El reconocimiento de Chiloé como zona extrema y la creación de un mecanismo más expedito para regularizar los terrenos donde operan los sistemas de Agua Potable Rural (APR) serán los principales planteamientos que la Asociación Provincial de Comités de APR de Chiloé presentará este miércoles ante la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.
La exposición busca dar a conocer las dificultades operacionales y jurídicas que enfrentan los comités del archipiélago, proponiendo modificaciones legales que permitan adecuar la normativa a la realidad insular y fortalecer el respaldo del Estado a estos servicios esenciales.
Uno de los principales puntos será solicitar que Chiloé sea reconocido legalmente como zona extrema dentro de la Ley N° 20.998 y sus futuras modificaciones. Según la organización, esta condición permitiría adaptar las exigencias regulatorias a las particulares condiciones geográficas del archipiélago y establecer un rol más activo del Estado en el acompañamiento técnico y administrativo de los sistemas de agua potable rural.
La asociación sostiene que las obligaciones impuestas por la legislación vigente resultan difíciles de cumplir para los APR de menor tamaño, especialmente aquellos que operan en islas apartadas, donde los costos logísticos, la conectividad y el acceso a servicios básicos aumentan significativamente la complejidad de su funcionamiento.
Actualmente, la provincia de Chiloé cuenta con 124 sistemas de Agua Potable Rural bajo la tutela de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), distribuidos en un territorio conformado por más de 40 islas habitadas con este tipo de infraestructura. La dispersión geográfica, afirman, representa un desafío permanente para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Otro de los temas que será abordado corresponde a la situación de los terrenos donde funcionan los APR. De acuerdo con el diagnóstico de la asociación, más del 70% de los sistemas opera en predios que no cuentan con títulos de dominio regularizados. En muchos casos, las organizaciones utilizan terrenos adquiridos mediante compraventas informales, usufructos, donaciones o comodatos, sin que exista una inscripción formal en el Conservador de Bienes Raíces.
Esta situación genera inseguridad jurídica y dificulta tanto la identificación legal de la infraestructura como el acceso a financiamiento público, inversiones y procesos de mejoramiento. Si bien la legislación vigente contempla mecanismos de regularización a través del Ministerio de Bienes Nacionales, los dirigentes sostienen que muy pocos comités han logrado completar exitosamente dichos trámites debido a su complejidad y extensión.
Frente a este escenario, la asociación propondrá reemplazar el actual sistema por un procedimiento de saneamiento registral realizado directamente ante el Conservador de Bienes Raíces. La iniciativa plantea que los inmuebles puedan inscribirse por ministerio de la ley cuando se cumplan determinados requisitos, entre ellos acreditar que el terreno alberga un servicio sanitario rural en funcionamiento, demostrar una posesión material superior a cinco años, contar con certificación de la Dirección de Obras Hidráulicas, no afectar derechos de terceros ni tierras de origen indígena y no mantener litigios pendientes.
Según los dirigentes, este mecanismo permitiría reducir significativamente los tiempos y costos asociados a la regularización, entregando certeza jurídica a los comités y facilitando futuras inversiones para mejorar la infraestructura sanitaria.
La propuesta también pone énfasis en fortalecer el rol del Estado durante estos procesos. En ese sentido, plantean que la Dirección de Obras Hidráulicas tenga una participación más activa en la certificación del funcionamiento de los sistemas y que el Conservador de Bienes Raíces asuma un papel clave en la regularización registral de los inmuebles.
Con estas modificaciones, la Asociación Provincial de Comités de Agua Potable Rural de Chiloé espera avanzar hacia una legislación que reconozca las particularidades del territorio insular y entregue herramientas efectivas para garantizar la continuidad y el desarrollo de los servicios sanitarios rurales en el archipiélago.
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