CEP advierte crisis en salud más allá de las listas de espera: alerta por cáncer y gasto de bolsillo

Un reciente informe del Centro de Estudios Públicos alerta sobre la necesidad de “mirar más allá de lo contingente”, frente a otros fenómenos que amenazan al sistema de salud. Entre ellos la falta de suministros para enfrentar el cáncer y el creciente gasto de bolsillo que deben asumir las familias.

Las listas de espera se han convertido en una de las principales preocupaciones en materia de salud pública.

De ahí que el gobierno del Presidente José Antonio Kast señalara desde el inicio de la administración la prioridad de reducir los tiempos de atención, por ejemplo, declarando alerta sanitaria para abordar las consecuencias generadas por el retraso en las listas de espera oncológicas. 

Sin embargo, expertos alertan que el debate no puede limitarse solo a ese indicador.

En su boletín N. 29 Voces del CEP, el Centro de Estudios Públicos sostiene que existen otros dos problemas que amenazan la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud.

El informe elaborado por Juan Luis Ossa, Alfonso España, Paula Daza, Elvira Tagle y Noelia Zunino, señala que la falta de suministros para enfrentar el cáncer y el creciente gasto de bolsillo que deben asumir las familias para acceder a prestaciones médicas, son parte de las preocupaciones que deben ser profundizados en la discusión pública. 

El documento advierte que es necesario “mirar más allá de lo contingente”, frente a otros fenómenos que permanecen relativamente invisibilizados, pese a que afectan directamente la posibilidad de recibir un tratamiento a tiempo y la capacidad económica de los hogares para enfrentar una enfermedad.

De hecho, según la Encuesta CEP N°96, el 84% de las personas declara preocupación por no poder costear los gastos de salud que no cubre el sistema, una inquietud transversal entre distintos grupos de la población.

Atención inoportuna

El primer foco del informe está puesto en el cáncer, enfermedad que ya constituye la principal causa de muerte en diez regiones del país y que, según las proyecciones, pronto pasará a ser la primera causa de fallecimiento a nivel nacional.

Aunque el sistema GES garantiza atención oportuna para más de una veintena de patologías oncológicas, el CEP sostiene que esa promesa hoy está lejos de cumplirse. Durante 2025 los retrasos en prestaciones GES por cáncer alcanzaron el nivel más alto de la última década.

Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025 aumentaron un 300%, pasando de 4.758 a 19.046 prestaciones atrasadas, equivalentes al 24% de todas las garantías GES incumplidas en el país.

Los mayores atrasos corresponden al cáncer cervicouterino, que concentra el 28% de las prestaciones pendientes, principalmente en etapas de diagnóstico y tamizaje.

Además, existen fuertes diferencias territoriales. Maule registra la mayor tasa de retrasos en radioterapia del país, seguido por Valparaíso, Ñuble, Biobío y Antofagasta.

“Mientras en Chile tenemos 2,3 aceleradores lineales por millón de habitantes (que son cruciales para la radioterapia), la mediana OCDE es cercana a 5. A ello se suma la escasez y concentración de los recursos humanos: de los 137 especialistas en radioterapia oncológica, un tercio ejerce en la RM. Ñuble, Coquimbo, Arica y Aysén carecen de ellos. Esta falta de oportunidad de tratamiento del cáncer se traduce en una mayor mortalidad”, dijo Alfonso España, investigador CEP y co-autor del boletín.

Cabe mencionar que el cierre nacional del despliegue territorial por el plan de alerta oncológica del gobierno se realizará hoy martes 14 de julio en la Región Metropolitana y se espera la entrega de un balance consolidado de los 90 días de la estrategia.

La ministra de Salud, May Chomali,  adelantó que “más del 97% de los pacientes ya se trataron o están en tratamiento”, luego de la alerta decretada para enfrentar los retrasos en la atención.

Pese a valorar los resultados, la autoridad insistió en que la principal enseñanza es que “el país no puede vivir de alertas o de programas de resolución de listas de espera”. Por lo que el principal desafío es buscar soluciones “estructurales” para responder de manera permanente a la creciente demanda asistencial. 

Frente a la complejidad del escenario, dentro de sus propuestas el CEP apunta a hacer efectiva la garantía cuando la red pública no puede cumplir el plazo, donde el paciente debe poder resolver su atención en otro prestador -público o privado- con financiamiento asegurado; descentralizar especialistas y equipamiento hacia las regiones; y crear un panel público con información desagregada sobre tiempos efectivos de espera por establecimiento y territorio, con el fin de orientar la asignación de recursos y exigir resultados. 

Gastos de los hogares en salud

El segundo gran desafío identificado por el CEP es la creciente carga financiera que enfrentan las familias para acceder a la atención médica.

Aunque Chile destina un 10,5% de su PIB a salud -por sobre el promedio de la OCDE- el gasto por habitante sigue siendo considerablemente inferior al de los países desarrollados. Además, el 35% del financiamiento sanitario proviene directamente del bolsillo de las personas, una proporción que el documento considera excesiva.

Las cifras muestran que el desembolso directo de los hogares pasó de $7,8 billones en 2018 a casi $12,9 billones en 2024. Lejos de explicarse por un mayor consumo voluntario de prestaciones, el informe sostiene que este aumento responde principalmente a copagos que los seguros no alcanzan a cubrir en exámenes, imágenes y hospitalizaciones. Hoy, esos gastos compartidos representan el 86% del gasto de bolsillo, muy por encima del destinado a medicamentos.

“Dicho gasto, intuimos, se produce no solo por el grado de cobertura del seguro, sino también porque debido a las largas listas de espera, las personas adscritas a Fonasa están optando por la Modalidad Libre Elección en vez de Modalidad Institucional, implicando un mayor desembolso de recursos por parte de las familias. De ahí que el gasto de bolsillo en salud en dicho componente se vincule con problemas estructurales del sistema, que abarcan desde las listas de espera hasta la falta de incentivos de prevención”, señaló el investigador Alfonso España. 

Costo que ha deteriorado la capacidad adquisitiva de las familias. Según datos citados por el CEP, la mitad de las familias ha debido reducir otros gastos para costear tratamientos de salud, un 30% se ha endeudado y casi uno de cada cinco hogares ha dejado de consumir bienes esenciales. Incluso, tres de cada diez personas reconocen haber comprado medicamentos en ferias libres debido a su costo, lo que es considerado un factor de riesgo para la salud pública. 

Ante este escenario, el centro de estudios plantea que la política sanitaria debe avanzar simultáneamente en prevención, protección financiera y acceso oportuno. Entre sus propuestas figuran transitar hacia un modelo en que las aseguradoras no solo financien la atención cuando la enfermedad ya esté presente, sino que también tengan incentivos para promover la prevención. Fortalecer la protección financiera, asegurando un mecanismo de financiamiento capaz de responder oportunamente y de sostener los costos de la atención, evitando que la enfermedad se transforme también en una crisis económica. Y facilitar el acceso a medicamentos de pacientes crónicos, por ejemplo, mediante receta electrónica renovable.

En síntesis el CEP sostiene que la magnitud de los desafíos obliga a mirar más allá de las respuestas de corto plazo, donde el problema central no es únicamente cuánto gasta Chile en salud, sino cómo se organizan esos recursos para ofrecer protección efectiva a las personas.

En ese sentido, los esfuerzos deben estar centrados en fortalecer la protección financiera de los hogares, mejorar la oportunidad de la atención y aprovechar de manera más eficiente las capacidades existentes en los sectores público y privado. Estos no son objetivos contrapuestos, sino complementarios.