Comisión aprueba Aula Segura, pero oposición lo convierte en otro proyecto

 

Comisión de Educación aprobó en general la iniciativa, pero cambió el sentido original. Oficialismo dice que ahora no se hace cargo de la violencia escolar.

Una dura discusión se vivió la noche de este martes en la Comisión de Educación del Senado, instancia que revisó el proyecto Aula Segura, con orden de discusión inmediata, por lo que debe ser despachado antes del lunes por esa corporación.

Por dos votos a favor, dos en contra y una abstención, en una instancia donde la oposición es mayoría, la comisión aprobó en general el proyecto. Pero luego de eso, comenzó a votar y aprobar en particular una serie de indicaciones, con lo que la oposición transformó el proyecto original en otro.

Por ejemplo, fue visada una propuesta para que la expulsión de los escolares no sea una obligación del director, sino que una facultad. Y también fue aprobada la idea de que la “posible separación del estudiante que está siendo investigado” sea extendida a todas las causales graves y gravísimas del reglamento del colegio. Con ello, incorpora el proyecto a las normativas internas de cada establecimiento, algo que no quería el Gobierno.

Así, el proyecto fue aprobado, pero con considerables cambios que dejaban en una semiderrota al Ministerio de Educación, a tal punto que los senadores le cambiaron el nombre técnico al proyecto, para quitar el concepto de violencia y resaltar la idea de entregarle facultades a los directores en materia de “convivencia escolar”. Incluso, Yasna Provoste, presidenta de la comisión, comentó en su cuenta de Twitter que habían rebautizado el proyecto como “Aula Democrática”.

También fueron ampliados a 15 los días de plazo para expulsión (10 para la defensa del alumno y cinco para la reconsideración), lo que rompió con la idea de que la expulsión ocurra en cinco días, como lo proponía inicialmente el proyecto del Ejecutivo.
Asimismo, otro cambio importante fue la extensión del proyecto a todos los colegios, incluidos los particulares, ya que la propuesta inicial sólo era aplicable a planteles municipales o particulares subvencionados.
El gobierno acusó el golpe y afirmó que con estos cambios, la oposición no se hace cargo de la violencia.
La ministra Marcela Cubillos afirmó que “esto desnuda lo que ha sido este mes de debate, de que hay temor a decir las cosas por su nombre. Se teme hablar de violencia, poniendo todo en un marco de infracciones graves”, y ejemplificó diciendo que el lanzar una bomba molotov no puede tener el mismo rango que copiar en una prueba o falsificar una firma, que son consideradas faltas graves en los colegios.
Y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que con estas transformaciones “se pierde todo el sentido del proyecto, esto es un proyecto diferente”.
Por su parte, los senadores de oposición explicaron que los cambios eran necesarios, pues existen muchas otras infracciones graves o gravísimas que es necesario cubrir y que van más allá de los hechos de violencia que contemplaba originalmente Aula Segura, como los casos de abusos sexuales.
Con todo, en el Ejecutivo explicaron que cuando se ordena discusión inmediata, las indicaciones se pueden renovar en su paso por la sala, lo que ocurriría hoy en la tarde, por lo que se evaluaba reponer las indicaciones del Mineduc, que fueron rechazadas en desmedro de las indicaciones de la oposición, que actuó unida, incluso aprobando la admisibilidad de los cambios.

Críticas previas

La discusión previa a la votación fue tensa, por la presión que puso el Ejecutivo a los senadores al aplicar la discusión inmediata.
“Como lo han dicho todos los investigadores, este proyecto marca un retroceso para el país, debemos tener confianza en que la escuela pueda irradiar sus beneficios a la sociedad y podemos generar estilos de convivencia social distinta”, dijo la presidenta de la comisión, Yasna Provoste (DC).
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) agregó que “no era necesario pasar por el Parlamento para resolver los graves problemas de violencia en siete u ocho colegios de Santiago”, y el senador Jaime Quintana (PPD) planteó que el proyecto original “el peso de la prueba queda de cargo del estudiante, cuando en cualquier proceso penal eso corre por cuenta de quien acusa”.
Por contraparte, la senadora Ena von Baer (UDI) dijo que “el proyecto es necesaria, porque la legislación no entrega las herramientas; los directores deben tener la posibilidad de expulsar con un proceso corto, un debido proceso y la suspensión. Las herramientas de la legislación actual están sobrepasadas. Hay que romper estos grupos de violencia”

Los principales cambios

Nuevo nombre
La iniciativa ingresó como proyecto que “Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia ”. La comisión votó reemplazar la palabra violencia por convivencia.
De cinco a 15 días
La propuesta inicial fijaba que el plazo para resolver una expulsión por actos de violencia grave era de cinco días, de los cuales uno permitía la defensa del alumno acusado. Ahora el estudiante tiene 10 días para apelar a la medida y el director otros cinco para resolver.
Suma a particulares
Inicialmente el proyecto estaba enfocado en los colegios municipales y particular subvencionados. Argumentando no afectar la igualdad ante la ley, la comisión aprobó extender sus cobertura también a los establecimientos particular pagados.