Dorothy Pérez puntualizó que será uno de los pilares del plan fiscalizador del presente año, al que se sumarán áreas como migración e infancia.
Dorothy Pérez indicó que la Contraloría General de la República centrará su labor durante 2026 en la fiscalización del uso de los beneficios sociales y el cumplimiento de las normas para acceder a ellos.
La contralora puntualizó que será uno de los pilares del plan fiscalizador del presente año, al que se sumarán áreas como migración e infancia.
“El año pasado anunciamos que durante 2026 las prioridades de la Contraloría iban a estar en tres áreas: infancia, migraciones y entrega irregular de beneficios sociales a personas que no cumplen los requisitos que la ley dicta, o sea, el abuso”, puntualizó Pérez.
La máxima cabeza de la Contraloría justificó su actuar apelando a la correcta asignación de recursos públicos: “Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”.
“En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad lo que estamos custodiando son los intereses de los ciudadanos”, detalló Dorothy Pérez.
Al respecto, la contralora reconoció que el organismo puede cometer errores en el proceso de recopilación, dado el volumen de información que involucra esta fiscalización.
“Va a haber un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidio de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile”, adelantó.
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