28 julio 2026

Somos tontos hasta las 12

 


Por : Guillermo PickeringAbogado, exsubsecretario del Interior y de Obras Públicas.

Lo dijimos durante toda la campaña electoral: que la democracia corría el riesgo más severo desde su restauración. Nos tildaron de exagerados. Dijimos también que el blanco no era solo la izquierda, sino también la derecha tradicional.

Hay un patrón que la agenda noticiosa nos impide ver con claridad. Cada semana se apaga un incendio político y se enciende deliberadamente otro: el Ministro de Hacienda amenazando a los alcaldes, un nuevo cruce de acusaciones, las declaraciones de una exministra, la controversia del día que ocupa paneles y portadas. Mientras discutimos el menudeo, se construye, decreto a decreto, algo mucho más grande: un proyecto para refundar Chile por una vía que nunca antes se había ensayado.

José Antonio Kast no llegó a este punto de un día para otro. Desde su derrota frente a Gabriel Boric en la segunda vuelta de 2021, en su sector —que reúne a la derecha económica y a una extrema derecha política, cada vez más fanática— comenzó a fraguarse una estrategia con un objetivo único: llegar al poder al costo que fuera necesario y, desde ahí, como dice el primer mandatario, poner las cosas en orden, porque este orden democrático parece no gustarle. Es el desorden que obliga a argumentar, a respetar, a pactar . Las promesas de campaña que hoy se archivan sin explicación, los acuerdos que se rompen sin razón aparente, no son improvisación. Son piezas de un plan.

La conducta de Kast y de Republicanos ha sido, desde el inicio, la misma: oponerse a cualquier cambio social que se proponga, venga de donde venga, y disciplinar a su propio sector para que nadie se salga de esa línea. La etiqueta de “derechita cobarde” —acuñada en España por Vox contra el PP y adoptada aquí por los sectores más duros del oficialismo para descalificar a la UDI, a RN y a ministros de su propio gobierno, cuando dialogan o pactan con la centroizquierda— cumple exactamente esa función: no busca convencer, busca amedrentar a la propia derecha para que no negocie.

Ese mecanismo tiene un antecedente que vale la pena recordar. En la Alemania de Weimar, la derecha nacionalista conservadora fue empujada, paso a paso, a radicalizarse: cualquier conservador dispuesto a pactar con la socialdemocracia —el único socio capaz de sostener la democracia— era tildado de blando o traidor por sus propios correligionarios. La socialdemocracia, a su vez, llegó exhausta y a la defensiva, sin ese socio  genuinamente democrático que necesitaba. El resultado ya lo conocemos: los conservadores terminaron pactando con Hitler dentro de la legalidad, convencidos de que podrían controlarlo.

No se trata de decir que el Chile de 2026 es la Alemania de 1933 —las distancias históricas son enormes—, pero el mecanismo de deslegitimar a la propia derecha por moderada, de vaciar el centro político hasta que solo quede la opción radical, es el mismo que hoy opera cada vez que se increpa a la “derechita cobarde” por cualquier gesto de diálogo.

Chile ya vivió, en años recientes, dos intentos de refundación constitucional: el proceso de la Convención de 2021-2022 y el del Consejo de Expertos de 2023. Se puede discutir su contenido, celebrar o lamentar su resultado, pero ambos respetaron una regla básica: pasaron por el Congreso y fueron sometidos, al final, al veredicto de la ciudadanía en un plebiscito. Ganara quien ganara, decidía el pueblo.

Eso es exactamente lo que hoy está en juego. El Presidente Kast ha declarado —sin ambigüedad— que no descarta gobernar por decreto si su “megarreforma” (la llamada Reconstrucción Nacional) no avanza en el Congreso, o si es parcialmente rechazada por el Tribunal Constitucional . Y ha precisado que no se restringiría a un área acotada, sino que lo haría “de manera amplia”. Es decir: si el Parlamento no aprueba, se gobierna igual. La refundación, esta vez, no pasaría por el escrutinio del Congreso ni por la voluntad expresada en las urnas. Pasaría por el ejercicio ilegal de extender el ámbito de la Potestad Reglamentaria del Presidente.

Esto no es un giro improvisado ni un exabrupto retórico. Es coherente con el sustrato ideológico que rodea al actual gobierno. En abril de este año se reveló que Kast se reunió en La Moneda con Peter Thiel, el magnate de Palantir y PayPal, considerado uno de los ideólogos más influyentes de la derecha tecnológica global. Thiel es autor de una de las frases más citadas de esa corriente: “ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Su pensamiento, asociado a lo que se conoce como Dark Enlightenment (Ilustración Oscura), propone abandonar el igualitarismo democrático en favor de estructuras jerárquicas, tecnocráticas y, si es necesario, autoritarias.

No hace falta suscribir cada una de las tesis de Thiel para advertir el paralelismo: un gobierno que declara públicamente que gobernará por decreto si el Congreso no acompaña opera exactamente bajo esa lógica. Se salta el debate, se salta la deliberación, se salta —en los hechos— el mandato popular expresado a través de sus representantes. Y lo hace mientras el país entero discute el escándalo de la semana.

Y el plan, todo indica, no se detiene en el primer decreto. A la gobernanza por decreto seguirá previsiblemente la aplicación a rajatabla de la ley marco, que en materia económica, operará, en los hechos, como la nueva constitución de la extrema derecha: una que ningún Congreso redactó y que ningún plebiscito ratificó. Después vendrá una modificación del ámbito de acción de las Fuerzas Armadas y una restricción de potestades y derechos democráticos. Y el paso final de esta hoja de ruta sería asegurar de antemano la próxima elección: con una oposición irrelevante, con la derecha política tradicional en vías de extinción, y con la intención de definir a dedo a quien continúe esta regresión antidemocrática.

Ese es el verdadero costo de la política al menudeo: mientras reaccionamos a la música que nos impone la extrema derecha, se construye en silencio el cambio institucional más profundo desde la dictadura. No es un conflicto más. Es un intento refundacional que, a diferencia de los anteriores, no busca el respaldo de las urnas sino evitarlo.

Lo dijimos durante toda la campaña electoral: que la democracia corría el riesgo más severo desde su restauración. Nos tildaron de exagerados. Dijimos también que el blanco no era solo la izquierda, sino también la derecha tradicional, porque antes de avanzar había que limpiar el camino de cualquier moderación. Hoy, con Thiel recibido en La Moneda, con la “derechita cobarde” disciplinada a punta de escarnio y con un Presidente que anuncia sin pudor que gobernará por decreto si el Congreso no le sigue el paso, lo decimos sin exagerar nada, parafraseando a un gran fiscal: somos tontos solo hasta las 12 nomás.

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