Después de se acogiera el requerimiento de inconstitucionalidad del
artículo de la reforma educacional que prohibía el lucro, las
organizaciones estudiantiles se fueron contra el Tribunal, pero también
contra el ministro de Educación, a partir de declaraciones que ya
realizó sobre movilizaciones sociales. Este es el comienzo de un nuevo
año con la derecha en el poder.
La mañana de este martes algunos dirigentes de la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se amanecieron a las
afueras del Tribunal Constitucional (TC), en Santiago, portando varios
carteles en los que se podía leer la siguiente frase: “¡Chile ya
decidió!”. Básicamente, protestaban por la noticia que llegó unas horas
después, pasado el mediodía, cuando el organismo informó que se
declaraba inconstitucional un artículo de la reforma a la educación
superior que prohibía a las universidades incluir sostenedores con fines
de lucro.
El requerimiento de inconstitucionalidad no fue presentado por algún
partido de derecha, sino más bien por la militante del PPD y rectora de
la Universidad de las Américas, Pilar Armanet. Finalmente, se determinó
que este ítem debía tener características de Ley Orgánica
Constitucional, lo que habría requerido quorum calificado y no una
votación de ley simple como ocurrió todavía durante el período de
Michelle Bachelet.
Las reacciones del mundo político llegaron cuanto antes. El diputado
del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, declaró que el artículo en
cuestión era “perfectamente constitucional”. Luego, condenó la dirección
hacia donde apuntó el TC con esta decisión.
“El fin al lucro es una de las principales demandas del movimiento
estudiantil, que logró concitar una mayoría que se expresó no solo en
las calles, sino que después en el Congreso Nacional. Con este fallo se
va a permitir que los privados sigan lucrando con nuestros derechos y
además con los recursos de la gratuidad, lo que desvirtúa por completo
de qué se trata esta política. Y termina siendo un despilfarro de
recursos públicos. Entre todos los chilenos, con nuestros impuestos,
vamos a financiar el lucro de determinados sectores de la economía”,
dijo.
Distinta fue la mirada del diputado de la UDI, Jaime Bellolio, quien
hizo un llamado a la calma e incluso afirmó que “había algunos que
querían buscar una excusa como esta para salir a criticar todo, pero sin
reflexión”.
“Cómo se puede prohibir de manera efectiva, con la superintendencia y
la subsecretaría. Todos aquellos que pretenden sacar con esto la
castaña con la mano del gato están equivocados. No hay lucro en las
universidades, está prohibido, estas dos instituciones serán las que
vigilen esto, y si la superintendencia encuentra que una universidad
está haciendo trampa porque está lucrando, puede inclusive cerrarla”,
manifestó.
La visión del Consejo de Rectores
Aldo Valle, Presidente del Consejo de Rectores no tardó en expresar
su parecer respecto de la decisión del Tribunal Constitucional y
calificó como graves las consecuencias que genera la inaplicabilidad del
artículo 63 de la ley que reforma a la educación superior.
“La decisión del TC tiene efectos gravísimos sobre el sistema de
educación superior y específicamente sobre el financiamiento; y a partir
de ahí, sobre las funciones propias de un sistema universitario. Al
dejar sin efecto el artículo 63, la sentencia del Tribunal
Constitucional priva de eficacia a la prohibición de lucro, porque una
manera de hacer eficaz esta prohibición era precisamente establecer la
obligación de que las instituciones de Educación Superior no fueran
controladas por entidades de carácter lucrativo, entonces ese objetivo
se perdió. Lo más grave es que ahora la gratuidad queda abierta para
entidades de carácter lucrativo. El proyecto de reforma de la ley de
Educación Superior considera una política de gratuidad, pero establecía
que tenían acceso a ella las instituciones de Educación Superior con el
supuesto de que ellas no tendrían entre sus integrantes o controladores a
personas u organizaciones con fines de lucro. Repito, lo más grave es
que con esta resolución, la gratuidad está disponible para instituciones
que formal y jurídicamente se declaran sin fines de lucro, pero que
estarán efectivamente controladas por entidades de corte lucrativo. Así,
planteles cuyos controladores pertenecen a empresas trasnacionales de
la educación y que han declarado públicamente sus fines de lucro, podrán
acceder al financiamiento de la política pública de gratuidad. Esto
quiere decir que vamos a quedar en una situación más precaria que la que
había antes de la reforma en que la legislación vigente no consideraba
una política de gratuidad pero a su vez estaba vigente, al menos
formalmente, la norma que prohibía el lucro en la educación para todas
las instituciones universitarias”, señaló.
Consultado respecto de la posibilidad que esta sentencia del TC
genere un movimiento estudiantil de rechazo, el académico consideró que
es natural que eso suceda, pues se restablece el sistema normativo tal
cual estaba en el año 2011. “Es razonable entender que si se volvió a la
situación que regía al año 2011, se genere un rechazo social a esa
misma situación que ahora fue legitimada por la decisión del TC”
La calle espera
Las reacciones provinieron a su vez desde el mundo de las
organizaciones que trabajan temas de educación hace bastante tiempo.
Además, la decisión de Tribunal Constitucional abrió un nuevo flanco
para el gobierno, que ha sido antecedido por las declaraciones del
actual ministro de Educación respecto de que “el tiempo de las marchas
ya pasó”.
Desde Educación 2020 se lamentó la conclusión por parte del Tribunal
Constitucional. Sin embargo, Cristian Miquel, asesor legislativo de la
fundación, indicó que esto no significa que vaya a haber lucro en la
educación.
“Se abre el riesgo a que continúe el fraude que significa el retiro
de utilidades encubiertas, que en algunos casos existió en Chile. Podría
ocurrir, lo que no significa que vaya a suceder necesariamente. Lo que
esta norma trataba de hacer era reducir al máximo el riesgo de que haya
lucro encubierto”, indicó.
Por su parte, Maya Fernández, presidenta de la Cámara de Diputados,
lamentó que se pase por encima de la voluntad popular, la que primero se
expresó desde los movimientos ciudadanos y que luego logró un acuerdo
transversal dentro del Poder Legislativo.
A continuación, indicó que el camino a seguir tiene que ver con hacer
modificaciones mayores: “me parece impresentable que se socave la
voluntad popular expresada en el Congreso. Es por eso que hemos
planteado que necesitamos una nueva Constitución, justamente para que de
nuevo nunca el Tribunal Constitucional tuerza lo que ha aprobado el
Congreso. No es la primera vez. Ocurrió con el Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac) y con aborto en tres causales”.
Y más allá del mundo académico y político, este nuevo hecho
del TC viene a abrir un flanco que ya se catalizaba por las
declaraciones de Gerardo Varela, ministro de Educación, que si bien
informó que cualquier fallo mantendría la prohibición del lucro en la
educación, reavivó con sus declaraciones la intención estudiantil por
salir a manifestar su voluntad en las calles.
Rodrigo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Diego Portales, estuvo durante esta mañana a las afueras del
Tribunal, y habló respecto de la autoridad del gobierno de Piñera.
“Nosotros hemos recibido un par de actitudes matonescas por parte del
ministro, diciendo que tenemos que estar en la sala de clases y no
marchando. Lo que nosotros queremos decirle al ministro y queremos saber
si es que está del lado de los empresarios de la educación o si está
del lado de la gran mayoría de Chile, que decidió hace mucho tiempo que
no quería lucro en la educación”, expresó.
No cabe duda que las tensiones entre el Ejecutivo y la Confech se
comienza a agitar, lo que podría provocar un año intenso a nivel de
marchas estudiantiles, las cuales se agitaron en su momento precisamente
durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera, el año 2011.
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