Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic, alcaldes de Providencia y Maipú

El alcalde de Providencia Jaime Bellolio y su par de Maipú Tomás Vodanovic, estuvieron con Daniel Matamala explicando la siete propuestas hechas en conjunto para solucionar problemas estructurales para el desarrollo de Chile.

Cabe destacar que esta carta con las siete agendas, ha generado revuelo en el mundo político ya que ambos ediles son antagonistas en sus ideologías. Revisa la entrevista completa.

Oposición va por Quiroz: busca 62 votos para investigarlo y lleva sus polémicos vínculos a Contraloría

L o que comenzó como una polémica por los vínculos empresariales de Jorge Quiroz ahora amenaza con instalarse en el Congreso. La oposición prepara una comisión investigadora y ya puso los antecedentes sobre la mesa de Contraloría.

La oposición no pretende soltar el caso del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Este lunes comenzará formalmente la ofensiva para crear una comisión investigadora por eventuales conflictos de interés, mientras Contraloría, el SEA, Sernageomin y Hacienda ya fueron oficiados para transparentar el seguimiento de proyectos ligados a su entorno.

En la mira están Alto Santorini, iniciativa inmobiliaria vinculada a su hermano, y NX Uno de Peine, perteneciente al Grupo Errázuriz, conglomerado que contrató en 2025 a la antigua consultora del cuestionado ministro.

Quiroz ha rechazado los emplazamientos y Hacienda insiste en que no interviene en la aprobación ambiental de los proyectos. La oposición, sin embargo, no quedó conforme y ahora busca abrir la caja negra del mecanismo creado para acelerar inversiones.

Oposición lleva a Jorge Quiroz a Contraloría

Los diputados del Frente Amplio Ignacio Achurra, Jaime Bassa y Constanza Schonhaut, oficiaron a Contraloría, Hacienda, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Sernageomin.

Buscan transparentar cómo funciona el denominado Comité de Proyectos en el SEIA, instancia coordinada desde Hacienda para hacer seguimiento a iniciativas consideradas prioritarias y agilizar su tramitación.

Entre otros antecedentes, solicitaron conocer el instrumento mediante el cual se creó, la lista de proyectos priorizados desde el 11 de marzo, los criterios utilizados para seleccionarlos y las actas, comunicaciones e instrucciones enviadas a otros organismos.

También pidieron que Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de la instancia y un eventual deber de abstención de Quiroz.

“A propósito del potencial conflicto de interés y falta de probidad del ministro Quiroz (…) hemos presentado un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del comité de proyectos en el SEIA”, señaló Ignacio Achurra.

Añadió que el mecanismo “lo creó el ministro Quiroz desde el Ministerio de Hacienda sin ninguna base legal, no tiene actas públicas y ha tenido como objeto apurar proyectos para su aprobación, proyectos que han beneficiado directamente a familiares del ministro Quiroz”.

Comisión investigadora entra en carrera

Y la ofensiva no termina ahí. Este lunes el Frente Amplio presentará formalmente la solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a indagar eventuales conflictos de interés y el funcionamiento de los mecanismos impulsados desde Hacienda para acelerar proyectos.

Según fuentes de BioBioChile, la iniciativa ya fue conversada con toda la oposición y cuenta, en principio, con el respaldo de la DC, Partido Liberal, PPD, PS, PC y Frente Amplio.

Ahora deberán reunir las 62 firmas necesarias. Como esta semana es distrital, la expectativa es conseguirlas durante estos días y, al regreso de los parlamentarios, llevar la solicitud a la Sala.

Ahí vendrá una segunda prueba: necesitarán nuevamente al menos 62 votos para crear la comisión. Recién entonces podrán nombrarse sus integrantes y comenzar la investigación.

“Las actitudes del ministro Quiroz están generando serias dudas respecto a la transparencia y probidad de algunas de sus actuaciones que podrían indicar tráfico de influencias o incluso conflictos de interés”, sostuvo el diputado Jaime Bassa.

Los cuestionamientos apuntan a Alto Santorini, proyecto de US$43,6 millones ligado a Víctor Quiroz, hermano del ministro; y a NX Uno de Peine. En este último caso, el vínculo es profesional. En 2025, el Grupo Errázuriz contrató a Quiroz & Asociados para elaborar un estudio en el que participaron Jorge Quiroz y Tomás Bunster, quien actualmente trabaja en Hacienda y participa del seguimiento de proyectos prioritarios.

NX Uno estuvo dentro de esa cartera y terminó obteniendo luz verde ambiental en mayo de 2026, luego de sucesivas calificaciones desfavorables.

Quiroz y Hacienda se defienden

El ministro ha negado que Hacienda tenga incidencia sobre el resultado de las evaluaciones.

“El Ministerio de Hacienda no tiene ninguna decisión que tomar respecto de ningún proyecto de evaluación”, afirmó recientemente, asegurando que el mecanismo solo busca reducir los tiempos de tramitación.

“Todo lo que se ha señalado es absolutamente falso y no sé qué más puedo decir”, sostuvo Quiroz.

Hacienda también respondió a BioBioChile por NX Uno. La cartera aseguró que las decisiones ambientales corresponden al SEA y al Comité de Ministros y sostuvo que el servicio prestado en 2025 por la antigua consultora de Quiroz al Grupo Errázuriz fue “ajeno a la tramitación ambiental” del proyecto.

Pero las explicaciones no cerraron el flanco. Ahora la discusión pasa a la fiscalización: la oposición buscará reunir los votos para abrir una investigación en la Cámara, mientras Contraloría deberá pronunciarse sobre los antecedentes puestos sobre la mesa. 

Plan para destrabar inversiones del ministro Quiroz también benefició a empresa de la que él fue consultor

 

En mayo de este año, el Comité de Ministros dio luz verde al proyecto Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama, del Grupo Errázuriz, avaluado en US$142 millones. La iniciativa había sido rechazada en cuatro gobiernos y ahora fue aprobada pese a un informe negativo del Sernageomin. Se trata de uno de los proyectos de inversión apalancados por el sistema creado por el ministro Jorge Quiroz para acelerar aprobaciones ambientales. En 2025 el Grupo Errázuriz contrató la consultora de Quiroz y le encargó elaborar un informe sobre la alianza para la explotación del litio entre Codelco y SQM. Uno de los autores del estudio es el coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster, quien fue designado por Quiroz para monitorear el avance de los proyectos en tramitación ambiental.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

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El proyecto inmobiliario Alto Santorini, entre cuyos propietarios está el hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no es la única iniciativa conectada a ese secretario de Estado que ha sido beneficiada por la estrategia del gobierno para apurar inversiones que están estancadas en la tramitación de sus permisos ambientales (vea acá el reportaje de CIPER sobre Alto Santorini). El 7 de mayo pasado, el Comité de Ministros aprobó el recurso de reclamación de la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, del Grupo Errázuriz, con lo que fue autorizado su proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama”. En 2025, ese mismo conglomerado contrató a la consultora del ministro -Quiroz & Asociados- para realizar un estudio acerca de la factibilidad económica de la alianza para la explotación del litio entre Codelco y SQM, el que fue difundido por el propio Quiroz en la prensa (vea acá una nota de T13 Radio). 

En marzo, el gobierno incluyó a la minera del Grupo Errázuriz dentro de los 51 proyectos de inversión prioritarios para esta administración. La iniciativa llevaba 17 años en tramitación ambiental y había sido rechazada en cuatro gobiernos, porque nunca respondió un requerimiento del Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin). Ahora fue finalmente aprobada pese al informe negativo de ese mismo servicio.

Este permiso para el Grupo Errázuriz es resultado de una política diseñada por el Ministerio de Hacienda bajo el liderazgo de Quiroz para agilizar la tramitación de proyectos detenidos en su proceso de autorización ambiental, lo que el oficialismo denomina “permisología”. Esta política se ejecuta a través de una instancia también creada bajo la gestión de Quiroz: el Comité de Proyectos en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), compuesto por las subsecretarías de Economía, Interior, Medioambiente y Hacienda. El objetivo de este grupo es agilizar la tramitación ambiental de los proyectos, haciendo un seguimiento en detalle de cada etapa del proceso, alertando y apurando a los funcionarios públicos que intervienen, para que finalmente las autoridades competentes puedan conceder la autorización. 

De hecho, antes de convertirse en ministro, en enero pasado, Quiroz anunció en El Mercurio su iniciativa: “«Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta (…). Eso requiere de una coordinación estrecha, que se hará desde Hacienda”. 

La persona que Quiroz dejó a cargo de hacer el seguimiento a los proyectos de inversión monitoreados por el Ministerio de Hacienda es Tomás Bunster, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de los Coordinadores de Hacienda. Bunster tiene el mismo nexo de Quiroz con el Grupo Errázuriz, el conglomerado cuya inversión en el Salar de Atacama fue favorecida con la política de acelerar trámites que está a su cargo: fue uno de los autores del informe de consultoría elaborado por Quiroz & Asociados sobre la alianza entre Codelco y SQM.

La investigación de CIPER constató que no se elaboran actas de las sesiones del Comité de Proyectos en el SEIA, por lo que no se puede saber cuáles son los criterios para abordar unos proyectos antes que otros o para citar a determinados funcionarios sectoriales. Tampoco hay registros de los informes ni de los análisis hechos por Hacienda sobre las iniciativas que se busca acelerar.

Salar de Atacama (Créditos: Ariel Marinkovic / Agencia Uno).

El INTENTO DE DESMENTIDO DE QUIROZ

Tras la publicación del reportaje de CIPER “Plan de Quiroz contra la “permisología” permitió aprobar millonario negocio de su hermano a pesar de informe negativo del Sernageomin”, el ministro de Hacienda declaró a Radio Biobío que lo informado en ese artículo era “totalmente falso”, porque a él no le compete la aprobación de ningún proyecto. Pero, su desmentido carece de sustento, puesto que ese reportaje no dice que él haya aprobado el proyecto de su hermano. Lo que dice el artículo es que él creo un sistema para acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión y que ese mecanismo apuró la aprobación de la iniciativa por parte de las autoridades que tienen la facultad legal de conceder las autorizaciones. 

De hecho, en la siguiente frase de esa intervención del ministro Quiroz, él reafirma lo que se sostiene en el reportaje de CIPER: “Las políticas del gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisiones de los organismos, sin empujar posiciones negativas o positivas”.

En el caso del proyecto del Grupo Errázuriz, la situación es la misma que lo ocurrido con la iniciativa de su hermano, incluyendo el hecho de que la autorización se concedió a pesar de los informes negativos del Sernageomin. 

A inicios del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la relación de Quiroz con el Grupo Errázuriz fue objeto de críticas por parte del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien, a propósito de los cuestionamientos hechos por el ministro de Hacienda a la administración de Máximo Pacheco en Codelco, escribió en su cuenta de “X” (ex Twitter): “El ministro de Hacienda critica a Codelco habiendo sido consultor de las empresas que quedaron fuera del acuerdo. Hubo un momento que eso generaba inhabilidades como lo establecen las leyes 20.880 y 19.880. Pero son tiempos nuevos donde esas cosas pasan coladas”.

En respuesta al emplazamiento del exministro Mena desde Hacienda señalaron a La Tercera que: “La asesoría a la que se hace referencia no corresponde a una actividad como persona natural, sino a una prestación realizada por una persona jurídica”.

Debido a que los informes realizados por Hacienda para el Comité de Proyectos en el SEIA no son públicos, ni tampoco existen actas de las sesiones del comité, por lo que no es posible conocer el detalle de las instrucciones emanadas desde la cartera de Quiroz, el diputado Jaime Bassa (FA) anunció que oficiará al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y otros organismos, con el objetivo de “revisar cómo se tomaron las decisiones” y entregar garantías de que el proceso se desarrolló con imparcialidad. Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) adelantó que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

LUZ VERDE PARA EL GRUPO ERRÁZURIZ

Fueron los ministros Jaime Campos (Agricultura), Francisca Toledo (Medio Ambiente), Daniel Mas (Economía y Minería) y May Chomalí (Salud), los que dieron luz verde al proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama”, del Grupo Errázuriz. La iniciativa llevaba 17 años en proceso de tramitación y su permiso ambiental había sido rechazado en cuatro gobiernos porque su titular nunca presentó un estudio -requerido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)- que midiera la posible infiltración de sales de descarte hacia aguas subterráneas del Salar de Atacama.

Al igual que en el caso del proyecto inmobiliario Alto Santorini, los ministros de gobierno optaron por ignorar la advertencia del Sernageomin. La empresa deberá presentar directamente ante ese servicio los antecedentes requeridos, pero ya fuera del proceso de tramitación ambiental, en la etapa de tramitación sectorial; en esta última instancia, el Ministerio de Hacienda preside el Comité Económico, integrado por Economía e Interior, esta instancia fue creada en la Ley 21.770 de permisos sectoriales.

En agosto de 2025, cuando Jorge Quiroz ya lideraba el equipo económico de la campaña de José Antonio Kast, anunció las primeras medidas que tomaría contra la “permisología” en un futuro gobierno del Partido Republicano: «Se convoca al Consejo de Ministros y se aprueban los US$7 mil millones que están ahí parados, esperando a que se reúnan», dijo en un seminario de Clapes UC. Fue justamente esta instancia la que terminó con los 17 años de tramitación en el SEIA de la iniciativa de la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, del Grupo Errázuriz.

Para esa fecha, el proyecto minero había sido rechazado por el SEA de Antofagasta, y sus dueños preparaban un recurso de reclamación en el que solicitaron que se aprobara la iniciativa. Ante éste nuevo requerimiento, el servicio ambiental pidió al Sernageomin responder si la empresa cumplió con los criterios técnicos para obtener su permiso. No fue hasta el 23 de marzo de 2026 que el servicio sectorial respondió concluyendo que en los estudios de la minera persistían incertidumbres para poder descartar efectos sobre el flujo subterráneo del salar (vea aquí esa resolución). 

Cuatro días después, pese a que Sernageomin manifestó que los antecedentes presentados por Grupo Errázuriz no eran concluyentes, el SEA, dirigido por Arturo Farías, insistió con un nuevo oficio y solicitó a ese servicio responder si los antecedentes técnicos de la minera eran suficientes para obtener el permiso sectorial y que, además, el propio Sernageomin determinara si “las potenciales infiltraciones que se generarían al subsuelo (….), serían capaces de generar una eventual contaminación que perturbe flujos de agua subterránea o superficiales”. 

El 9 de abril, el organismo sectorial insistió: “Desde el punto de vista técnico, los antecedentes presentados no permiten acreditar que las potenciales infiltraciones asociadas al apilamiento de sales de descarte no sean capaces de generar una eventual contaminación susceptible de perturbar flujos de agua subterránea o superficiales”. 

A pesar del rechazo del organismo técnico competente -en dos ocasiones distintas-, el Comité de Ministros resolvió que los requerimientos del Sernageomin se extralimitaron debido a que “se extendió a materias que no contendrían un vínculo causal con los resultados de la nueva modelación hidrológica presentada por el Titular” (vea aquí resolución).

Los ministros de gobierno optaron por aplazar la entrega del informe requerido por Sernageomin , dejándolo fuera de la tramitación ambiental y establecieron que la empresa debe presentar el estudio antes de su operación, con los mismos antecedentes que ya le habían sido requeridos, pero en su etapa de tramitación sectorial.

Hasta la fecha se han presentado dos reclamaciones ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para anular la resolución. Las comunidades atacameñas de Toconao y de Peine, reclaman que las observaciones que hizo Sernageomin durante la evaluación debieran haber sido subsanadas en el proceso de evaluación.

“Da señales equívocas”: La indignación en el PS por la participación de Osvaldo Andrade en nueva comisión del Gobierno para reducir ministerios

 

El exministro y expresidente del PS comunicó a la directiva solo minutos antes del anuncio que aceptaría integrar la Comisión Nueva Arquitectura del Estado convocada por el Presidente Kast. Su decisión generó reparos entre parlamentarios y dirigentes socialistas, quienes recalcan que Andrade participa a título personal. Además, en el PS cuestionan la fórmula de La Moneda de contactar individualmente a militantes opositores para sus iniciativas y no buscar acuerdos institucionales y amplios.

Fueron 12 las personas seleccionadas por el Presidente José Antonio Kast para integrar la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, que tiene como objetivo modernizar la estructura estatal y en cuyo marco, según han señalado desde el Gobierno, se analiza incluso la posibilidad de reducir la cantidad de ministerios. Entre los integrantes de la instancia hay figuras de derecha y de izquierda, pero una de ellas generó ruido al interior de su partido: el socialista Osvaldo Andrade.

Según señalan miembros del PS, la sorpresa llegó cuando el mandatario hizo el anuncio en La Moneda y vieron a Andrade entre figuras como Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo; el exministro de Sebastián Piñera Nicolás Monckeberg; y Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional.

El diputado socialista Nelson Venegas explicó a The Clinic que “no hay temas de carácter personal con Andrade, pero sí damos señales ambiguas a la militancia, porque parecemos y sin una delegación expresa de parte del partido”.

El diputado explicó que “aparece una persona, un militante destacado, un expresidente, en estas comisiones y eso da señales equívocas, porque además los planteamientos siempre se tienen que ser realizados en conjunto también con los sectores y con los dirigentes del sector público”.

En esa línea, el parlamentario señaló que “no vaya a ser cosa que con este tipo de intervenciones o involucramiento demos señales equívocas precisamente, por ejemplo, a los mismos sectores del sector público y después perdamos incluso el piso que tenemos respecto de lo que son nuestras históricas relaciones con ellos”.

Según señalan dirigentes del Partido Socialista, la decisión generó molestias en chats internos y entre parlamentarios, principalmente porque Andrade no socializó ni informó previamente a la militancia o a los dirigentes sobre su incorporación a la comisión. Sobre todo, agregan, considerando que es miembro de la comisión política del partido.

De hecho, desde la mesa del PS señalan que Andrade informó de su decisión solo minutos antes de aparecer junto al Presidente Kast y los demás integrantes de la comisión. El mismo exministro comentó a The Clinic que informó “a quien debía oportunamente”.

La primera reacción, señalan fuentes de la directiva, no fue manifestarle molestia, sino advertirle que participaría a título personal y que, por lo tanto, no representaría institucionalmente al Partido Socialista. También le recordaron que, durante su participación en la instancia, debía tener presentes los derechos de los funcionarios públicos.

La crítica del PS a la fórmula de La Moneda

La negativa del PS a sumarse institucionalmente a la instancia, explican desde el partido, responde también a una crítica más amplia hacia la estrategia que, aseguran, ha utilizado el Gobierno para incorporar figuras de oposición a sus iniciativas.

En el socialismo acusan que La Moneda ha intentado constantemente “pirquinear” militantes de partidos opositores para incorporarlos a sus planes y entregar señales de transversalidad. De hecho, revelan que el Gobierno contactó al menos a otros dos militantes socialistas para participar de la comisión, pero ambos rechazaron la invitación.

Ha sido la propia presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien ha manifestado a distintos ministros su preocupación por la fórmula utilizada por el Gobierno para convocar a la oposición: sin invitaciones institucionales a los partidos y privilegiando los contactos individuales.

Es por eso, señalan desde la mesa, que el Partido Socialista no formará parte institucionalmente de esta iniciativa.

Otras fuentes del partido, más molestas con Andrade, recuerdan que el exdiputado ha tomado anteriormente determinaciones que se han apartado de la línea de la colectividad. Mencionan, por ejemplo, cuando abogó por trabajadores que respaldaban el proyecto Dominga, mientras el PS se había manifestado en contra de la iniciativa, o cuando asesoró en materias laborales al entonces alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Con todo, Andrade no fue la única figura proveniente del progresismo que apareció en la fotografía que inmortalizó el anuncio. También estuvieron la expresidenta del PPD Natalia Piergentili; el expresidente del Senado y exministro Andrés Zaldívar (DC).

RN presiona a Ministro Arrau para retirar nuevo estado de excepción y negocia con la oposición

La colectividad sostiene que eliminar el corazón de la reforma es la única vía para evitar su rechazo. Sus senadores ya conversan con el PPD y el PS y proponen fusionar el proyecto con mociones opositoras.

Renovación Nacional (RN) comenzó conversaciones con senadores de la oposición para intentar salvar la reforma constitucional de seguridad del gobierno. La colectividad oficialista busca que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, retire del proyecto el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, considerado el corazón de la iniciativa.

De acuerdo con La Tercera, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el senador Andrés Longton (RN) iniciaron contactos con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), y la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

“Tenemos una reforma constitucional que, para sacarla adelante, requiere dejar de lado el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el que ya tenemos, que es el de Emergencia”, sostuvo Núñez. La senadora convocó para el próximo martes a los parlamentarios oficialistas con el objetivo de definir una estrategia.

El debate legislativo comenzaría durante la segunda semana de septiembre, luego de que La Moneda resolviera retirar la suma urgencia. La pausa permitirá extender las negociaciones antes de que el proyecto sea sometido a votación.

Fusión de iniciativas

La fórmula promovida por RN contempla fusionar parte de la propuesta gubernamental con mociones presentadas previamente por senadores socialistas. Una de ellas establece un régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por determinados delitos y cuenta con firmas de RN, el PS y el independiente Karim Bianchi.

El acuerdo obligaría al Ejecutivo a eliminar no solo el nuevo estado de excepción, sino también otras disposiciones cuestionadas, como las restricciones de derechos y beneficios fiscales.

Pese a la presión de su propio sector, Arrau insistió en defender la nueva figura constitucional. “Hay consenso en que se necesita un estado de excepción constitucional local. Se requiere una intervención dura e intensiva donde opera el crimen organizado”, afirmó.

El escenario sigue siendo adverso para el gobierno. Una reforma constitucional requiere 29 votos en el Senado, pero al menos cuatro parlamentarios aliados —Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Vanessa Kaiser e Ignacio Urrutia— no respaldarían siquiera la idea de legislar. Por ello, los votos de la oposición resultan indispensables para evitar que la iniciativa sea rechazada.

Arrau desafía a “opinólogos” de la “iliberal” reforma de seguridad a “que vayan a poblaciones”

 

El ministro de Seguridad respondió a las críticas por el carácter “autoritario e iliberal” de la reforma constitucional y emplazó a sus detractores a observar la realidad en los barrios. “Que vayan un poco a las poblaciones y vean el grado de libertad que tienen las personas”, afirmó.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió al cruce de quienes durante la última semana han cuestionado por “autoritaria” e “iliberal” la reforma constitucional impulsada por el Gobierno y los emplazó a observar la realidad que, según sostuvo, enfrentan diariamente los habitantes de barrios y poblaciones afectados por la delincuencia.

Durante el balance habitual de su cartera de los días lunes, Arrau abordó la controversia que ha rodeado a las nuevas atribuciones contempladas en la propuesta del Ejecutivo y apuntó contra los “opinólogos” que han participado del debate.

“Autoritarismo” e “iliberalismo”, señaló el secretario de Estado, son “unos términos algo curiosos para la mayoría de la población”, antes de contraponer esa discusión con las restricciones que, a su juicio, impone la criminalidad sobre la vida cotidiana de las personas.

“Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan –hubo mucho opinólogo la semana pasada– a que vayan un poco a las poblaciones y vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí, si pueden caminar 24/7 por su barrio”, sostuvo.

Las declaraciones de Arrau se producen en medio de los cuestionamientos que ha generado la reforma constitucional de seguridad, particularmente por las facultades que contempla para enfrentar situaciones vinculadas al crimen organizado y la delincuencia.

El propio Presidente José Antonio Kast rechazó este lunes que la iniciativa pueda calificarse como “iliberal”, aunque abrió la puerta a introducir modificaciones durante su tramitación.

Arrau siguió una línea similar. Defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado, pero reconoció que el diseño presentado por el Ejecutivo puede ser modificado.

“Estas son nuevas herramientas, que son herramientas adicionales a las que ya tenemos, perfectibles, que tenemos que discutir, pero basadas en la realidad que se vive en los barrios, villas y poblaciones y zonas rurales donde no se puede transitar de noche por miedo”, afirmó.

De esta manera, el ministro buscó trasladar la discusión desde las críticas sobre las atribuciones contempladas en la reforma hacia las condiciones de seguridad que, según el Ejecutivo, justifican avanzar con nuevos instrumentos.

Al mismo tiempo, aseguró que La Moneda no considera cerrado el diseño de la iniciativa y que existe disposición para revisar aquellos aspectos que han provocado mayores reparos.

“Por supuesto que somos flexibles sobre métodos que se han criticado, y todo se puede conversar con tal de que podamos seguir adelante con esa reforma”, concluyó.

Montalva arremete contra Arrau: “No entiendo para qué tiene tiempo el ministro”.

 

El diputado PPD José Montalva calificó de “mamarracho” e “inapoyable” la reforma de seguridad y apuntó directamente a Martín Arrau. Afirmó que intentó reunirse con él para transmitirle su experiencia en La Araucanía, pero la respuesta de su gabinete fue que “no tenía tiempo”.

El diputado del PPD José Montalva lanzó una dura ofensiva contra el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionando tanto el contenido de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno como el trabajo previo realizado para diseñarla. El parlamentario reveló, además, que intentó reunirse con el secretario de Estado para transmitirle su experiencia en La Araucanía, pero recibió como respuesta que no tenía tiempo para recibirlo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Montalva aseguró que su sector está disponible para respaldar medidas que entreguen mayores herramientas a las instituciones encargadas de perseguir al crimen organizado y reducir la inseguridad, pero advirtió que la propuesta presentada por el Ejecutivo no cumple con ese objetivo.

“Hoy día esta reforma constitucional no solamente es inútil para llevar a cabo los objetivos que se plantea, sino también que es invasiva para el ciudadano común, le quita libertad al ciudadano común, nos pone en riesgo nuestra democracia, pero además es inútil en la persecución del delito y el combate contra el crimen organizado”, afirmó.

Por ello, descartó respaldar la iniciativa en sus actuales términos y destacó que los reparos han cruzado las fronteras entre oficialismo y oposición.

“Obviamente en estas condiciones es imposible apoyar esta reforma. Y en esto estamos, mire usted, estamos con Johannes Kaiser, estamos con la UDI, estamos con RN, estamos con la gran mayoría”, señaló.

Montalva elevó el tono al referirse directamente a la iniciativa que encabeza Arrau. “Este mamarracho de reforma constitucional que está presentando el ministro, el Gobierno, es inapoyable en estas circunstancias, sin duda”, sentenció.

El diputado recalcó, sin embargo, que aquello no significa oponerse a entregar nuevas herramientas contra la delincuencia. “Nosotros queremos apoyar al Gobierno en que sea implacable con la delincuencia”, afirmó, antes de cuestionar la forma en que La Moneda ha elaborado su propuesta.

“Para ser implacable con la delincuencia hay que tener calle, hay que conocer, hay que tener expertise, hay que conversar, dialogar”, sostuvo.

El parlamentario puso entonces el foco en el trabajo prelegislativo y planteó una serie de interrogantes sobre si las nuevas atribuciones fueron discutidas con quienes eventualmente deberán aplicarlas.

“¿Esto se ha conversado con el Ejército? ¿Se ha conversado con las personas que han estado en un estado de excepción que lleva cuatro años en La Araucanía? ¿Esto se ha conversado con las distintas instituciones que se podrían ver forzadas a llevar a cabo esto?”, preguntó.

Para Montalva, la experiencia acumulada en terreno debería ser parte de la discusión sobre las nuevas herramientas de seguridad. Y fue en ese punto donde apuntó personalmente contra Arrau.

“Yo traté de hablar con el ministro Arrau para explicarle lo que pasaba en La Araucanía. Cuando entró, le quise hablar con él, le pedí hora a él, hablé con su gabinete y ¿saben qué me dijo? No tenía tiempo”, relató.

“¿Y en qué estaba? ¿Para qué tenía tiempo? ¿Tenía tiempo para hacer esta reforma?”, cuestionó.

Montalva recordó que fue delegado presidencial en La Araucanía y que durante ese período estuvo encargado de coordinarse con la Jefatura de la Defensa Nacional. Desde esa experiencia, cuestionó que Arrau no haya encontrado espacio para recibirlo.

“Si no tiene tiempo para hablar con un parlamentario que fue elegido la primera mayoría del sector, que además fue delegado presidencial y estuvo a cargo de coordinar con el jefe de Defensa Nacional por varios años y que bajó en casi un 80% los hechos de violencia rural, en una región compleja como la nuestra, yo no entiendo para qué tiene tiempo el ministro”, disparó.

Finalmente, Montalva acusó al secretario de Estado de privilegiar el efecto político de su agenda por sobre los resultados concretos en seguridad.

“Si quiere hacer política y quiere que el trabajo del Gobierno en seguridad sea solo símbolo, lo está haciendo muy bien, pero desde el punto de vista de la lucha contra la violencia, no, no está haciendo nada”, concluyó.

Las redes que hizo Fernando Cerimedo en Chile y su rol en los plebiscitos del primer proceso constitucional

 

Fernando Cerimedo (al medio) en la Gala Hispana de Mar a Lago, donde fue galardonado con el premio al consultor político del año. Foto: redes sociales.

El consultor argentino conocido como el "rey de los trolls", detenido en Bolivia por intento de femicidio, ha jugado un papel en las campañas de Javier Milei y Rodrigo Paz en Argentina y Bolivia, respectivamente. Pero Chile no estuvo lejos de su radar: Numen, su empresa de publicidad, realizó encuestas para el primer proceso constituyente —con predicciones alejadas del resultado final—, afirmó haber trabajado por el Rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022, y también haber asesorado a Sebastián Sichel y Franco Parisi en 2021.

Mientras estaba a punto de tomar un avión con destino a Buenos Aires. Así fue detenido el martes en La Paz, Bolivia, el argentino Fernando Cerimedo, considerado en distintos espacios como el “rey de los trolls” por su trabajo como consultor que ha prestado a distintos líderes de derecha y ultraderecha, algunos hoy presidentes en la región.

La policía boliviana detuvo a Cerimedo luego de que se le acusara de tentativa de femicidio a través de sicarios de su expareja Nadia Beller, quien fue baleada en la capital boliviana por dos sujetos que simularon ser repartidores de comida. Al argentino se llegó tras denuncias que hizo la propia Beller responsabilizándolo del incidente, quien habría buscado “deshacerse” de ella.

La noticia tomó peso en Chile, pues Cerimedo es una persona conocida en suelo nacional, sobre todo en los últimos años, como fundador del medio La Derecha Diario y su consultora Numen.

En 2022, por ejemplo, fue un activo promotor en redes sociales —su espacio de manejo— de que las elecciones brasileñas de ese año, que dejaron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo del país, no habrían sido legítimas.

Tal llamado, llegaron a considerar desde tribunales brasileños, habría motivado al intento de golpe de Estado que hubo en Brasil en enero de 2023, en pleno cambio de mando, por parte de adherentes de la figura de Jair Bolsonaro, el derrotado en la elección.

Hoy en día, Bolsonaro se encuentra cumpliendo condena por esos hechos mientras su hijo Flavio Bolsonaro, acompañado por Cerimedo, es candidato a la presidencia, de nuevo contra Da Silva.

El consultor también ejerció un papel en las elecciones presidenciales que hubo en Argentina ese mismo 2023, donde asesoró comunicacionalmente al hoy mandatario de ese país, el libertario Javier Milei. Para esos comicios reconoció que su expertise eran las “campañas negativas“, que consisten en difundir información de manera incisiva sobre los contendores de su asesorado para perjudicar sus nombres, mientras se fortalece el de quien representa.

Milei llegó a la presidencia argentina con un estilo reconocible de confrontación, el que muchos sindican a Cerimedo como otro factor que influyó en ese sentido.

En 2025, en tanto, asesoró comunicacionalmente al entonces candidato boliviano Rodrigo Paz, hoy presidente del país. De hecho, el propio portavoz del gobierno de Bolivia, José Luis Gálvez, reconoció que Cerimedo continuó colaborando con Paz una vez este se asentó en el Ejecutivo, aunque sin un cargo específico en la estructura del Estado.

Para Chile, sin embargo, no existe evidencia concreta que lo vincule con algún candidato presidencial, algunos sí destacan que jugó un rol en el país.

Los lazos de Cerimedo con Chile

El primer caso por el cual a Cerimedo se le vincula con Chile guarda relación con el plebiscito de entrada del primer proceso constitucional, celebrado en octubre de 2020.

Por entonces su consultora Numen logró obtener difusión en el diario El Mercurio, y señaló que las opciones “Apruebo” y “Rechazo” estaban con una distancia suficiente como para que el “Rechazo” se impusiera en esa elección, pues situaba a la primera con un 42% y a la segunda con un 34%, pero preveía que en semanas los resultados comenzarían a estrecharse.

El resultado final de la misma fue completamente opuesto a lo señalado por el estudio: el “Apruebo” se impuso por 78%, mientras que el “Rechazo” anotó un 22%. Juan Pardo, socio y director de Feedback, recordó en una columna de opinión en EL PAÍS que el gremio que reúne a las encuestadoras manifestó sus aprensiones con el estudio de Cerimedo.

Luego se conocería que el estudio de Numen —que conformó en Chile junto al abogado Enrique García Arancibia, exárbirto del segundo proceso constitucional— fue requerido por un colectivo llamado “Casa común por el Rechazo“, de la cual era parte Gonzalo de la Carrera, empresario, posterior diputado republicano hasta que fichó por el Partido Nacional Libertario. Dejó el Congreso en marzo de este año, tras no ir a la reelección.

De todos modos, el trabajo de Cerimedo no se remitió únicamente a ese plebiscito, al menos por lo que dio cuenta en sus redes sociales. En septiembre de 2022 celebró la victoria del “Rechazo” y aludió a que tuvo un “durísimo trabajo” en su cuenta de X, en la que es seguido por el Presidente José Antonio Kast en su usuario personal.

Por otro lado, Cerimedo también ha asegurado haber trabajado con Sebastián Sichel en 2021, cuando el actual alcalde de Ñuñoa resultó electo como el candidato a la Presidencia de la República en representación de Chile Vamos. Luego, no obstante, apoyaría la candidatura de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), que para esos comicios hizo una campaña telemática sin pisar suelo nacional, afectado por las medidas cautelares que tenía vigente por una deuda de pensión de alimentos.

Desde el equipo que conformaba el comando de Parisi por entonces —julio de 2023— señalaron a Ciper (LaBot) que no conocían a Cerimedo. En diciembre de ese mismo año, en tanto, Cerimedo y Parisi compartieron una imagen juntos. Con ellos también posó García, quien cuando fue árbitro del Consejo Constitucional lo hizo bajo el alero del PDG.

Los vínculos de Cerimedo con Chile han llevado a que desde la Cámara de Diputados se solicite una versión a la Presidencia de la República.

Fue Jaime Araya, diputado independiente de la bancada PPD, quien envió un oficio a Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores de Presidencia (el denominado Segundo Piso, para que se informe si se contrató directa o indirectamente las asesorías de Cerimedo. Además, el parlamentario pide saber si es que Irarrázaval compartió trabajos o espacios políticos y si, hoy en día, mantienen relación.

Fernando Barros, el nuevo ministro rebelde que tensiona a La Moneda con una “agenda propia” y sus críticas a EE.UU.

El titular de Defensa suma detractores dentro del oficialismo luego de las diferencias públicas que ha manifestado con Estados Unidos y sus recientes declaraciones en las que planteó que Chile debería salir del Convenio 169 de la OIT, que obligó al Presidente Kast a dar su opinión esta mañana. Para algunos el abogado ha terminado llevando una "agenda paralela" a La Moneda y ha terminado por desorden al gabinete. En el sector consideran que lo más grave ha sido tomar distancia de Washington.

“No está dentro de nuestra agenda hacer un cuestionamiento al Convenio 169”, dijo el Presidente José Antonio Kast durante una nueva entrevista radial concedida durante esta mañana en la que, una vez más, debió responder sobre asuntos que no forman parte de las materias prioritarias para su Gobierno y que provienen de declaraciones de su propio sector.

Esta vez, la discusión la abrió ayer el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien en una conversación con DF MAS sostuvo que Chile debería salir del convenio con la OIT y manifestó que la Ley Lafkenche es un riesgo para el país.

Si bien el mandatario compartió la inquietud de su ministro durante su entrevista concedida esta mañana a Radio Infinita, ya que sostuvo que esto podía responder a un análisis de Barros desde el punto de vista de cómo la ley podría impactar en Defensa, Kast se alineó con lo sostenido ayer por el biministro Claudio Alvarado quien descartó innovar al respecto.

“Lo que dice Alvarado es lo que digo yo también. No está dentro de nuestra agenda hacer un cuestionamiento”, insistió Kast, quien esta mañana se encontró con Barros durante una actividad de la Organización Internacional de Escuelas Militares de Montaña. Ambos estrecharon sus manos sonrientes.

El Presidente Kast y el ministro Barros, esta mañana de lunes, durante una actividad. Foto: Presidencia

Las declaraciones de Barros, de todos modos, terminaron por elevar la molestia que existe al interior del oficialismo -y dentro del propio Gobierno- por su actuar, al manifestar opiniones propias en asuntos que exceden a su ministerio o que van más allá de las directrices fijadas por La Moneda. Para varios el abogado ha terminado llevando una agenda paralela a la del Ejecutivo.

En el caso de sus críticas al Convenio 169 y la Ley Lafkenche, dentro del oficialismo manifiestan que con ello termina entrando en materias propias de otro ministerio y desordenando al gabinete, al punto de obligar al propio mandatario a responder por sus opiniones dadas en un medio de comunicación. “No es muy prudente que la opinión pública y nosotros los parlamentarios nos enteremos de algo así pr la prensa”, dijo ayer la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN).

De todos modos, la incomodidad también se ha extendido en sectores de La Moneda donde afirman que las posiciones de Barros han terminado provocando conflictos dentro del gabinete.

Sus diferencias con Estados Unidos que lo han desalineado con la intención del Gobierno de estrechar vínculos con Washington

Pero al interior del Gobierno hay quienes consideran que sus mayores salidas de libreto se han dado en el marco de la relación que el país lleva adelante con Estados Unidos.

Lo anterior, dado que Barros ha sido uno de los más críticos de la decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles a un 12,5%, haciendo público su malestar y marcando claras diferencias con la postura del canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien ha optado por insistir en el diálogo.

El ministro de Defensa, a su vez, ha tomado distancia de Washington en torno a los compromisos que tendría el haber firmado un documento conjunto de cooperación policial y militar con esa nación, lo que se ejecutó el 12 de marzo. Lo anterior, dado que Estados Unidos ha solicitado a los países parte de la alianza que eleven su presupuesto en Defensa y que participen en operaciones militares conjuntas.

“Nosotros no somos el patio trasero de ningún país, somos un país orgulloso de nuestra realidad”, dijo Barros hace unos días en TVN.

El viernes, en tanto, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, publicó en sus redes sociales el documento con fecha 12 de marzo que contiene la declaración conjunta en materia de seguridad firmada por Barrios. No hay miradas distintas en torno a que esto se trató de una respuesta de Washington a la molestia por la distancia tomada por Barros y a una presión por considerar más que una simple declaración de intenciones lo pactado en esa fecha.

Todo esto ha terminado por impactar al interior del Gobierno, dado que la intención de Kast ha sido la de estrechar vínculos con Washington luego de los sucesivos conflictos que mantuvo la administración anterior de Gabriel Boric.

En esa línea, algunos consultados consideran que Barros ha generado un daño a este objetivo y ha puesto en riesgo los objetivos del país en este ámbitos con sus declaraciones en las que, consideran, ha “toreado” a Estados Unidos. Por lo demás, los más críticos dentro del oficialismo consideran que Barros no se ha preocupado de sacar adelante una política de Defensa ni ha entregado orientaciones para su cartera en el marco de la próxima discusión de la ley de Presupuesto 2027. “Tiene opinión para todo, menos para lo que debería tener opinión”, dicen en el sector.

Barros, un abogado de larga carrera empresarial, mantiene de todos modos importantes redes dentro de la derecha. Fue asesor jurídico del expresidente Sebastián Piñera y previamente colaboró con la defensa de Augusto Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998. Pero su nombre, a casi seis meses de asumir la administración de José Antonio Kast, ha comenzado a incomodar en las filas de gobierno.