Pedro Marileo, designado el 13 de marzo como Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco, Usurpaciones, apoyo a Llaitul y lobby por integrante de la RML: el historial del nuevo delegado presidencial en Arauco

 

Pedro Marileo, designado el 13 de marzo como Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco, participó en una toma de terrenos, declaró en 2016 que apoyaba la «reivindicación de lucha» de Héctor Llaitul por el atentado al fiscal Elgueta, y gestionó ante el gobierno de Boric condiciones penitenciarias para dos condenados cuya libertad exige la Resistencia Mapuche Lafkenche.

En enero de 2015, Carabineros detuvo a cuatro comuneros mapuche en el fundo La Campana de Tirúa, en la Provincia de Arauco. Entre los dos detenidos figuraban Martín Marileo y Gastón Antileo, quienes resultaron heridos durante el procedimiento policial. Entonces, quien alzó la voz por ellos fue Pedro Marileo, recientemente designado Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco. Marileo se presentó como familiar de ambos al diario El Sur de Concepción, y declaró: «Estábamos en una recuperación de tierra de la Comunidad Antonio Paillao, que son 28 mil hectáreas (…). Existen documentos que avalan que las tierras son nuestras y que fueron usurpadas por forestales y particulares». En la práctica, las “recuperaciones de tierras”, son usurpaciones o tomas. 

Tres años más tarde, Marileo volvió a estar vinculado a una ocupación. El 28 de diciembre de 2018, la Comunidad Antonio Paillao se tomó los fundos Canihual, La Campana, El Cardal y Paillaco. La acción fue parte de las movilizaciones acordadas en el cuarto trawün (reunión) de Temucuicui, realizado tras la muerte de Camilo Catrillanca. Durante esa jornada hubo acciones en Angol, Quidico, Ercilla, Lumaco, Teodoro Schmidt, Lonquimay, Loncoche, entre otros sectores de La Araucanía y la Provincia de Arauco (en Biobío). Entonces, nuevamente quien dio declaraciones por la comunidad Antonio Paillao fue Pedro Marileo. 

De acuerdo con la reseña de Radio Cooperativa, en la ocasión, la comunidad también exigía “justicia” por Martín Marileo y Gastón Antileo, y quien actuó como werkén (vocero) de la comunidad fue Pedro Marileo, quien dijo a la radio que esperaban “justicia para los peñi”, y solicitaban que el Gobierno se hiciera parte como querellante en la causa.

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Como vocero de la comunidad Antonio Paillao, Marileo ganó protagonismo en los medios y era citado como una voz autorizada en temáticas indígenas. También se presentaba como encargado de Derechos Humanos de la ONG Leftraru. Así dio una entrevista a El Diario de Concepción en enero de 2016, en la que le preguntaron por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, que en ese momento se encontraba en prisión al ser hallado culpable del atentado contra el fiscal Mario Elgueta –ocurrido en la Provincia de Arauco en 2008– a lo que respondió: “Apoyamos la reivindicación de lucha que ellos en su momento tuvieron”. Otra frase dicha en esa conversación fue: “La única solución al conflicto es que se vayan las empresas forestales”. 

Pedro Marileo fue designado Delegado Presidencial de la Provincia de Arauco el pasado 13 de marzo. El nombramiento ha causado malestar entre las víctimas del terrorismo en esa provincia, ya que ahora como Delegado Presidencial es la primera autoridad política del gobierno en la zona y el principal interlocutor con las fuerzas policiales y militares que operan en el contexto del estado de excepción, en una provincia azotada durante años por atentados incendiarios, asesinatos y amenazas terroristas. Fue en la Provincia de Arauco donde ocurrió el triple asesinato de Carabineros en 2024 o el atentado del molino Grollmus en 2022.

Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo de Chile, advierten que el nuevo delegado “ha hablado contra Carabineros, ha hablado contra la Fuerza Armada, ha hablado de la Nación Mapuche, del Wallmapu. Su lenguaje es de un partidario de los grupos violentos. Como víctimas, no tenemos confianza para tener reuniones con él, ni menos ir a hablar de temas de estrategia, de seguridad, ni decir cuáles van a ser las estrategias que se van a usar para mejorar la seguridad de la zona”. Agregan que tal nombramiento les resulta “incomprensible”.

Otra víctima, que habla con El Líbero en reserva, señala que la designación de Marileo “nos causa mucha inseguridad, porque va a tener acceso a todas las diligencias de Carabineros, de las policías, maneja recursos, representa al Estado, y nosotros queríamos un Estado amigable con nosotros, y ahora resulta que es un adversario”.

En la zona también hay preocupación ante posibles vínculos familiares o de parentesco entre Marileo y personas que, se presume, forman parte de las agrupaciones violentas que operan en el cono sur de la Provincia de Arauco. Figuras que además estarían involucradas en casos como el del Molino Grollmus. 

El lobby por Llanquileo y Pilquiman, dos defendidos de la RML

De hecho, hoy se realiza en el Juzgado de Garantía de Cañete la audiencia de preparación de juicio oral por el ataque al Molino Grollmus, en donde una de las víctimas sufrió la amputación de una pierna tras un disparo a quemarropa, un ayudante de la familia fue herido a bala en el rostro y un edificio histórico fue reducido a cenizas. La causa se mantiene bajo reserva. 

El proceso se da bajo un clima de tensión, dada la convocatoria a manifestarse en favor de los 19 imputados (identificados por sus seguidores como «presos políticos mapuche»). Esta situación ha despertado inquietud regional respecto al rol de la autoridad: se cuestionan si la movilización cuenta con permiso y cómo procederá la Delegación para asegurar el orden público, especialmente ante los cuestionamientos por la supuesta afinidad del delegado con este tipo de acciones en el pasado. “No son solo algunas declaraciones, sino que tiene una trayectoria de defensa a acciones violentas”, plantean.

En diciembre de 2002, quedó registrada una reunión en Infolobby con la entonces seremi de Justicia en la Región del Biobío, Claudia Soto, a la que asistió el actual delegado Pedro Marileo. En la descripción de los temas tratados en el encuentro se lee: “Situación de PPM (siglas de “presos políticos mapuche”) en Gendarmería Víctor Llanquileo y Oscar Pilquiman, incumplimiento de resolución judicial Tribunal de Garantía de Cañete, posible vulneración a derechos consagrados”.

Víctor Llanquileo está condenado a 21 años de cárcel por los delitos de robo con violencia, porte ilegal de arma, lesiones menos graves y tenencia ilegal de municiones, por haber participado en 2018 de un asalto en la sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes, ubicada en Galvarino. Según la sentencia, durante los hechos, y ante la presencia de Carabineros, “retuvieron, intimidaron y usaron al personal de la caja como escudos humanos”. El texto también señala que Llanquileo portaba una ametralladora semiautomática al momento del crimen. 

En el comunicado en el que la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) se adjudica la autoría del atentado al molino, señalan entre sus demandas el traslado de Llanquileo a un Centro de Educación y Trabajo (CET). Son diversos los atentados reivindicados por la RML en los que solicitan la “libertad” o beneficios penitenciarios para Llanquileo. 

Óscar Pilquiman, por su parte, fue sentenciado como autor del delito frustrado y calificado de robo con violencia e intimidación a 14 años de cárcel. Este hecho terminó con la muerte de una mujer y con un hombre gravemente lesionado en la comuna de Tirúa. La RML también se ha adjudicado ataques en favor de Pilquiman. 

Los dichos contra Carabineros

Tras la usurpación de enero de 2015, Marileo encabezó presentaciones ante la Fiscalía Militar y la Corte de Apelaciones de Concepción en nombre de los comuneros heridos (Martín Marileo y Gastón Antileo), sosteniendo que el procedimiento policial fue injustificado y que la tesis del robo de madera era un pretexto del Gobierno para «justificar la militarización» y proteger a las empresas forestales. Ambos comuneros fueron absueltos en diciembre de 2015. La causa contra los carabineros involucrados fue cerrada sin imputados en 2023.

Uno de los elementos que más inquieta a las víctimas del terrorismo en la Provincia de Arauco es la relación que Pedro Marileo ha tenido históricamente con las policías. Como vocero de la comunidad Antonio Paillao, Marileo fue protagonista de acciones legales y denuncias públicas contra el actuar de los uniformados. 

En 2016, entregó una carta junto al exsenador Alejandro Navarro solicitando a la Subsecretaría de Derechos Humanos intervenir ante la violencia policial. 

“Acá no tenemos hechos fortuitos ni accidentales, como dice el Gobierno. Acá tenemos una militarización que tiene que ver con la discriminación producto de que las comunidades tienen un territorio que fue usurpado por las forestales y algunos particulares”, señaló Marileo a los medios en diciembre de 2016.

Esto se suma a otros dichos en los que se refiere al sur de Chile como el Wallmapu o nación mapuche, habla de “militarización” para referirse a la presencia de las fuerzas del orden en la zona de Arauco, asegura que la “usurpación” fue hecha por la industria forestal, se refiere a los “colonos” o tuits donde apunta: “No existirá paz mientras las heridas no sean curadas”.

En 2022, cuando en la Cámara de Diputados se estaba llevando a cabo una comisión investigadora sobre el robo de madera en la Macrozona Sur, Marileo cuestionó las cifras entregadas por el exdiputado Eric Aedo (DC) sobre la cantidad de personas violentistas en la provincia de Arauco. Aedo dijo que había 600 violentistas, que recibían un sueldo promedio de un millón de pesos por ser parte de las orgánicas.

A lo que Marileo respondió «si es que él no tiene pruebas, es como que alguien dijera que las grandes forestales pagaron para sacar la ley de robo de madera. Yo creo que aquí se está desviando el tema y el tema principal es el robo de tierras, que ningún gobierno ha abordado como corresponde. Entonces aquí yo insto tanto al Gobierno actual y a los parlamentarios a que hagan una comisión o saquen una ley del robo de tierras», según consignó Cooperativa. 

Los descargos de Marileo

La exsenadora y expresidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, calificó la designación de Marileo como un grave error; mientras que la diputada Flor Weisse, representante de la zona, llamó a que el delegado “modere sus críticas contra Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

Tras los cuestionamientos, el 16 de marzo Marileo declaró: “Las críticas siempre van a existir. Yo tengo toda la disposición de trabajar con todo el mundo que quiera sacar adelante la provincia, que ha estado bien vapuleada por la violencia, por situaciones de pobreza, en donde no hemos podido llegar a la gente, y para eso hoy día estamos, para cumplir el mandato del Presidente José Antonio Kast”.

En cuanto a sus vínculos familiares dijo: “No tengo ningún familiar que esté involucrado, pero las responsabilidades son personales, de cada una de las personas. Personalmente, yo estoy limpio y siempre he contribuido a la no violencia. Yo rechazo completamente la violencia y lo he dicho en todas mis intervenciones”.

El Líbero consultó sobre la designación al Ministerio del Interior, desde donde señalaron que «el Delegado Presidencial Provincial de Arauco, Pedro Marileo, cuenta con el respaldo del Gobierno para el ejercicio de sus funciones. Las autoridades son evaluadas en base a su gestión y al mérito en el desempeño de su cargo, no por trascendidos en la prensa, por lo que se reafirma su continuidad en el puesto».

Este medio también intentó contactarse con Marileo para preguntarle por su participación en usurpaciones de tierras, la defensa que hizo de las acciones de Héctor Llaitul en el pasado y el lobby a favor de Llanquileo y Pilquiman. Desde su equipo de prensa señalaron que el delegado se encontraba en actividades en terreno, en una zona con mala señal telefónica.