EL lunes 5 de mayo, el fiscal nacional reasignó dos aristas del Caso Hermosilla: la investigación contra el ministro Ulloa y la causa de la suspendida ministra Sabaj. Ambas quedarán a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La fiscalía de O’Higgins, que investigaba al magistrado Ulloa, había allanado la oficina de este último en la Corte de Apelaciones de Santiago y requisó el celular del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, incautación que luego fue anulada por la Corte Suprema. Con esta resolución, Perivancich pasa a liderar tres investigaciones vinculadas al Caso Hermosilla: la indagatoria sobre eventual negociación incompatible y tráfico de influencias en la designación de ministros de cortes y notarios, y ahora las causas sobre los magistrados Ulloa y Sabaj.
Créditos imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno
En la mañana de este lunes 5 de mayo, el fiscal nacional Ángel Valencia resolvió hacer cambios en la asignación de fiscales a cargo de dos causas derivadas del Caso Hermosilla. En ambas se investigan posibles intervenciones al margen de las normas en los nombramientos de ministros de cortes y fiscales judiciales.
Según una resolución emitida por la Fiscalía Nacional este lunes 5, la causa que hasta ahora estaba en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, donde se investiga al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ya no seguirá en manos de la unidad de Alta Complejidad de esa fiscalía, comandada por Javier Von Bischoffshausen. Desde hoy estará a cargo de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso. Lo mismo ocurrirá con la causa en la que se indaga a la ministra del mismo tribunal de alzada capitalino, la suspendida Verónica Sabaj, la que ya no será encabezada por la fiscal Ximena Chong, de la unidad de Alta Complejidad Centro Norte, y también pasará a manos de la fiscal Perivancich. La ministra Sabaj es investigada luego que The Clinic publicara sus chats con Luis Hermosilla, en los queda de manifiesto que ella hizo favores al penalista. En su caso, el Ministerio Público indaga los posibles delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. Además, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra.
En el marco de la investigación al ministro Antonio Ulloa, la Fiscalía de O’Higgins hizo noticia hace algunas semanas tras haber logrado autorización por parte del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago para allanar la oficina que el magistrado Ulloa tiene en la Corte de Apelaciones de Santiago (lea ese artículo). El allanamiento se produjo el 24 de marzo pasado, después de que la fiscalía revisó chats entre Ulloa y el penalista Luis Hermosilla en los que coordinaron gestiones para influir en el nombramiento de ocho jueces -incluyendo al propio Ulloa- y tres fiscales judiciales.
Según se lee en los mensajes entre Hermosilla y Ulloa, el ministro le solicitaba a Hermosilla ayuda para los nombramientos, señalándole el mecanismo: “Basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente. Por favor Lucho, te lo pido por favor”.
Ese mismo día del registro de la oficina de Ulloa, la fiscalía también concretó otros dos allanamientos relacionados con sus pesquisas sobre eventuales irregularidades en nombramientos del Poder Judicial: uno en el domicilio del exasesor del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Sotomayor; y otro en la casa del actual ministro de la Tribunal Constitucional y exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery. Esta última diligencia, sin embargo, fue anulada por la Corte Suprema, luego que Mery interpusiera un amparo que fue revisado por la Segunda Sala de la máxima magistratura.
Corte Suprema (Fuente: CIPER)
La misma fiscalía de O’Higgins realizó una reservada diligencia en la que pidió a la Corte Suprema que le hiciera entrega de las denuncias recibidas por la Comisión de Ética del máximo tribunal contra Antonio Ulloa. Denuncias recibidas por esa comisión fueron el antecedente que la Corte Suprema tuvo a la vista para destituir a Ángela Vivanco de ese tribunal. Si bien el fiscal Von Bischoffshausen había conseguido una autorización judicial para acceder a esas denuncias contra Ulloa, la Suprema no dio lugar a la entrega mientras no se resolviera una solicitud similar interpuesta por el exministro Sergio Muñoz -también removido de su cargo, pero por el Senado- ante el Tribunal Constitucional.
“Teniendo en consideración que los antecedentes a que se hace alusión son de carácter reservado, conforme lo dispuesto en el auto acordado sobre Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética contenidos en el Acta N°262-2007 y cuya reserva es actualmente materia de discusión tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como ante el Tribunal Constitucional (TC), se hace presente que esta corte no está en condiciones de que se materialice la medida”, recogió La Tercera.
Según la resolución emitida ahora por la Fiscalía Nacional, las causas en las que se investiga a Ulloa y Sabaj fueron reasignadas a la Fiscalía Regional de Valparaíso bajo el “principio de unidad de acción” y porque se estima conveniente que la dirección de las indagatorias, así como la protección de víctimas y testigos, queden a cargo de un fiscal regional, conforme a lo que estipula la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Con esta decisión, la fiscal regional de Valparaíso tiene en sus manos tres investigaciones vinculadas al caso Hermosilla: la que indaga posible negociación incompatible y tráfico de influencias en la designación de ministros de cortes y notarios -que incluye la querella interpuesta por la diputada Camila Musante por el nombramiento del ministro supremo Jean Pierre Matus-, y ahora las indagatorias a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.
ALLANAMIENTO EN LA CORTE Y TELÉFONO DE MERY
Los allanamientos concretados por la Fiscalía de O’Higgins el 23 de marzo pasado, terminaron activando una polémica interna hasta ahora inusitada en el Caso Hermosilla.
La incautación del teléfono del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, generó un reclamo inmediato de parte de su defensa, a cargo del penalista Matías Künsemüller. El abogado no solo reclamó al Ministerio Público. También concretó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que su defendido tenía calidad de testigo y no imputado, por lo que se estaban afectando las garantías constitucionales del actual ministro del Tribunal Constitucional.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, Mery fue jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia cuando Hernán Larraín fue ministro de esa cartera. En ese cargo una de sus labores consistía, justamente, en revisar los nombramientos de jueces de cortes y fiscales judiciales. Por esa razón, el Ministerio Público quería acceder a las conversaciones que él pudiera haber tenido con Hermosilla o Ulloa.
Hasta ahora, lo que se sabe a partir de la solicitud de la fiscalía para incautar su teléfono, es que fue el propio Mery quien notificó a Ulloa sobre su nombramiento en el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que todavía ostenta. Según los chats que Ulloa tiene con Hermosilla, el penalista lo ayudó a conseguir esa plaza.
Héctor Mery, ministro del Tribunal Constitucional (Créditos: Pablo Ovalle Isasmendia / Agencia Uno)
El recurso de Mery para anular la incautación de su celular fue revisado finalmente por la Corte Suprema. En esa audiencia el ministro que presidía, Manuel Valderrama, consultó a las partes si tenían alguna objeción respecto a su participación y la de la ministra María Teresa Letelier, dado que ambos conocen y han trabajado previamente con Ulloa. Esto, con el fin de revisar posibles inhabilidades. El representante del Ministerio Público no manifestó objeción.
Según informó el Ministerio Público en esa audiencia, la fiscalía le ofreció a Mery que él eligiera los chats que podían ser extraídos de su celular (lea ese artículo). El objetivo de esta medida era limitar el acceso únicamente a aquellos mensajes relacionados con la investigación.
Finalmente, el pasado lunes 28 de abril la Corte Suprema declaró nula la incautación del teléfono del actual ministro del Tribunal Constitucional, por lo que la fiscalía de O’Higgins debió devolverlo. Una semana después, esa misma fiscalía debe dejar el caso.
En la investigación contra el ministro Ulloa que este lunes 5 pasó a manos de la fiscal Perivancich -misma persecutora del rol de Sebastián Piñera en el caso Dominga-, aparte del nombramiento del propio Ulloa, se investiga la nominación de otros siete jueces y tres fiscales judiciales. Esta es la lista:
Alejandro Aguilar: desde enero de 2022 es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En julio de 2024 la Corte Suprema lo designó ministro con dedicación exclusiva a la investigación por adopciones ilegales.
Graciela Gómez: ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 17 de agosto de 2021, asumió el cargo en el cupo dejado vacante por la actual magistrada de la Corte Suprema, Adelita Ravanales. Previamente, se desempeñó como relatora del pleno del máximo tribunal.
Rafael Corvalán: magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Corvalán fue presidente de este tribunal hasta el 6 de marzo pasado. Anteriormente, se desempeñó como ministro de la Corte de Iquique, donde enfrentó una investigación por una denuncia de acoso sexual relacionadas con hechos ocurridos entre 2017 y 2018. Sin embargo, en febrero de 2020, la Corte Suprema lo sobreseyó.
Paulina Gallardo: ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán desde enero de 2021. Fue presidenta de ese tribunal el año judicial de 2022. Según registros del Poder Judicial, la magistrada realizó parte de su carrera en los tribunales de Santiago. Fue relatora en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Santiago, así como ministra suplente en ese último tribunal.
Gerardo Bernales: ministro de la Corte de Apelaciones de Talca desde el 16 de abril de 2021. Fue presidente de ese tribunal el año judicial de 2022. Antes de eso, se desempeñó como juez titular del 1° Juzgado de Letras de Talca.
Verónica Sabaj: fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago el 4 de mayo de 2020. Actualmente se encuentra suspendida de su cargo luego de que The Clinic reveló conversaciones entre Sabaj y Hermosilla, en que se revelaron gestiones del último para lograr su designación como ministra en el tribunal de alzada.
María Gutiérrez: fue ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 6 de enero de 2021 hasta diciembre pasado, mes en que presentó su renuncia al Poder Judicial. Antes de eso, la exministra también fue fiscal judicial en ese tribunal y relatora de la Corte Suprema, entre otros cargos que ocupó desde su ingreso al Poder Judicial en 1979.
Macarena Troncoso: es fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago desde septiembre de 2021. Llegó a ocupar el cupo vacante por el nombramiento de María Loreto Gutiérrez Alvear como ministra del tribunal de alzada capitalino.
Ana María Hernández: juró como fiscal judicial del tribunal de la Corte de Santiago en enero de 2022. Antes de eso ostentaba el cargo de jueza del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, también ejerció como ministra suplente en la Corte de Santiago.
Mónica Olivares: actual ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique. En octubre de 2021, Antonio Ulloa habría solicitado intervenir en favor de su designación como fiscal judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cargo que hasta la fecha Olivares no ha ocupado.
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