El gobierno presentó un nuevo proyecto de reforma al sistema de pensiones chileno y contertulios de todo el espectro político entran al debate ofreciendo información que, de tanto repetirla, parece cierta. Por ejemplo, aquello de que las pensiones son bajas porque los sueldos son malos, porque los cotizantes cotizan poco y mal y porque viviremos para siempre. Aquí hay un par de cosas que le conviene saber, antes de creer todo lo que escucha.
Lo primero que tiene que saber es que no necesita ser economista, ni tampoco hombre para hincarle el diente al tema. No se amilane cuando los tuiteros le tiren encima sus títulos de administradores de finanzas. Hay datos importantísimos que cualquiera con un mínimo de sentido común puede comprender. Aquí le dejo cinco:
Primero
El asunto de que los chilenos queremos tener una buena pensión con sólo un 10 por ciento de cotización y que “antes”, el aporte previsional era el doble o mayor. Sobre este asunto debe saber que quién prometió a la Junta de Gobierno que con un 10 por ciento de las cotizaciones para el sistema de pensiones los trabajadores chilenos obtendrían jubilaciones equivalentes al 80 por ciento o aún al 100 por ciento de su último sueldo, fue el padre del sistema: José Piñera. Para que pareciera una cotización “baja”, la separó de la cotización para salud (que quedó inicialmente en 4 por ciento y luego subió a 7 por ciento). Tampoco era sólo el 10 por ciento para pensiones, porque inicialmente un 3 por ciento del sueldo iba para pagar el servicio de administración de las AFP.
Sumando los aportes de los trabajadores en salud y previsión, la cotización llegaba a un 20 por ciento. Todavía poco, pensaban algunos, porque en algunas cajas de previsión las cotizaciones llegaban a un 35 por ciento. De lo que casi nadie se dio cuenta, sin embargo, es que lo que ocurrió es que dos actores que antes participaban solidariamente del sistema (y que por eso se llamaba tripartito) salieron de la ecuación: los empleadores y el Estado. De hecho, el argumento de Piñera fue que al traspasar la responsabilidad de trabajar los dineros al sector privado, mucho más eficiente y cumplidor, los trabajadores tendrían un sueldo líquido más alto, que a la hora de jubilar recibirían mejor pensión, y que el Estado no gastaría un peso en pagar las pensiones.
Casi cuarenta años después, todos los estudios serios demuestran que cada una de esas premisas resultó ser falsa: el Estado ya en 1990 contribuía el doble de lo que hacía en el antiguo sistema de reparto y, para colmo, sin recibir las contribuciones que ahora van al administrador privado. El peso del Estado para subvencionar en la base las pensiones más bajas, de acuerdo a todas las proyecciones, solo irá aumentando con el tiempo. Las tasas de reemplazo nunca se han acercado a las promesas de José Piñera y no superan el 35 por ciento de los últimos sueldos de los trabajadores. Estos, que ya no reciben el aporte del empleador, tienen que rascarse con sus propias uñas y pagar solos previsión y salud. Y con sus impuestos, de todos modos, contribuyen a paliar las pensiones en la base, porque el Estado ha tenido que subvencionar el sistema previsional.
Segundo
No es enteramente cierto que las pensiones sean una función de los años de cotización y la constancia en las cotizaciones. De hecho, la casuística revela que a mayor sueldo y más constancia, la pensión, proporcionalmente es peor, pues no alcanza tasas de reemplazo razonable en relación con el aporte. Los trabajadores que se han jubilado con el aporte del bono de reconocimiento (por las cotizaciones en el viejo sistema, que se entregaron a la administración de las AFP) efectivamente pueden ser interesantes, por sobre la media. Pero a medida que esas personas van egresando del sistema, quedan los afiliados que han contribuido principal o exclusivamente al sistema privado y sus tasas de reemplazo van a la baja.
¿Por qué? Entre otras razones, porque la pensión no se calcula como se desprende de las afirmaciones de la Asociación de AFP: fondo de pensiones dividido por años que le quedan al afiliado o afiliada por vivir.
¿Ha escuchado de los algoritmos que usa Google? Si le parecen un misterio, trate de averiguar en su AFP qué elementos se usan para calcular su pensión y en qué porcentaje se pondera cada uno de ellos. Son los llamados “factores actuariales”. Significa, por ejemplo, que el fondo que usted tiene a la hora de jubilar, se va a “castigar” en algún porcentaje por la posibilidad reducida de que usted viva hasta los 120 años. Para precaver ese evento, parte del dinero quedará “reservado”. Si tiene una esposa muy joven (y que también pudiera vivir mucho), hijos que pudieran heredar su pensión (y que también pueden vivir mucho) serán ponderados para calcular su pensión, pues la idea es que lo que ha ahorrado durante su vida de trabajo alcance para todo eso y la AFP no tenga que activar los seguros que ha contratado para cubrir un cálculo que se quedó corto. En resumen, los factores
actuariales, un misterio para la mayoría de la población y aún para los estudiosos del tema, aplanan las pensiones a la baja.
Tercero
¿Ya lo convencieron de que la esperanza de vida es tan alta y aumenta a tal velocidad que el sistema previsional está condenado a la quiebra? ¿Y que si es mujer vivirá todavía muchísimo más y que lo único razonable es aumentar la edad de jubilación? Pues vaya a las cifras oficiales y averigüe a qué edad mueren realmente los trabajadores y trabajadoras chilenas. Resulta que hay entre 10 y 15 años de diferencia entre las expectativas de vida de la población de La Dehesa y la de Pudahuel.
Sí, la expectativa de vida está correlacionada con el nivel de ingresos. Según un estudio incorporado a la discusión de la Comisión Bravo y al que tuve acceso mientras investigaba para el libro “Mitos y verdades de las AFP”, la edad real de fallecimiento de jubilados del sistema de AFP, hombres y mujeres, es casi la misma y bordea los 75 años.
Es decir, a pesar de que los factores actuariales ponderan la mínima posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras vivan hasta los 120 años, la verdad es que mueren apenas 10 o 15 años después de jubilarse.
¿De dónde sale el dato entonces de que los ancianos mueren a los 85 años y las mujeres diez años más? De la submuestra de los pensionados que efectivamente viven más, porque tienen más recursos y que por lo tanto no se jubilan por la modalidad de retiro programado (la jubilación de los pobres), sino por renta vitalicia.
Es decir, la expectativa de vida de los cotizantes más pudientes se usa para calcular las pensiones de los trabajadores más pobres y que vivirán menos.
Cuarto
¿Usted se siente salvado, porque tiene un buen sueldo y se jubilará en la modalidad de “renta vitalicia” (para lo cual es requisito que su fondo le alcance al menos para autofinanciar una pensión mínima)? Puede ser, porque las compañías aseguradoras le ofrecerán un monto mayor, por un período fijo de tiempo. No obstante, considere lo siguiente: la renta vitalicia supone que usted cede la propiedad de sus fondos a la compañía. Las AFP se los traspasan completos y las aseguradoras le van dando a usted monto fijo mensual. Si usted vive más de lo que la compañía calculó, gana usted. Si vive menos, ganan ellos. Pero, por supuesto, los sofisticados factores actuariales están diseñados para que en el volumen global de clientes, siempre salga menos dinero del que entra.
Quinto
Ya habrá escuchado decir también a los voceros de la asociación de AFP que el sistema es un modelo en el mundo y que es admirado en los países desarrollados. Al respecto debe saber que no existe otro ejemplo tan extremo como el chileno. Hay países que efectivamente han invitado a José Piñera a darles consejos sobre las reformas que debieran hacer, pero la mayoría tiene sistemas públicos con cotizaciones obligatorias y los sistemas privados normalmente son “voluntarios”. Buena parte de los países desarrollados, capitalistas como el que más, tienen sistemas mixtos: una base pública, de cotizaciones obligatorias, y la posibilidad adicional y voluntaria de contratar seguros que permitan “complementar” la jubilación, a quien tiene recursos suficientes para ahorrar.
Las AFP sostienen que no tienen responsabilidad en que el mercado del trabajo pague tan mal a los trabajadores y que, como consecuencia, las pensiones sean pobres. Que si no hubiera sido por su diligente y honesta administración, la situación sería peor. Y que de los fondos de los trabajadores, no tocan un peso.
Pues resulta que las comisiones que los trabajadores pagan a las administradoras han sido históricamente altísimas, por encima de las que cobra cualquier administradora de capitales en un sistema libre y voluntario. Puede parecerle que una comisión del 1,4 por ciento que hoy cobran en promedio es poco, pero ese es un porcentaje del sueldo. Si lo mira en relación con el fondo administrado, la comisión alcanza dos dígitos. No son pocos los especialistas que consideran que si se descuenta el valor de la “administración” de la rentabilidad que el sistema alega haber obtenido en favor de los trabajadores , los aportes de los trabajadores (reajustados por el alza del costo de la vida) han quedado prácticamente igual.
Las AFP reciben esta comisión (que cuando comenzó el sistema podía alcanzar el 35 por ciento sobre el fondo administrado) a todo evento, ya sea que la rentabilidad de los fondos sean altas o bajas. Inicialmente (y cuando llegaron a existir casi 20 administradoras), la ley obligaba a las AFP a reponer de su propio capital pérdidas por sobre el 2% del capital administrado. Esa exigencia hizo que muchas AFP pequeñas y gremiales, quebraran. Sin embargo, tras el retorno de la democracia, la exigencia se rebajó. Ahora las AFP son responsables con su patrimonio de “rentabilidades negativas” (como se llama en la industria a las pérdidas) si se apartan dos puntos por debajo “del promedio” de las demás. Y adivine qué: cuando los fondos registran pérdidas, casi todas pierden un porcentaje similar y desde que se aplicó esta norma, no ha sucedido nunca que una AFP tenga que recurrir a su patrimonio porque perdió dos puntos más que las otras.
Además, según se ha descubierto recientemente, tras las reformas de 2008, que bajó de manera importante las comisiones de las AFP, se autorizó a estas entidades a subcontratar con brokers internacionales la administración de los fondos que se invierten fuera de Chile.
Pero las AFP no pagan de su patrimonio las comisiones a esos intermediarios, sino que, como les fue autorizado por ley, se cargan al fondo de pensiones de los trabajadores. Esas comisiones también se pagan a todo evento, tanto si los brokers ganan como si pierden con las inversiones que hacen con los dineros que debieran usarse para pagar las jubilaciones. Son las llamadas “comisiones fantasmas”.
Tampoco perdieron las AFP con esta baja de las comisiones de 2008, porque antes de ese patrimonio propio tenían que contratar los seguros de sobrevivencia e invalidez. Y ahora lo cubren con un porcentaje adicional que se carga al empleador (1,5 por ciento del sueldo de sus trabajadores). Las administradoras de pensiones, que nacieron ligadas a los grandes grupos económicos chilenos, han traspasado a empresas multinacionales la propiedad de las AFP. ¿Y cuál
es el rubro preponderante de esas administradoras? Las compañías de seguro. Hasta ahora, la ley no impide que las aseguradoras que pertenecen al mismo holding de las AFP se queden con el negocio de los seguros de invalidez y sobrevivencia.
Por último, con frecuencia se recuerda que gracias a las AFP se creó en Chile un mercado de capitales y se creó trabajo, porque en 1980 no había capital suficiente para mover a una economía estancada y bajo presión internacional por las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
Las AFP le permitieron a los privados contar con recursos para comprar las empresas privatizadas. Puede que sea cierto, pero se olvida mencionar el pequeño detalle de que todo eso fue posible porque se hizo la promesa de que los trabajadores recibirían en recompensa por confiar parte de su salario a estas empresas, unas jubilaciones soñadas. Los privados se compraron las empresas privatizadas y los bancos acceden a capital de bajo interés para prestárselo a los propios trabajadores, pero ellos, los titulares de los fondos, no tienen siquiera un representante en los directorios de las administradoras.
¿Es usted de esas personas que piensa que una periodista –y encima mujer- no sabe suficiente para meterse en estos temas? No me crea a mí. Si los datos que aportan Luis Mesina y Manuel Riesco le parecen demasiado izquierdistas y socializantes, lea los estudios del exministro de Hacienda Alberto Arenas, del economista de la Cepal Andras Uthoff, del ex ministro de Economía José Pablo Arellano. También puede indagar lo que han dicho algunos premios nobel de Economía. Indague en los documentos públicos de la Comisión Bravo. Pero hágase un favor. No crea todo lo que dice la tele.
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