En un hecho histórico, que no había ocurrido desde el año 2013 cuando el
entonces ministro de Educación Harald Beyer debió enfrentar una
resolución similar, la sala del Senado ratificó lo aprobado por la
Cámara Baja y aprobó la acusación constitucional contra Andrés Chadwick,
inhabilitando al ex ministro para ejercer cargos públicos por los
próximos cinco años.
Durante la tarde noche de este miércoles la sala del Senado resolvió por 23 votos a favor y 18 en contra, aprobar la Acusación Constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Tras una extensa jornada de deliberaciones, la mayor parte de los
senadores resolvió aprobar la acusación, y con esto condenar al ex
ministro a quedar inhabilidado para ejercer cargos públicos durante un plazo de 5 años.
A eso de las 20:30, la acusación ya contaba con 22 senadores que
habían expresado su voluntad de votar favor, por lo que ya desde ese
momento se conocía cuál sería el resultado de la misma, que comenzó a
ser votada a eso de las 20:50.
Aunque, justo antes de eso el senador Francisco Chauán
intentó cambiar o dilatar la votación solicitando que cuatro senadores
que no estaban en la sesión de ayer martes, fueran marginados de la
votación, lo cual fue desestimado momentos antes de comenzar a votar.
“Acusación infudada y politizada”
Así tildó la acusación a la salida del Senado el ex ministro
Chadwick, en un punto de prensa en el que estuvo acompañado por el
actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por la presidenta de la
UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y por la ministra de Educación,
Marcela Cubillos, entre otras figuras del oficialismo.
En ese punto de prensa Chadwick comenzó expresando una vez más que reitera su inocencia, afirmando que “jamás,
deliberadamente o no deliberadamente, he adoptado una medida o he
omitido una medida con el propósito de que se pueda abusar de los
derechos humanos de ninguna persona“.
Evidentemente afectado, el ministro agregó en su defensa que “si de algo me he preocupado es precisamente de que el orden público sea una realidad y que en ese orden publico sean respetados los derechos humanos de todas las personas”.
En esa línea, el ex titular de Interior sostuvo que lamenta “muy
profundamente las personas que han fallecido, quienes han resultado
heridos, quienes han resultado abusados de sus derechos humanos, a
quienes han sido victimas de la violencia”.
Tras Chadwick, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, también lamentó la aprobación, que desde su perspectiva “en nada contribuye, no hace justicia, y no permite avanzar en la recuperación de un clima republicano“.
Para el ministro “estos actos causan un daño a la democracia”, y a
los “instrumentos de la democracia que no se usan de buena manera”.
“Esto no es nada más que un acto político, y un acto que refleja mala política“, sentenció Blumel.
Continuando con el blindaje oficialista a Chadwick, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó que el hecho es recibido “con un profundo dolor” por parte del gobierno.
“No más cómplices pasivos”
Desde la oposición la aprobación fue tomada como una victoria,
especialmente para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos y
las familias de ellos.
Esa fue la postura que expresó el senador Juan Ignacio Latorre, quien
expresó “tengo la convicción de que las autoridades civiles deben
asumir sus responsabilidades políticas, no pueden haber más cómplices pasivos, en dictadura nunca reconocieron sus responsabilidades políticas, y ahora en democracia esto es un hito histórico”.
En ese sentido, Latorre aclaró que “no queremos que esto sea un gallito gobierno-oposición”, recalcando que “esto tiene que ser de cara a las víctimas y de cara a los familiares de las víctimas“.
En la misma línea se expresó el parlamentario de RD, Miguel Crispi,
quien expresó que el de hoy “es uno de los actos políticos más
importantes que el Congreso le entrega al país, pero especialmente a las víctimas y sus familias“.
Desde el PS en tanto, el senador José Miguel Insulza, aclaró
nuevamente que “no es que digamos que él fue y violó los derechos
humanos de alguien, pero sí que él tenía la responsabilidad de atenuar o
detener estas prácticas”.
A lo mismo hizo referencia la senadora Isabel Allende, quien además
aprovechó de hacer un llamado a las policías, afirmando que “una
cosa es detener los saqueos, los delitos, y otra es violar los derechos
humanos, y eso es algo que nuestras policías van a tener que aprender“.
En tanto, desde la Cámara de Diputados, el diputado de Convergencia
Social Gabriel Boric sostuvo que al contrario de lo que afirmó el
ministro del Interior Gonzalo Blumel, en relación a que esta aprobación
dañaría “el instrumento” democrático de la Acusación Constitucional, “este es un acto para cuidar las instituciones, donde se ha determinado que un ministro de Estado tuvo graves omisiones que pudieron haber evitado que se siguieran cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Por último, el diputado PS Marcos Ilabaca calificó la aprobación como un acto “mínimo de justicia y reparación, (en el que) el Congreso nacional hoy estuvo a la altura. Nunca más podemos aceptar en nuestro país bajo ninguna perspectiva violaciones a los derechos humanos”.

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