De superviviente de la dictadura, a Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

   

De ver a su padre torturado y muerto durante la dictadura de Chile y de ser ella misma detenida y desparecida del mismo régimen, Michelle Bachelet ha llegado a ser la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aquella experiencia, asegura le ayudará ahora a ponerse “en los zapatos de las víctimas”.

Entre una situación y otra, también fue ministra de Salud, luego de Defensa y después presidenta de Chile. Más tarde defendió los derechos de la mujer como directora ejecutiva de ONU Mujeres, para posteriormente volver a ser presidenta de su país.

Todas esas vivencias le han servido para tener en cuenta la necesidad de “prevenir”, de “tener resultados” y de “actuar” cuanto antes para evitar que los costes de la pasividad sean más elevados.

Como ciudadana del mundo, cree que se ha avanzado mucho desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos en diciembre de 1948, pero como Alta Comisionada sabe que los desafíos que tiene por delante son “enormes” y que la defensa de los derechos humanos “es una tarea que no se acaba nunca”, porque a los viejos retos, como la pobreza o la igualdad, se le han añadido “los de nueva generación”, como el cambio climático y el medio ambiente.

En esta amplia entrevista, Bachelet también nos habla de la labor de su Oficina en dos países de la región, Venezuela y Nicaragua, de los que tiene encargado elaborar sendos informes sobre la situación de los derechos humanos.

¿Cómo reconstruyó su vida tras vivir la dictadura de Pinochet y cómo esta experiencia le puede ayudar en su nuevo cargo como Alta Comisionada para los Derechos Humanos?  

Es una pregunta que hace pensar muy profundamente. Cuando uno ha vivido procesos de dolor, personales o cercanos; cuando uno ha tenido la muerte de un padre bajo tortura, cuando una ha estado presa y desaparecida por un tiempo, cuando uno ha visto conocidos, amigos, familiares ejecutados, desparecidos, exiliados, la verdad es que la primera sensación es de dolor, es de rabia, es de no querer que estas cosas pasen.

Y luego, uno va elaborando y va diciendo, pero a ver, más allá de que tenemos que seguir recordando con amor a los amigos y hacer gestos y actos para que el país entero se haga cargo de lo que pasó, y diga un nunca más; y para ver cómo creamos las condiciones en nuestro país para que la democracia nunca vuelva a estar en peligro; para que la muerte nunca sea una nueva alternativa en el país, y para que una persona que piensa distinta no sea un enemigo sino un adversario político.

El valor de la resiliencia, que es el valor de, pese a las adversidades y los golpes, no quebrarse.

También tiene que ver con algo que yo creo que uno aprende en la familia, que es el valor de la resiliencia, que es el valor de, pese a las adversidades y los golpes, no quebrarse. Yo creo que, por un lado, tiene que ver el ambiente donde uno vive y, por el otro, el decir “OK” eso es horrible y no quiero que esto nunca más pase, y voy a hacer todo lo que pueda para que en nuestra sociedad se construya una democracia sostenible y duradera, donde los derechos humanos se cumplan y se respeten, y donde veamos al otro como una persona distinta, pero no como una persona amenazante.

En ese sentido, mi experiencia personal y como funcionaria pública, como ministra, como presidenta dos veces, y durante la dictadura con mi trabajo con ONGs que trabajaban con víctimas, me trae aprendizajes de, por un lado, ponerse en los zapatos de las víctimas y, por otro lado, entender que hay Gobiernos que a veces pueden tener políticas de Estado y cometer violaciones de los derechos humanos por determinados conceptos o ideologías, y hay otros que lo hacen porque no tienen la capacidad de las instituciones o las policías no están bien formadas, etc.…

 

¿Cuáles son sus prioridades?

Yo tengo un mandato que lo define una resolución de las Naciones Unidas. Tengo que cumplir con ese mandato que tiene varias partes. Una es ser la voz de los que no tienen voz. Otra es trabajar con los Estados para, por un lado, informarles de los desafíos que tienen en el área de los derechos humanos, y por otro ofrecerles desarrollar capacidad institucional y cooperación técnica.
Hacer primero uno o lo otro va a depender de la situación, porque yo quiero ser la voz de los que no tienen voz, pero también quiero tener resultados. Quiero que ojalá esas políticas, si es que son políticas intencionales, se modifiquen, y si no se pasen las sanciones que correspondan a nivel internacional.
Yo diría que mi prioridad número uno es la prevención. En muchos casos que las Naciones Unidas han analizado, como el de Sri Lanka o Myanmar, había reportes de los relatores especiales avisando de lo que iba a pasar. Por ello, es necesario tener un muy buen sistema, no sólo de la oficina que yo dirijo sino de todo el sistema de las Naciones Unidas, para tener estos semáforos de luces rojas y naranjas que nos avisen: “cuidado, aquí viene algo complejo”. Y lo que se requiere no es sólo diagnóstico precoz, sino acción temprana.
Nuestro llamado va a ser siempre a tomar medidas tempranas, porque la prevención no solo evita mucho dolor y derramamiento de sangre, sino también el altísimo costo que significa un conflicto desde cualquier punto de vista.

¿Cómo se puede proteger a los defensores de los derechos humanos?

Nosotros lo que buscamos es apoyar, desde la Oficina, todo tipo de iniciativas que les permitan realmente ejercer la defensa de los derechos. Hay proyectos de apoyo específicos.

Como Gobierno, a nadie le gusta que le critiquen; sin embargo, uno siempre tiene que ponerse en el rol de ver si está realmente pasando eso que me están diciendo.

También alzamos la voz para llamar a los Gobiernos a permitir que puedan realizar efectivamente su actividad. Hay señales preocupantes de disminución de recursos, y hemos visto cortes de financiamiento, incluso en países europeos, para los defensores de los derechos humanos. También hemos observado la disminución de los espacios cívicos de participación y eso no nos parece bueno. No contribuye a un ambiente sano de derechos humanos, democrático y transparente en una sociedad.
Como Gobierno, a nadie le gusta que le critiquen; sin embargo, uno siempre tiene que ponerse en el rol de ver si está realmente pasando eso que me están diciendo. Por otro lado, mi experiencia personal es que las políticas públicas que se desarrollan con participación ciudadana son generalmente mucho más sostenibles y legitimas. Yo creo que no hay tenerle miedo a la ciudadanía.

Este año celebraremos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿dónde nos encontramos con respecto a 1948?

Ha habido muchos progresos y cuesta reconocerlo porque a nosotros nos toca ver la parte fea, la parte de los dolores, de las violaciones de los derechos humanos. Pero si uno mira hacia atrás, en esa época ¿cuántas mujeres votaban? o ¿cuánta pobreza había en el mundo? o ¿cuál era el grado de integración de los ciudadanos en sus sociedades?

Pero todavía quedan desafíos gigantescos.

Es cierto, las mujeres han avanzado mucho en sus derechos, pero igualmente todavía no son ciudadanas de pleno derecho, todavía tienen restringidas ciertas oportunidades. Tienen derechos en teoría, pero en la práctica no.

En muchas partes los derechos de los niños no son totalmente respetados, aunque sus países hayan firmado la Convención de los derechos del niño.

Tenemos nuevos desafíos, porque la población está viviendo más años y tenemos una población mayor pobre, con pensiones bajas.

Para mí los derechos son todos, no solo los políticos y civiles, también los económicos, los culturales, los sociales, la educación, la salud. La verdad es que esta tarea no termina nunca.

Y no termina nunca no sólo porque aparecen nuevos desafíos, como los ambientales o el cambio climático.

De esta manera, seguimos teniendo desafíos de derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos; los de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, y los de tercera que son ahora los medioambientales y el tema digital.

Mirando a nuestra región, tiene que preparar un informe sobre Venezuela, pero de momento no tiene acceso al país. ¿Cómo afronta este informe?

Nosotros tenemos el mandato de monitorear y presentar un reporte ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo año, a mitad del próximo año. Por lo tanto, nuestra gente estará haciendo el monitoreo desde fuera de Venezuela. En el caso concreto de que haya una visita mía o un acuerdo de que nuestra gente pueda ir allá, entonces habrá la oportunidad de que el reporte incluya una visión del Gobierno, junto con la de las personas que han presentado acusaciones frente a un conjunto de materias.

Una de las preocupaciones que tenemos, aunque no es un tema directo de mi oficina, es la situación de las dificultades económicas que han derivado en problemas de alimentación y salud. Por eso, el Secretario General ha nombrado un enviado especial, Eduardo Stein, que está trabajando junto con el Alto Comisionado para los Refugiados como con la Organización internacional de las Migraciones, dado el alto número de venezolanos que han salido del país para mirar cómo buscar apoyo ante esta situación. Me he reunido con ellos, hemos conversado y mirado de qué manera podemos apoyar para que la situación de los migrantes sea la que corresponda, que tengan la dignidad y la acogida que corresponda.

¿Y en cuanto a Nicaragua?

Nosotros tenemos un mandato y también vamos a monitorear. En este momento, el equipo está monitoreando desde Panamá y en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores que fue al Consejo de Derechos Humanos, a comienzos de septiembre, señalamos que, si Nicaragua plantea condiciones adecuadas para que el equipo pueda volver, nosotros estamos muy disponibles a volver. Pero naturalmente hay que conversar en qué condiciones. Y le hemos dicho, lo mismo que a todos, si hay acceso, los informes van a ser informes más completos, mejores, pero nosotros vamos a hacer nuestra tarea.

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Producción Antonio Lafuente