El exdirigente del PPD Andrés Saavedra cumple prisión preventiva acusado de lavar dineros provenientes de un convenio por $1,2 mil millones entre el GORE de Los Lagos y la Fundación Participa. Según la fiscalía, Saavedra habría cobrado por gestiones para que la fundación se adjudicara esos fondos. Dichos pagos se habrían realizado de forma parcelada a través de un testaferro. El caso Fundaciones golpea en el entorno directo de la expresidenta del partido, Natalia Piergentili.
Cuando en febrero de 2023 Natalia Piergentili ejercía como presidenta del PPD, su pareja, Andrés Saavedra, comenzó a recibir los pagos que, según acusa la fiscalía, provenían de dineros malversados del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos. Todo a través de un convenio firmado con la Fundación Participa que implicó el traspaso de $1,2 mil millones.
El Ministerio Público acusa a Saavedra de haber realizado el contacto con el GORE de Los Lagos para que Participa se adjudicara el convenio destinado a regularizar propiedades ubicadas en zonas urbanas de las provincias de Osorno, Palena, Chiloé y Llanquihue. Por esa labor Saavedra habría cobrado una comisión que se pagó a través de un contrato falso utilizando a un testaferro.
Mientras recibía esos pagos, entre febrero y mayo de 2023, Saavedra ejercía en paralelo como subgerente de asuntos públicos de Conexión Kimal Lo Aguirre, un proyecto que pretende operar una línea de transmisión eléctrica entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. Debido a esa labor aparece en decenas de registros de lobby reuniéndose con autoridades.
El rol de Saavedra en el convenio entre el GORE de Los Lagos y Participa, solo se conoció luego de que la fiscalía comenzó a investigar en todo el país a las fundaciones que recibían fondos públicos y que tenían conexiones con dirigentes políticos. La Fundación Participa, fundada en 2015, siempre ha estado ligada al PPD.
Su presidente, Daniel Ibáñez, está en prisión preventiva desde junio del año pasado, imputado por estafa y lavado de activos, mientras que el 19 de diciembre fue formalizado Andrés Saavedra, además del testaferro que habría participado del esquema para ocultar el origen de los pagos ilícitos: Manuel Führer, quien es sociólogo, militante del PPD y que participó como asesor en los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría.
Fuentes del PPD le dijeron a Reportea que Saavedra dejó de ser militante en julio de 2025 —pese a que aún figura en sus listas como Consejero Nacional por la Región Metropolitana—, y que la expresidenta del partido, Natalia Piergentili, nunca les avisó que su pareja estaba involucrado en un convenio que implicó el traspaso de $1,2 mil millones del erario fiscal. No fue lo único que les ocultó.
Durante 2023, el año en que Saavedra recibió las transferencias desde la Fundación Participa que hoy lo tienen cumpliendo prisión preventiva en Santiago 1, Piergentili ejerció como asesora en las sombras de Rosario Navarro, la entonces recién asumida presidenta de la Sofofa. Piergentili reconoció el vínculo, aunque indicó que se trató de una “asesoría muy puntual”.
Esa asesoría la realizó en paralelo a su rol como dirigenta máxima del PPD, cargo desde el que se enteraba de cada movimiento que planificaba La Moneda al asistir periódicamente a los comités políticos que realizaba el gobierno. El liderazgo de Piergentili fue cuestionado por militantes como la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien acusaba que la dirigenta generaba división en el oficialismo. Entre sus maniobras más recordadas está el quiebre que impulsó para la elección del Consejo Constitucional en 2023, cuando el PPD lideró una lista alternativa al oficialismo, y que implicó que el partido no eligiera a ningún representante para la segunda asamblea que intentó escribir una nueva constitución.
En todo caso Piergentili ya abandonó la primera línea política. Desde que a inicios de 2024 Ciper reveló que recibía pagos desde una empresa de Pablo Zalaquett (UDI), la misma que servía para organizar las polémicas comidas donde se reunían en secreto ministros del gobierno del Presidente Boric con dirigentes empresariales, optó por un perfil más bajo. En 2025 se privatizó por completo y asumió como directora de asuntos públicos de Feedback, consultora dedicada a la comunicación estratégica.
El rol de Saavedra
El pasado 19 de diciembre se realizó la audiencia de formalización de Andrés Saavedra, duró cuatro horas y el fiscal a cargo de informar al tribunal de los delitos que se le imputan al exdirigente del PPD fue Patricio Poblete, de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Fue él quien relató los descubrimientos del Ministerio Público que tienen a Saavedra cumpliendo prisión preventiva.
La defensa de Saavedra está en las manos de Pelayo Vial, un reconocido abogado penal que desde 2024 conforma el estudio jurídico Kinast Piergentili Vial, donde mantiene como socio a Rodrigo Piergentili, primo de la expresidenta del PPD y abogado de la exministra María Teresa Letelier, investigada por fiscalía por tráfico de influencias, revelación de secreto y prevaricación. Hasta el cierre de este reportaje Vial no dio respuesta a las consultas enviadas por Reportea respecto a su defendido Andrés Saavedra.
Según la investigación de la fiscalía, en octubre de 2022 y en el contexto de la adjudicación del programa para labores de “Saneamiento Títulos de Dominio Familias Vulnerables”, Saavedra se comunicó con Gloria González, jefa de la División de Fomento e Industria del GORE de Los Lagos, y le envió vía Whatsapp los datos de la Fundación Participa.
Así se explica en el acta de la audiencia de formalización:
“El imputado Andrés Saavedra Moreno, sin formar parte de su orgánica ni mantener una relación contractual con la fundación Participa, se comunicó en el mes de octubre del año 2022 con Gloria González (…) remitiéndole con fecha 18 de octubre del año 2022 un cúmulo de antecedentes de la referida fundación, tales como el certificado de inscripción, el certificado de directorio de persona jurídica sin fines de lucro; el certificado de vigencia de la persona jurídica sin fines de lucro; el Rol Único Tributario del SII; los estatutos de la señalada fundación, entre otros”.
Un día después, el 19 de octubre de 2022, Participa se adjudicó el proyecto.
Andrés Saavedra es oriundo de la Región de Los Lagos. De hecho, su hermano, Manuel Saavedra, era el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE de esa región, cargo del que fue removido en agosto de 2023, cuando ya había estallado el llamado caso Fundaciones.
La adjudicación de los $1,2 mil millones otorgaba la administración del 100% del dinero para la ejecución del programa que buscaba regularizar los títulos de dominio de cientos de familias de la zona. En teoría debían ser 1.400 beneficiarios de sectores urbanos en las provincias de Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena, quienes en 12 meses debían ordenar sus documentos y obtener su título de dominio.
Pero eso no ocurrió. Según la imputación de la fiscalía, la fundación solo regularizó un par de decenas de propiedades. Y buena parte del dinero entregado por el GORE se utilizó en asuntos personales de quienes controlaban Participa, como su presidente, Daniel Ibáñez. Otro tanto, cerca de $14,5 millones, fueron a parar a una cuenta bancaria de Andrés Saavedra, a quien le pagaban mensualmente $2,9 millones a través de un testaferro. Esos pagos solo se frenaron cuando el GORE de Los Lagos dio por terminado el convenio en medio del escándalo del caso Fundaciones.
El término anticipado del convenio abrió una caja de pandora. El GORE le solicitó a la fundación la rendición de cuentas, y una vez que obtuvieron los documentos la situación se hizo evidente, no se cumplió con el objetivo del programa y el dinero habría sido falsamente justificado.
Los casos presentados como efectivos fueron revisados por el Ministerio Público y este determinó que Daniel Ibáñez había realizado maniobras en los listados, abultando la cantidad de casos para justificar el gasto de los recursos públicos.
La imputación de la fiscalía pone el acento en el engaño a los vecinos de la región de Los Lagos que debían ser los beneficiarios del proyecto: “Los usuarios de estos casos que participaron como beneficiarios del programa no pudieron acceder a los trámites y se les informó falsamente que sus trámites iban a ser resueltos por la fundación”.
Según la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado en este caso, la defraudación al fisco podría superar los $200 millones.
Los pagos y las rendiciones falsas
Según lo que se lee en la historia de la causa disponible en el portal público del Poder Judicial: “Los imputados Daniel Ibáñez y Andrés Saavedra, quien no formaba parte de la fundación Participa ni trabaja para el programa, acordaron un mecanismo para desviar parte de estos dineros públicos hacia Saavedra, como pago por su intervención ante la jefa de la DIFOI (Gloria González)”.
El actuar que logró determinar la investigación fue el siguiente. En primer lugar, Daniel Ibáñez desde la cuenta bancaria de la fundación realizó un depósito con fecha 10 de febrero de 2023 a la cuenta corriente de Andrés Saavedra por $2,9 millones. Se le habría pagado por una asesoría, servicio del que no existe registro. Luego comenzaron a actuar por medio de un testaferro: Manuel Führer. Así, dejaron a Saavedra fuera de la ecuación, pero al indagar la ruta del dinero, casi en su totalidad el dinero recibido por Führer llegó a la cuenta bancaria de Andrés Saavedra.
El 4 de marzo de 2023, Daniel Ibáñez presentó al GORE una copia de un contrato a honorarios entre la fundación Participa y Manuel Führer, quien cumpliría “funciones de consultor para el programa ´Saneamiento Títulos de Dominio Familias Vulnerables´”. La remuneración líquida era de $2.900.001. Antes de que el convenio se cancelara, se alcanzaron a realizar cuatro pagos por esa cifra. El rol de Führer quedó en evidencia cuando la fiscalía revisó sus cuentas bancarias, donde el destinatario final de esos depósitos fue Andrés Saavedra.
La fiscalía acusa que ni Saavedra ni Führer realizaron alguna labor para el programa por el que estaban recibiendo pagos.
Las operaciones de transferencia bancaria se realizaron en cuatro ocasiones desde la cuenta de la fundación a la cuenta de Manuel Führer por un total de $11.600.004, los que de forma parcelada eran depositados en días posteriores a la cuenta de Andrés Saavedra. Las cuotas fueron: una por $250.000, $2.000.000, $650.000 y en seis ocasiones el monto de $1.450.000.
Con estos antecedentes el jueves 19 de diciembre el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la prisión preventiva para Saavedra y Führer, ambos imputados por el delito de lavado de activos.
El recorrido público de Andrés Saavedra
Al consultar a Natalia Piergentili sobre la situación de Saavedra, se refirió a él en todo momento como “el padre de mi hija”, y pese a no confirmar si aún son pareja, comentó que va a visitarlo a la cárcel cada vez que puede. También aseguró no tener ninguna implicación ni previo conocimiento de los traspasos de dinero del GORE investigados por el Ministerio Público.
Saavedra es egresado de Administración Pública y experto en diseño, preparación y evaluación de proyectos, según lo indica un documento de 2010 que acredita su paso por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ha desempeñado labores como gestor y lobista, al igual que ha realizado trabajos de coordinación y asesoría en el Estado.
Su registro como lobista y gestor está marcado por dos etapas. La primera en relación a su trabajo con la empresa Rucalhue Energía SpA, la que es propiedad desde 2021 de la transnacional China International Water y Electric Corp, encargadas de desarrollar la Central Hidroeléctrica Rucalhue en la Región del Biobío. Empresa por la que registró dos audiencias de lobby en 2015.
Una con la Dirección General De Aguas (DgA), en conjunto a otros representantes de la hidroeléctrica: Pablo Ceppi Berdichevsky (Representante de Atiaia Energía Chile SpA) y Rafael Goldzack, entonces Gerente General de Atiaia Energía Chile (Empresa brasileña que dio origen a la central, adquirida en 2018 por Rucalhue Energía SpA).
La otra con la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Del Biobío, en la que Saavedra figura como gestor y lobista por el avance del proyecto Hidroeléctrica Rucalhue.
Las otras más de cincuenta audiencias tienen relación con su rol como gestor del proyecto Conexión Kimal Lo Aguirre S.A., el que busca transportar energía eléctrica desde una planta en Antofagasta hasta Santiago. Dicho proyecto obtuvo en noviembre de 2025 una evaluación positiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su construcción que abarca más de mil trescientos kilómetros cruzando cinco regiones.
El último registro de lobby de Andrés Saavedra figura con fecha 21 de agosto de 2025 con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), por el proyecto Black Giant de la compañía EnergyX —Startup fundada en 2018 por el inversionista y empresario estadounidense Teague Egan—, que busca desarrollar la mayor refinería de litio del mundo con sus instalaciones de Extracción Directa de Litio (DLE) en la Región de Antofagasta.
Saavedra no solo ejerció labores como asesor, gestor y lobista. También fue parte de la empresa consultora Terranostrum Limitada, constituida en 2012 y la que ofrece servicios de asesoría y representación jurídica en saneamiento de títulos de dominio.
Su ingreso fue en 2020, cuando una de las socias originales, Claudia Ortiz —quien mantenía el 50% de las acciones y el otro 50% Nicolás Navia Velásquez—, vendió y transfirió su parte de la sociedad a Saavedra. Así se convirtió en socio de Navia, abogado de la Universidad Católica con experiencia en la dirección de proyectos, asesor en la Subdere en 2010, director de proyecto en regularización de títulos de dominio en la Municipalidad de Cochamó, y quien actualmente trabaja como defensor privado.
Saavedra vendió su parte de la sociedad en octubre de 2024 al arquitecto Alonso Gallardo Matalinares, quien desde 2019 ofrece servicios de diseño y dirección de obras a la Municipalidad de Cochamó, además según la información de su LinkedIn actualmente se desempeña como arquitecto independiente en otras dos empresas.
Menos de un año después de iniciada la investigación de fiscalía a la fundación Participa, Saavedra trabajó como Secretario Municipal de la comuna de Lampa, percibiendo un sueldo superior a los $4 millones, bajo la administración del alcalde Jonathan Opazo —quien compitió en la elección municipal de 2024 como independiente en cupo del Partido Liberal en la lista oficialista Contigo Chile Mejor—. Según el registro de Transparencia, Andrés Saavedra Moreno fue personal de planta entre abril de 2024 y mayo de 2025.
El testaferro: Manuel Führer
También militante del PPD, Manuel Führer, es quien habría actuado de testaferro en el traspaso de dinero desde la fundación Participa a Saavedra. Sociólogo de la Universidad de Chile, con un magíster en comunicación,fue asesor comunicacional de Rodrigo Peñailillo (PPD), exministro del Interior en el segundo mandato de Michelle Bachelet, y asesor de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball Astaburuaga (PPD), durante el mismo gobierno.
En el 2015 figura en la nómina de la Subsecretaría del Interior, entidad liderada por el entonces subsecretario, Mahmud Aleuy (PS), por su labor como asesor y coordinador en materias de seguridad pública y gubernamental, durante el segundo gobierno de Bachelet.
Desde el PPD aseguran que al momento de su detención, Manuel Führer seguía en la nómina de militantes del partido, pero desde la formalización tiene su militancia —por tanto sus derechos como militante— suspendida. Aclaran que “el PPD tiene un criterio establecido: militante formalizado, se suspende su militancia. Militante condenado es expulsado”.
El sitio web oficial y las redes sociales de Participa siguen en línea.La última publicación en Instagram está fechada el 8 de enero de 2024, en la que se informa de la devolución voluntaria de $352 millones al GORE de Los Lagos. Incorporan una cuña de Daniel Ibáñez: “El programa contemplaba un universo de 1.400 beneficiarios, nosotros llegamos a 1.501 con todos los expedientes (…) lo que constituye la ejecución de la primera etapa del programa de catastro”.
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