Las otras huellas del Comando Jungla

 

 A fines de junio, el Presidente Piñera presentó un grupo de élite de Carabineros especialista en operaciones antiterroristas, muchos con formación en el extranjero. Era la propuesta policial para prevenir y disminuir los hechos de violencia en el sur, pero en el poco tiempo que llevan, los atentados ahora son más y crecen las denuncias por irregularidades en su actuar. 

 El dato aparece en un cable diplomático filtrado por Wikileaks en 2011. Como no tenía antecedentes por violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos decía que Patricio Sepúlveda, miembro del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (Gope), sí podría participar en un entrenamiento conjunto en operaciones contraterroristas financiado por el Estado norteamericano. El curso duraría un mes, entre abril y mayo de 2009, y se realizaría en Santiago.

Al año siguiente, por su preparación en supervivencia y en primeros auxilios, Sepúlveda fue elegido para ser uno de los 18 rescatistas del Gope que bajarían a la mina San José para sacar a los 33 mineros atrapados. Después, a comienzos de 2012, partiría a Colombia, destinado por un año a la delegación policial de la embajada chilena. Reportajes consultó a Carabineros respecto de su rol en esa destinación y si cursó alguna otra capacitación en ese país, pero no hubo respuesta. Allá fue ascendido a sargento 2°.

De vuelta en Chile, como parte de la selección institucional de cross country, ganó diversas competencias. Y a fines de junio de 2018, apareció entre los 80 efectivos policiales que el Presidente Sebastián Piñera presentó en La Araucanía. Un grupo de élite, altamente especializado en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado. Algunos venían recién llegando tras un mes de ejercicios y adiestramiento en tácticas contrainsurgentes en la selva colombiana.

Según señaló el general director de Carabineros, Hermes Soto, en entrevista con La Tercera, desde 2007 que miembros de la policía uniformada han participado en esos cursos. De hecho, un estudio de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) cifraba en 56 los chilenos que fueron parte de esos programas de formación entre 2010 y 2013. Soto aseguró que en el último grupo enviado hubo 15 efectivos del Gope.
El nuevo grupo contaría con drones, cámaras termales, binoculares con telémetro, cámaras GoPro y visores nocturnos termográficos, además de camionetas Tundra y vehículos blindados Mowag y Panhard, para operar en terrenos de difícil acceso en las provincias de Arauco, Cautín, Malleco y en Alto Biobío. Oficialmente serían llamados Grupo Fuerza Especial de Tarea de Carabineros, pero coloquialmente se les conocería con el nombre de quienes los entrenaron en Colombia: Comando Jungla.
El viernes 23 el Presidente Piñera señaló que “el Comando Jungla no existe”. Aun así hay documentos oficiales de Carabineros que utilizan la nominación para referirse al grupo táctico.
Como sea, pasaron cuatro meses y medio. El 14 de noviembre, Sepúlveda lideró el grupo que ingresó a la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, y que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca. No fue él quien disparó, sino que -según el testimonio de M.P.C., el adolescente que acompañaba al comunero muerto- habría sido uno de sus subalternos: el sargento 2° Raúl Ávila, un policía experto en tiro, que en 2009 ganó con su pistola 9 milímetros un concurso de puntería organizado por la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional. Aunque el origen del disparo fatal aún se investiga, pues tres de los cinco miembros de la patrulla reconocieron haber usado sus armas.
Ávila es también quien grabó con una cámara lo que pasó ese día y que luego eliminó el registro, supuestamente porque la tarjeta de memoria contenía “imágenes que lo comprometían en lo familiar y personal”.
Fue hasta la fecha el operativo más vistoso del Comando Jungla, y terminó en desastre. Sepúlveda, Ávila y otros dos carabineros (el sargento 1° Carlos Alarcón y el cabo 1° Braulio Valenzuela) fueron expulsados de la institución, y hoy son investigados por la fiscalía. Tuvieron que renunciar también el coronel a cargo del Comando Jungla, Jorge Contreras, y el jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, el general Mario Victtoriano.
Lo de esa tarde en Ercilla no fue una acción antiterrorista, según lo ha reconocido el propio gobierno. Y no es algo extraño. Gran parte de los casos en los que ha intervenido el Comando Jungla poco tienen que ver con atentados incendiarios o ataques vinculados a la llamada “violencia rural”. Es más, desde que ese grupo inició sus operaciones, los registros de hechos violentos han aumentado, según datos de la Multigremial de La Araucanía. También las denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Los primeros días

Ocho días pasaron antes de que el Comando Jungla se estrenara en su primer operativo exitoso. A menos de 24 horas de su lanzamiento oficial, el 29 de junio, cinco máquinas forestales fueron quemadas intencionalmente en un fundo de Carahue, y poco después, el 2 de julio, en esa misma comuna, otras dos fueron destruidas en un ataque incendiario. Pero el primer detenido por este nuevo grupo policial no tenía ninguna relación con esos hechos u otros similares: fue un hombre que en medio de una riña de madrugada, en Collipulli, apuñaló a otro.
Al día siguiente, el 7 de julio, detuvieron a una segunda persona en Collipulli, esta vez por tala ilegal de madera.
Durante las dos semanas que siguieron hubo al menos siete ataques incendiarios en la zona de conflicto: un centro de rehabilitación cristiano en Tirúa; una casa en Lumaco; cinco máquinas forestales en Curacautín; una central hidroeléctrica en Alto Biobío; dos galpones y maquinaria agrícola cerca de Vilcún, y otros dos atentados en las provincias de Cautín y Malleco. No hubo detenidos en ninguna de esas ocasiones. Sí los hubo el 20 de julio, cuando en un patrullaje en predios forestales de la provincia de Malleco, miembros del Comando Jungla sorprendieron a dos personas robando pino insigne.
“Este grupo multidisciplinario hace las cosas de manera eficiente, profesional y dentro del estado de derecho. Esperamos que esto siga ocurriendo en el futuro”, decía por esos días quien todavía era intendente de La Araucanía, Luis Mayol.
Los siguientes en caer aprehendidos fueron Juan Catril y sus dos hijos, Christopher (20) y Eduardo (16), de la comunidad Coñomil Epuleo, en Ercilla. Una patrulla del Comando Jungla llegó a su casa por la mañana del 24 de julio, junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. Los creían sospechosos de haber asesinado a su vecino, un agricultor de 78 años. Llegaron con tanquetas, armamento largo y los rostros cubiertos. Dicen los Catril que, además, los golpearon, los insultaron y que destruyeron parte de su casa.
Tres días pasaron detenidos. No había pruebas concretas, así que los soltaron sin formalizarlos ni imputarles algún delito. Poco después llevarían a la intendencia una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera exigiendo disculpas públicas, la reparación de los daños en su hogar y apoyo para tomar medidas judiciales contra los policías. No tuvieron respuesta.

Balas en las piernas

Es poco claro lo que pasó el 7 de agosto en Temucuicui. Un contingente del Comando Jungla se desplegó en la comunidad con vehículos blindados y un helicóptero. Una versión es que solo iban a realizar notificaciones de órdenes judiciales. Pero terminaron allanando algunos domicilios, persiguiendo y llevándose a un hombre detenido, y disparando. Angélica Marilao, esposa del werkén Luis Tori, habría acabado con una bala en su pierna. Desde la comunidad informaron que la trataron y curaron ahí mismo, y que no la llevaron a un centro médico por desconfianza.
Varios abogados que defienden a imputados mapuches señalan que el grupo especializado se ha dedicado a cumplir labores de notificación judicial, patrullaje en predios privados, control en carreteras y caminos, y la persecución de delitos comunes. Dicen, además, que en general lo hacen de forma violenta, sin importar si hay personas mayores o niños. Y que muchas veces inculpan sin pruebas a los heridos para justificar la violencia aplicada. Por su parte, Carabineros no respondió a las consultas de Reportajes.
Según el abogado Jorge Guzmán, eso le habría ocurrido al comunero Jorge Cayupán.
Fue la noche del 19 de octubre, y todo partió con un control vehicular en un camino vecinal en Lautaro. La versión policial -detallada en la querella- dice que se acercaron a la camioneta estacionada donde había cinco personas, una encapuchada y con una escopeta a su lado. Que los persiguieron un rato y que hubo un enfrentamiento a balazos cruzados. Uno de los disparos dio en la pierna derecha de Cayupán y le fracturó la tibia.
Solo él cayó detenido y terminó en el Hospital de Temuco, donde además llegó con convulsiones, mareos y vómitos. Ahí mismo le harían el control de detención, donde lo único que declaró fue que herido y ya detenido, lo golpearon con los puños y lo patearon e insultaron de forma racista. Aunque quedó con prisión preventiva y formalizado por homicidio frustrado a Carabineros, los antecedentes de una eventual tortura también se enviaron a la fiscalía por orden del tribunal y hoy habría una investigación paralela por ello.

El balance

El último boletín trimestral de la Multigremial de La Araucanía da cuenta de que durante los tres primeros meses de funcionamiento del llamado Comando Jungla, entre julio y septiembre de este año, hubo al menos 25 ataques incendiarios registrados en tres regiones (Biobío, La Araucanía y Los Lagos). Es decir, 47% más que en el mismo período de 2017.
“En zonas puntuales de la región, la situación debe combatirse con una estrategia policial distinta a la de años anteriores, para ingresar a zonas donde antes no podía entrar la policía (…). Pero seguimos viendo altos índices de violencia. Ha faltado mayor efectividad en estos temas, pero según los datos de Interior, desde 2011 a la fecha tenemos en promedio más de un atentado diario, y eso es gravísimo. Aquí sí se necesita una policía distinta”, dice Luciano Rivas, presidente de la Multigremial.
Aun así, hace sólo una semana el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró a Reportajes que respecto al Comando Jungla, “la evaluación es positiva”.
Tras la muerte de Catrillanca, los focos de violencia se reactivaron de forma explosiva. Para Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (Amcam), es precisamente la política que dio origen al Comando Jungla la que, en vez de aplacar la violencia, la fomenta.
Dice Reinao: “La presencia constante de comandos con armamento de guerra y carros blindados obviamente violenta a las comunidades. Me parece insano que nuestros niños deban naturalizar su presencia en sus trayectos a la escuela y, peor aún, que un sector de la sociedad chilena considere que eso es correcto. No solo las autoridades políticas deben hacer esta reflexión, sino toda la sociedad”.