Fuentes de Interior, consultadas por este medio, apuntan a que Franzani Cifuentes está sumamente cuestionado ya que iba destinado a la zona a ejercer un control en terreno sobre lo que estaba pasando e informar de manera fidedigna sobre la gravedad de la situación, lo que evidentemente no ocurrió. Pero el mayor temor es que el Ministerio Público –que aún no lo cita a declarar- pueda establecer alguna vinculación en la red de mentiras que se tejió sobre cómo ocurrieron los hechos, lo que sería un golpe directo para Soto Isla, que fue quien lo envió a la región.
La citación a declarar en calidad de imputado del abogado Cristián Inostroza Quiñiñir en la arista de obstrucción a la investigación en el crimen de Camilo Catrillanca Marín, ocurrido el pasado 14 de noviembre, volcó las miradas del Gobierno y de Carabineros –que realiza un sumario interno-, en el General de Orden y Seguridad, Christian Franzani Cifuentes, quien estuvo presente, por orden del Director General Hermes Soto, en una serie de reuniones privadas en La Araucanía en las horas posteriores a la muerte del comunero mapuche.
Según información recabada por La Tercera PM, luego de que se conociera el video en que el exsargento Carlos Alarcón, en prisión preventiva, aseguró que le pidieron mentir en esta causa, el Ministerio Público comenzó a reunir antecedentes que apuntarían directamente a Inostroza Quiñiñir como parte central de la trama sobre qué se dijo inicialmente sobre los hechos. La duda es si en la elaboración conjunta de la declaración de los cinco efectivos que participaron del operativo en Temucuicui -cuatro de ellos están imputados- hubo órdenes de superiores y qué ocurrió en exactitud en las cinco horas que se tardó desde que ocurrió el incidente hasta que se presentaron a entregar testimonio en la Fiscalía Regional de La Araucanía. En este último lugar estuvieron presentes Inostroza Quiñiñir y Franzani Cifuentes. Alarcón, quien percutó el tiro que dio muerte a Catrillanca, declaró nuevamente tras su registro audiovisual. En este testimonio, no habría dado aún nombres, pero sí detalles que ayudarían a armar el puzzle sobre lo ocurrido.
La ventana entre las 16.30 horas y las 23.00 horas del 14 de noviembre es crucial. En un inicio, los funcionarios involucrados manifestaron que tardaron todo ese tiempo por dificultades para salir de la comunidad, pero el Ministerio Público reconstruyó que en rigor estuvieron en la comisaría de Pailahueque ubicada en Ercilla. Aquí es donde cobra relevancia el rol de Franzani Cifuentes, quien viajó la tarde del 14 de noviembre a Temuco y sostuvo una serie de reuniones para informarse de lo ocurrido, entre ellas, citas con los abogados de Carabineros en la zona.
Así lo declara, según publicó El Mostrador, el teniente coronel y subprefecto en la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía, N°32, José Correa Correa, quien aseveró el fiscal Roberto Garrido el 23 de noviembre que Franzani Cifuentes “se reunió con una gran cantidad de gente, no sé en qué orden ni cuándo fueron llegando, pero sí recuerdo que se encontraba en el lugar mi general Franzani junto a tres abogados de la institución a quienes no conocía. Mi general Victtoriano, el coronel Jorge Contreras, el comandante Sotomayor, el comandante Pincheira, los comisarios Claudio Donoso, Manuel Martínez, Christian Fernández y el abogado Cristián Inostroza”.
Fuentes de Interior, consultadas por este medio, apuntan a que Franzani está cuestionado, ya que iba destinado a la zona a ejercer un control en terreno sobre lo que estaba pasando e informar de manera fidedigna sobre la gravedad de la situación, cosa que no ocurrió. Pero el mayor temor es que el Ministerio Público –que aún no lo cita a declarar- pueda establecer alguna vinculación en la red de versiones contrapuestas que se tejió sobre cómo ocurrieron los hechos.
Entre otras razones, la decisión de su visita obedeció a que había trabajado en la región: se desempeñó desde 2015 hasta su actual nombramiento como Jefe de la IX Zona Araucanía y en esta calidad se presentó en 2016 un amparo en su contra por supuestos seguimientos a abogados de comuneros. Aquella acción judicial fue encabezada por el abogado Javier Jara, quien hoy representa al sargento GOPE Raúl Ávila. Como adelantó ayer La Tercera PM, Ávila tiene una nueva versión sobre lo ocurrido en el operativo. Primero había negado la existencia de grabaciones; luego había admitido poseer una tarjeta, pero que habría destruido por contener imágenes privadas; y ahora su abogado señaló que el oficial “no manipuló” la evidencia.
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