La fiscalía quiere llegar a un juicio abreviado y cerrar el caso, por lo que el Ministerio Público reformalizó a Carlos Lavín, Carlos Délano y Pablo Wagner, pudiendo quedar en libertad vigilada.
A las 10:00 de la mañana de este martes, en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó lo que podría ser el cierre del caso Penta que, iniciado el 2015, abrió una de las más grandes crisis del sistema político chileno. Sin culpables de cohecho ni soborno, la Fiscalía desistió de la acusación de éstos delitos. Recordemos que los controladores de Penta habían pagado al ex subsecretario de Minería del primer mandato de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, 42 millones de pesos entre el 2010 y 2012, por lo cual fue acusado de cohecho. “Hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar seriamente ni sustentar seriamente una acusación en esos términos, y creemos que los hechos que el ministerio público puede probar en definitiva son aquellos que dan cuenta del delito de enriquecimiento ilícito”, planteó el Fiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra acerca de Wagner. Respecto de “los carlos”, el cambio consiste en reemplazar la figura de soborno por perjuicio fiscal.
De esta manera, los acusados arriesgan penas máximas de 4 años de libertad vigilada y una multa de 1.714 millones de pesos.
Los querellantes, entre los que se cuentan el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fundación Ciudadano Inteligente (CI), rechazaron la medida, así como el juicio abreviado que debe decidirse este miércoles, y van a insistir. La subdirectora de CI, Colombina Schaeffer, había declarado el martes que “es importante que se sepa que lo que hicieron Carlos Lavín, Carlos Délano, Pablo Wagner y todos los involucrados en el financiamiento ilegal no fue evadir impuestos. Fue tratar de comprar la democracia chilena, y creer que el dinero podía primar sobre el deber de representar el interés de la ciudadanía”. A la salida de la audiencia el abogado de CI, Mauricio Daza, acusó directamente al fiscal Guerra de no ser un miembro del Ministerio Público sino un defensor de los intereses de los controladores.
El ex Fiscal Carlos Gajardo calificó la medida de “vergüenza”, a la vez que Sebastián Piñera declaró escuetamente que “respeto la autonomía y el rol que juega la fiscalía y los tribunales de justicia, y como presidente de la República me corresponde cumplir y hacer cumplir la ley”
Habiendo sido imputados de delito tributario, lavado de activos y soborno, los controladores de la financista ilegal de la política alcanzaron a pasar 46 días de prisión preventiva y 229 días de arresto domiciliario, pagando en los 3 años que va de proceso 10.000 millones de pesos por el perjuicio fiscal, con lo cual se da por reparado el mal causado y se considera un atenuante.
De esta manera, y tal cual ocurre con el financiamiento ilegal de SQM a los partidos políticos de régimen, los autores directos de los más escandalosos casos recientes de corrupción en el país podrían resultar libres gracias al mismo mecanismo que usaban para aprobar leyes a su favor: pagando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario