La errática actuación que el ministro del Trabajo,
Nicolás Monckeberg, ha desplegado respecto al proyecto de 40 horas y durante
toda la discusión de la rebaja de la jornada laboral, llevó a Palacio a tomar
drásticas medidas en busca de una salida “limpia” de uno de los personeros que
–aseguran– solo se sostiene en su cargo debido a que el Mandatario aún cree en
la lealtad. En medio de la disputa, todos las fallas comunicacionales y
políticas que se cuentan desde iniciada la discusión, abrieron asimismo un sensible
flanco al Jefe de Estado, ya que, de llevar la iniciativa parlamentaria al TC,
como lo ha deslizado públicamente en caso de ser aprobada, se jugaría no
solamente su prestigio como demócrata. Además, existiría la posibilidad cierta
de imponer una presión política al Tribunal Constitucional y de exacerbar la
pugna que mantiene este con la Corte Suprema.
Casi todos en el Gobierno se tuvieron que subir a un
barco sin rumbo y en medio de un mar exaltado. Las ya innumerables malas
decisiones adoptadas para contrarrestar el proyecto de reducción de la jornada
laboral a 40 horas semanales –impulsado por las diputadas comunistas Camila
Vallejo y Karol Cariola, que se verá en la Sala de la Cámara el próximo 23 de
octubre–, obligaron al Ejecutivo a continuar un camino que solo resta, nada
suma. A la advertencia implícita de parte del Presidente Sebastián Piñera de
llevar la iniciativa impulsada en el Parlamento hasta el Tribunal
Constitucional (TC), se sumó otro factor, la mentira, y esta se encuentra en el
intento por salvaguardar la indicación “fantasma” –como la califican desde el
propio oficialismo– de la reducción a 41 horas de trabajo semanal en el marco
de su propio proyecto de flexibilidad.
La insistencia que tuvo el ministro del Trabajo,
Nicolás Monckeberg, a nivel comunicacional, de asegurar que la medida estaba de
igual manera contemplada en el proyecto original de reforma laboral de La
Moneda, para justificar su actuar, fue leída tanto desde el mundo empresarial
como transversalmente en el Parlamento, como “una más de las gotas que han
rebalsado el vaso” en la discusión.
Esta “historia negra” para Palacio comienza –como es
sabido– en las oficinas del Ministerio del Trabajo, y su génesis está en la
mala lectura que el ministro hizo del proyecto opositor de reducción a 40 horas
semanales. Reconocieron al interior del oficialismo que no fueron una ni dos,
sino varias las veces en que se le aconsejó al titular de la cartera
inmiscuirse en el debate que en aquel entonces estaba en ciernes, o “al menos
tomarle la temperatura”.
Sin embargo, la respuesta que recibieron fue que, al
tratarse un proyecto inconstitucional, no valía la pena, y que al no considerar
un cuerpo argumentativo de respaldo, moriría solo. La estrategia planteada en
la ocasión fue la de no participar en el debate, y es justamente aquella a la
que califican como el punto de partida del “desastre” que vive hoy el Ejecutivo
en la agenda laboral.
Una agenda de la que ya no tienen control, a pesar de
las diferentes instancias que se han suscitado para intentar contrarrestar el
avance implacable del único proyecto en la materia que tiene vida al interior
del Congreso. Tanto así, que la discusión, a la fuerza, terminó por
transformarse en cuántas horas por ley es adecuado reducir, con los matices correspondientes,
un destino bastante lejano del original que intentó en algún minuto instalar el
Ejecutivo y que tenía que ver con la flexibilidad.
Lo demás es historia contada. La primera semana de
agosto, y una vez que se conocieron los resultados de la encuesta
Cadem, que presentaron un respaldo de un 74 por ciento a la iniciativa
opositora, en Palacio, y por sobre todo en las oficinas de calle
Huérfanos, todo se tornó color de hormigas y la presión llevó a tomar “una de
las peores decisiones de esta administración”, como es calificada desde la
interna oficialista: el anuncio de una indicación que apostaba a reducir la
jornada laboral a 41 horas. El primer impacto hacia adentro fue no solo que
parecía un absurdo, sino que, además, se terminó por incurrir en “otro cambio
más” en las reglas del juego, como señalan desde el mundo empresarial.
Las decenas de fórmulas que se inventaron, como
cuestionar la iniciativa opositora, por no considerar informe técnico, pese a
que tampoco existía para el propio, además de tener que salir a decir que con
un proyecto se perdían cientos de miles de empleos, versus el propio, que solo
generaría más puestos de trabajo, sin un respaldo que convenciera siquiera a
sus propias filas, llevaron a otra mala decisión del Gobierno. Y esta consiste
en haber intentado hacer creer que el cálculo de 41 horas de rebaja de carga
laboral semanal –en el que se “saltaron” al ministro de Hacienda, Felipe
Larraín, y también al de la Segpres, Gonzalo Blumel– siempre estuvo contemplado
en la reforma comprometida por el Ejecutivo.
Aquel juego de dialéctica fue detectado en el mundo
empresarial tempranamente, y así lo señalaron, ya que ilustrativamente
recordaron que el escrito original, “nunca jamás”, contempló una rebaja por ley
de horas trabajadas. Todos los “malabares” que aplicó el ministro en distintos
matinales con una pizarra, en que hacía calzar la jornada de 180 horas
contemplada en el proyecto original, y que dividida en 12 meses y 52 semanas,
daba como resultado el número 41, para explicar de dónde salieron las 41 horas,
finalmente traía consigo una verdad oculta: en el proyecto de flexibilidad
laboral, si bien sí se podía llegar a ese resultado, esto se daba a través de
una lógica de un pacto, previo acuerdo entre el empleado y el empleador, nunca
a través de una ley.
Fue el propio Primer Mandatario quien, el 3 de
septiembre, en una intervención en Palacio, si bien advirtió que en un
principio no se consideraba la rebaja por ley, sí insistió en que el Gobierno
"presentó hace mucho tiempo y es parte de nuestro programa, un proyecto
para reducir la jornada laboral, porque lo más importante del desarrollo y
crecimiento es mejorar la calidad de vida de las personas. El proyecto se hizo
en forma razonable, en forma responsable, que va a significar reducir la
jornada de 45 a 41 horas, pero con flexibilidad y gradualidad. Flexibilidad,
porque mejora la calidad y evita el impacto sobre empleos y salarios; que las
personas puedan adecuar sus tiempos de trabajo a otras necesidades, pero que
las empresas también se pueden organizar". Nuevamente el Gobierno aplicaba
la fórmula del juego dialéctico.
Tanto en Renovación Nacional como en la oposición,
aseguraron que el discurso del secretario de Estado no logró convencer a “casi
nadie”, que al escucharlo hacer el enganche de cómo se llegó al cálculo, vieron
en aquello otra jugada desesperada para justificar lo que se terminó por
transformar en una bola de nieve que ya nadie puede detener en el Parlamento.
Además, agregaron a su molestia el despliegue en diversos canales y medios de
prensa donde se aseguró que la indicación que contemplaba mayor flexibilidad
laboral y gradualidad estaba en su escritorio, aunque nadie ha podido tener
acceso aún a ella, como lo ocurrido el 14 de agosto en la entrevista de Tomás
Mosciatti, en CNN.
Toda el agua que corrió bajo el puente terminó por
colmar la paciencia de un sector del mundo empresarial, desde donde dijeron que
se les notificó por la prensa el hecho de que ahora el Gobierno apostaba a la
reducción horaria por ley. Incluso, algunos han pedido personalmente la
renuncia del ministro del Trabajo al propio jefe de Estado. Y acá es donde, sin
haberlo advertido, el Mandatario se vio arrastrado a un dilema de no fácil
solución.
Por un lado, está la presión de un convulsionado sector
empresarial, que ha visto cómo, además de no cumplirse las promesas, como la
rebaja en impuestos, se siente flanqueado por todo el espectro, considerando
los vaivenes de las reformas Tributaria y de Pensiones que nadie sabe a qué
puerto van a llegar; por el otro, la presión social que llevó al Gobierno a
tener que aceptar una realidad fuera de todo cálculo inicial y cuyo mal manejo
de la misma se transformó en el rostro del actual jefe de la cartera del
Trabajo.
Según fuentes oficialistas, la razón de que el ministro
Monckeberg no haya dejado el gabinete, pese a todos los cuestionamientos tanto
internos como externos, se debería a dos factores. Primero, sacarlo en medio de
la discusión, sería entregar la cabeza del exdiputado de una manera muy poco
prolija para su persona; segundo, la lealtad que el propio Presidente siente
por quien fue uno de sus delfines durante un largo período en el Gobierno. Por
ahora con el jefe de cartera en su cargo, la primera autoridad pública del país
deberá seguir caminando por el angosto camino que queda entre quienes quieren
un cambio rotundo y una realidad indesmentible.
Sin línea con el mundo empresarial
Desde el mundo privado, consideran que el ministro
siempre ha sido un secretario de Estado con el que tienen poca o nula relación.
No se trata de que exista alguna molestia con él, sino que simplemente nunca
existió una línea abierta de trabajo entre ambos sectores, apuntaron. La
errática marcha de Monckeberg en varias materias hicieron que las empresas
tomasen distancia de sus reformas y de su agenda.
El año pasado, cuando Monckeberg asumió como ministro,
el compromiso fue presentar durante el segundo semestre una reforma laboral,
pero según se informaron en el sector privado, la falta de equipo técnico
implicó que esta se retrasara, algo que incluso fue anunciado varias veces por la
prensa.
El ministro, para no quedar mal, casi terminando el año
legislativo 2018, ingresó apurado una reforma que contenía ajustes a uno de los
segmentos más criticados por las empresas: el de capacitación a través del
Sence. De esta manera, el titular de Trabajo optó por parcelar una prometida
modernización del mundo laboral en iniciativas que no estuvieron ni cerca de
cumplir con las expectativas de las compañías para sus trabajadores.
Un ejemplo puntual de desatenciones que ha generado el
secretario de Estado con el ambiente privado, es, por ejemplo, cuando la
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) organizó una mesa ampliada,
invitando además a la prensa, esto luego de la polémica de las 41 horas. La CPC
logró bastante convocatoria de diversas ramas gremiales, y ese mismo día
Monckeberg invitó a un encuentro con expertos para ahondar en el proyecto en
cuestión.
El choque de agenda, ante los ojos de los empresarios,
no fue casual, generó bastante incomodidad y muchos de ellos simplemente no asistieron
a la reunión. Sí accedieron a acompañarlo el presidente de la Sofofa, Bernardo
Larraín Matte, entre otros representantes. El problema es que al otro día, en
el diario El Mercurio, el jefe de cartera reavivó las diferencias, pues
cuando sus asesores propusieron la pauta de prensa a los periódicos, el titular
que vendió su equipo asesor fue que los empresarios “respaldaban el proyecto
del Gobierno”, y precisamente sucedía todo lo contrario.
En general, las líneas del empresariado con La Moneda
en estos temas, incluso en la reforma previsional, donde el Ministerio del
Trabajo también tiene mucha injerencia, han sido con el ministro de Hacienda,
quien tiene evidentemente un perfil técnico y económico muy diferente al de
Monckeberg.
Las señales de molestia en Palacio
El ministro Monckeberg suma otros problemas. Ninguno de
los consultados al interior de La Moneda y el oficialismo negó lo que es un
secreto a voces: la molestia, pérdida de confianza y líneas cortadas que el
titular de Trabajo tiene con su par de Hacienda.
Otra señal del signo de los tiempos que vive el
ministro, es una maniobra urdida en el Segundo Piso, a cargo de Cristián
Larroulet, que relata una fuente de Palacio. Esta tendría que ver con el
informe que se solicitó a la Comisión Nacional de la Productividad, y del que
el ministro en cuestión no fue avisado. “Las señales son claras”, aseguran. En
el informe, al cual se dio ocho semanas de plazo para su desarrollo, se pidió
estudiar los efectos que tendría una eventual reducción de la jornada, si
eventualmente se redujera a 40, 41, 42, 43 y 44 horas.
En un principio, aquello pareció del todo formal, pero
fuentes cercanas al ministerio fueron las que advirtieron que no solo no se le
avisó, sino que además no cayó bien el que se haya pedido revisar la indicación
de autoría del propio jefe de cartera. Desde el oficialismo hay quienes no
dudaron en catalogar aquello como una oportunidad de poder deshacerse
limpiamente de la ya famosa indicación ideada “a la rápida”, “una
autoevaluación que no tiene parangón”, agregó un diputado del oficialismo.
Pero esto no terminó acá. También llama la atención que
el despliegue y la experticia del subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado
–una de las “armas secretas” de La Moneda para evitar que la ministra de
Educación, Marcela Cubillos, fuese acusada constitucionalmente–, ha estado
completamente ausente y no se le ha visto operando con la oposición para
discutir el tema de la jornada laboral. Aquello, aseguraron, se debería
principalmente a que en el Gobierno ya dieron por perdida la batalla. Otros
consideran que no valdría el esfuerzo en esta ocasión, considerando lo
magullado del proyecto propio.
Otra señal que juega en contra del titular de Trabajo es que el
proyecto de pensiones se estaría trabajando con Monckeberg más lejos que cerca. Aquello
quedó patentado el martes recién pasado cuando, un día después que el ministro
del Trabajo quedase offside, señalando que no se consideraba ni
contemplaba el retiro de fondos excepcionales en el proyecto de reforma
previsional, a la misma hora, era el propio Mandatario quien le quitaba el piso
en otra radioemisora. Escena siguiente: el jefe de Hacienda es el que aparece
explicando que sí se ha estado trabajando en la materia. La observación que
hicieron desde Palacio es que Felipe Larraín aparece solo en la foto.
El TC sería una mala decisión
El complejo escenario en que se mueve Palacio, debido a
las múltiples malas decisiones, llevó al Presidente Sebastián Piñera –quien ha
calificado de inconstitucional el proyecto de las diputadas comunistas– a
señalar que utilizará todas las herramientas que la Constitución le confiere.
Esto fue leído en todos los sectores como la amenaza de llevar el proyecto de
rebaja de 40 horas hasta el Tribunal Constitucional.
Aquel relato le trajo varios cuestionamientos de
quienes acusan que aquella actitud, proveniente de un jefe de Gobierno,
reflejaría “muy poco cariño" por la discusión democrática. Sin duda se
trata de una crítica insoslayable para quien gusta de presentarse ante sus
pares y ante el propio oficialismo como un personaje de indudable pedigrí
demócrata, apuntaron en Chile Vamos.
Esa sería una de las razones, entre otras, de la
instalación de la mesa técnica por la reducción de la jornada laboral, además
de buscar ganar tiempo, para cuando estimen que el proyecto de 40 horas llegue
al Senado. Para esa instancia, señalaron en el oficialismo, el informe de la
Comisión Nacional de la Productividad, sumado al de la mesa técnica –ambos
saldrían a la par– sería la última de las balas que se jugará La Moneda para
evitar la llegada al TC.
Y es que la última instancia advertida por el jefe de
Estado trae consigo una complejidad no menor, considerando que en las últimas
semanas se abrió una pugna entre el TC y la Corte Suprema, que por ahora parece
no bajar sus decibeles, y donde cualquier menor provocación, podría exacerbar
uno de los conflictos institucionales más complejos del último tiempo en el
país.
Para el investigador del IES, y profesor de la
Universidad de Los Andes, Daniel Mansuy, “el TC se va a convertir en un lugar
muy delicado, por dos motivos. El primero es su pugna con la Corte Suprema, que
deja sus atribuciones en cierta incertidumbre, dado que no parece haber ningún
medio para zanjar una disputa de esa naturaleza. La otra dificultad es que la
presidenta del TC, María Luisa Brahm –cuyo voto es dirimente en caso de
empate–, fue asesora muy cercana al Presidente, y eso no facilita en nada las
cosas: la situación es muy incómoda. En ese sentido, quizás el Ejecutivo
debería mirar más la alternativa del veto que seguir poniendo al TC en medio de
contiendas más políticas que constitucionales”.
Para el analista Tomás Duval, ante el proyecto de 40
horas, “el Gobierno antepuso al TC dos estrategias: la primera, tendiente a
atrasar su votación al interior del Congreso (semana distrital y presupuesto),
y la segunda, la comisión de ‘expertos transversales’ (hasta con Osvaldo
Andrade del PS), que encapsula y pudiese restar piso o moderar lo original.
Entonces, el último escenario es el TC, pero debe ser antes que se apruebe como
ley. El conflicto será alto para el TC, que está en el ojo del huracán con
la Corte Suprema y por los temas de los fondos AFP, lo que sumaría a esto
máxima presión política”.
Por último, el director del Centro de Análisis Político
de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, cree que “si (el Presidente
Piñera) insiste en llevar el tema de las 40 horas al TC, entonces dejará en
mala posición al Gobierno, pues se verá sobrepasada la decisión legítima del
Congreso para tratar de ganar por secretaría. Sería como apelar a la ‘letra
chica’ del sistema político chileno. Como no tengo mayoría, voy a una tercera
instancia que me dé la razón. Si esto avanza al TC, Piñera deberá explicar por
qué se intenta torcer la voluntad soberana del Congreso y en qué medida la
rebaja a 40 horas puede afectar el crecimiento y el empleo. El gran problema es
que, por más argumentos técnicos que dé el Gobierno, será difícil convencer a
la amplia mayoría de los chilenos respecto a que la rebaja a 40 horas es un mal
proyecto. El Gobierno tiene todas las de perder”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario