La fallida ofensiva constitucional derivó en batalla por el liderazgo de derechas, donde los sectores moderados ganaron la “pole position” al priorizar el rigor técnico sobre el éxito de nicho. Al distanciarse de la retórica de la “derechita cobarde”, RN y la UDI recuperan identidad institucional.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, profesor desde hace una década de derecho constitucional, comunicó a sus pares poco antes de la votación de la AC que votaría a favor de los cuatro capítulos, pero que no haría uso de la palabra para argumentar su votación.
Para los legisladores RN y en la UDI, el silencio del senador Squella, si bien era una medida de prudencia, les graficaba cierta molestia del abogado porque el oficialismo había sido arrastrado por un grupo de diputados del partido fundado por el Presidente Kast a votar una acusación constitucional a la fuerza, la cual se transformaba en una importante derrota política.
Además, para varios de los cinco senadores, había sido una idea malograda que podría poner en duda el liderazgo del Mandatario sobre los parlamentarios de la tienda que fundó.
Para Squella había costos políticos en el Ejecutivo y en las relaciones al interior del conglomerado de partidos oficialistas que no constituyen una coalición.
El mayor costo político, con el que coinciden en Chile Vamos, es que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, marcó un tenso episodio al interior de las dos derechas en el Congreso que fracturó la cohesión de los partidos oficialistas.
“Esta es una pelea de posicionamiento de las derechas más que de la ciudadanía. Una acusación que se convirtió en una lucha de posicionamiento de las derechas y donde Chile Vamos mostró el triunfo de la moderación y la seriedad por sobre la estridencia”, dice un senador oficialista.
En RN van un paso más allá. Algunos senadores explican que el proceso reveló una desconexión entre las prioridades del Congreso y las urgencias de la población, mientras impulsó una propuesta de reforma para elevar los estándares de estas herramientas jurídicas en el futuro.
El rechazo de la acusación constitucional (AC) contra el exministro Nicolás Grau en el Senado no solo cerró un capítulo judicial, también consolidó un nuevo escenario político: el proceso se transformó en un campo de batalla interno para la oposición donde Chile Vamos logró imponer la tesis de la moderación y la seriedad por sobre la estridencia.
Según parlamentarios y dirigentes del sector, la fallida ofensiva contra la exautoridad de Hacienda permitió que Renovación Nacional (RN) y la UDI ganaran la “pole position” del liderazgo opositor al distanciarse de los lineamientos más radicales. Analizan que la acusación nació como una “republicanada improvisada” de un grupo de diputados carente de diálogo con el resto de los sectores oficialistas.
Según explican en Chile Vamos, Evopoli y Demócratas, esta falta de preparación fue calificada por senadores del sector como “infantilización legislativa” y “frivolidad política”, comparando a los diputados del partido del Presidente con el estilo inicial que se implantó en las etapas tempranas del Frente Amplio.
Los legisladores advierten a El Mostrador que el contraste entre ambas cámaras resultó clave. Mientras en la Cámara de Diputados imperó la “vorágine comunicacional” y la poca consistencia, el Senado se posicionó como un espacio de mayor madurez, estudio y conciencia.
El hecho de que incluso figuras republicanas como el senador Arturo Squella optaran por el silencio en la sala reflejó, para algunos pares de RN y la UDI, la molestia por haber sido “arrastrados” a una derrota política evitable.
La AC como campo de batalla por hegemonía de la derecha
Dirigentes de la UDI y senadores oficialistas sostienen que la acusación funcionó más como una herramienta de posicionamiento de las derechas que como una fiscalización efectiva al Ejecutivo.
Por ejemplo, la exministra y dirigente de la UDI, Isabel Plá, afirmó en el programa Mesa Central que los impulsores del libelo evitaron defender el mérito jurídico para centrarse en un éxito comunicacional basado en la premisa de que “hay que pagar los costos políticos”, buscando marcar hegemonía sobre el establishment.
En el contexto del debate previo a la votación, Plá mencionó que sectores radicales emplearon una retórica agresiva, acuñando términos como “derechita cobarde” —inspirado en el discurso de Santiago Abascal de Vox— para hostigar a los parlamentarios moderados que exigían rigor técnico.
Paralelamente senadores como Andrés Longton (RN), en su argumentación de este martes, rechazaron esta “superioridad moral” y el intento de cancelación, afirmando que Chile Vamos ha recuperado su identidad y ya no teme tomar posiciones distintas por convicción y no por conveniencia
Indiferencia ciudadana y crítica al rol parlamentario
En las últimas encuestas, como Criteria, el juicio ciudadano resultó particularmente severo respecto a los fundamentos del libelo y su utilidad para la clase media.
Un 71% señaló que estas acciones no resolvían los problemas de fondo del país y un 45% de los participantes en el sondeo consideró que el oficialismo presentó la acusación sin base.
Esa percepción era mayoritariamente en las regiones de la zona central y de la zona norte. De hecho, según explican en Chile Vamos, esa fue uno de las explicaciones del por qué solo los parlamentarios ubicados al sur de Concepción del sector votaron a favor de a lo menos tres capítulos de la acusación.
De hecho, en Renovación Nacional senadores como Carlos Ignacio Kuschel, Miguel Ángel Becker, María José Gatica; además de Sebastián Keitel (Evópoli) y las independientes Vanessa Kaiser y Alejandro Kusanovic, defendieron la condena en los cuatro capítulos. A ellos su sumaron Camila Flores (RN) y los republicanos Ignacio Urrutia, Renzo Trisotti y Arturo Squella.
Dudas técnicas en los capítulos 2, 3 y 4
Un segundo grupo de senadores, liderados principalmente por la UDI (Sergio Gahona, Javier Macaya, Gustavo Sanhueza y Enrique Van Rysselberghe) votaron a favor de dos de los capítulos y en contra de otros dos. Coincidieron con esa mirada dos legisladores republicanos: Rodolfo Carter y Cristian Vial que optaron por una postura intermedia, distanciándose del comité republicano y apoyando finalmente solo dos capítulos.
La mayoría rechazó o se abstuvo en los capítulos 2 y 4 al considerar que no se logró acreditar con suficiente claridad técnica la supuesta falta de coordinación aritmética en el sistema financiero.
Un tercer grupo de figuras clave dentro de la derecha rechazó la totalidad de la acusación, apelando a la naturaleza de la herramienta constitucional.
El rechazo total de la acusación dentro del sector oficialista fue encabezado por figuras clave que apelaron a la prudencia institucional. El senador Matías Walker (Demócratas) votó en contra de todos los capítulos, enfatizando que la acusación es una herramienta de “última ratio” que no debe usarse para juzgar el acierto de políticas económicas, sino infracciones jurídicas precisas que, a su juicio, no fueron acreditadas.
En la misma línea, la senadora Paulina Núñez (RN), quien presidió la sesión, cerró la jornada votando por el rechazo de los cuatro cargos, argumentando que, aunque la gestión fiscal fue deficiente, no se probó una responsabilidad constitucional personal que justificara la sanción de inhabilitación por cinco años.
Abstenciones y el silencio en el hemiciclo
La votación también registró abstenciones clave de senadores oficialistas, como Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards (ExRepublicano, hoy IND-RN), quienes se restaron de apoyar la condena en todos los capítulos.
Por otro lado, senadores de Renovación Nacional como Andrés Longton y Andrea Balladares se abstuvieron en el primer capítulo, rechazando posteriormente el segundo, tercero y cuarto tras calificar la gestión fiscal como “profundamente deficiente” pero no constitutiva de infracción constitucional.
Finalmente, llamó la atención la cantidad de parlamentarios oficialistas que, si bien ejercieron su voto, optaron por no hacer uso de la palabra para fundamentar su posición. Entre ellos se encuentran los senadores de la UDI Sanhueza, Van Rysselberghe e Iván Moreira; los republicanos Urrutia, Squella y Trisotti; los representantes de RN Becker y Gatica; Sebastián Keitel de Evópoli; y los independientes Kusanovic y Rojo Edwards.
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