La libertad de Chile necesita algo todavía más importante: que ningún gobierno llegue jamás a ser más poderoso que los límites que la democracia le impone.
Una democracia debe defenderse no solo de quienes quieren destruirla, sino también de quienes aseguran querer salvarla.
El crimen organizado es una amenaza real. El narcotráfico debe ser combatido con toda la fuerza legítima del Estado. Precisamente por eso resulta tan peligroso utilizar el miedo de los ciudadanos para alterar las reglas que limitan el poder.
La reforma constitucional impulsada en materia de seguridad merece una oposición severa. No porque queramos un Estado débil, sino porque queremos un Estado fuerte dentro de una democracia fuerte.
Aquí comienza el problema.
La seguridad ya es una obligación del Estado. No necesitamos reformar la Constitución para descubrir que debe protegernos. Lo verdaderamente relevante de esta reforma está en otra parte: en las nuevas habilitaciones de poder, en la ampliación del espacio de excepción, en el fortalecimiento del Ejecutivo y en el riesgo de extender progresivamente la intervención militar en asuntos de seguridad interior.
Y entonces aparece una pregunta elemental: ¿Por qué una amenaza permanente debe enfrentarse constitucionalizando poderes extraordinarios?
El crimen organizado, desgraciadamente, no terminará el próximo martes. Es un fenómeno persistente. Si su existencia basta para activar mecanismos excepcionales, la excepción puede durar tanto como aquello que pretende combatir.
Y cuando la excepción se vuelve permanente deja de ser excepción. Ese es exactamente el punto que debiera inquietar a cualquier demócrata.
Las democracias contemporáneas rara vez mueren con tanques frente al palacio presidencial. Pueden deteriorarse mucho más discretamente. Se conserva el Congreso. Continúan funcionando los tribunales. Hay elecciones. Nadie clausura formalmente la Constitución. Simplemente se van desplazando sus límites.
Primero una facultad extraordinaria porque existe una emergencia. Después otra porque la anterior resultó insuficiente. Más tarde se reduce un control porque dificulta actuar con rapidez. Y finalmente alguien pregunta para qué sirve una Constitución que impide al gobierno hacer lo que considera necesario.
La respuesta es incómodamente sencilla: para eso sirve una Constitución.
Sirve precisamente para impedir que quien gobierna pueda hacerlo todo.
Por eso resulta especialmente preocupante cualquier pretensión de reformar la Carta Fundamental cuando sus controles estorban una determinada política pública. Si una medida tropieza con los derechos fundamentales o con el Tribunal Constitucional, la pregunta democrática es si esa medida respeta la Constitución. La respuesta autoritaria es distinta: cambiemos la Constitución para que deje de estorbar.
Allí empieza a invertirse el constitucionalismo: ya no es el poder el que debe acomodarse al límite; es el límite el que comienza a acomodarse al poder.
Y tenemos derecho a desconfiar.
No de la seguridad. No de Carabineros. No de las Fuerzas Armadas. No de la necesidad de combatir despiadadamente al narcotráfico.
Desconfiamos de la concentración del poder.
Y desconfiamos especialmente cuando quienes promueven esa concentración pertenecen a una corriente política cuya relación con la tradición democrática liberal merece ser examinada con especial rigor. La extrema derecha contemporánea ha aprendido una lección que las democracias no pueden ignorar: para debilitar una democracia ya no es indispensable abolirla. Puede bastar con gobernarla desde dentro, ensanchando progresivamente las facultades del Ejecutivo, debilitando contrapesos y convirtiendo la excepcionalidad en normalidad.
Por eso no corresponde conceder cheques en blanco. Mucho menos constitucionales.
Y menos todavía mediante suma urgencia. Una policía puede necesitar actuar en segundos. Una Constitución no. Modificar las relaciones entre seguridad, libertades, Fuerzas Armadas, Presidencia, Congreso y tribunales exige deliberación, expertos, oposición, discusión pública y tiempo. La delincuencia exige urgencia operativa; no exige constitucionalismo apresurado.
Que nadie intente además caricaturizar esta discusión como una disputa entre quienes quieren seguridad y quienes supuestamente protegen delincuentes. Esa es una trampa demasiado elemental.
Queremos perseguir el dinero del narcotráfico. Queremos inteligencia moderna. Queremos recuperar los territorios dominados por bandas. Queremos cárceles controladas por el Estado y no por organizaciones criminales. Queremos policías profesionales, fronteras protegidas y cooperación internacional.
Queremos autoridad.
Pero precisamente porque queremos autoridad, exigimos límites.
Chile ya conoció una época en que se nos explicó que las circunstancias extraordinarias justificaban poderes extraordinarios. Sabemos cómo comienza esa historia. Y una democracia responsable no necesita esperar a conocer nuevamente su final para levantar la voz.
No afirmo que esta reforma instaure una dictadura. Sería una exageración y, además, debilitaría la acusación verdaderamente importante.
Lo que sostengo es más grave: nos invita a acostumbrarnos.
A acostumbrarnos a que frente a problemas permanentes existan poderes extraordinarios. A acostumbrarnos a que la seguridad justifique nuevas excepciones. A acostumbrarnos a que los controles sean presentados como obstáculos. A acostumbrarnos, finalmente, a entregar un poco más de libertad institucional cada vez que alguien promete protegernos.
Así se erosionan las democracias: no necesariamente derribando sus puertas, sino consiguiendo que sus propios ciudadanos las vayan dejando abiertas.
La extrema derecha puede tener los votos para proponer sus reformas. Puede incluso conseguir mayorías para aprobarlas. Lo que no tiene es un derecho adquirido a nuestra confianza.
En democracia, el poder no se entrega por confianza. Se concede por un tiempo, se divide, se controla y se limita.
La seguridad de Chile necesita un Estado poderoso frente al narcotráfico.
La libertad de Chile necesita algo todavía más importante: que ningún gobierno llegue jamás a ser más poderoso que los límites que la democracia le impone.
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