Su opción es avanzar a una política de Estado en Seguridad, penales de máxima segregación y 20 mil nuevas plazas concesionadas, para ir de la gestión técnica a resultados políticos medibles. Con la oposición, evitar la confrontación, generar acuerdos “sensatos” y permitir una interlocución fluida.
Contra el reloj, a partir del 1 de junio, el Gobierno de José Antonio Kast iniciará una fase centrada en la agenda de seguridad, bajo el liderazgo del ministro Martín Arrau. Tras la polémica por respaldar la Política Nacional de Seguridad promulgada por el expresidente Gabriel Boric, el secretario de Estado apuesta por acercarse a la oposición exconcertacionista y anunciar su pieza maestra la próxima semana: un drástico plan de infraestructura carcelaria.
Sus palabras llegan en momentos en que el Gobierno mantiene aún activas las críticas a la gestión de seguridad y migraciones del anterior Mandatario, lo que generó molestia y dudas en la derecha sobre sus planes.
Al apuntar a una alineación con la política de Boric y en un “tono de Estado”, explican que Arrau buscaba abrir un puente de diálogo con la oposición como estrategia para lograr acuerdos en el Congreso, aun cuando su partido forjó la campaña en la crítica a las políticas implementadas anteriormente.
Según los republicanos que más lo conocen, no fue un lapsus. De hecho, el influyente exjefe de campaña de José Antonio Kast, antes de asumir en Obras Públicas, les pidió una cita a los exministros de Ricardo Lagos, Carlos Cruz y Juan Carlos Latorre, y a dos subsecretarios más, para hablar de la cartera.
Los invitados aceptaron con sorpresa. Con esa misma extrañeza, el exministro Luis Cordero recibió hace unos días una llamado del exfactótum de Kast para invitarlo a su oficina en el ministerio, para una reunión de trabajo.
Tal como en el MOP, su estrategia es clara: que no se note la “marcha blanca” de un Gobierno que se instala en Seguridad, sino que haya resultados visibles pronto; no dar espacio a la improvisación; no creer en las lunas de miel entre el Gobierno y la oposición, “sino en acuerdos sensatos”.
Quien fuera generalísimo de campaña de segunda vuelta y uno de los orejeros del Presidente en la OPE, que se habría alejado tras un par de tensiones con el Segundo Piso, ahora se posiciona en el núcleo del Ejecutivo con un “upgrade” de poder para ejecutar la estrategia de seguridad desde el corazón del Gobierno.
En los partidos creen que la llegada de Martín Arrau marca un giro desde una gestión considerada “eminentemente técnica”, con su antecesora Trinidad Steinert, hacia una que privilegia la conducción política y la capacidad de gestión.
“Martín va a pasar de una lógica de anuncios reactivos a una política basada en inteligencia con objetivos verificables e impacto real y ya comenzó a articular el trabajo entre policías, Fiscalía y otros organismos bajo una visión estratégica”, señala un camarada que lo conoce.
El “Plan Arrau”: cárceles de máxima segregación
Desde el Partido Republicano defienden el nombramiento destacando el carácter de Arrau para trabajar bajo presión y su larga trayectoria en la materia, tras cuatro años en el Comité de Seguridad de la colectividad y su experiencia previa como intendente en Ñuble.
Con la reforma económica ya encaminada al trabajo legislativo, el Gobierno apuesta a que Arrau sea la pieza clave para cumplir con la promesa de devolver la tranquilidad al país mediante un sistema de seguridad y control penitenciario sin precedentes.
Un eje fundamental de su gestión es un ambicioso plan penitenciario que Arrau dejó avanzado durante su paso por el Ministerio de Obras Públicas.
El objetivo central es la segregación total del crimen organizado mediante la creación de plazas exclusivas para criminales violentos, separándolos del resto de la población penal para aplicarles un “tratamiento muy distinto”.
La estrategia parte de una premisa clara y contundente: el crimen organizado y los criminales violentos requieren un tratamiento diferenciado y una segregación absoluta.
El diseño se centra en el control estricto y el aislamiento real; en estas unidades, las visitas físicas quedarán totalmente suspendidas o severamente restringidas, permitiéndose únicamente contactos de manera telemática. Esta medida busca anular la capacidad operativa que las bandas mantienen desde el interior de las cárceles.
Para ello, se ha diseñado un aumento significativo en el número de plazas, el que combina la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de recintos existentes, permitiendo así la habilitación de cárceles destinadas exclusivamente a criminales violentos.
Desde el Ejecutivo sostienen que proyecta un déficit de 30 mil plazas y que “el plan base busca crear 20 mil nuevas plazas mediante concesiones y tecnología modular para agilizar la inversión penal”.
Además, bajo la premisa de que ciertos criminales pueden ser trasladados a cualquier punto del país, el plan establece que estas cárceles de alta seguridad no requieren estar cerca de centros urbanos, lo que refuerza el control estratégico del sistema.
Contener el enfrentamiento de bandas y al narcotráfico
Otro de los ejes de su gestión sería contener el enfrentamiento entre bandas y el narcotráfico que ha consolidado presencia territorial. Bajo su concepción, no basta con operativos policiales; se requiere una intervención permanente del Estado en comunas críticas de Santiago, Valparaíso y el norte del país.
Trabaja en medidas que dificulten el crimen organizado, cambios al sistema de inteligencia, medidas precisas para cada región y macrozonas y la continuidad de las políticas de Estado.
Del mismo modo, en el oficialismo cuentan que comenzó desde el MOP a diseñar formulas para impulsar complejos fronterizos bajo el modelo de concesiones, incorporando escáneres, vallas y mejor tecnología.
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