En el informe final sobre proyecto de Modernización Tributaria del Ejecutivo, elaborado por el equipo técnico de la falange, se plantea crear un nuevo tramo para las mayores rentas. Mientras, en el Partido Por la Democracia postulan elevar la tasa de 35% a 40% para el segmento más rico.
Después de tres meses de análisis por parte de expertos de la
Democracia Cristiana (DC) o afines a ésta, salió a la luz el documento
en el que se fija postura sobre el proyecto de Modernización Tributaria y
propone una serie de alternativas para negociar un acuerdo.
El documento de 141 páginas se estructura en torno a 4 ejes
clave: No reducir la recaudación fiscal permanente; no empeorar la
progresividad del sistema tributario, es decir, velar porque la mayor
carga tributaria la tengan quienes tienen mayores ingresos, creando un
nuevo tramo para el impuesto a las personas; no debilitar la
institucionalidad tributaria para perseguir la evasión y elusión; e
impactar positivamente en el crecimiento económico.
Mientras, de manera paralela, la comisión técnica del PPD también
trabajó en una minuta con una serie de medidas que pondrán como
condición para aprobar el emblemático proyecto del gobierno si el
gobierno mantiene la idea de integrar el sistema tributario.
Entre los principales condicionamientos coincide con la DC en la
necesidad de aumentar los tributos a las mayores rentas. En este
sentido, plantean aumentar la tasa del global complementario al tramo
más alto de 35% a 40%. Esto según explican, va en la línea de que la
merma de recursos por la integración sea compensada por los sectores de
mayores ingresos.
Según ambos partidos, este sería uno de los puntos claves, pero no el único para destrabar la reforma tributaria.
La propuesta DC. En el documento se entregan cuatro ejes que también
esperan ser incluidos en el debate legislativo. El primero de ellos
apunta a la recaudación y progresividad de los recursos recaudados.
Según el documento, “hay dudas fundadas de que el proyecto de ley
cumpla con no reducir la recaudación tributaria en régimen”, apuntando,
primero, a que “la principal medida para compensar depende de la
capacidad de fiscalización efectiva del SII”, mientras que cambios
legales como la integración y el aumento del crédito para construcción
de viviendas, son las que rebajan la recaudación.
En segundo lugar, plantean que el informe financiero “no incluye la
menor recaudación que implican varias medidas del proyecto”, mencionando
entre ellas la nueva definición de gastos necesarios para producir la
renta, y la obligación de deducir el valor comercial del terreno en la
venta de bienes para efectos del cálculo del impuesto a pagar.
En cuanto a la progresividad, el análisis también plantea que el
proyecto en términos netos no es progresivo, porque las principales
disminuciones de recaudación en régimen vienen del impuesto a la renta
por la integración total “las que supuestamente se verían compensadas
por la menor evasión de IVA y de impuesto a la renta que generaría la
boleta electrónica obligatoria” y el impuesto a las plataformas
digitales. Así, sostienen, el resultado neto aumenta el peso de los
impuestos al consumo y disminuye el peso relativo de la recaudación por
impuesto a la renta.
También propone establecer un impuesto a los retiros de utilidades o
dividendos de las empresas, acreditable contra los impuestos
definitivos; suponer, para efectos tributarios, una tasa de retiro de
utilidades, que tributaría de acuerdo al tramo de global complementario
del dueño respectivo; limitar las deducciones a la base tributaria a un
tope para evitar que múltiples exenciones tributarias reduzcan la base
tributaria, a un nivel en el cual las personas de más altos ingresos
paguen menos impuestos como porcentaje de sus ingresos que el resto de
los contribuyentes; controlar el uso de sociedades de inversión para
efectos de diluir el pago de impuestos personales para impedir que se
usen estructuras societarias con el fin de diluir la tributación de los
impuestos finales, entre otras.
El documento cuestiona también la imagen de un SII arbitrario y
abusivo que contendría el proyecto, por lo que están en contra de las
medidas que debiliten las atribuciones del ente fiscalizador.
La propuesta del PPD. Entre las medidas más relevantes, que fueron
trabajadas por los exministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y Nicolás
Eyzaguirre, además de aumentar la tasa máxima a las personas a 40%;
aumento de contribuciones a inmuebles de altísimo valor, debido a que
Chile la recaudación de impuestos a la propiedad, indican, ha registrado
un retroceso relativo al producto y relativo al promedio de la OCDE;
cobrar un interés a los impuestos postergados, junto a un plazo máximo
para los retiros; establecer un impuesto mínimo alternativo en una etapa
posterior al global complementario y que se aplique atribuyendo rentas y
establecer un impuesto desintegrado al dividendo de tasa moderada.
Otras de las propuestas son ampliar algunos impuestos verdes;
eliminar gradualmente el régimen renta presunta; perfeccionar el
tratamiento tributario para incentivar investigación y desarrollo en las
empresas; incluir impuestos “correctivos” a la comida no saludable y al
azúcar en particular y los instrumentos de excepción tributaria, entre
otras.
Otra de las coincidencias entre la DC y PPD es avanzar en la división de texto para agilizar su tramitación.
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