la deuda pública, la oposición propone aumentar la deuda, acelerar la entrega y seguir golpeando a los trabajadores y el pueblo, con la promesa de que así alcanzaremos “el bienestar y el progreso de nuestra Venezuela”.

Más deuda pública externa

Como si no bastara la enorme deuda que Chávez le legó al país, y la que siguió contrayendo Maduro, la oposición propone aumentar el endeudamiento: “Acceder a la banca multilateral para solicitar el financiamiento requerido en condiciones preferenciales y ayuda económica internacional”. Hay que tener cero sentido de vergüenza nacional para llamar “preferenciales” a las condiciones que impone el capital financiero internacional, con pueblos enteros postergando sus necesidades básicas para alimentar las fortunas de estos usureros. Si con Maduro las necesidades urgentes del pueblo (alimentación, salud, vivienda, etc.) se han venido sacrificando por destinar miles de millones de dólares al pago de deuda externa, con este “plan” será igual, o quizá peor.

Proponen hipotecar más nuestro futuro “en condiciones preferenciales” con el Fondo Monetario Internacional y demás entidades que a cambio le imponen a los países la política económica y fiscal, con sus respectivas consecuencias sobre las condiciones de vida del pueblo (reducción del gasto público, aumento de impuestos y de los servicios públicos, privatizaciones, despidos en el Estado, etc.). Así, quienes hablan de “libertad” y “democracia” buscan someternos a la dictadura de organismos que desde sus oficinas en EE.UU. o Europa son quienes dictarán las líneas de la política económica nacional.

Con el chavismo se “diversificó” hacia el capitalismo chino y ruso el origen de a quiénes hipotecamos el país, la derecha quiere volvernos al redil del FMI y las potencias occidentales.

En esa línea de Guaidó y la AN de lavarle la cara a estos mecanismos de expoliación, llaman “ayuda económica internacional” a las migajas que quizás aporten los mismos organismos y países imperialistas que paralelamente estarán reforzando su condición de acreedores del país y de propietarios de nuestros recursos y empresas (mediante la apertura “masiva” a la “inversión extranjera”).

Lo único “generoso” que tendría ya pre-negociado la oposición sería una “reestructuración de la deuda”, es decir, los dueños de nuestro futuro permitirían al país postergar algunos de los pagos que debe hacer en el inmediato y mediano plazo, a cambio de deberles más a largo plazo.

Mayor control del capital internacional sobre el país, en especial sobre el petróleo

De la mano con esto va el otro lineamiento central de “Promover las inversiones internacionales en un marco regulatorio que genere confianza y protección efectiva a la propiedad privada”, con especial énfasis en la industria petrolera: el eje es “un plan masivo” de “inversión privada internacional y nacional en petróleo” y reformar las leyes para “permitir que el capital privado sea accionista mayoritario en proyectos petroleros”.

No hay que darle muchas vueltas al asunto, esto es avanzar en un agresivo proceso de apropiación de recursos y empresas nacionales por parte de los capitales imperialistas, sobre todo el petróleo. Se plantea que el Estado conserve la propiedad de PDVSA –sería el colmo que no–, pero eso no impide en modo alguno el avance privatizador, siendo que el acento está puesto en facilitar la penetración del capital como “accionista mayoritario”. Es un salto en la desnacionalización de la economía en general y de la industria petrolera en particular.

Con Chávez, salvo algunas pocas que se fueron, las grandes transnacionales del petróleo y de otras áreas (banca, telecomunicaciones, construcción, etc.) no dejaron de estar presentes en el país y hacer jugosos negocios. Habiéndose derrotado el golpe de abril así como el paro patronal y sabotaje petrolero, Chávez logró renegociar los términos de intercambio con el capital imperialista, logrando captar más renta para el país mediante aumentos de impuestos o creación de nuevos, y la mayoría accionaria en las asociaciones; aunque a cambio de convertir a este capital en propietario de una porción del petróleo, al pasar del esquema de “prestadores de servicios” al de “socios”. En el caso del gas sí podían las transnacionales tener hasta el 100% de las acciones. A pesar del altisonante anti-imperialismo discursivo, esto fue a lo más que se llegó.

Maduro inició hace pocos años en el sector petrolero un giro de reprivatización en algunos servicios (hacia empresas nacionales) y de nuevas asociaciones con el capital extranjero cuya particularidad era justamente permitir su mayoría accionaria; recientemente llegó al colmo de exonerarlos de impuestos durante un año. Adicionalmente puso en marcha el “Arco Minero del Orinoco”, una entrega deplorable de recursos al capital transnacional, al cual se exonera de cumplir las leyes laborales, además de ser una profundización del extractivismo, con graves consecuencias sobre la naturaleza y las comunidades de esos territorios.

Para Guaidó y los partidos de la derecha eso no es suficiente, quieren echar abajo cualquier regulación legal que ponga límites al capital privado internacional en el sector petrolero y en el resto de la economía. En el mismo sentido apunta lo de “marco regulatorio que genere confianza y protección efectiva”, porque ya la fraudulenta “Asamblea Constituyente” avanzó en una nueva ley de inversiones extranjeras vergonzosamente complaciente con el capital transnacional, pero eso tampoco parece ser suficiente para la derecha y los capitales imperialistas que tiene detrás.

Este “plan” persigue lisa y llanamente rematar el país, esta agresiva desnacionalización implicaría que cada vez más nuestros recursos y la explotación de los trabajadores estarán al servicio de acrecentar los capitales de estas potencias, implicaría que las decisiones sobre qué hacer con las empresas y recursos del país estarán más lejos aún de las necesidades nacionales, guiadas por intereses económicos y geopolíticos foráneos.

Despidos masivos en el sector público y más impuestos al pueblo

La receta contempla la clásica “reducción del Estado”, que no es sino un eufemismo para no decir abiertamente que vendrán despidos masivos mediante la supresión de instituciones, reducciones de personal o privatizaciones. Claro, decirlo sería demasiada sinceridad para quienes hoy hacen demagogia con los problemas de los trabajadores.

Hablan de una “reforma fiscal” para “equilibrar la brecha entre ingresos y egresos” del Estado. Actualmente el IVA, que es un impuesto indirecto al salario, aporta la mayor parte de los ingresos por impuesto, el doble incluso de lo que aporta el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), ¿acaso estarán hablando de reducirle impuestos al pueblo y pechar más a los empresarios y ricos del país? Con toda seguridad que, siendo un plan orquestado directamente por los grandes capitalistas y los ricos de siempre, no será así.

Privatización de servicios y empresas públicas

“Dar apertura a la inversión privada en las empresas públicas y las medidas que sean necesarias para recuperar su capacidad de operación, especialmente en la gestión de servicios públicos”. Otro ejemplo más de cuánto les cuesta la sinceridad: privatizar empresas públicas y servicios, eso es lo que quieren decir. Aunque el Estado “preserve la propiedad de los activos”, la gestión y lucro pasan a manos privadas. Dicen “medidas necesarias” para su operatividad, para no decir abiertamente que puede haber despidos y aumentos drásticos en los precios de los servicios públicos, ya que se impondrá en la gestión de éstos la lógica de la rentabilidad empresarial.

¿Salario igual a la canasta básica familiar indexado a la inflación? ¡Nada que ver!

Esta oposición aprovecha los reclamos salariales de los trabajadores para intentar presentarse como favorable a los mismos, sin embargo, por supuesto que ni por descuido plantea siquiera la demanda elemental de salario mínimo igual a la canasta básica (con base al art. 91 de la Constitución) e indexado a la inflación, que es una de las cuestiones centrales que viene reclamando el movimiento obrero.

Solo dicen la generalidad de “Implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, que puede sonar “progresiva” ante el hecho de que el gobierno ha impuesto la nefasta política de definir unilateralmente el salario, sin embargo, esta alternativa “a lo OIT” no tiene nada de progresivo, porque amarra a los trabajadores a un supuesto “consenso” entre trabajadores, empresarios y gobierno, que no es ningún consenso sino que resulta siempre en la imposición de la voluntad patronal y sus chantajes. Está totalmente por detrás de la perspectiva de lograr mediante las luchas un salario que no sea menor a lo que cubre la canasta básica familiar y que aumente periódicamente si aumenta la inflación.

Liberación total de precios y más renta pública para el capital privado

“Levantar el sistema de controles que ahoga a la producción nacional” y “Restablecer los mecanismos de mercado”, afirma el “Plan País”.

Lo primero que hay que decir es que en el país hay mecanismos de mercado, es una falsedad muy grande decir que no los hay. ¿Qué es lo que estamos padeciendo cuando los empresarios y comerciantes aumentan incesantemente los precios de las mercancías? Hay propiedad privada y compra-venta de mercancías a los precios que impone “el mercado” (con una pequeña porción que se distribuye subsidiada, como la comida del CLAP). Lo que ha habido son unos intentos de regular el nivel de aumento de los precios, regulación que en los hechos hace tiempo no existe.

Lo que pasa es que según la ideología de la derecha “liberal” así es la “democracia”: los empresarios deben tener total “libertad” para hacer lo que quieran con los precios, con los derechos laborales y con la renta petrolera, sin que el poder político intervenga en eso, la gente puede votar, pero que el poder político que no se meta con los negocios de la burguesía.

Tras esas premisas buscan atornillar más el parasitismo de la burguesía “nacional”: uno de los “controles” que quieren eliminar es el cambiario, es decir, la burguesía nacional no le genera al país casi ningún dólar (porque exporta poco y nada), pero Guaidó y la AN dicen que los dólares que ingresan por renta petrolera el Estado debe “liberarlos” para ponerlos a disposición de esa burguesía, sin ningún control. Y lo peor es que, de hecho, aun con el “control de cambio” del chavismo, los diferentes grupos del capital nacional (tanto tradicionales como los nuevos favorecidos del gobierno) no dejaron de tener a disposición dólares baratos de la renta petrolera, sino, ¿cómo se explica la descomunal fuga de capitales que asciende a más de 500 mil millones de dólares?

Guaidó, como político burgués que es, tiene la desfachatez de decir que los ingresos de la bonanza petrolera “no se ahorraron para el futuro ni se invirtieron para aumentar nuestra capacidad productiva”, ¡pero no dice ni una palabra sobre quién no los invirtió!, ¡no dice nada sobre cuál es la clase social por cuyas manos pasaron los dólares de la renta petrolera todos estos años! Una de las razones claves de la ruina del país es la enorme transferencia de renta pública hacia manos privadas, renta que fue a parar al exterior y no a la tan cacareada “producción nacional” por la que tanto se rasgan las vestiduras.

¿Por qué el señor Guaidó no denuncia eso? ¿Por qué no le habla al país con esta gran verdad? Al contrario pide más facilidades para que accedan a la renta, y lanza el contrabando ideológico de que esto fue el “fracaso del socialismo de siglo XXI”, cuando lo que eso demuestra es que el chavismo reprodujo esa constante en la historia del capitalismo nacional: la burguesía criolla se apropia de la renta sin que a cambio eso se traduzca siquiera en sacar al país de la atrofia de su aparato productivo.

Impunidad con el saqueo de la renta

Como para la oposición es algo “normal” que eso ocurra (no en vano están allí los mismos partidos que en el pasado gobernaron para ese mismo parasitismo del empresariado nacional), como mucho plantean en su plan la generalidad de “esfuerzos por recuperar capitales mal habidos producto de operaciones ilícitas y saqueos al patrimonio de la nación”. Es decir, quizá recuperar algo de lo fugado por vías ilegales, dejando en paz todo lo otro. Pero resulta que el saqueo también se hizo por vías legales, que no por eso legítimas y no por eso deja de ser saqueo al país. Sin embargo, al igual que Maduro, el “plan país” no tocará eso, garantizará impunidad con la fuga que haya sido “legal”.

La distribución en manos de la empresa privada y las ONG’s opositoras

Ante el evidente desastre de la distribución de alimentos en manos de este gobierno, con estructuras mafiosas, corruptas y que llegan a usar el vil chantaje contra la gente, a la derecha por supuesto no se le ocurre que es en manos directas del mismo pueblo que debe estar la distribución, sino que propone a la empresa privada, las ONG’s y grupos ligados a la oposición: “utilizar los mecanismos de distribución desarrollados por la iniciativa privada y las organizaciones que se encuentran atendiendo la Emergencia Humanitaria Compleja”.

El mismo “populismo”, pero solo por un tiempo…

Esta oposición señala despreciativamente como “populismo” todo lo que implique que el Estado intervenga para regular algunos derechos sociales o atender necesidades producto de las grandes desigualdades que genera su propio sistema (el capitalismo), sin embargo, como tales necesidades son una realidad contundente, no pueden sino repetir lo que critican, aunque más mezquinamente. Proponen “precios diferenciados de acuerdo a la capacidad de pago de los diversos sectores de la población a través de subsidios directos, hasta que los niveles salariales permitan eliminar dichos subsidios”.

Liberarán precios, habrá despidos en el sector público, devaluarán más el bolívar, privatizarán y aumentarán los servicios públicos, y a cambio otorgarán algunos subsidios solo por un tiempo. Es decir, después de un tiempo, le soltarán la mano a los pobres y a los sectores de salarios más bajos.

De conjunto, lo de la oposición es reeditar la vieja receta neoliberal de los últimos gobiernos del puntofijismo: el “Gran Viraje” (CAP II) y la “Agenda Venezuela” (Caldera II). Muy “joven” no es el plan de Guaidó.

La clase obrera no tiene nada que buscar con semejante “alternativa”. Si no hay una irrupción con fuerza de los trabajadores, en alianza con los sectores populares, para contraponer un programa un programa obrero y popular de emergencia frente a la catástrofe económica y social que responda a nuestros intereses, las únicas opciones a la vista son la permanencia del desastre actual o la imposición de esa perspectiva que está tras la avanzada golpista del imperialismo.