Según informes técnicos y parlamentarios de derecha e izquierda, la respuesta del Ejecutivo y Senapred se caracterizó por “lentitud resolutiva” una “coordinación deficiente de municipios y gobernaciones” y “la priorización de la agenda legislativa por sobre la emergencia del gobierno de emergencia”.
Hace diez días, el Centro de Estudios Científicos Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) de Coquimbo, emitió dos informes técnicos sobre un sistema frontal con 300 mm de lluvia en la región entre el 15 y el 20 de julio, más de dos metros de nieve en cordillera, vientos de 60 a 100 km/h y posibles tormentas eléctricas.
Con los informes, el 13 de julio, una semana antes de la debacle, el diputado Daniel Manouchehri (PS) envió un oficio al Senapred y al Ministerio del Interior. El legislador exigió un reporte detallado de ocho puntos sobre la preparación estatal ante el inminente frente climático en Coquimbo.
La acción fiscalizadora apuntó a cuatro ejes críticos de seguridad y gestión de emergencias para proteger a la población y consultó por la eficacia del sistema SAE y los protocolos para evacuaciones nocturnas en zonas rurales.
Manouchehri pidió un catastro georreferenciado de puntos de riesgo en las 15 comunas para monitorear quebradas y ríos. El oficio solicitaba los planes de emergencia, rutas de evacuación y albergues; más un inventario de maquinaria pesada, motobombas y generadores en Elqui, Limarí y Choapa. Pero afirma que no tuvo respuesta.
De forma similar, el senador oficialista Matías Walker (DEM), el 15 de julio pasado, en una conversación con el experto Michel De L’Herbe, en un live de Instagram, advirtieron sobre un sistema frontal “histórico que afectará a Coquimbo con lluvias prolongadas”.
El especialista enfatizó que la población organizada era la primera respuesta ante la emergencia. De L’Herbe recomendó a las familias asegurar 72 horas de autonomía de agua, alimentos, baterías y medicamentos específicos para niños, bebés y enfermos crónicos.
Cerca de 12 horas antes de las lluvias en Coquimbo, el experto instó a los municipios a abrir albergues y coordinar evacuaciones preventivas, riesgos nocturnos y recordó el apoyo de los privados en los aluviones de 2015.
Diputada Urqueta (PDG) critica “insuficiente respuesta del Estado”
La diputada Eileen Urqueta (PDG) entregó un crítico reporte desde el Embalse Recoleta en la mañana del sábado 17. Constató el colapso de la infraestructura regional y exigió al Presidente José Antonio Kast decretar Estado de Catástrofe. Según Urqueta, la medida administrativa permitiría movilizar maquinaria pesada y recursos de emergencia necesarios para las provincias damnificadas.
“Estamos ante un evento meteorológico extremo, sin precedentes en más de cinco décadas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno no puede impedirnos evaluar críticamente la respuesta del Estado. Desde el viernes 17 estuve desplegada en terreno y visité el embalse Recoleta para evaluar directamente su nivel y las condiciones del sector. El sábado 18, en una segunda inspección, solicité públicamente la declaración de estado de catástrofe”, dijo la diputada Urqueta al El Mostrador.
Urqueta criticó la insuficiente respuesta del Estado, pese a contar con una nueva institucionalidad de prevención, la legisladora afirmó que los niveles comunal, provincial y regional fueron sobrepasados tempranamente por fallas críticas en coordinación y comunicaciones.
El sábado 18, advirtiendo el riesgo por el escurrimiento desde la cordillera, la legisladora solicitó formalmente el Estado de Catástrofe mediante oficios al Ministerio del Interior y Senapred. Sin embargo, denunció que la medida se decretó recién el 20 de julio, tras confirmarse víctimas fatales en la zona. “El Estado debe actuar preventivamente y no esperar a que la tragedia ocurra”, sentenció la parlamentaria.
“La declaración finalmente se decretó hoy, 20 de julio, pero llegó después de que tuviéramos que lamentar la pérdida de vecinos. Cuando existen proyecciones que anticipan un riesgo grave para la población, el Estado debe actuar preventivamente y no esperar a que la tragedia ocurra”, afirmó a El Mostrador.
La Moneda opta por “esperar análisis”
Pese a varias señales de alerta detectadas por parlamentarios, el gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una ola de cuestionamientos por la gestión de la crisis generada por el sistema frontal que ha afectado a diez regiones del país.
Según informes técnicos y parlamentarios de derecha e izquierda, la respuesta estatal se caracterizó por una coordinación deficiente de municipios y gobernaciones, lentitud resolutiva y “la priorización de la agenda legislativa por sobre la emergencia del gobierno de emergencia”.
El error más crítico que argumentan es por el desfase cronológico de cinco días para decretar el Estado de Catástrofe. Según explican senadores a El Mostrador, cuando solicitaban la declaración de Estado de excepción constitucional el Presidente y el ministro del Interior les explicó desde el viernes que “tenía que hacer un análisis técnico de las regiones afectadas”, lo cual se demoró.
Mientras el desastre comenzó el jueves 15 de julio con precipitaciones históricas y miles de aislados, el Ejecutivo recién firmó el decreto el lunes 20 de julio por la tarde. Esta dilación respondió a una estrategia oficial de supeditar la ayuda legal a un “catastro previo de daños”, lo que paralizó por días el despliegue militar con mando unificado y la requisición de bienes urgentes para el rescate.
Según explican en la oposición, la ausencia de ministros en las zonas más golpeadas, como la Región de Coquimbo, generó una “rebelión” de alcaldes que se sintieron sobrepasados en la primera línea de contención por falta de apoyo logístico. Un hecho que profundizó las críticas fue que el ministro de Defensa, Fernando Barros, se encontraba en una gira internacional en Hawái durante el desarrollo de la crisis.
A nivel institucional, el propio Presidente Kast admitió que los mecanismos financieros normales, como el uso del 2% constitucional, son “lentos y engorrosos”, evidenciando que el Estado no es capaz de reaccionar con la rapidez necesaria ante una catástrofe.
“Se detectaron fallas en obras de mitigación previas y se anunciaron traslados de viviendas sin un plan de realojamiento definitivo claro, lo que despertó suspicacias sobre una posible improvisación habitacional ante la urgencia”, señaló un diputado a El Mostrador.
Alcaldes de centroderecha critican respuesta
El mismo sábado 18 de julio, el Mandatario calificó la situación nacional como crítica y destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas en las tareas de evacuación. Mientras el Presidente José Antonio Kast evaluaba la situación desde El Maule y enviaba a los ministros de Obras Públicas, Luis de Grange y de Vivienda Iván Poduje, a Coquimbo y Atacama.
Desde La Moneda sostienen que mientras el Ministro de Defensa, Fernando Barros, estaba en Hawai, al Presidente se le recomendó desestimar un Estado de Excepción Constitucional y evaluarlo en el consejo de gabinete de este lunes. Ello, hizo que la decisión se demorara.
Simultáneamente, la crisis escaló en el norte. Los alcaldes de la Región de Coquimbo exigieron al Gobierno decretar Estado de Excepción por Catástrofe y además activar el 2% constitucional para emergencias.
El socialista Ali Manouchehri, alcalde de Coquimbo y líder de los ediles regionales, denunció que los fondos locales resultaban insuficientes para reconstruir puentes o viviendas destruidas. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), también era critica con el Gobierno, y demandaba el Estado de Excepción. Su par de Ovalle, Héctor Vega (Ind- cercano a Evopoli) reportó el colapso de servicios sanitarios rurales y advirtió que la fuerza del agua arrasó diversas pasarelas. Vega solicitó celeridad en el apoyo fiscal para agilizar la recuperación de los caminos interrumpidos.
Senador Walker califica de “estéril” debate por decretos
En su análisis preeliminar, el senador Matías Walker calificó el debate sobre la respuesta del Ejecutivo como una “discusión estéril e inoficiosa” donde se politizó el intercambio de acusaciones sobre la demora en declarar el Estado de Excepción Constitucional ante la reciente tragedia.
A pesar de haber sido uno de los parlamentarios que solicitó inicialmente la medida, Walker explicó que la decisión del Ejecutivo respondió a un “análisis técnico” necesario antes de su adopción definitiva.
El legislador destacó que, previo al decreto de catástrofe, el Gobierno implementó un “estado de alerta preventivo de emergencia”, herramienta que permitió a la autoridad facultades para realizar la compra de insumos de forma más expedita.
Walker subrayó que esta medida fue valorada incluso por exdirectores de Senapred en medios nacionales, ya que nunca antes se había dictado en el país.
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