Son convenios con organizaciones privadas sin
fines de lucro que fueron suscritos en el 2023 e involucran más de 13 mil
millones de pesos otorgados desde fondos públicos.
La grieta por la que se filtran los
incumplimientos legales apunta a que hay fundaciones que hicieron giros
“demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias del Estado.
Asimismo, hay algunas ONG’s que muestran
dedicarse a la “ayuda del prójimo” con labores sociales. Sin embargo, se deja a
libre interpretación, dado a que se desconoce si se dedican a la entrega de
canastas familiares, la edificación de casas u otros.
Por lo que 29 convenios no declaran actividades
precisas a ejecutar, ni desglosan objetivos a cumplir, aún cuando tienen a su
disposición millonarios recursos públicos.
Además, cabe enfatizar que de los 29 acuerdos
declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la Gobernación
Regional de Los Lagos, liderada por Patricio Vallespín (ex DC).
El
destape del caso convenios abrió un despliegue de investigación a lo largo de
nueve regiones de Chile. Y la instrucción de la Contraloría General de la República de ponerle
el freno a los recursos que reciben las fundaciones desde instituciones
públicas, ya cumplió un mes. Esto significa que se paralizó “la tramitación de
toma de razón” de todos los acuerdos, para “recabar más antecedentes que puedan
existir” y así evaluar si corresponde destinar fondos, explicó el contralor Jorge Bermúdez.
De
esta forma, el proceso de evaluación a “la toma de razón”, la cual interviene
para establecer si cumplen o no los estándares legales dentro de la
administración pública, ha detectado de los 34 convenios congelados, 29 casos
irregulares no cumplen con las disposiciones requeridas, consignó La
Tercera.
Cabe
recordar que la indicación del órgano contralor, se levantó por los polémicos
traspasos de dinero desde distintas seremis y gobernaciones regionales hacia
organizaciones privadas sin fines de lucro, a cambio de prestaciones de
servicios.
Por
dicha razón, fueron declarados ilegales o “representados” (término jurídico)
convenios que fueron suscritos en el 2023 e involucran más de 13 mil millones
de pesos.
La
grieta por la que se filtran los incumplimientos legales apunta a que hay
fundaciones que hicieron giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir
transferencias desde el Estado.
Asimismo,
hay algunas ONG’s que muestran dedicarse a la “ayuda del prójimo” con labores
sociales. Sin embargo, se deja a libre interpretación, ya que se desconoce si
se dedican a la entrega de canastas familiares, la edificación de casas u
otros.
Por
lo que 29 convenios no declaran actividades precisas a ejecutar, ni desglosan
objetivos a cumplir, aún cuando tienen a su disposición millonarios recursos
públicos.
En
la misma línea, fiscalizadores objetaron por la “falta de claridad de los ítems
de gastos”, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y las fechas
previstas para la ejecución de actividades, además de inexistencia del
registros sobre las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
El
que se declare la ilegalidad del convenio significa que este vuelve a cero, se
anula y si las partes quieren volver a consumarlo deben iniciar otro proceso de
toma de razón, independiente si luego se decide abrir un sumario, explicó el
mismo medio.
El
caso más grave detectado por el Ministerio Público, de las nueve
investigaciones entre Antofagasta
y Los Lagos, lo encontró en esta última región, donde incluso
se allanó la gobernación liderada por Patricio Vallespín (ex DC).
Esto
dado a que de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su
origen en la repartición de Vallespín.
Entre
las transferencias declaradas ilegales por Contraloría figuran los $ 1.200
millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün. Mismo
caso con tres transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $
2.061.000.000.
Además,
también fue declarado ilegal el acuerdo entre el mismo GORE y la Fundación
Participa, ONG dirigida por el excandidato a concejal del PPD y PRO, Daniel Ibáñez, para
quienes aprobaron una transferencia de $ 1.020 millones.
En
segundo lugar de los casos preocupantes para los fiscalizadores, fue el
hallazgo de la “Corporación
privada para la educación y el desarrollo local El Canelo”, un
convenio que había sido declarado ilegal al que igualmente se le entregaron más
de $ 667 millones.
En
este caso el organismo liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el
GORE Los Lagos, para establecer las responsabilidades administrativas y
materializar la entrega de fondos públicos pese a la “ilegalidad”.
Hasta
el momento, solo un caso se declaró legal y el resto de los convenios están
bajo el rotulo de “retirados”, es decir, al momento de ser anunciada la
suspensión de la toma de razón, los organismos renunciaron al proceso de
legalidad para, eventualmente, hacerles ajustes y volver a ingresarlos, o bien,
derechamente, no volver a presentarlos. Hasta el momento, no han vuelto a
ingresar, dice LT.
Por
otro lado, si bien se anunció la paralización de 91 procesos de toma de razón,
algunos fueron aprobados a los pocos días. Y son transferencias de dinero a
fundaciones más reconocidas.
En la actualidad, la
revisión sigue con alrededor de 10 convenios que están bajo la revisión de los
abogados de Contraloría, donde no descartan seguir encontrándose con
millonarias “sorpresas”.
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